Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: CXXVI REGISTRO: 001 FOLIO: 001/015
Caleta Olivia, 01 de octubre de 2026.
Estos autos caratulados: “RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN APELACIÓN DENEGADA EN AUTOS CARATULADOS: O. R. S/ INFRACCIÓN AL ART. 119 DEL C.P.A” Expte. Nº 56625/22, N° de Juzgado de Recursos 8643/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-A fs. 01/15 el doctor Lucas Osvaldo Chacón, interpone RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA, en los términos de los arts. 459, 460, 461 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, contra la resolución dictada por el Sr. Juez de Instrucción en fecha 25 de septiembre de 2026, notificada electrónicamente a la defensa el mismo día a las 11:40:27 horas, Código de Validación N° 2fe6cbab, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición y se denegó la apelación interpuesta en subsidio contra la decisión que había rechazado la suspensión de la declaración testimonial de S.A.G.C., fijada para el día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas.
Funda la queja en que la denegatoria impide el acceso a la instancia revisora respecto de una decisión que ocasiona a su defendido un gravamen actual susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior, cuya configuración fue concreta y oportunamente desarrollada al interponerse la apelación. Por ello, solicita se declare mal denegado el recurso, determine la clase y efectos con que corresponde concederlo conforme al art. 461 del C.P.P. y disponga la prosecución del trámite recursivo correspondiente.
Señala que la cuestión que motiva la queja tiene su origen inmediato en la resolución dictada por este Juzgado de Recursos el 31 de agosto de 2026, registrada bajo Tomo CXXIV, Registro 012, Folio 111/140, mediante la cual se declaró la nulidad de las declaraciones indagatorias recibidas a O. R. y del auto de procesamiento que era su consecuencia. En el punto III de aquel pronunciamiento, se le hizo saber al Sr. Juez de Instrucción la recomendación efectuada en los considerandos, consistente en que, antes de recibir una nueva declaración indagatoria al imputado, se citara nuevamente a S.A.G.C. a prestar declaración testimonial en los términos del art. 234 ter del C.P.P.
Que recibidas nuevamente las actuaciones, el Sr. Juez de Instrucción dictó providencia el 3 de septiembre de 2026 y, expresando actuar “en atención a lo requerido por el Juez de Recursos”, fijó para el 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas la recepción de la declaración testimonial de S.A.G.C. en los términos del art. 234 ter del C.P.P., disponiendo asimismo la intervención de la Coordinación Zonal de los Cuerpos Periciales de Psicología de la Segunda Circunscripción Judicial.
Que contra la resolución de este Juez de Recursos del 31 de agosto esa defensa interpuso recurso de casación, cuestionando, entre otros extremos, precisamente la recomendación de volver a citar a la adolescente. Que allí se dejó expresamente establecido que el recurso alcanzaba el punto III del pronunciamiento y que el agravio había adquirido concreción efectiva a partir de la providencia del 3 de septiembre que fijó la nueva declaración para el día 25.
Que frente a la proximidad del acto y encontrándose aquella cuestión sometida a revisión, la defensa solicitó al Juzgado de Instrucción la suspensión urgente de la declaración testimonial, explicando concretamente que, si ésta se producía antes de que pudiera existir un pronunciamiento sobre el recurso interpuesto, una eventual decisión posterior favorable ya no podría impedir la nueva intervención de S.A.G.C. Subsidiariamente, y para el supuesto de que el magistrado entendiera que no le correspondía disponer la suspensión, se solicitó la inmediata remisión de la petición al Juzgado de Recursos, con expresa constancia de la fecha y hora fijadas para la declaración, a fin de posibilitar una decisión antes de su realización.
Que mediante resolución de fecha 22 de septiembre de 2026, instrumentada electrónicamente el día 23 de septiembre bajo Código de Validación N° DATO_1, el Sr. Juez de Instrucción rechazó la suspensión y mantuvo la testimonial para el día 25 a las 10:00 horas. Que sostuvo, sustancialmente, que la interposición del recurso de casación no paralizaba la instrucción y que la medida debía continuar porque tenía por finalidad “obtener una adecuada delimitación de la plataforma fáctica antes de proceder a una nueva intimación”. Que la resolución, sin embargo, no dio respuesta en su parte dispositiva a la petición subsidiaria de remitir inmediatamente la cuestión a ese Juzgado de Recursos, pese a que la propia resolución había dejado constancia de que esa solicitud había sido formulada.
Que contra ese pronunciamiento, el 23 de septiembre de 2026 a las 18:12:08 horas, la defensa interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, Código de Validación N° c9ff8ec9, solicitando nuevamente la suspensión de la diligencia y dejando expresamente deducida la apelación para el supuesto de mantenerse la decisión. Que el recurso individualizó el gravamen concreto que pretendía evitar: que la nueva declaración fuera producida antes de que un órgano superior pudiera revisar la procedencia de su realización, convirtiendo nuevamente el control jurisdiccional posterior en una revisión llegada después del hecho consumado. Que la presentación identificó además como antecedente directo lo sucedido con la anterior Cámara Gesell de S.A.G.C., respecto de la cual una apelación concedida por el propio Juzgado de Instrucción nunca obtuvo el control oportunamente pretendido por la defensa.
Que llegado el 25 de septiembre de 2026, este defensor se presentó personalmente en el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Pico Truncado a las 10:00 horas, exactamente en el horario fijado para la declaración testimonial de S.A.G.C. Que no se trataba de una comparecencia casual ni existía incertidumbre acerca de la urgencia del planteo: desde el día 23 de septiembre el Juzgado tenía pendiente de resolución una reposición con apelación en subsidio mediante la cual esta defensa había requerido que aquella diligencia no fuera ejecutada antes de posibilitar la intervención del órgano revisor. Que la impugnación estaba planteada, su urgencia había sido expresamente denunciada y el acto cuya realización podía frustrar materialmente su finalidad había llegado a la hora señalada. Que sin embargo, a las 10:00 horas no existía decisión alguna comunicada a esta defensa respecto del recurso pendiente y la declaración testimonial no se inició en su presencia.
Que S.A.G.C. había comparecido acompañada por sus padres y, mientras este defensor permanecía en el Tribunal aguardando una respuesta jurisdiccional, la adolescente y sus progenitores fueron conducidos a una oficina de la propia dependencia judicial, fuera de la presencia y del conocimiento de esa defensa. Que no se informó cuál era el motivo de ese ingreso, con quién permanecerían, qué actuación habría de desarrollarse allí ni si se trataba de alguna intervención vinculada con la diligencia prevista por el art. 234 ter del C.P.P. Sostiene que no afirmará aquello que no pudo observar ni atribuirá contenido a una actuación cuya existencia desconoce; pero tampoco puede naturalizar que, encontrándose pendiente un recurso dirigido precisamente a impedir que la medida se consumara antes de su revisión, la adolescente sobre quien debía practicarse el acto fuera conducida a una dependencia interna mientras el defensor permanecía en el mismo Juzgado sin recibir información acerca de lo que estaba ocurriendo ni resolución alguna sobre la impugnación pendiente.
Que esa situación se prolongó durante aproximadamente una hora. Que permaneció en la sede del Juzgado hasta cerca de las 11:00 horas, aguardando una definición cuya urgencia temporal era conocida desde dos días antes. Que durante todo ese lapso no se le comunicó resolución alguna sobre la reposición con apelación subsidiaria, no se le informó qué ocurría con S.A.G.C. y sus padres dentro de la dependencia, ni se le hizo saber si la testimonial sería realizada, diferida o suspendida. Que se retiró aproximadamente a las 11:00 horas sin respuesta sobre el recurso y sin conocer qué había ocurrido o qué ocurriría con la diligencia. Que la defensa había comparecido, se encontraba presente y aguardaba una decisión sobre una impugnación ya articulada. Que no fue esa parte la que dejó transcurrir el tiempo procesalmente útil para obtener la revisión pretendida.
Que la respuesta jurisdiccional llegó recién después. Que a las 11:40:27 horas, cuando habían transcurrido una hora y cuarenta minutos desde el horario fijado para la testimonial, la defensa fue notificada electrónicamente de la resolución mediante la cual el Sr. Juez de Instrucción rechazó la reposición, denegó expresamente la apelación interpuesta en subsidio y, significativamente, dispuso “MANTENER” la declaración testimonial fijada para ese mismo día a las 10:00 horas, es decir, para un horario que al momento de instrumentarse y notificarse aquella decisión había quedado largamente atrás. Que la propia resolución documenta objetivamente esa secuencia: deniega la vía destinada a provocar la intervención del órgano superior y simultáneamente mantiene una diligencia para un horario anterior al de la propia notificación de esa denegatoria.
Que la defensa desconoce todavía si durante aquel intervalo, o con posterioridad a su retiro del Juzgado, la declaración testimonial de S.A.G.C. fue finalmente recibida. Tampoco conoce qué ocurrió mientras la adolescente y sus padres permanecieron en aquella oficina. Que no corresponde suplir esa ausencia de información mediante conjeturas y, por ello, tales extremos deberán ser esclarecidos mediante el informe previsto por el art. 460 del C.P.P. Pero esa incertidumbre no modifica aquello que sí se encuentra objetivamente establecido: Que LA APELACIÓN FUE PRESENTADA EL 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:12:08 HORAS; LA DILIGENCIA PERMANECIÓ FIJADA PARA EL DÍA 25 A LAS 10:00 HORAS; LA DEFENSA COMPARECIÓ PERSONALMENTE A ESE HORARIO Y PERMANECIÓ APROXIMADAMENTE UNA HORA EN EL TRIBUNAL SIN OBTENER UNA DECISIÓN; Y LA RESOLUCIÓN QUE FINALMENTE CLAUSURÓ EL ACCESO INMEDIATO A LA INSTANCIA REVISORA FUE NOTIFICADA RECIÉN A LAS 11:40:27 HORAS.
Que esa secuencia adquiere una significación particularmente grave frente a lo ya sucedido en el mismo expediente. Que no estamos ante un temor hipotético construido por la defensa. Que respecto de la anterior intervención sobre S.A.G.C., el Juzgado de Instrucción había concedido una apelación subsidiaria y ordenado su elevación; sin embargo, el recurso nunca llegó efectivamente a conocimiento de ese Juzgado de Recursos. Que fue el propio Juez de Recursos quien constató posteriormente que “la incidencia respecto del recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público Oficial Subrogante, jamás ingresó a esta sede judicial para su trámite” y que “el recurso interpuesto por la defensa oficial, nunca fue resuelto”. Que ese antecedente forma parte de estas mismas actuaciones y explica por qué esta defensa insistió, antes del 25 de septiembre, en que el control jurisdiccional debía llegar a tiempo y no después de consumada la actuación cuestionada.
En el acápite "Fundamentos de la queja" sostiene que la resolución que deniega la apelación parte de una premisa que esa defensa no discute y arriba, a partir de ella, a una conclusión que no puede compartirse. Que es cierto que el art. 190 del C.P.P. establece, como principio, la irrecurribilidad de las decisiones adoptadas durante la instrucción respecto de la pertinencia y utilidad de las diligencias probatorias. Pero que ese nunca fue el objeto de la apelación interpuesta. Que la defensa no pretendió someter al control de la Alzada una mera discrepancia acerca de qué prueba resulta conveniente producir, sino obtener revisión de una decisión cuya ejecución podía tornar materialmente inútil el propio control jurisdiccional reclamado. Que por ello se invocó el supuesto excepcional contemplado por el art. 432 del C.P.P.: la existencia de un gravamen que, por su propia naturaleza, no admite una reparación verdaderamente equivalente mediante una decisión posterior.
Que el razonamiento utilizado para negar esa excepcionalidad desplaza el problema hacia una cuestión diferente. La resolución sostiene que la declaración prevista por el art. 234 ter constituye una diligencia “enteramente reproducible”, porque podría ser nuevamente recibida o ampliada, posteriormente contradicha, valorada y controlada e incluso, si correspondiera, excluida del material susceptible de valoración. Sobre esa base concluye que no existe pérdida definitiva de una facultad procesal y, por consiguiente, tampoco gravamen irreparable. Pero la defensa jamás sostuvo que el perjuicio consistiera en la imposibilidad futura de repetir la prueba. Sostuvo exactamente lo contrario: que el perjuicio reside en que, una vez producida la nueva intervención testimonial que se cuestiona, ninguna resolución posterior podrá hacer que esa intervención no haya ocurrido ni impedir que su contenido haya ingresado al proceso y sea susceptible de proyectarse sobre la reconstrucción de la imputación.
Que tampoco se trata de una objeción abstracta. La nueva declaración fue dispuesta después de que ese Juzgado de Recursos declarara la nulidad de las indagatorias y del procesamiento de O. R. y recomendara citar nuevamente a S.A.G.C. “a los fines de delimitar con precisión las proposiciones fácticas que contendrá la imputación”. Es decir, que la propia finalidad asignada a la diligencia demuestra que su contenido puede proyectarse directamente sobre la reconstrucción de la plataforma fáctica que posteriormente será intimada al imputado. Que la providencia del Juzgado de Instrucción profundizó esa finalidad al sostener que la medida permitiría “obtener una adecuada delimitación de la plataforma fáctica” y precisar extremos considerados insuficientemente determinados.
Que pretender que todo ello resulta plenamente reparable porque la declaración podría ser posteriormente excluida significa desconocer que, una vez conocida y utilizada esa información para reformular la imputación, el proceso ya no puede regresar materialmente al estado anterior a su producción. Que la secuencia producida el 25 de septiembre confirma, además, que la necesidad de revisión no era teórica. La defensa había presentado la reposición con apelación subsidiaria el día 23 a las 18:12:08 horas. La declaración permanecía fijada para el día 25 a las 10:00 horas. Que el defensor concurrió personalmente al Tribunal a esa hora y permaneció allí aproximadamente hasta las 11:00 sin recibir comunicación de una decisión sobre el recurso.
Que la resolución que finalmente rechazó la reposición y denegó la apelación fue instrumentada y notificada recién a las 11:40:27 horas, es decir, cuando habían transcurrido una hora y cuarenta minutos desde el horario señalado para la diligencia. La propia resolución mantuvo expresamente la testimonial fijada para las 10:00 horas y denegó la apelación por considerar irrecurrible la decisión y no acreditado el gravamen irreparable. Que la defensa ha sido deliberadamente precisa acerca de aquello que conoce y aquello que desconoce: no afirma que la declaración haya sido finalmente recibida, porque no le consta. Pero esa incertidumbre no favorece la tesis de la resolución denegatoria. Por el contrario, demuestra hasta qué punto el acceso oportuno a la instancia revisora era necesario.
A las 11:40 horas la defensa recibió la decisión que le impedía llegar a la Alzada respecto de un acto fijado para las 10:00 horas y cuya situación material, a esa altura, desconocía. Un recurso que sólo puede intentar abrir la revisión después del horario previsto para la realización del acto que pretende controlar corre el riesgo cierto de dejar de ser un recurso útil para convertirse en una discusión retrospectiva sobre consecuencias ya producidas. Que no se pretende con ello establecer que toda decisión probatoria adoptada durante la instrucción resulte apelable. Que la regla del art. 190 conserva plenamente su ámbito de aplicación. Que lo que sostiene es mucho más preciso: esa regla no puede ser utilizada mecánicamente para impedir el examen de la excepción del art. 432 cuando la defensa individualiza un perjuicio concreto, explica por qué una decisión posterior no puede restablecer la situación anterior y acredita, además, que en el mismo expediente ya existió una experiencia en la cual un recurso dirigido contra una actuación de esta naturaleza jamás alcanzó oportunamente al órgano que debía resolverlo.
Que la cuestión que se debe resolver en esta queja es, por tanto, estrictamente recursiva: si frente a esas circunstancias correspondía cerrar definitivamente la apelación o permitir que la Alzada examinara el gravamen invocado. Que la respuesta del art. 190 no puede darse antes de examinar seriamente la excepción del art. 432, porque de lo contrario la regla general absorbe por completo la excepción y ésta queda privada de todo campo operativo. Que aquí el gravamen fue identificado, explicado y relacionado con antecedentes concretos del propio expediente. Existía, por ello, materia suficiente para habilitar el control de V.S. y no para impedirlo. Que la apelación subsidiaria fue, en consecuencia, mal denegada. Que corresponde restablecer la vía de revisión prevista por el ordenamiento, determinar la clase y efectos con que debe concederse y permitir que la cuestión sea examinada por el órgano jurisdiccional al que la defensa pretendió acceder antes de que la propia dinámica del procedimiento pudiera privar de utilidad al recurso.
Refiere al cumplimiento de los requisitos formales del art. 460 del C.P.P.
Menciona que a resolución originariamente recurrida fue dictada por el Sr. Juez de Instrucción en fecha 22 de septiembre de 2026 e instrumentada y notificada electrónicamente a la defensa el día 23 de septiembre de 2026 a las 12:25:04 horas, bajo Código de Validación N° 6a153892. Que mediante dicho pronunciamiento se rechazó la suspensión de la declaración testimonial de S.A.G.C. y se mantuvo su realización para el día 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas.
Que contra aquella decisión, la defensa interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio mediante presentación efectuada por SiPeD el día 23 de septiembre de 2026 a las 18:12:08 horas, Código de Validación N° DATO_2, solicitando la revocación de lo resuelto y dejando expresamente articulada la apelación subsidiaria para el supuesto de mantenerse la decisión. Que el objeto y la articulación subsidiaria del recurso surgen expresamente de la presentación efectuada.
Que finalmente, mediante resolución de fecha 25 de septiembre de 2026, el Sr. Juez de Instrucción rechazó la reposición y denegó el recurso de apelación deducido en subsidio, por considerar irrecurrible la decisión en los términos del art. 190 del C.P.P. y no acreditado un gravamen irreparable que habilitara su revisión conforme al art. 432 del mismo cuerpo legal. Que dicho pronunciamiento fue notificado electrónicamente a esta defensa el 25 de septiembre de 2026 a las 11:40:27 horas, bajo Código de Validación N° DATO_3.
Que la presente queja se deduce dentro del plazo legal previsto por el art. 460 del C.P.P., encontrándose debidamente individualizadas las tres circunstancias temporales que la norma exige bajo pena de inadmisibilidad: fecha de notificación de la resolución recurrida, fecha de interposición del recurso y fecha de la providencia que denegó su concesión.
Que sin perjuicio de que el art. 460 del C.P.P. no impone como recaudo de admisibilidad el acompañamiento de copias, y a fin de facilitar el inmediato examen de la presente queja, acompaña copia de la resolución de fecha 22 de septiembre de 2026, notificada el 23 de septiembre de 2026 bajo Código de Validación N° DATO_1; de la reposición con apelación en subsidio presentada el 23 de septiembre de 2026, Código de Validación N° DATO_2; y de la resolución denegatoria de fecha 25 de septiembre de 2026, notificada a las 11:40:27 horas bajo Código de Validación N° 2fe6cbab.
Que, asimismo, conforme al procedimiento establecido por el art. 460 del C.P.P., solicita se requiera al Sr. Juez de Instrucción el informe correspondiente dentro del término legal y, si se lo estimare necesario para resolver la presente queja, disponga la inmediata remisión de las actuaciones.
Que en atención a las particulares circunstancias producidas durante la mañana del 25 de septiembre de 2026, y toda vez que esta defensa desconoce qué ocurrió con la diligencia luego de su retiro de la sede judicial, solicita que al requerirse dicho informe se ordene asimismo al Juzgado de origen que precise si la declaración testimonial de S.A.G.C. fue finalmente realizada y, en caso afirmativo, informe la hora exacta de inicio y finalización, las personas y profesionales que intervinieron y si, con anterioridad a su recepción formal, existió alguna entrevista, intervención profesional o actuación con la adolescente vinculada con la diligencia prevista por el art. 234 ter del C.P.P., indicando en su caso su naturaleza y horario.
Por último funda en derecho invocando los arts. 459, 460 y 461 del C.P.P.
Reitera cuestiones ya expuesta sobre la procedencia de la queja.
II.-Se deja constancia que conforme lo dispuesto a fs. 16 se ha prescindido del informe establecido por el art. 460, pues las copias acompañadas por el letrado, entre la que consta la apelación interpuesta por el Defensor Particular, y la decisión del a quo de denegar el recurso, validadas con los códigos de validación del sistema SNE., resultan suficientes para resolver la presente queja. III.-Corresponde entonces ingresar al análisis de la cuestión traída a estudio.
Ante todo, cabe poner de resalto que en los autos “RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA EN AUTOS CARATULADOS: MOREYRA FRANCO, HERNÁNDEZ FABIÁN, TAPIA CARLOS, ARANDA OSCAR Y BRUQUETAS EMILIO S/TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS (RECARATULADO)”, EXPTE N° 21.907/25”, N° de Juzgado de Recursos 8534/25, en una queja planteada por el doctor Lucas Osvaldo Chacón en su carácter de defensor, sostuve : "IV.A.-Liminarmente, y a los fines de un correcto encuadre de la cuestión, desde el perfil constitucional- convencional, y como marco normativo de referencia, entiendo que debe quedar sentado lo siguiente. Respecto a la posibilidad de las partes de impugnar las diferentes decisiones jurisdiccionales, he establecido la constitucionalidad de las diferentes normas del CPP., haciendo una interpretación amplia del Derecho Constitucional-convencional al recurso y admitiendo el tratamiento de todas las impugnaciones cuando exista gravamen irreparable.
A guisa de ejemplo, en los autos caratulados: "V. V. S. S/DENUNCIA AMENAZAS E INFRACCIÓN ART 119 DEL CPA" Expte. Nº ****/22, N° de Juzgado de Recursos 7352/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, me expedí sobre la procedencia de la apelación por parte de la Defensa o el imputado respecto del auto que ordena el archivo de una causa. Por su parte, en los autos caratulados: "INCIDENTE DE COPIAS EN A. I. L. A. S/ Homicidio R/víctima" Expte. Nº I-56948/23, N° de Recursos 7031/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, me expedí sobre la viabilidad del tratamiento del recurso de apelación contra el auto de procesamiento por parte de la querella y en igual sentido, sobre la posibilidad de recurrir la falta de mérito por la Defensa.
A su vez en los autos caratulados: "T. L. S. S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y LESIONES LEVES CALIFICADAS" Expte. Nº T-36.469/23, N° de Juzgado de Recursos 7235/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 LAS HERAS, admití la viabilidad del tratamiento del recurso de apelación contra el auto que rechaza la petición de suspensión del proceso a prueba articulada por la defensa.En los autos caratulados: “DIV. CRIA. 2° S/I. R. C..” Expte. Nº 29666/21, N° de Juzgado de Recursos 7450/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, admití la viabilidad y tratamiento de los recursos de apelación que interpongan las partes, frente al rechazo de medidas probatorias, siempre que exista gravamen irreparable.
Y finalmente, en los autos caratulados: "L. I., N. V. S/ Dcia. infracc. art. 119 C.P." Expte. Nº 27428/20, N° de Juzgado de Recursos 7451/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, declare la legitimación activa para impugnar decisiones jurisdiccionales por parte de los Representantes del Ministerio Pupilar.- Lo expresado, encuentra fundamento, como adelanté, en el derecho al recurso, que se entronca directamente con la garantía constitucional de la defensa en juicio, y surge además, de los derechos implícitos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33 de la C.N.) La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos fallos, ha reconocido derechos implícitos en base al artículo 33 de nuestra carta magna.
Respecto del derecho a la salud, como responsabilidad primordial del Estado, lo señaló en el caso “CAMPODONICO DE BEVIACQUA, ANA CARINA C/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL”, FALLOS:
323:3229; derecho a la dignidad humana en el caso “SEJEAN C. ZACKS DE SEJEAN” FALLOS: 308:2268;
derecho a la verdad en el caso “GANORA, MARIO Y OTRA S/ HABEAS CORPUS” FALLOS 322:2139, derecho de reunión en el caso “COMITÉ RADICAL ACCIÓN C/ JEFE DE POLICÍA DE LA CAPITAL” FALLOS: 156:81 del año 1929.Asimismo, el derecho al recurso surge literalmente del artículo 8°, inciso 2°, apartado h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que establece: “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 14 inc. 5) establece una norma similar, otorgando la posibilidad de revisar el fallo condenatorio ante un tribunal superior. Es decir que el derecho al recurso, que es un derecho de rango constitucional, pues surge del artículo 33 de la C.N. como un derecho implícito, es además un derecho humano contemplado en la convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La doctrina internacionalista ha hecho una distinción en el análisis de los derechos humanos, partiendo de que su afectación sea realizada por Estados y sus agentes que, en sentido general, actúan al margen de la “ley”, y de Estados que actúan dentro del sistema de derecho.Ello además fue sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bueno Alves vs. Argentina”, sentencia del 11-05-2007. En la pág. 197, del Tomo I de la obra DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE NATALIA BARBERO, EDITORIAL RUBINZAL-CULZONI, señaló que: “Dijo la Corte IDH que los hechos del caso constituyeron tortura, lo que “implica la violación por parte del Estado al derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma… Y agregó que: Si bien los actos de tortura perpetrados contra el Señor B.
A. han quedado alcanzados por la protección … de la Convención Americana, ello no significa que deban ser calificados per se como delitos de lesa humanidad … debido a que tales actos no formaron parte de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Sin embargo, aun en este caso, es decir cuando el hecho constituye una violación de derechos humanos que no llega a encuadrar en un delito de lesa humanidad, de todos modos: el deber de investigar constituye una obligación imperativa que deriva del Derecho Internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole…”.- Es decir que el Derecho al Recurso es un derecho humano y los Estados deben respetarlo, garantizando la posibilidad que cualquier parte que esté inmersa en un proceso judicial, puede ejercer el mismo, pues si bien su no observación no implica un incumplimiento calificable como de lesa humanidad, lo cierto es que es una franca violación a un derecho humano, que hace a la garantía de defensa en juicio de las partes.Sumado a ello, el recurso como derecho, ha sido reconocido por la doctrina procesal, entendiendo su inserción en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.), lo que lo hace, como dije, un derecho humano, y además como derecho constitucional implícito, según el art. 33 de la C.N.Así se ha sostenido por la dogmática procesal actual al entender que: "Llegado a este punto, se debe aclarar que nuestra constitución no formula expresamente el derecho al recurso, lo cual no significa que no ostentara existencia, por considerarse como derecho implícito (art. 33 de la C.N.) y "como derivado de los fines propios de nuestra carta magna, basta recordad que el Preámbulo brinda ciertas pautas orientadoras al respecto cuando expresa como finalidad "afianzar la justicia" y se repite nuevamente la idea en el propio artículo 5....
Así es, como el derecho al recurso pasó a ser, una garantía expresa y autónoma, correspondiente a los derechos civiles y políticos, indicada como de primera generación, que se encuentra receptada en instrumentos internacionales que -en las condiciones de su vigencia- poseen jerarquía constitucional. Así, el recurso como garantía es la posibilidad de impugnar errores tanto de hecho como de derecho en una decisión judicial". (Conforme RECURSO DE APELACION FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA LABORAL Y PREVISIONAL, EDITORIAL LA LEY, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL POSRRAS Y JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, págs. 474/477) En los autos caratulados “INCIDENTE DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS: JUZGADO S/ INVESTIGA” Expte.75.753/21, N° de Recursos 6430/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "...La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Wald" Fallos 286:266, sostuvo que: "...La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, actor o demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere de obtener la imposición de una pena y quien se opone a ella...
La garantía constitucional de la defensa en juicio asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia previo juicio llevado a cabo en legal forma, ya se trate de un procedimiento civil o criminal...". De lo sostenido por el cimero tribunal federal, se infiere sin mayor esfuerzo que en los casos en donde surgen intereses contrapuestos, debe garantizarse a cada persona interviniente, allende su carácter y su condición, una individual, efectiva y eficaz defensa técnica, sin que los intereses del conjunto de los coimputados o de otros coimputados tomados de manera aislada, puedan desfavorecerla de alguna manera o agravar su situación en el proceso; ello con más razón cuando una parte es acusada y la otra presunta víctima.
El ejercicio del derecho de defensa en juicio es multidemnsional y debe ser ejercido de manera que resguarde los intereses de cada persona que se encuentra interviniendo en el proceso, es decir que se aplica a todas y cada una de las partes y de los sujetos intervinientes en el proceso, sean los esenciales o los sujetos eventuales, siempre considerados de manera individual en sus derechos frente al resto de los intervinientes, teniendo especial consideración siempre un análisis interseccional de la propia condición, situación e identidad de la persona; lo que dota de contenido al concepto de "derecho a la tutela judicial efectiva". (Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) Ello implica que no puede permitirse cualquier riesgo de influencia que pueda establecer sospecha en el ejercicio personal del derecho de defensa en juicio de las personas que son llamadas a intervenir en un proceso, que pudiera traducirse en una pérdida de derechos, o en un entorpecimiento en el reconocimiento de los mismos o en un agravamiento de la situación en el proceso...".- Concluyendo, el derecho al recurso, y la forma de analizar el mismo, cuando reúne las condiciones de interposición establecidas en las normas procesales, tanto en lo que respecta a los plazos como a la motivación, para que la Alzada pueda intervenir y analizar en cada caso concreto, los mismos, debe ser amplia, conforme la doctrina clara que dimana del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues se está haciendo efectivo la garantía de defensa en juicio y el derecho constitucional al recurso.
En esta etapa del proceso penal, rige el principio de la doble instancia, que puede operar tanto por vía de recurso de apelación ante este Juzgado de Recursos como por vía de Recurso de Casación ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia y que no requiere dos pronunciamientos en el mismo sentido, a diferencia del doble conforme. Aclarado ello, y referido a la doble instancia, pero que también se aplica al doble conforme, la capacidad de revisión de los Tribunales que intervienen en la decisión de los recursos articulados por las partes, siguiendo el precedente "Casal" es del análisis de todas y cada una de las cuestiones que articulan en sus agravios las partes y que surgen de lo expreso de dichos agravios y de lo implícito en lo expreso.Esta amplitud en la revisión no implica dotar de poder oficioso al Tribunal de alzada, excepción realizada cuando se advierte una nulidad absoluta conforme lo normado en el segundo párrafo del artículo 160 del CPP.
Es decir que el principio procesal que establece que el agravio es la medida del recurso, sigue vigente. Una cuestión es revisar todo lo que no se puede suplir por la inmediación de un proceso oral, que es la doctrina que claramente dimana de "Casal" y otra muy distinta es pretender una revisión total de las actuaciones sin que haya agravio mediante.Por supuesto, reitérase, que el derecho constitucional-convencional al recurso se ejerce conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, conforme lo señalado en el artículo 14 de la C.N., pero la reglamentación no puede impedir que el mismo sea ejercido, pues esto viola el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la C.N., que establece que los mismos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.En este sentido, todas y cada una de las normas procesales que establecen requisitos de interposición y plazos deben ser respetadas, pero una cosa es regular un derecho de carácter procedimental y constitucional, que se inscribe en el marco del juicio previo constitucional y que se basa en la preclusión procesal y en esta materia el principio dispositivo de los recursos, y otra muy distinta es negarle la posibilidad de ejercicio ex ante.
IV.B.-Sentado ello, corresponde ingresar en el análisis de la queja articulada y en especial en el decreto que la rechaza por considerar inadmisible, la apelación ejercida. El agravio se centra, fundamentalmente, en la imposibilidad de elevar a juicio una investigación penal concluida, como en el caso, si aún restan recursos de hecho (quejas ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia) sin ser resueltas, en diversos incidentes. Desde ya adelanto que no le asiste razón a la Defensa, pues dada la naturaleza de los autos que se dictan en esta etapa, como así los efectos de los recursos que se articulan respecto de los mismos, la continuidad de la causa a la etapa de juicio oral, debe prosperar pues el requerimiento de elevación a juicio, o en su caso el auto de elevación, no son más que la expresión de la pretensión punitiva en cabeza del estado, que abre el juicio penal constitucional, conforme lo normado en el art. 19 de la Constitución Provincial.
Sobre este piso, huelga señalar respecto al recurso de queja, que la doctrina procesal penal, ha señalado: “Según se dijo, la decisión del a quo acerca de la admisibilidad del recurso no vincula al tribunal de alzada, pues, ante su concesión errónea, devuelve las actuaciones sin pronunciarse sobre el fondo (art. 444, párr. 2º). A su vez, el reexamen acerca de la admisibilidad puede ser recabado por el recurrente cuando se desestimó su solicitud por el órgano que dictó la resolución cuestionada. De este modo queda en claro que, sea por el tribunal superior o por el impugnante frustrado, existe la posibilidad de revisar la resolución sobre el punto. El tribunal ad quem puede reconsiderar las condiciones de admisibilidad aceptadas en este momento y, al pronunciarse sobre el mérito del recurso, desestimarlo por ausencia de aquéllas; en este sentido son más amplias sus atribuciones –en cuanto a la oportunidad– que las del recurrente frustrado. … Para que la queja resulte admisible, debe cuestionarse el rechazo de un recurso comprendido dentro de las resoluciones impugnables.
Si el decisorio versa sobre una cuestión ajena al art. 457, procede rechazarlo. En el primer examen sobre la admisibilidad del recurso, la decisión del tribunal a quo rebasa el mero control de los recaudos atingentes a la actividad –lugar, tiempo y forma–, pues puede avanzar sin convertirse en juez de su propio fallo e impedir el progreso del trámite cuando del estudio surja la improcedencia. Si la resolución recurrida sólo manda continuar el trámite del proceso, no puede prosperar la queja por denegación de la vía casatoria …Debe tener fundamentación autónoma y contener una relación concreta de los hechos de la causa y de la resolución recurrida, como también una crítica prolija y circunstanciada de los argumentos expuestos tendientes a que el recurso prospere.
Los recursos de reposición y apelación en subsidio improcedentes no interrumpen ni suspenden el término para acudir en queja por apelación denegada; la desestimación de ésta abre el camino de la queja. Es la única vía para superar la declaración de inadmisibilidad de un recurso de apelación; su denegatoria no es atacable por otra apelación. No es vía útil para cuestionar los efectos –suspensivo o devolutivo– para la concesión del recurso a diferencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Empero, la CNCP, sala II – al admitir la queja en cuestión suscitada por la orden de captura antes de que la sentencia quedase firme–, admite el recurso –en rigor de verdad– por violación del efecto suspensivo.
(Conforme CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN.
ANOTADO, COMENTADO. CONCORDADO. NOVENA EDICIÓN CORREGIDA, AMPLIADA Y ACTUALIZADA. DR. FRANCISCO D'ALBORA, EDITORIAL ABELEDO PERROT,
pág. 899) Bajo este andamiaje es que solo se analizará si el recurso de apelación ha sido correctamente denegado. Liminarmente, cabe señalar que el auto de elevación a juicio es inapelable. En este sentido, en los autos caratulados: “M. M. S/ DENUNCIA LESIONES” Expte. Nº M_52526/21, Nº de Recursos 6476/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: "III.-Establecido ello, considero en función a lo establecido en el Art. 427 del C.P.P. que no corresponde dar tratamiento al recurso de apelación pues se ha incumplido con lo normado en los Arts. 335 y 415 del C.P.P. Tal como enseña L. E. P., el Tribunal de alzada se halla facultado para emitir un segundo juicio acerca del referido extremo (de admisibilidad del recurso de apelación) y declarar, por lo tanto, sin pronunciamiento sobre el fondo, que el recurso fue erróneamente concedido.- Tal declaración puede ser emitida por la Cámara una vez vencido el lapso de emplazamiento y comparecido el apelante o articulada adhesión al recurso, e inclusive con posterioridad a la celebración de la audiencia.
(Los Recursos en el Proceso Penal, Ed. Abeledo Perrot, pág. 71).- En el caso de autos se observa que la defensa al notificarse de las conclusiones del Querellante y el Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 332 del C.P.P., plantea oposición a la elevación de la causa a juicio fundándola en la existencia de un acuerdo en los términos del art. 59 inc. 6 del C.P., convenio que adjunta (fs. 224 a 226) Previa vista a la parte querellante y al Agente Fiscal el Juez de Instrucción resuelve no hacer lugar a la oposición formulada por la defensa y decreta clausurada la instrucción, elevando la causa a la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial. Conforme lo establece el art. 335 del C.P.P. el auto de elevación a juicio es inapelable.
La norma es clara y refleja la voluntad del legislador. La decisión del Juez es irrecurrible. Así las cosas, toda vez que no estamos ante una cuestión que no pueda renovarse en el curso futuro del proceso (el acuerdo de conciliatorio), no se ocasiona un gravamen irreparable imposible de reparación ulterior, ya que la cuestión puede reeditarse eventualmente ante el tribunal de juicio. Si bien la CSJN ha dicho que “ …En el caso sometido a estudio del Tribunal el recurso extraordinario resulta formalmente procedente son base a la doctrina de este Corte sobre la arbitrariedad, puesto que el a quo no hizo lugar a la vía recursiva sobre la base de fórmulas genéricas y abstractas, tales como la supuesta naturaleza “irrecurrible” de la resolución impugnada, omitiendo considerar los planteos de la defensa referentes a que la decisión debía ser equiparada a sentencia definitiva en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal “en tanto se trata de una cuestión que no puede ser renovada en el curso del proceso…se abrirá nuevamente el debate sin la posibilidad extintiva que acuerda la ley..cualquier interpretación limitativa de nuestro recurso, resulta manifiestamente contraria al pacto de San José de Costa Rica en cuanto prescinde de asegurar la segunda instancia” (causa “Padula”
320: 2451); lo cierto es que dicha doctrina no puede ser aplicable para sortear el obstáculo impeditivo del recurso establecido por el legislador provincial (art. 335 C.P.P.), por los motivos expuestos supra, toda vez que el planteo puede formularse nuevamente en una etapa posterior y previa al debate ante el tribunal de juicio. En ese sentido Chiara Díaz define el alcance semántico del término gravamen irreparable diciendo que “…Esto es, un perjuicio, un menoscabo o agravio en expectativas, derechos o pretensiones de los sujetos actuantes que no puedan tener remedio en el curso del mismo trámite o procedimiento o en una fase ulterior del proceso, constituyendo en vez de ello, una circunstancia que de no ser removida consolidará una determinada situación en detrimento de quien la sufre sobre su interés o posición..” (Conf.
“Código Procesal Penal de Bs. As. Comentado, Chiara Díaz y otros pg. 395, Ed. Runinzal Culzoni, 1º Ed.) Por todo ello, al carecer la resolución recurrida del requisito de impugnabilidad objetiva, no se dan las condiciones para la procedencia del recurso en los términos del art. 415 del C.P.P.., y corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular en contra del auto de fs. 231/232." Sin perjuicio de ello, quedan a salvo cuestiones procesales que en el mismo se resuelvan, pero que no hagan estrictamente al avance de la causa, verbigracia planteos de nulidades, rechazados, etc. tal y como afirma la Defensa. Despejado, en principio en autos ello, es decir que el recurso de apelación denegado no ataca al auto de elevación a juicio directamente, lo cierto es que el recurso se dirige a señalar la imposibilidad del dictado del mismo, antes que se resuelvan las quejas articuladas, como dije ante el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia, por lo que el agravio ronda siempre sobre una decisión jurisdiccional inapelable. Sin perjuicio de ello, en relación a la mención del recurrente de los recursos impetrados y pendientes de resolución, la doctrina tiene dicho: “...La existencia de recursos pendientes ante la casación no impide la elevación a juicio (ver art. 353)...” (Conf. D'Albora, Francisco J. Título de la obra: Código Procesal Penal de la Nación. Anotado Comentado Concordado. Novena edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D'Albora. Editorial: Abeledo Perrot Pág.829) Por ello, la existencia de recursos de queja pendientes ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, no paraliza ni el trámite de la investigación penal, ni su conclusión y posterior elevación a la etapa procesal de juicio oral.
Hay que tener presente que el proceso penal en la provincia, hasta el dictado de una sentencia que ponga fin al mismo, es único. Que tenga dos etapas no implica que cada una sea independiente de la otra, o que sean procesos diferentes, pues claramente la instrucción es preparatoria de la segunda, pero la persona sigue sujeta a un único proceso penal, reitero no son dos procesos diferentes, es un único proceso. Es decir que el hecho o circunstancia mencionado por el apelante de que existan trámites de incidentes pendientes los cuales fueron elevados al Excmo. Tribunal Superior de Justicia, no implica paralizar el proceso, dado que no hay ningún impedimento legal, en que este avance a otras etapas procesales.
La imposibilidad denunciada, rechazada y luego apelada, carece de los requisitos de impugnabilidad objetiva, por lo que corresponde rechazar el recurso de queja articulado. De lo contrario, el ejercicio de recursos de apelación y de casación, de manera infundada, (ad infinitum) virtualmente paralizarían cualquier proceso penal entendido como una unidad de dos etapas. En este sentido, en los autos caratulados: “C.
C. A. S. S. A. POR SER COMETIDO CONTRA UNA MENOR DE 18 AÑOS APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE
CONVIVENCIA” Expte. Nº 63587/16, N° de Juzgado de Recursos 6904/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "IV.A.- Ingresando al análisis del planteo de nulidad de la declaración indagatoria, por indeterminación del lapso temporal de acaecimiento de los hechos, corresponde señalar que le asiste razón al A quo, cuando afirma que la cuestión fue planteada oportunamente. Ahora bien, la Defensa le señala, ante ésta afirmación, que la nulidad la articula en esta instancia y que, en su anterior intervención, el planteo de nulidad de refirió a otro tópico. Esta aseveración es cierta, en parte. Claro que en el escrito de fs. 122/124 la Defensa articula la nulidad del informe que ordena el artículo 234 bis inciso c) del CPP. y no menciona agravio alguno respecto a la fecha de acaecimiento del hecho.
Pero no es menos cierto que a fs. 155 vta. acápite III, la misma defensa comienza expresando agravios respecto a la conducta de abuso sexual por la cual fuera procesado su asistido, señalando que existe indeterminación del lapso temporal del acaecimiento de los hechos, y señala el error del A quo al confundir la edad de la niña, presunta víctima, pues dice, no tendría los nueve años de edad que menciona la declaración indagatoria, sino siete años, al momento de los hechos, tal como se precisará la fecha. Y dice, específicamente, que "De esa forma se produce una vulneración al Derecho de Defensa en juicio pues se le priva al imputado conocer con exactitud los hechos atribuidos y defenderse como por ley corresponde" (La negrita es de mi autoría).- El nudo del planteo que realizó la Defensa, se centra, estrictamente en este punto, en la irregularidad de la declaración indagatoria, por falta de precisión en la información que se le brinda al imputado, es decir que señala que la misma es irregular en este punto y le impide el ejercicio de la Defensa en juicio, derecho claramente de rango constitucional-convencional.
Frente al planteo de la irregularidad de cualquier acto, y su violación al debido proceso adjetivo y sustantivo constitucional, no queda otro mecanismo, al resolver el mismo, en caso afirmativo, que declarar la nulidad, sea absoluta o relativa del acto, si es que se entiende que el mismo afecta dichas garantías. Es decir que planteada la irregularidad de un acto, allende se pida o no su declaración de nulidad, el análisis jurisdiccional se centra en establecer primero si el mismo es regular o irregular, y en el segundo caso, si la sanción es la nulidad relativa o absoluta. Este planteo fue resuelto oportunamente a fs. 162/166, por el entonces Juez de Recursos, Doctor Miguel Angel Meyer. El segundo planteo realizado por la Defensa a fs. 270, punto II, es la reiteración del planteo ya citado, con el agregado que pide la sanción de nulidad.
Estamos, por ende, ante la reiteración de un planteo resuelto y firme, por lo que no corresponde que el mismo sea, al menos en esta etapa procesal, nuevamente revisado. En este sentido, la reiteración de planteos ha sido materia de resolución de manera profusamente reiterada por distintos tribunales nacionales, entre los que se encuentra el Cimero Tribunal Federal. Así, en los autos H. 527. XXXVIII - "Herederos de Luis Francisco Buono c/ Distrinea SA" la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo de fecha 24/02/2004 sostuvo que: "La reiteración de planteos claramente improcedentes ocasiona un desgaste jurisdiccional injustificado para lograr la revisión de los fallos dictados por este Tribunal.
La insistencia debe ser sancionada con arreglo a las facultades otorgadas por los Arts. 35 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 18 del decreto-ley 1285/58, de conformidad con la advertencia formulada en el considerando 3° de la resolución de fs. 22/23." (elDial.com - AA1F89) Por su parte, en autos M. 528 XLVI – “Multicanal S.A. (TF 26.460-I) c/DGI” – la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 31/07/2012, sostuvo que: “Las razones expresadas en dicho memorial no son suficientes para refutar los argumentos de hecho y de derecho dados para llegar a la decisión impugnada (Fallos: 304:1444; 308:818 y 317:1365) pues sus criticas se reducen a la reiteración de planteos formulados ante las instancias anteriores y no aportan elementos nuevos de convicción para rebatir las consideraciones efectuadas en la sentencia.” (Conf. elDial.com - AA7BF3) La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala B en la causa Nro. 4813/2018 autos caratulados "DADI, JORGE MARIA LE PIDE LA QUIEBRA SCHELLINI, PEDRO RAMON ESTEBAN" den sentencia de fecha 12 de abril de 2021, sostuvo que: "Cabe declarar maliciosa la conducta del letrado en causa propia, consistente en la reiteración de planteos que ya fueron tratados por la Sala, pues se advierte reñida con una mínima pauta de razonabilidad, además de resultar obstructiva del desarrollo de la causa, al dilatar de modo injustificado su tramitación.
En consecuencia, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto, de conformidad con el CPR 35-b) y el Decreto Ley 1285/58: 18, e imponer al letrado una multa (de $ 10.000, pesos diez mil) con destino a la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo dispuesto por el artículo 1° de la Acordada 35/67 de dicho Tribunal (en similar sentido, CNCom, Sala C, in re "Dadi, Jorge María s/ pedido de quiebra por Schiantarelli, Ángel Adolfo", del FECHA_7; ídem Sala B "Dadi, Jorge María s/ pedido de Quiebra por Schiantarelli, Ángel A. y otros s/ Incidente de Recusación con causa" del 13/03/17), la cual deberá ser depositada dentro del quinto día de notificado de la presente, bajo apercibimiento de ordenar su ejecución.
Asimismo, póngase en conocimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal lo actuado por el recurrente en este proceso, a los fines de que, por donde corresponda, se expida sobre si debe adoptarse alguno de los temperamentos sancionatorios previstos por la ley de la profesión." (Conforme elDial.com - AG6C73) La Cámara Nacional en lo Contencioso Admninistrativo Federal, Sala IV, en el expediente Nro. 6.439/2008 autos caratulados "V. G. P. L. C. c/ BREIT ALEJANDRO JUAN PABLO Y OTRO s/NULIDAD DE MARCA." fallo de fecha 20/03/2018, sentenció que: "La total ausencia de fundamentos de la recusación deducida, sumado a lo anómalo de la situación generada por la reiteración de planteos de improcedencia manifiesta, justifica también la remisión al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de copia certificada de las presentaciones de fs. xxxx y de la presente a los efectos de que se examine la eventual configuración de una infracción a las normas de ética profesional".
(Conforme elDial.com - AH4616) Por su parte, en la causa Nro. 22.149/2015 caratulada "Inc. recusación con causa en autos "P., L. M. c/ s/ varios”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala IV- en fallo de fecha 27/09/2016, estableció que: "En ese contexto, el tenor de la imputación y los términos utilizados por el letrado L. M. P. vuelven a exceder las necesidades del derecho de defensa y resultan claramente ofensivos a la dignidad y autoridad de la jueza de grado, poniendo en duda sin fundamentos ni prueba alguna su probidad e imparcialidad. Ello exige calificar de maliciosa la recusación con causa en los términos del art. 29 del CPCCN. Asimismo, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la reiteración de planteos de improcedencia manifiesta, que estorban la labor del Tribunal y provocan un dispendio jurisdiccional inútil, debe ser corregida con arreglo a las facultades otorgadas por los arts. 35 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 18 del decreto ley 1285/58 (causa CSJ 281/2005 41-J/CS1 "Juzgado de Instrucción nº 9º s/ remite actuaciones - Goya - causa nº 26.502", resol. del 2/9/08 y CSJ, 877/2012 48-C/CS1, "C.
G. B. c/ E. s/ amparo por mora", resol. Del 24/5/16), circunstancia que se verifica en el caso. Sobre dicha base, corresponde imponer al letrado L. M. P. la sanción de prevención y hacerle saber que, en caso de incurrir en planteos semejantes, se hará pasible de una sanción más severa. También corresponde remitir al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal copia certificada de las presentaciones de fs. 14/16, 93/101, 116/118, 169/172 y 232/235 y vta, de las resoluciones de fs. 87/91, 102, 184/185 y de la presente, a los efectos de que se examine la eventual configuración de una infracción a las normas de ética profesional. En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar la nueva recusación con causa contra la magistrada de grado, declararla maliciosa, imponer al letrado L.
M. P. la sanción de apercibimiento y remitir las copias individualizadas al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. (Conforme elDial.com - AH3A42) En este orden, se ha fallado que: "Se aplica a los recurrentes y al letrado patrocinante la sanción de apercibimiento (art. 18, Decreto ley 1285/1958, texto según art. 20, Ley 24289), pues así lo justifica la interposición de un nuevo planteo de improcedencia manifiesta -nuevos recursos de nulidad y revocatoria contra la decisión que desestimó la reposición interpuesta contra la desestimación de la revocatoria dirigida a cuestionar la declaración de la caducidad de la instancia extraordinaria y efectuó un llamado de atención a las partes y su letrados- y el hecho de no atender al llamado de atención formulado por el Tribunal en una resolución anterior en razón de que estaban interponiendo en forma reiterada reposiciones manifiestamente inadmisibles.
Ello así, pues al deducir nuevas pretensiones recursivas reiteran planteos utilizados en presentaciones anteriores que fueron rechazados con sustento en que no se había configurado ninguna circunstancia excepcional que justificara apartarse de la doctrina que tiene establecido que las decisiones de la CSJN no son susceptibles de recurso alguno." (Conf. Giménez Acosta, Isabel vs. Mac Mullen, Jorge y otro s.
Cumplimiento de contrato - Giménez Acosta, Isabel vs. Yapur, Ricardo - Giménez Acosta, Isabel vs. Ripoll, Enrique /// CSJN; 09/12/2015; Rubinzal Online;
G.377.XLV; RC J 437/16) Y finalmente, se ha sentenciado que: "La denominación 'recurso ad infinitum' gráficamente, denota que se trata de una acumulación y sucesión de recursos carentes de todo fundamento y que complejizan, grandemente, la tarea judicial, aumentan la sobrecarga de tareas que normalmente pesa sobre los estrados judiciales y sumen en la desesperación a los justiciables que resultan ser víctimas del poder abusivo. Cada resolución adversa sirve de excusa para plantear nuevos recursos ostensiblemente improcedentes que cuando son dirimidos en sentido contrario dan pie a nuevos recursos, y así hasta el 'infinito'. Dada tal situación, el magistrado interviniente no puede permanecer impasible; debiendo, en cambio, rechazar in limine el recurso en cuestión y aún cuando legalmente estuviera prevista su sustanciación. Quien abusa de una facultad procesal concedida (recurrir), no es acreedor a gozar de un juicio de mérito sobre el recurso interpuesto que es una reiteración, manifiestamente improcedente, de otros anteriores igualmente carentes de toda fundamentación. Asimismo, el órgano jurisdiccional interviniente -amén de pretermitir trámites- puede impulsar de oficio la causa para que pase, irremediablemente, a un estadio procesal más avanzado." (Conf. Argañaráz, Héctor Oscar y otro vs. Sucesión de Gustavo A. Carattoni y otros s.
Indemnización y otros rubros - Recurso de inconstitucionalidad /// STJ, Jujuy; 12/08/2014; Rubinzal Online; 9851/2013; RC J 6946/14) Por todo lo expresado, corresponde confirmar, por los argumentos vertidos en los presentes considerandos, la resolución apelada en este sentido.".-
Bajo estas pautas de hermenéutica, se observa que la apelación interpuesta por la defensa ha sido correctamente denegada.
Surge de los antecedentes citados que, en virtud de las consideraciones allí efectuadas sobre el derecho al recurso, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 190 del C.P.P., en caso de que la decisión del A quo respecto a las cuestiones de prueba cause gravamen irreparable, la misma podrá ser objeto de revisión por medio del recurso de apelación.
En definitiva, de lo que se trata entonces es de establecer si, en el caso, existe el gravamen irreparable enunciado por la defensa.
Analizadas la situación puesta en consideración, conforme lo que surge de la resolución de este Juez de Recursos que obra en el registro respectivo, y las copias adjuntadas por el defensor validadas a través de los códigos de validación del sistema SNE., en el caso concreto no existe gravamen irreparable de imposible reparación posterior. Ello por la propia naturaleza del acto probatorio puesto que puede ser reiterado o ampliado oportunamente.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que existe el principio de adquisición procesal de la prueba, razón por la cual, la información que se aporta a través de los distintos medios probatorios puede ser utilizada tanto como prueba de cargo como de descargo.
Señalase que en la teoría general probatoria existe el principio de "adquisición de la prueba". Así se señala que: "El principio de adquisición es una consecuencia de esta comunidad, "esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que sólo a éste beneficie, puesto que, una vez introducida legalmente al proceso, debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere", por ello algunos lo denominan principio de comunidad de la prueba". (Conforme TRATADO DE LA PRUEBA DE ENRIQUE M.
FALCÓN Tomo I pág. 353, EDITORIAL RUBINZAL CULZONI)
En definitiva, no puede configurar un perjuicio de imposible reparación posterior, la realización de una audiencia testimonial fijada por el a quo, en cumplimiento de la recomendación del suscripto, allende los planteos recursivos que haya efectuado la quejosa respecto de aquella resolución.
Pues a todo evento, conforme surja de la prueba, una vez realizada, podrá la parte incidentar al respecto de la manera que estime conveniente.
Sobre las formas de incidentar en el proceso en los autos caratulados: “INCIDENTE DE APELACION FLORENTIN LUCIANA VALERIA S/ DENUNCIA (G.I.T)”
Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8396/26, los autos “INCIDENTE DE APELACION FLORENTIN LUCIANA VALERIA S/ DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8464/26 y los autos “INCIDENTE DE APELACION ACLARATORIA PERICIA MÉDICA/ADN EN AUTOS FLORENTIN LUCIANA VALERIA S/ DENUNCIA (G.I.T)” Expte. Nº 22523/26, N° de Juzgado de Recursos 8481/26, todos procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "Reseñado como han sido los presentes incidentes de apelación, corresponde señalar que, en esta instancia, llegan a despacho para resolver, sendos incidentes de "impugnación" rechazados por el a quo, tanto de la pericia médica como del informe psicológico. A ello se le suma la impugnación del auto de procesamiento que tiene como fundamento, el análisis y valoración de la información médica y psicológica que es impugnada, por la defensa, con posterioridad al mismo. Para ser claros, las críticas a la información que aportan los medios periciales, realizadas por la Defensa, son modos de “incidentar” que hacen al ejercicio del derecho de defensa en juicio. La "impugnación" es el término genérico de derecho procesal que se utiliza para definir a los recursos en general, y que ponen en crisis a través de dicho mecanismo, una decisión judicial. Claramente son dos cuestiones diferentes…"
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-RECHAZAR el recurso de queja incoado por el Defensor Particular, Dr. Lucas Osvaldo Chacón, a fs. 1/15 por improcedente.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido remítanse las presentes al Juzgado de Instrucción de Pico Truncado a fin de que sean agregadas por cuerda al expediente principal. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia