Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129177
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por inadmisibles, las quejas interpuestas por la defensa particular a favor de Felipe Marcos Palma Ocampo y de Damián Ezequiel Palma Ocampo (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Fernando Roque Barrionuevo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"PALMA OCAMPO, FELIPE MARCOS Y PALMA OCAMPO, DAMIAN EZEQUIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 78.875 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III"
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.177-RQ, caratulada: "Palma Ocampo, Felipe Marcos y Palma Ocampo, Damián Ezequiel s/ Recurso de Queja en causa N° 78.875 del Tribunal de Casación Penal, Sala III"
I. Conforme se desprende de las piezas aportadas por el presentante, la Sala Tercera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de mayo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Damián Ezequiel Palma Ocampo y Felipe Marcos Palma Ocampo (v. fs. 1/4).
Para así resolver, sostuvo que el remedio resultaba tempestivo, interpuesto por parte legitimada y dirigido a cuestionar una sentencia definitiva (v. fs. 2). De seguido, y luego de señalar que no se encontraba abastecido el recaudo relativo al monto de pena requerido por el art. 494 del CPP, consideró que en el caso no se había verificado el correcto planteamiento de una cuestión de naturaleza federal (v. fs. 2 y vta.). Afirmó que ello no se verificaba en la especie, toda vez que "...la defensa no logra demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso" (fs. 2 vta.).
Señaló que si bien el agravio que se dice preterido aparece anunciado, como así también la materialidad infraccionaria puesta en crisis y el análisis de los elementos de prueba que la sostenían, el impugnante omitió realizar una crítica razonada de los elementos de prueba en los que se sustentó la condena limitándose a afirmar la inexistencia de elementos suficientes y a citar doctrina y jurisprudencia en apoyo de su pretensión sin introducir argumentación alguna que explique por qué la prueba testimonial y pericial rendida "no permite pregonar certeza , o [por qué] no debió ser valorada, o dónde […] residiría el error del tribunal al haberla interpretado del modo como lo hizo" (fs. 2 vta./3).
Además, citó doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa a la arbitrariedad de las sentencias y aludió a lo dicho por este Tribunal en la causa P. 118.961 (v. fs. 3 y vta.).
Concluyó que la parte al no identificar en forma argumental la arbitrariedad que denunciaba, la consecuente cuestión federal lucía infundada, y con ello, no resultaba posible desplazar los límites de recurribilidad que traía el art. 494 del Código Procesal Penal, por lo que mantenían su vigencia (v. fs. 60 vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular doctor Fernando Roque Barrionuevo- presentó recursos de queja por recurso extraordinario denegado a favor de Damián Ezequiel Palma Ocampo (v. fs. 23/26) y de Felipe Marcos Palma Ocampo (v. fs. 27/30).
Preliminarmente, cabe destacar que atento la similitud e identidad de agravios que presentan ambos recursos, los mismos serán reseñados y tratados en forma conjunta.
La defensa expuso que la decisión del órgano intermedio resulta arbitraria e injusta, toda vez que denegó la concesión de la vía recursiva articulada al amparo de un excesivo rigor formal, violentando a su vez el debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 24 vta. y 28 vta.)
Puntualizó que contrariamente a lo sostenido, el recurso desestimado contenía un desarrollo argumental de las normas constitucionales vulneradas, las cuales "constituyen amén de quebrantamientos legales, cuestión constitucional ‘compleja’" que ameritaba el tratamiento por parte de esta Corte (v. fs. 25 y 29).
Aclaró que en aquél remedio se intentó evidenciar que el órgano casatorio, asimilando los vicios en los que incurrió el sentenciante de origen, omitió valorar prueba decisiva relativa a la materialidad ilícita del evento objeto de reproche, y "a partir de un evidente exceso ritual transgredió el régimen legal de la prueba en el proceso penal, violando asimismo el régimen del debido proceso legal standard amparado por el art. 18 de nuestra Carga Magna-" (v. fs. 25 y 29 cit., la cursiva en el original).
Concluyó que la sentencia en crisis realizó un examen parcializado, absurdo y arbitrario de los argumentos vertidos en el recurso desestimado, situación que justifica junto a los errores de derecho en que incurre- su descalificación como acto jurisdicción válido (v. fs. 25 vta. y 29 vta.).
III. La queja formalizada es improcedente en razón de que la defensa no rebatió eficazmente el juicio llevado a cabo por el órgano anterior (art. 486 bis del CPP).
Si bien de lo reseñado en el acápite I se desprende que el Tribunal intermedio efectuó algunas consideraciones que traspasaron los límites formales de la admisibilidad, lo cierto es que la parte no demostró haber planteado correctamente una cuestión de índole federal núcleo decisivo de la desestimación por parte del a quo- que impusiera a aquél la admisión de la vía interpuesta en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional a raíz de los fallos Strada, Di Mascio y su progenie.
Tal como quedó reseñado, la Casación consideró que la defensa no lograba demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que estimaba vulneradas y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 2 vta.).
Frente a ello, el quejoso afirma de modo dogmático y abstracto el planteamiento suficiente de sus agravios, técnica ineficaz que sella la suerte adversa de la presentación en abordaje (arts. 486 y 486 bis del CPP).
IV. En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-17).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, por inadmisibles, las quejas interpuestas por la defensa particular a favor de Felipe Marcos Palma Ocampo y de Damián Ezequiel Palma Ocampo (arts. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Fernando Roque Barrionuevo por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia