Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: XXI REGISTRO: 007 FOLIO: 092/097
Caleta Olivia, 11 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA EN AUTOS CARATULADOS: C. Y. S/FORMULA DENUNCIA", EXPTE N° 88.070/25”, N° de Juzgado de Recursos 8540/25, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Que mediante proveído de fecha 02 de julio del 2026, el Sr. Juez de Instrucción decidió: “…UNIFICAR LA REPRESENTACIÓN de la querellas de los Sres. C. G. Y., el Sr. D. y J. G., con el patrocinio letrado de forma conjunta de los Dres. Ximena P. Villares, Defensora Pública Oficial N° 2 y del Letrado particular Dr. Alberto Luciani (Art.399 del C.P.P.S.C) en consecuencia INTIMASE a ambos letrados a denunciar nuevo domicilio legal y electrónico, a efectos de practicar las notificaciones correspondientes, bajo apercibimiento, en su defecto de tener por constituido el primer domicilio del primer Querellante denunciado..."
Que contra dicha resolución la doctora Ximena Paola Villares, Defensora Pública Oficial Nro. 2 de Caleta Olivia, interpone recurso de reposición con apelación en subsidio a fs. 10/11.
Por su parte, el Sr. Juez Subrogante en fecha 16 de julio del 2026 decide: “...Por lo expuesto, resuelvo Rechazar "in limine", por improcedente, la presentación efectuada por la Dra. Ximena P. Villares a Fs. 1848/1849.- En contra de la providencia de Fs. 1845.-En consecuencia deviene declarar en abstracto, por carecer de objeto la apelación en subsidio articulada...”.
Posteriormente la Sra. C. G. Y. con el patrocinio letrado de la Dra. Villares realiza ante este Juzgado de Recursos su presentación en queja por la apelación denegada. II.-Que al motivar el recurso de queja la Dra. Ximena Villares, contempla como argumentos que el pronunciamiento recurrido adolece de un patente defecto legal y un manifiesto exceso ritual, incurriendo en un gravísimo yerro al rechazar “in limine” la reposición y declarar abstracta la apelación subsidiaria interpuesta por esta querella.
Manifiesta que el a quo fundamento su rechazo bajo el argumento aparente de que el remedio técnico resultaba “inidóneo” y que la cuestión ya había sido materia de un traslado previo (cursado a fs. 1679) sin oposición oportuna por parte de mis asistidos.
Entiende que dicha premisa es jurídicamente insostenible, teniendo en cuenta que el traslado aludido por el Juez de Primera Instancia se refirió a una instancia liminar y genérica de constitución de querellantes y sus requisitos de admisibilidad, más de ningún modo constituyó un debate previo sobre la posterior, concreta y forzosa unificación de patrocinios con un letrado particular (Dr. Alberto Luciani) bajo un régimen procesal radicalmente opuesto, la defensa pública oficial frente al ejercicio liberal de la profesión.
Alega que pretender que la parte consintiera anticipadamente una restricción procesal que aún no había sido decretada viola las reglas más elementales de la preclusión y el derecho de defensa. Mal puede exigirse a la querella que se oponga, con carácter previo, a una medida que el propio Juzgado no había siquiera dispuesto al momento del traslado de fs. 1679.
Agrega que incluso presentó escrito especificando la voluntad expresa de continuar con la querella con representación de la defensoría pública oficial y no con un abogado particular el que, además, no puedo solventar.
Entiende que el Juez de grado confunde, además, la idoneidad del recurso con su disconformidad con el fondo de la pretensión. Al sostener que la unificación es una facultad “jurisdiccional” y no de las partes, el magistrado incurre en una contradicción insalvable: si la ley impone la unificación bajo ciertos presupuestos de identidad de intereses, la inexistencia de tal identidad (art. 399 por disposición del art. 78 del C.P.P.) expresamente alegada por esta parte debía ser materia de debate y revisión, y no descartada arbitrariamente mediante un rechazo in límine carente de sustento normativo.
Que, la denegatoria de la apelación en subsidio, bajo el ropaje de una supuesta inidoneidad de la reposición, cercena de manera irreparable el derecho al recurso y a la revisión amplia por parte del Juzgado de Alzada, garantía que reviste jerarquía constitucional y convencional (arts. 8.2.h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Sostiene que el remedio subsidiario fue interpuesto precisamente para el hipotético caso de no prosperar la reposición, cumpliendo estrictamente con las cargas procesales exigidas y dentro del plazo legal, conforme se acreditó en el punto II. Por lo tanto, entiende que el a quo debió conceder la apelación en subsidio para que reciba el tratamiento correspondiente, en lugar de clausurar la vía recursiva indebidamente.
Recuerda sintéticamente los fundamentos sustanciales oportunamente expuestos en el recurso de reposición con apelación en subsidio de Fs.10/11 a) Improcedencia de unificar el patrocinio de la Defensoría Pública con el de un letrado particular. b) Ausencia de acreditación de la comunidad de intereses exigida por el art. 399 del C.P.P.S.C. c) Afectación del derecho de defensa y de la libre elección de letrado. Finalmente considera que estos agravios, de neto corte constitucional y con entidad suficiente para modificar la solución del caso, son precisamente los que la resolución en crisis impide revisar a la Alzada, al declarar abstracta la apelación subsidiaria sobre la base de un reparo meramente formal e infundado acerca de la idoneidad del remedio empleado.
III.-Establecido ello, corresponde analizar el planteo efectuado por la Sra. Defensora Pública Oficial en la presente queja.
III.A.-Liminarmente, y a los fines de un correcto encuadre de la cuestión, desde el perfil constitucional- convencional, y como marco normativo de referencia, entiendo que debe quedar sentado lo siguiente.
Respecto a la posibilidad de las partes de impugnar las diferentes decisiones jurisdiccionales, he establecido la constitucionalidad de las diferentes normas del CPP., haciendo una interpretación amplia del Derecho Constitucional-convencional al recurso y admitiendo el tratamiento de todas las impugnaciones cuando exista gravamen irreparable.
A guisa de ejemplo, en los autos caratulados: "VARAS VALERIA SUSANA S/DENUNCIA AMENAZAS E INFRACCIÓN ART 119 DEL CPA" Expte. Nº 77.775/22, N° de Juzgado de Recursos 7352/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, me expedí sobre la procedencia de la apelación por parte de la Defensa o el imputado respecto del auto que ordena el archivo de una causa.
Por su parte, en los autos caratulados: "INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS: IRIGOYEN LEONEL ADRIEL S/ Homicidio R/víctima" Expte. Nº I-56948/23, N° de Recursos 7031/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, me expedí sobre la viabilidad del tratamiento del recurso de apelación contra el auto de procesamiento por parte de la querella y en igual sentido, sobre la posibilidad de recurrir la falta de mérito por la Defensa.
A su vez en los autos caratulados: "TACHILE, LICEO SAMUEL S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y LESIONES LEVES CALIFICADAS" Expte. Nº T-36.469/23, N° de Juzgado de Recursos 7235/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 LAS HERAS, admití la viabilidad del tratamiento del recurso de apelación contra el auto que rechaza la petición de suspensión del proceso a prueba articulada por la defensa.
En los autos caratulados: “DIV. CRÍA. 2° S/INV. ROBO CALIF.” Expte. Nº 29666/21, N° de Juzgado de Recursos 7450/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, admití la viabilidad y tratamiento de los recursos de apelación que interpongan las partes, frente al rechazo de medidas probatorias, siempre que exista gravamen irreparable.
Y finalmente, en los autos caratulados: "L. I., N. V. S/ Dcia. infracc. art. 119 C.P." Expte. Nº 27428/20, N° de Juzgado de Recursos 7451/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, declare la legitimación activa para impugnar decisiones jurisdiccionales por parte de los Representantes del Ministerio Pupilar.- Lo expresado, encuentra fundamento, como adelanté, en el derecho al recurso, que se entronca directamente con la garantía constitucional de la defensa en juicio, y surge además, de los derechos implícitos que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno (art. 33 de la C.N.)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diversos fallos, ha reconocido derechos implícitos en base al artículo 33 de nuestra carta magna. Respecto del derecho a la salud, como responsabilidad primordial del Estado, lo señaló en el caso “CAMPODONICO DE BEVIACQUA, ANA CARINA C/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL”, FALLOS: 323:3229; derecho a la dignidad humana en el caso “SEJEAN C. ZACKS DE SEJEAN” FALLOS: 308:2268; derecho a la verdad en el caso “GANORA, MARIO Y OTRA S/ HABEAS CORPUS” FALLOS 322:2139, derecho de reunión en el caso “COMITÉ RADICAL ACCIÓN C/ JEFE DE POLICÍA DE LA CAPITAL” FALLOS: 156:81 del año 1929.
Asimismo, el derecho al recurso surge literalmente del artículo 8°, inciso 2°, apartado h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que establece: “derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el art. 14 inc. 5) establece una norma similar, otorgando la posibilidad de revisar el fallo condenatorio ante un tribunal superior.
Es decir que el derecho al recurso, que es un derecho de rango constitucional, pues surge del artículo 33 de la C.N. como un derecho implícito, es además un derecho humano contemplado en la convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La doctrina internacionalista ha hecho una distinción en el análisis de los derechos humanos, partiendo de que su afectación sea realizada por Estados y sus agentes que, en sentido general, actúan al margen de la “ley”, y de Estados que actúan dentro del sistema de derecho.
Ello además fue sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bueno Alves vs. Argentina”, sentencia del 11-05-2007. En la pág. 197, del Tomo I de la obra DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE NATALIA BARBERO, EDITORIAL RUBINZAL-CULZONI, señaló que: “Dijo la Corte IDH que los hechos del caso constituyeron tortura, lo que “implica la violación por parte del Estado al derecho consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma… Y agregó que: Si bien los actos de tortura perpetrados contra el Señor Bueno Alves han quedado alcanzados por la protección … de la Convención Americana, ello no significa que deban ser calificados per se como delitos de lesa humanidad … debido a que tales actos no formaron parte de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Sin embargo, aun en este caso, es decir cuando el hecho constituye una violación de derechos humanos que no llega a encuadrar en un delito de lesa humanidad, de todos modos: el deber de investigar constituye una obligación imperativa que deriva del Derecho Internacional y no puede desecharse o condicionarse por actos o disposiciones normativas internas de ninguna índole…” .- Es decir que el Derecho al Recurso es un derecho humano y los Estados deben respetarlo, garantizando la posibilidad que cualquier parte que esté inmersa en un proceso judicial, puede ejercer el mismo, pues si bien su no observación no implica un incumplimiento calificable como de lesa humanidad, lo cierto es que es una franca violación a un derecho humano, que hace a la garantía de defensa en juicio de las partes.
Sumado a ello, el recurso como derecho, ha sido reconocido por la doctrina procesal, entendiendo su inserción en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.), lo que lo hace, como dije, un derecho humano, y además como derecho constitucional implícito, según el art. 33 de la C.N. Así se ha sostenido por la dogmática procesal actual al entender que: "Llegado a este punto, se debe aclarar que nuestra constitución no formula expresamente el derecho al recurso, lo cual no significa que no ostentara existencia, por considerarse como derecho implícito (art. 33 de la C.N.) y "como derivado de los fines propios de nuestra carta magna, basta recordad que el Preámbulo brinda ciertas pautas orientadoras al respecto cuando expresa como finalidad "afianzar la justicia" y se repite nuevamente la idea en el propio artículo 5.... Así es, como el derecho al recurso pasó a ser, una garantía expresa y autónoma, correspondiente a los derechos civiles y políticos indicada como de primera generación, que se encuentra receptada en instrumentos internacionales que -en las condiciones de su vigenciaposeen jerarquía constitucional. Así, el recurso como garantía es la posibilidad de impugnar errores tanto de hecho como de derecho en una decisión judicial". (Conforme RECURSO DE APELACIÓN FEDERAL EN MATERIA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA LABORAL Y PREVISIONAL, EDITORIAL LA LEY, DIRECTORES ALFREDO RAFAEL POSRRAS Y JUAN IGNACIO PEREZ CURCI, págs. 474/477)
En los autos caratulados “INCIDENTE DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS: JUZGADO S/ INVESTIGA” Expte.75.753/21, N° de Recursos 6430/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "...La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Wald" Fallos 286:266, sostuvo que: "...La garantía del art. 18 de la Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que actúe como querellante o acusado, actor o demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el reconocimiento de un derecho, así fuere de obtener la imposición de una pena y quien se opone a ella...
La garantía constitucional de la defensa en juicio asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia previo juicio llevado a cabo en legal forma, ya se trate de un procedimiento civil o criminal...". De lo sostenido por el cimero tribunal federal, se infiere sin mayor esfuerzo que en los casos en donde surgen intereses contrapuestos, debe garantizarse a cada persona interviniente, allende su carácter y su condición, una individual, efectiva y eficaz defensa técnica, sin que los intereses del conjunto de los coimputados o de otros coimputados tomados de manera aislada, puedan desfavorecerla de alguna manera o agravar su situación en el proceso; ello con más razón cuando una parte es acusada y la otra presunta víctima.
El ejercicio del derecho de defensa en juicio es multidemnsional y debe ser ejercido de manera que resguarde los intereses de cada persona que se encuentra interviniendo en el proceso, es decir que se aplica a todas y cada una de las partes y de los sujetos intervinientes en el proceso, sean los esenciales o los sujetos eventuales, siempre considerados de manera individual en sus derechos frente al resto de los intervinientes, teniendo especial consideración siempre un análisis interseccional de la propia condición, situación e identidad de la persona; lo que dota de contenido al concepto de "derecho a la tutela judicial efectiva". (Art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) Ello implica que no puede permitirse cualquier riesgo de influencia que pueda establecer sospecha en el ejercicio personal del derecho de defensa en juicio de las personas que son llamadas a intervenir en un proceso, que pudiera traducirse en una pérdida de derechos, o en un entorpecimiento en el reconocimiento de los mismos o en un agravamiento de la situación en el proceso...".-
Concluyendo, el derecho al recurso, y la forma de analizar el mismo, cuando reúne las condiciones de interposición establecidas en las normas procesales, tanto en lo que respecta a los plazos como a la motivación, para que la Alzada pueda intervenir y analizar en cada caso concreto, los mismos, debe ser amplia, conforme la doctrina clara que dimana del precedente "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues se está haciendo efectivo la garantía de defensa en juicio y el derecho constitucional al recurso.
En esta etapa del proceso penal, rige el principio de la doble instancia, que puede operar tanto por vía de recurso de apelación ante este Juzgado de Recursos como por vía de Recurso de Casación ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia y que no requiere dos pronunciamientos en el mismo sentido, a diferencia del doble conforme.
Aclarado ello, y referido a la doble instancia, pero que también se aplica al doble conforme, la capacidad de revisión de los Tribunales que intervienen en la decisión de los recursos articulados por las partes, siguiendo el precedente "Casal" es del análisis de todas y cada una de las cuestiones que articulan en sus agravios las partes y que surgen de lo expreso de dichos agravios y de lo implícito en lo expreso. Esta amplitud en la revisión no implica dotar de poder oficioso al Tribunal de alzada, excepción realizada cuando se advierte una nulidad absoluta conforme lo normado en el segundo párrafo del artículo 160 del CPP.
Es decir que el principio procesal que establece que el agravio es la medida del recurso, sigue vigente. Una cuestión es revisar todo lo que no se puede suplir por la inmediación de un proceso oral, que es la doctrina que claramente dimana de "Casal" y otra muy distinta es pretender una revisión total de las actuaciones sin que haya agravio mediante.
Por supuesto, reitérase, que el derecho constitucional-convencional al recurso se ejerce conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, conforme lo señalado en el artículo 14 de la C.N., pero la reglamentación no puede impedir que el mismo sea ejercido, pues esto viola el principio de razonabilidad establecido en el art. 28 de la C.N., que establece que los mismos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
En este sentido, todas y cada una de las normas procesales que establecen requisitos de interposición y plazos deben ser respetadas, pero una cosa es regular un derecho de carácter procedimental y constitucional, que se inscribe en el marco del juicio previo constitucional y que se basa en la preclusión procesal y en esta materia el principio dispositivo de los recursos, y otra muy distinta es negarle la posibilidad de ejercicio ex ante.
III.B.-Sentado ello, corresponde ingresar en el análisis de la queja articulada y en especial en el decreto que la rechaza "IN LIMINE" y considera, la apelación ejercida en forma subsidiaria, abstracta, sin abordar el tratamiento del recurso rechazado, pues existen argumentos en la presente queja, dirigidos en ese sentido. En este orden, y en relación al recurso de queja, la doctrina procesal penal, ha señalado que: “Según se dijo, la decisión del a quo acerca de la admisibilidad del recurso no vincula al tribunal de alzada, pues, ante su concesión errónea, devuelve las actuaciones sin pronunciarse sobre el fondo (art. 444, párr. 2º). A su vez, el reexamen acerca de la admisibilidad puede ser recabado por el recurrente cuando se desestimó su solicitud por el órgano que dictó la resolución cuestionada.
De este modo queda en claro que, sea por el tribunal superior o por el impugnante frustrado, existe la posibilidad de revisar la resolución sobre el punto. El tribunal ad quem puede reconsiderar las condiciones de admisibilidad aceptadas en este momento y, al pronunciarse sobre el mérito del recurso, desestimarlo por ausencia de aquéllas; en este sentido son más amplias sus atribuciones –en cuanto a la oportunidad– que las del recurrente frustrado. … Para que la queja resulte admisible, debe cuestionarse el rechazo de un recurso comprendido dentro de las resoluciones impugnables. Si el decisorio versa sobre una cuestión ajena al art. 457, procede rechazarlo. En el primer examen sobre la admisibilidad del recurso, la decisión del tribunal a quo rebasa el mero control de los recaudos atingentes a la actividad – lugar, tiempo y forma–, pues puede avanzar sin convertirse en juez de su propio fallo e impedir el progreso del trámite cuando del estudio surja la improcedencia.
Si la resolución recurrida sólo manda continuar el trámite del proceso, no puede prosperar la queja por denegación de la vía casatoria …Debe tener fundamentación autónoma y contener una relación concreta de los hechos de la causa y de la resolución recurrida, como también una crítica prolija y circunstanciada de los argumentos expuestos tendientes a que el recurso prospere. Los recursos de reposición y apelación en subsidio improcedentes no interrumpen ni suspenden el término para acudir en queja por apelación denegada; la desestimación de ésta abre el camino de la queja. Es la única vía para superar la declaración de inadmisibilidad de un recurso de apelación; su denegatoria no es atacable por otra apelación.
No es vía útil para cuestionar los efectos –suspensivo o devolutivo– para la concesión del recurso a diferencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Empero, la CNCP, sala II –al admitir la queja en cuestión suscitada por la orden de captura antes de que la sentencia quedase firme–, admite el recurso –en rigor de verdad– por violación del efecto suspensivo. (Conforme CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. ANOTADO, COMENTADO. CONCORDADO. NOVENA EDICIÓN CORREGIDA, AMPLIADA Y ACTUALIZADA. DR. FRANCISCO D'ALBORA, EDITORIAL ABELEDO PERROT, pág. 899)
Es en este andamiaje, reitero, que solo se analizará si el recurso de reposición con apelación en subsidio ha sido correctamente denegado.
La recurrente se agravia y argumenta las razones para entender la improcedencia. Comparto en que la intimación realizada y el posterior silencio de las partes, no invalida, en primer lugar la decisión adoptada por el a quo, y en segundo lugar, el derecho de las partes a impugnar dicha decisión jurisdiccional.
Frente a la intimación, las partes podrían haber manifestado su posición, o guardado silencio, como en el caso, pero la intimación no constituye el acto de unificación de personaría que dispone el Juez y frente al cual puede haber gravamen irreparable que de lugar a la revisión de la decisión adoptada.
Hay que tener en cuenta que los actos procesales que son preparatorios de las decisiones judiciales, si bien las partes frente a los mismos pueden incidentarlos, la posibilidad de impugnación (recursos lato sensu) se origina a partir de la decisión que los materializa, razón por la cual, ambos recursos han sido rechazados de manera errónea, debiendo dar el tratamiento a los mismos.
Claramente, allende sus fundamentos, la Dra. Villares está cuestionando la UNIFICACIÓN de Oficio de la representación de la Querella, realizada en la providencia 1845.
La declaración de abstracción no puede sostenerse en base a que las partes guardaron silencio frente a la intimación. Reitero, la intimación fue un acto preparatorio, pero el que expresa la decisión jurisdiccional es el que resuelve la unificación, razón por la cual, deberá el A quo, dar tratamiento al recurso de reposición con apelación en subsidio articulado por la querellante.
Por todo ello, corresponde hacer lugar al recurso de queja y declarar mal denegados los recursos articulados, debiendo tramitarse el recurso de reposición con apelación en subsidio incoado.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-HACER LUGAR al recurso de queja impetrado a fs. 01/04 del presente legajo debiendo el a quo, dar tratamiento a los Recursos interpuestos por la Sra. C. G. Y. con el patrocinio letrado de la Defensora Pública Oficial Dra. Ximena P. Villares, conforme lo normado en el segundo párrafo del Art 461 del C.P.P.
II.-Regístrese. Notifíquese. Cumplido, remítanse los presentes al Juzgado de Origen, a fin de que se proceda a continuar con el trámite recursivo.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia