Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO: XXI REGISTRO: 011 FOLIO: 123/136
CALETA OLIVIA, 14 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados “RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA EN AUTOS CARATULADOS: M.
F., H. F., T. C. A. O. Y B. E. S/ TENTATIVA DE HOMICIDIO
AGRAVADO POR EL CONCURSO PREMEDITADO D Expte. Nº 21.907/25, N° de Juzgado de Recursos 8534/26, procedentes del Juzgado Nº 1 Puerto Deseado.
Y
I.-Que a fs. 63/108 los Defensores Particulares, doctores Lucas Osvaldo Chacón y Fabricio Carbone Miele, interponen recurso de casación contra la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 10 de Agosto de 2026 (fs. 49/59), que resuelve RECHAZAR el recurso de queja incoado el Sr. Defensor Particular doctor Lucas Osvaldo Chacón a fs. 28/33, por improcedente. Funda su impugnación en escrito recursivo obrante a fs. 65/107. Se interpone recurso de casación, nulidad e inconstitucionalidad contra la resolución que rechazó la queja y confirmó la denegación de la apelación. La defensa dice que la resolución causa un perjuicio actual e irreparable porque impide revisar decisiones autónomas adoptadas durante la instrucción. El recurso denuncia vicios jurídicos y lógicos, no una simple discrepancia con el criterio judicial. Existe contradicción entre las premisas reconocidas por la resolución y la solución finalmente adoptada.
Asimismo, expresa que la decisión afecta la defensa en juicio, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho al recurso. Se solicita admitir el recurso y elevar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia. Se afirma el cumplimiento de las exigencias de presentación digital y del depósito judicial correspondiente.
Dice que la impugnación contiene una fundamentación autónoma, concreta y suficiente sobre los defectos atribuidos a la resolución. Las cuestiones planteadas fueron oportunamente introducidas y mantenidas durante las etapas recursivas anteriores. La resolución impugnada es equiparable a sentencia definitiva porque clausura la revisión ordinaria y genera un perjuicio irreparable. Se constituye domicilio procesal ante la Alzada y se formula reserva del caso federal. La defensa sostiene que se encuentran cumplidos todos los requisitos formales de admisibilidad.
La Defensa analiza si la resolución, aunque no sea formalmente definitiva, produce un gravamen que justifica su equiparación. El rechazo de la queja cerró la vía destinada a revisar decisiones autónomas y no constituye una mera providencia ordenatoria.
La defensa distinguió las decisiones recurridas del auto de elevación a juicio y utilizó la queja luego de la denegación de la apelación. Una revisión posterior no repararía la pérdida de la instancia revisora correspondiente a la etapa instructoria. El juez reconoció inicialmente una interpretación amplia del derecho constitucional y convencional al recurso. La resolución sostuvo que la doble instancia puede operar mediante apelación o casación durante esta etapa procesal. La defensa aclara que no interpreta esa afirmación como una concesión anticipada del recurso, sino como una premisa relevante. El juez afirmó que la revisión debe abarcar las cuestiones planteadas por las partes y que el agravio delimita el recurso. La resolución desplazó el objeto de la queja hacia la posibilidad de continuar el proceso pese a recursos pendientes. El propio juez reconoció que ciertas cuestiones procesales autónomas no quedan alcanzadas por la irrecurribilidad del auto de elevación. La resolución clausuró definitivamente la vía ordinaria para revisar las decisiones cuestionadas. Se invoca el precedente Di Nunzio sobre la revisión de decisiones equiparables a definitivas cuando existe cuestión federal.
La defensa afirma que existe un perjuicio actual y que se plantearon cuestiones federales concretas. El juez también reconoció que la reglamentación del derecho al recurso no puede impedir su ejercicio. La definitividad debe analizarse respecto de la cuestión recursiva concreta y no sólo del proceso penal principal. La posibilidad de plantear ciertos temas ante la Cámara no repara la pérdida de la revisión solicitada durante la instrucción. La resolución es materialmente equiparable a definitiva porque clausura una cuestión recursiva autónoma y afecta garantías federales. Negar la casación contradice el reconocimiento judicial de la casación como mecanismo de doble instancia. Se sostiene que corresponde habilitar la instancia casatoria para revisar la validez y fundamentación de la resolución.
La defensa expresa que la resolución alteró el objeto de la queja y no respondió la cuestión efectivamente planteada. La apelación cuestionó decisiones autónomas, omisiones de tratamiento y el Punto IV, no el auto de elevación en sí mismo. La defensa sostuvo que la irrecurribilidad del art. 335 no alcanza automáticamente a todas las decisiones incluidas en el mismo instrumento. La resolución que denegó la apelación había identificado concretamente los agravios relativos a las cuestiones omitidas y al Punto IV. La queja mantuvo el mismo objeto y denunció que la apelación había sido denegada por una interpretación errónea. El juzgado instructor había indicado que ciertos planteos podían formularse en la etapa de los arts. 332 y 333.
Se cuestionó que se consideraran precluidos planteos cuyo tratamiento había sido expresamente diferido. El juez de Recursos comprendió correctamente los agravios al describirlos en la resolución recurrida. No hubo deficiencia en la formulación defensiva, ya que el objeto y los agravios fueron claramente expuestos. Al resolver, el juez desplazó el centro del análisis hacia la posibilidad de elevar la causa mientras existían quejas pendientes. La cuestión sobre la suspensión del proceso era distinta de la cuestión relativa a la recurribilidad de decisiones autónomas. Se trata de problemas jurídicos diferentes: la continuidad del proceso y la impugnabilidad de decisiones concretas. La resolución reconoció que ciertas cuestiones procesales contenidas en el auto de elevación podían quedar fuera de la irrecurribilidad. Ese reconocimiento exigía examinar individualmente cada decisión para determinar si era autónoma o inseparable de la elevación. El Punto IV y el Punto V tienen objetos, sujetos y finalidades diferenciadas. La resolución no explicó por qué la formación de actuaciones respecto del personal policial carecería de autonomía.
Dice la defensa que el suscripto tampoco explicó cómo podía aplicarse la preclusión si el tratamiento de los planteos había sido diferido por el tribunal. La resolución no justificó por qué el precedente Cocha no resultaba aplicable al caso. Existe contradicción entre el reconocimiento de agravios autónomos y el rechazo basado en una cuestión distinta. La revisión judicial exige responder el agravio efectivamente planteado y no sólo reproducirlo formalmente. La omisión es más grave porque contradice el estándar de revisión amplia invocado por el propio juez. La posibilidad de formular planteos ante la Cámara no subsana la falta de revisión oportuna durante la instrucción. El vicio consiste en que el tribunal no resolvió la cuestión sometida, sino otra distinta. La resolución carece de fundamentación suficiente porque no relaciona lógicamente los agravios con la respuesta judicial.
La Defensa solicita anular o casar la resolución y ordenar un nuevo examen sobre la autonomía y recurribilidad de las decisiones. Se denuncia autocontradicción entre las premisas jurídicas y la conclusión desestimatoria. El juez no sostuvo una irrecurribilidad absoluta del auto de elevación, sino que reconoció excepciones para cuestiones autónomas. Se reproduce la afirmación judicial según la cual algunas cuestiones procesales contenidas en el auto de elevación pueden ser recurribles. La expresión “tal y como afirma la Defensa” demostraría que el juez reconoció la validez abstracta de la tesis defensiva. Admitida la existencia de una excepción, el tribunal debía determinar si las decisiones concretas quedaban comprendidas en ella. La resolución omitió examinar cuáles decisiones eran autónomas y cuáles estaban inseparablemente vinculadas con la elevación. La estructura diferenciada de los puntos IV y V exigía justificar por qué debían tener el mismo régimen recursivo. La defensa había explicado concretamente la autonomía y los efectos propios del Punto IV. También debía analizarse si la falta de tratamiento de los planteos diferidos constituía una cuestión autónoma revisable. El juez afirmó una interpretación amplia del derecho al recurso y la necesidad de revisar los agravios planteados. Esas premisas imponían examinar individualmente las decisiones cuestionadas. El reconocimiento de la casación como vía de doble instancia hacía más exigente la fundamentación del rechazo.
La defensa dice que no reclama que todas las resoluciones sean apelables, sino que se determine si las cuestionadas son autónomas. La suficiencia de una sentencia depende de la relación racional entre sus premisas y su conclusión. La conclusión desestimatoria no deriva lógicamente de las premisas que reconocían la existencia de decisiones autónomas. El juez podía rechazar la autonomía, pero debía explicar concretamente por qué las decisiones no reunían esa condición. La falta de subsunción convierte la contradicción interna en un vicio casatorio. La aplicación del art. 335 no podía impedir previamente el análisis de la naturaleza material de las decisiones. La excepción reconocida por el juez queda reducida a una afirmación nominal si nunca se verifica en el caso concreto. Este agravio se diferencia del primero porque cuestiona la falta de conexión lógica entre las premisas y la conclusión. La contradicción interna afecta la fundamentación y las garantías de defensa y debido proceso.
La Defensa solicita descalificar la resolución por no haber realizado el examen concreto impuesto por sus propias premisas. Denuncia la falta de tratamiento del cuestionamiento relativo a la preclusión. El juzgado había indicado que los planteos podían formularse en la etapa de los arts. 332 y 333. Posteriormente, el juzgado volvió a diferir expresamente el tratamiento de esas cuestiones para la oposición a la elevación. La defensa actuó conforme a la oportunidad procesal indicada por el propio órgano jurisdiccional. Cuando llegó la etapa prevista, las cuestiones no fueron tratadas y luego se las consideró precluidas. La queja planteó directamente la contradicción entre el diferimiento judicial y la posterior aplicación de la preclusión. La resolución recurrida reconoció expresamente la existencia de ese agravio. Sin embargo, no explicó por qué la defensa debía recurrir antes aquello cuyo tratamiento había sido diferido. La cuestión era conducente porque, si no existía preclusión, podía modificarse la decisión sobre la procedencia de la apelación. La aplicación de la preclusión contradice la confianza legítima generada por las decisiones previas del tribunal. La preclusión no puede utilizarse para clausurar cuestiones cuyo tratamiento fue postergado por el propio órgano jurisdiccional.
La defensa expresa que no pretendía reabrir cuestiones ya decididas, sino obtener una primera respuesta sobre cuestiones pendientes. Las consideraciones sobre evitar reiteraciones no responden al caso porque los planteos no habían sido previamente resueltos. La preocupación por evitar recursos indefinidos no sustituye el análisis de si existía realmente una cuestión precluida. El tribunal debía reconstruir la secuencia procesal y determinar si la defensa había perdido alguna facultad. Considerar precluido un planteo diferido genera una exigencia procesal contradictoria e imposible de cumplir con seguridad.
Dice que la defensa debe poder organizar su actuación conforme a las decisiones procesales previamente dictadas. La conducta contradictoria del órgano jurisdiccional vulnera la coherencia, la buena fe procesal y la seguridad jurídica. Dice que la defensa actuó activamente y no permaneció inactiva, por lo que no se configura el presupuesto habitual de la preclusión. La progresividad no puede justificar el cierre de una etapa sin resolver las cuestiones que debían tratarse en ella. La identificación del agravio en la resolución generaba el deber correlativo de responderlo adecuadamente. La posibilidad de discutir los temas en el juicio no responde si la apelación fue correctamente denegada por preclusión. El silencio sobre la contradicción entre el diferimiento y la preclusión constituye omisión de una cuestión decisiva. Se solicita invalidar la resolución por no haber tratado la indebida aplicación de la preclusión. Se denuncia la falta de tratamiento específico del cuestionamiento dirigido contra el Punto IV. Dice que la irrecurribilidad del auto de elevación no se extiende automáticamente a una decisión autónoma incorporada en el mismo documento.
La defensa cuestionó específicamente la falta de fundamentación fáctica y jurídica del Punto IV. La formación de actuaciones respecto del personal policial podía afectar la estrategia probatoria y defensiva de los imputados. Dice que la defensa no pretendía impedir la investigación fiscal, sino cuestionar la falta de motivación y de control de esa decisión. La formación de actuaciones era independiente de la elevación a juicio y, por ello, podía tener un régimen recursivo propio. Las premisas del juez exigían analizar si el Punto IV constituía una cuestión autónoma excluida de la irrecurribilidad. La resolución no explicó por qué el Punto IV debía considerarse integrado al auto de elevación ni respondió los agravios contra él. El agravio contra el Punto IV fue introducido en la apelación y mantenido en la queja. La falta de fundamentación del Punto IV impedía ejercer un control recursivo efectivo. La potestad de comunicar hechos al Ministerio Público no elimina el deber de motivar ni vuelve irrecurrible la decisión. La ubicación del Punto IV en el cierre de la instrucción aumentaba su relevancia para la defensa. El propio estándar revisor invocado por el juez exigía tratar expresamente el agravio referido al Punto IV. La resolución reconoció la posibilidad de decisiones autónomas, pero no determinó si el Punto IV pertenecía a esa categoría.
Dice que aunque el juez no resolviera el fondo del Punto IV, debía decidir si la apelación contra él era admisible. La formación de actuaciones podía producir efectos inmediatos y difíciles de revertir posteriormente. El Punto IV tenía eficacia procesal autónoma, diferenciada de las decisiones controlables al dictarse la sentencia definitiva. La aplicación genérica de la irrecurribilidad no justificó por qué el Punto IV estaba materialmente unido a la elevación. La resolución omitió tanto el tratamiento del agravio como el análisis de la autonomía del Punto IV. La tutela judicial efectiva exige valorar la naturaleza y los efectos materiales del acto, no sólo su ubicación formal. La falta de tratamiento del Punto IV constituye un supuesto autónomo de arbitrariedad.
Solicita la defensa anular o casar la resolución y ordenar un examen independiente de la naturaleza y recurribilidad del Punto IV. Cuestiona, además, que el juez haya introducido una hipótesis de abuso recursivo sin demostrar sus presupuestos.
Manifiesta que la resolución vinculó la actividad defensiva con recursos ad infinitum, reiteraciones abusivas y posibles sanciones. La jurisprudencia sobre abuso sólo podía aplicarse después de acreditar hechos concretos que permitieran subsumir la conducta defensiva en esa categoría. El juez no individualizó qué recurso era infundado, reiterativo, improcedente o malicioso. La mera pluralidad de recursos no demuestra abuso si no existe identidad de objeto o reiteración injustificada. La referencia a “diversos incidentes” demuestra que existían recursos con posibles objetos diferenciados. La progresividad y la preclusión no permiten presumir que toda impugnación sea dilatoria o abusiva. Debe distinguirse entre reiterar una pretensión resuelta y recurrir decisiones diferentes con agravios propios. El propio juez había reconocido una interpretación amplia del derecho al recurso y la centralidad de los agravios. La atribución de abuso requería especial prudencia porque podía restringir un derecho cuyo ejercicio se había reconocido constitucionalmente.
Dice que existe una tensión entre la interpretación amplia del recurso y la incorporación de categorías abusivas sin prueba concreta. Dice que la defensa no reclama inmunidad, sino que el abuso sea demostrado mediante circunstancias objetivas. La jurisprudencia invocada se refería a supuestos de abuso que no fueron comparados con los hechos de este caso. Un recurso ad infinitum exige recursos carentes de fundamento, manifiestamente improcedentes y abusivos; no basta con que sean varios. La resolución no demostró que la apelación o las quejas pendientes carecieran de fundamento. La mera pendencia de recursos ante el Tribunal Superior no permite presumir su abuso o improcedencia. No corresponde invertir la carga y exigir a la defensa que pruebe que sus recursos no son abusivos. Convertir la cantidad de recursos en un indicio adverso restringe indebidamente el derecho a recurrir. En materia penal, el ejercicio diligente de recursos forma parte de la defensa técnica y no puede ser descalificado sin prueba de abuso. Los precedentes sancionatorios sólo son pertinentes si existe analogía concreta con los hechos del expediente. Como no se impuso una sanción profesional, el agravio se dirige al uso argumental de jurisprudencia sancionatoria no vinculada al caso.
Expresa que la aplicación de jurisprudencia exige identificar sus hechos, regla jurídica y correspondencia con el caso concreto. La resolución citó precedentes sobre abuso, pero no acreditó ninguno de sus presupuestos en esta causa. Las referencias al abuso integraron la fundamentación del rechazo y no pueden considerarse irrelevantes o meramente accesorias. La hipótesis de abuso no podía reemplazar el análisis de los agravios concretos de la queja. El control solicitado es objetivo: determinar si la restricción recursiva fue fundada en una aplicación razonada de la categoría de abuso. No es necesario analizar la intención subjetiva del juez, sino la conexión objetiva entre las citas y los hechos del caso. Toda restricción basada en abuso debe ser proporcional, individualizada y fundada en circunstancias verificables. La pluralidad de recursos respondía a decisiones y agravios diferentes, por lo que no podía tratarse como una única conducta reiterativa. Era necesario individualizar cada impugnación antes de atribuirle carácter abusivo. La resolución convirtió el ejercicio de una garantía en un argumento para restringir esa misma garantía.
Además, señala que la interpretación amplia del derecho al recurso exigía una fundamentación especialmente rigurosa para afirmar abuso. El abuso del derecho a recurrir no se presume y requiere identificar concretamente la conducta desviada. Dice que la defensa acepta los límites legales, pero exige que se distinga objetivamente entre ejercicio legítimo y abusivo. La jurisprudencia sobre abuso no subsana las omisiones de la resolución y agrava su déficit argumental. Se solicita descalificar la resolución por utilizar categorías de abuso sin demostrar sus presupuestos fácticos. Se cuestiona la confusión entre la posibilidad de reeditar planteos y la reparación efectiva del perjuicio. El juez había reconocido que el gravamen irreparable podía justificar una interpretación amplia del derecho al recurso. La posibilidad de volver a plantear una cuestión ante el Tribunal de Juicio no responde necesariamente al agravio producido. La persistencia abstracta de una facultad procesal no implica que el perjuicio sea reparable en concreto.
Señala que la defensa no pidió revisar todas las decisiones instructorias, sino actos concretos respecto de los cuales alegó agravios específicos. El gravamen debía analizarse individualmente respecto de cada decisión y no mediante una respuesta general. Un perjuicio puede ser irreparable aunque exista una oportunidad posterior para discutir una cuestión relacionada. La falta de tratamiento de cuestiones diferidas debía analizarse en relación con la función de la etapa intermedia. El problema no era la competencia futura de la Cámara, sino la validez de la denegación de la apelación en la etapa correspondiente. Reeditar un planteo no equivale a reparar completamente el perjuicio ocasionado. El Punto IV producía efectos autónomos desde su ejecución y no dependía del resultado posterior del juicio. Una revisión durante el juicio no necesariamente revertiría la formación de actuaciones ni sus efectos sobre la defensa. La posibilidad de plantear nulidades en el juicio no vuelve abstracta la cuestión de la revisión inmediata. La reparabilidad exige examinar el tipo de decisión, el derecho afectado y la utilidad real de una revisión posterior. Una revisión tardía puede ser formalmente existente pero materialmente ineficaz. El tribunal debía explicar por qué la revisión posterior podía neutralizar concretamente los perjuicios invocados. La resolución trató de manera uniforme decisiones diferentes, sin distinguir sus efectos ni sus respectivos gravámenes. La resolución utilizó categorías generales sin realizar la subsunción concreta exigida por cada decisión.
Dice que remitir la cuestión al juicio no responde si el perjuicio consistía precisamente en llegar a esa etapa sin revisión previa. El reconocimiento de la doble instancia durante la etapa procesal impedía considerar indiferente el momento de la revisión. El Tribunal de Juicio y el Juzgado de Recursos cumplen funciones distintas y no son órganos intercambiables. La competencia futura de la Cámara no elimina el agravio producido por la denegación de la apelación. El avance de la causa no vuelve abstracto el planteo, porque la cuestión es la validez de la clausura de la revisión. La tutela judicial efectiva se vería afectada si la ejecución de la decisión impugnada impidiera luego revisarla. La defensa utilizó los remedios disponibles cuando la revisión todavía podía resultar útil. La resolución no vinculó adecuadamente sus premisas sobre el gravamen irreparable con los perjuicios concretos denunciados. Reducir el gravamen irreparable a la existencia de una futura oportunidad procesal desnaturaliza esa categoría. Dice que la defensa no reclama revisión inmediata de todo acto instructorio, sino análisis concreto de las decisiones y perjuicios invocados. La posibilidad de reedición posterior no basta para negar el gravamen sin demostrar que la reparación sería efectiva. Se solicita descalificar la resolución por equiparar indebidamente reedición futura y reparación efectiva.
La Defensa cuestiona el uso de la progresividad y la preclusión para privilegiar el avance procesal sobre el control de legalidad. Antes de invocar progresividad debía determinarse si los planteos eran reiterativos o se referían a decisiones pendientes y autónomas. La progresividad sólo puede operar sobre etapas regularmente cumplidas; no reemplaza el análisis de legalidad. La progresividad y la preclusión pueden impedir la reapertura de cuestiones resueltas, pero no el tratamiento de cuestiones pendientes o diferidas. Dice que la defensa recurrió decisiones concretas y no intentó paralizar indefinidamente el proceso. La progresividad debía analizarse después de determinar la autonomía, la preclusión y el gravamen de las decisiones.
La progresividad no podía cerrar el debate sin resolver si el diferimiento judicial había impedido la consumación de la oportunidad procesal. La resolución incurrió en un razonamiento circular al usar el avance provocado por la denegación como fundamento para impedir su revisión. La celeridad procesal no puede alcanzarse sacrificando la legalidad de los actos ni el derecho de defensa. Celeridad y legalidad deben coexistir: el proceso debe avanzar, pero de manera regular. La elevación a juicio modifica la situación procesal de los imputados y por ello no puede imponerse sin resolver agravios relevantes. La regla de inapelabilidad no elimina el deber de determinar qué cuestiones autónomas quedan fuera de ella.
La progresividad no puede vaciar de contenido la excepción reconocida para decisiones autónomas contenidas en el auto de elevación. El avance del proceso no elimina un gravamen irreparable y puede incluso consolidarlo. El Punto IV demuestra la necesidad de diferenciar las decisiones vinculadas estrictamente con la elevación de las autónomas. No debe confundirse la necesidad de evitar una paralización indebida con la obligación de determinar si el recurso es admisible. Dice que la queja tiene por objeto controlar si la apelación fue correctamente denegada, no decidir si conviene que el proceso avance. El tribunal debía analizar la resolución apelada, los agravios y las reglas de procedencia antes de considerar la continuidad del proceso.
La defensa no sostuvo que la queja tuviera efecto suspensivo ni que los recursos impidieran necesariamente la elevación. Un recurso puede ser admisible aunque no suspenda el proceso; admisibilidad y efecto suspensivo son cuestiones distintas. La resolución debía separar el análisis de la procedencia recursiva del análisis de sus efectos sobre el trámite principal. El régimen de la queja permite controlar la denegación de un recurso sin paralizar automáticamente todo el proceso. La posterior elevación de la causa no sanea retroactivamente una eventual denegación recursiva incorrecta. El avance procesal no puede convertirse en una fuente de inmunidad frente al control judicial. Pedir la revisión de decisiones anteriores a la elevación no implica solicitar una retrogradación indebida.
La preclusión y la progresividad sólo operan sobre oportunidades y etapas válidamente consumadas. Un proceso constitucionalmente válido debe avanzar mediante actos válidos, decisiones fundadas y respeto de las oportunidades defensivas. La progresividad sólo puede limitar el recurso después de determinar que éste carece de procedencia legal. El defecto transversal de la resolución es reemplazar la subsunción concreta por afirmaciones generales. El séptimo agravio completa los anteriores al cuestionar que la progresividad se utilizara como razón autónoma para impedir el control. La progresividad no es una presunción de validez ni una cláusula general de cierre recursivo. Se solicita descalificar la resolución por privilegiar el avance del proceso sin determinar la recurribilidad, preclusión y reparabilidad de los agravios.
Los agravios deben analizarse conjuntamente porque revelan un defecto estructural común en la resolución.
La defensa denuncia arbitrariedad y no una mera discrepancia sobre la interpretación del derecho procesal. El juez formuló premisas amplias sobre el recurso, la revisión y el gravamen irreparable. Esas premisas exigían responder los agravios concretos y determinar si las decisiones eran autónomas y revisables. El juez reconoció que ciertas cuestiones dentro del auto de elevación pueden ser autónomas, pero no aplicó esa premisa al caso. La resolución omitió individualizar qué decisiones correspondían al avance del proceso y cuáles tenían autonomía propia. También omitió explicar cómo podía aplicarse la preclusión frente al diferimiento judicial de los planteos. La invocación general de progresividad no respondió cuál era la oportunidad procesal supuestamente perdida. La resolución tampoco explicó por qué el Punto IV debía quedar absorbido por el régimen del auto de elevación. El Punto IV era el caso concreto que exigía aplicar la distinción entre decisiones autónomas y decisión de elevar a juicio. El juez sustituyó el análisis del gravamen irreparable por la posibilidad de reeditar planteos ante el Tribunal de Juicio. No se demostró que la revisión posterior pudiera neutralizar los efectos específicos de cada decisión. La resolución incorporó doctrina sobre abuso recursivo y recursos ad infinitum. Sin embargo, no identificó qué recurso carecía de fundamento ni qué conducta concreta constituía abuso. Los siete agravios muestran una misma deficiencia: el uso de reglas generales sin aplicación concreta a las decisiones impugnadas. La extensión de la resolución y la cantidad de citas no sustituyen una fundamentación suficiente. La existencia abstracta de reglas de preclusión, progresividad y abuso no demuestra su aplicabilidad al caso. La resolución no acreditó la falta de autonomía, la preclusión, la reparabilidad, el abuso ni la paralización inevitable del proceso. Las categorías utilizadas por el juez entran en tensión con las premisas constitucionales que él mismo había formulado. La coherencia interna exige justificar por qué las premisas reconocidas no resultan aplicables a las circunstancias del caso. Las cuestiones omitidas eran conducentes porque podían modificar la decisión sobre la procedencia de la apelación. La omisión de cuestiones sustanciales y conducentes configura arbitrariedad cuando impide una fundamentación suficiente.
La defensa pide controlar si existió una verdadera decisión fundada sobre el objeto de la queja. El cierre de una vía recursiva exige explicar concretamente por qué no se cumplen sus condiciones legales. El recurso no pretende convertir al Tribunal Superior en una tercera instancia, sino revisar defectos graves de fundamentación. Las omisiones, contradicciones y falta de subsunción impiden reconstruir racionalmente el camino hacia la decisión. El juez conocía los agravios centrales, pero no determinó concretamente si las decisiones eran autónomas, precluidas o irreparables. La resolución se concentró en asegurar la continuidad del proceso en lugar de resolver el objeto legal de la queja. Ese desplazamiento explica la aplicación genérica de la progresividad, la reedición y el abuso recursivo. La acumulación de argumentos generales no convierte en suficiente una motivación que no responde los agravios decisivos. Señala que el control debe considerar la resolución como una unidad afectada por un déficit argumental común. La arbitrariedad se vincula directamente con la defensa en juicio y el debido proceso. Los agravios deben valorarse conjuntamente porque todos revelan la ruptura entre el estándar proclamado y la decisión adoptada. La intervención del Tribunal Superior es necesaria porque la resolución no explica jurídicamente su conclusión frente al caso concreto. Se concluye que la resolución está afectada por arbitrariedad, omisiones, contradicciones y falta de fundamentación suficiente. Se sostiene que la resolución vulnera garantías constitucionales y convencionales, no sólo normas procesales provinciales.
Expresa que la defensa no reclama recurrir toda interlocutoria, sino que las vías existentes sean aplicadas razonadamente. La defensa en juicio exige que los planteos conducentes reciban una respuesta fundada. En materia penal, la defensa efectiva requiere que las vías procesales permitan controlar decisiones susceptibles de revisión. Se invoca “Casal” para sostener una interpretación efectiva y no restrictiva de la revisión penal. Se aclara que Casal no torna recurrible toda resolución instructoria, sino que impide vaciar de contenido la revisión disponible. La omisión de analizar la autonomía de las decisiones contradice el estándar de revisión amplia adoptado por el propio juez. Se cita “Herrera Ulloa” para destacar que el recurso debe ser accesible y permitir un examen suficiente. Se aclara que Herrera Ulloa se refiere a condenas, pero aporta el principio general de efectividad del recurso. Se invoca “Mohamed” para afirmar que la revisión debe ser real y no meramente formal. Se precisa que Mohamed no equipara la interlocutoria con una condena, sino que refuerza la exigencia de efectividad. Se cita “Barreto Leiva” sobre la relación entre el derecho a recurrir y la defensa. Los precedentes citados no establecen que toda interlocutoria sea recurrible, pero impiden una aplicación ilusoria de los recursos.
Expresa que la defensa no pretende crear un recurso nuevo, sino evitar la extensión automática de la irrecurribilidad del auto de elevación. Una resolución que clausura la revisión debe explicar por qué la decisión concreta queda sometida a la regla restrictiva. La tutela judicial efectiva exige que los mecanismos existentes sean aplicados de acuerdo con su finalidad protectoria. Se distingue entre las garantías de los arts. 8.1 y 25 de la Convención y la garantía específica del art. 8.2.h. La queja debía resolver si la apelación había sido correctamente denegada, no si era conveniente continuar el proceso. Se citan “Strada” y “Di Mascio” sobre el deber del superior tribunal provincial de resolver cuestiones federales.
El Tribunal Superior debe analizar la dimensión constitucional de la aplicación de las normas procesales locales. Se invoca “Colalillo” contra el rigor formal que impide atender las circunstancias relevantes del caso. Menciona que las normas procesales no pueden aplicarse de manera automática sin considerar la naturaleza concreta de los actos y agravios. La preclusión no puede perjudicar a quien actuó conforme a una oportunidad procesal fijada por el propio tribunal. La tutela efectiva requiere algo más que una posibilidad abstracta de plantear nuevamente la cuestión. Herrera Ulloa refuerza la exigencia de accesibilidad y efectividad de la revisión. La cuestión constitucional no es si la defensa tuvo recursos, sino si obtuvo tutela efectiva sobre sus agravios.
La defensa técnica tiene especial relevancia en materia penal y la acusación de abuso exige prueba concreta. Las referencias a abuso y sanciones adquieren relevancia constitucional porque pueden desalentar el ejercicio legítimo de la defensa. Defensa, debido proceso y tutela efectiva exigen que cada restricción recursiva se funde en circunstancias concretas. Las normas procesales locales deben interpretarse de manera compatible con la Constitución y los tratados. Casal impide sustituir los agravios concretos por una respuesta dirigida a una cuestión diferente. Herrera Ulloa, Mohamed y Barreto Leiva refuerzan la exigencia de efectividad del recurso. Strada y Di Mascio determinan la obligación del Tribunal Superior de resolver las cuestiones federales planteadas.
Expresa que la autonomía procesal provincial debe ejercerse respetando las garantías federales. El Tribunal Superior debe resolver si la regla de irrecurribilidad, la preclusión, la reedición y el abuso fueron aplicados constitucionalmente. Una norma procesal constitucional en abstracto puede vulnerar garantías cuando se aplica fuera de sus presupuestos. La afectación constitucional deriva de la clausura de la revisión sin respuesta suficiente a agravios conducentes. La defensa pretende que progresividad, preclusión, irrecurribilidad y abuso se apliquen dentro de sus presupuestos legales. La Constitución no garantiza el éxito del recurso, pero sí una decisión fundada sobre cuestiones revisables.
Se concluye que la resolución compromete las garantías constitucionales y convencionales invocadas. Se solicita que el Tribunal Superior examine los agravios con ese estándar y descalifique la resolución. Se presenta la doctrina de la arbitrariedad como mecanismo excepcional para preservar la validez racional de las sentencias. La defensa aclara que no invoca arbitrariedad por una simple discrepancia interpretativa. Se invoca Colalillo como fuente del estándar de derivación razonada del derecho aplicado a las circunstancias del caso. La doctrina de Colalillo impide aplicar categorías jurídicas sin verificar concretamente sus presupuestos. Se cita “HSBC Bank Argentina” como precedente sobre arbitrariedad en cuestiones procesales.
La analogía con HSBC se encuentra en la utilización de afirmaciones dogmáticas sin analizar la naturaleza concreta de la cuestión. La primera arbitrariedad consiste en omitir el tratamiento de los agravios concretos planteados. El juez reformuló el objeto de la queja y dejó sin respuesta cuestiones que podían modificar la procedencia de la apelación. No es necesario responder todos los argumentos, pero sí aquellos que sean decisivos o conducentes. La sentencia debe ser entendida como una unidad lógico-jurídica coherente. Las premisas del juez sobre revisión amplia, derecho al recurso y autonomía de decisiones exigían un examen concreto. La parte dispositiva no surge como consecuencia necesaria de las premisas porque falta la subsunción de las decisiones impugnadas.
La contradicción no está en reconocer límites al recurso, sino en reconocer una excepción y no verificar si el caso queda comprendido en ella. La fundamentación aparente se configura cuando se invocan afirmaciones generales sin estudiar la cuestión concreta. La resolución invocó irrecurribilidad, preclusión, reedición, progresividad y abuso sin probar sus presupuestos específicos. La extensión del fallo y sus numerosas citas no compensan la falta de razonamiento concreto. La validez de la sentencia exige una derivación razonada del derecho vigente respecto de las circunstancias comprobadas. La regla común de los precedentes invocados es la necesidad de relacionar normas, hechos procesales y consecuencias jurídicas.
Se denuncia una aplicación mecánica de la preclusión y la progresividad. La preclusión y la progresividad no pueden aplicarse sin responder al diferimiento ordenado por el propio tribunal. La resolución invocó jurisprudencia sobre recursos abusivos y sanciones profesionales. No demostró, sin embargo, que los presupuestos de esos precedentes estuvieran presentes en la causa. La cita jurisprudencial sólo fundamenta una decisión si existe una analogía concreta entre el precedente y el caso. La Defensa invoca “Di Nunzio” sobre la función revisora de los tribunales superiores frente a agravios federales. La doctrina de arbitrariedad permite revisar la clausura de una vía cuando ésta se funda en omisiones o contradicciones.
Se menciona “HSBC” como ejemplo de control de una resolución no definitiva que ocasionaba un perjuicio irreparable. La analogía con HSBC se limita a la posibilidad excepcional de revisar decisiones no definitivas arbitrarias. La falta de motivación sobre puntos centrales puede impedir el adecuado control por el tribunal superior. La resolución no permite controlar adecuadamente la preclusión, la autonomía del Punto IV, la reparabilidad ni el supuesto abuso. Una sentencia desfavorable puede ser válida, pero debe explicar por qué se configuran sus presupuestos jurídicos. La sentencia debe conservar unidad lógicojurídica entre sus premisas y su parte dispositiva. Señala, además, que el recurso supera la mera discrepancia porque identifica defectos concretos en el método decisorio.
Se preserva la distinción entre arbitrariedad y simple interpretación judicial desfavorable. Colalillo refuerza la crítica contra la aplicación mecánica de principios procesales. HSBC confirma que la arbitrariedad puede configurarse en cuestiones procesales cuando existen afirmaciones dogmáticas y perjuicio irreparable. La resolución no explicó por qué las decisiones impugnadas quedaban absorbidas por la irrecurribilidad del auto de elevación. Tampoco justificó adecuadamente la preclusión, la falta de reparabilidad, el abuso o la prevalencia de la progresividad. La resolución no satisface la motivación constitucional porque su parte dispositiva no deriva lógicamente de sus fundamentos. La descalificación por arbitrariedad no exige que el Tribunal Superior resuelva directamente el fondo de todos los planteos.
La arbitrariedad se invoca porque los defectos afectan las condiciones mínimas de validez racional de la resolución. Se solicita declarar arbitraria la resolución y restablecer el control judicial clausurado. Se introduce la solución solicitada: dejar sin efecto la resolución y restituir una revisión fundada de las decisiones autónomas. Se resumen los defectos atribuidos a la resolución:
desnaturalización, omisiones, contradicciones, preclusión indebida y abuso no probado. La resolución debe dejarse sin efecto porque consolidaría la falta de revisión de decisiones con autonomía y gravamen alegados. La casación no pretende que el Tribunal Superior resuelva necesariamente el mérito de todas las cuestiones originarias. Como pretensión principal, se pide casar la resolución y restablecer la revisión de las decisiones autónomas. Se sostiene que el art. 335 no puede extenderse automáticamente a decisiones diferenciables del auto de elevación. Subsidiariamente, se solicita anular la resolución y reenviar el caso para un nuevo examen. El nuevo pronunciamiento debería tratar la autonomía, la preclusión, el Punto IV, el gravamen y el precedente Cocha.
Dice que el reenvío no implicaría retrogradación indebida, sino recomposición de una instancia de revisión frustrada. La celeridad no puede obtenerse a costa del derecho de defensa ni de la validez de los actos procesales. El caso tiene relevancia institucional porque plantea el alcance del control recursivo en el proceso penal provincial. El control judicial fortalece, y no debilita, la autoridad de los tribunales. La defensa no exige que todos sus planteos sean admitidos, sino que sean efectivamente tratados y decididos.
La defensa reclama la aplicación constitucional de las reglas de preclusión, progresividad e impugnabilidad. Se introduce la idea de Jhering sobre la “lucha por el Derecho” como fundamento de la defensa activa. La actividad recursiva se presenta como ejercicio legítimo del proceso y no como resistencia a su avance. Se sostiene que el Derecho adquiere vigencia efectiva cuando existen sujetos que exigen su cumplimiento. El recurso no constituye una disputa personal con el juez, sino una invocación de la supremacía constitucional y legal. Se solicita al Tribunal Superior que actúe como garante de la juridicidad y equilibre autoridad, defensa y tutela efectiva. Dice que la defensa técnica, al recurrir dentro de la ley, cumple la función constitucional de proteger los derechos de los imputados. Se solicita hacer lugar al recurso, descalificar la resolución y restablecer la instancia de revisión. Se formula reserva del caso federal para el supuesto de rechazo total o parcial del recurso. La cuestión federal se considera concreta y vinculada con la clausura arbitraria de la revisión jurisdiccional. Se identifican como garantías comprometidas la defensa en juicio, el debido proceso, la supremacía constitucional y la tutela convencional. Se afirma que la cuestión federal tiene relación directa con la aplicación de las normas procesales provinciales. Se resumen las aplicaciones cuestionadas: irrecurribilidad, preclusión, reedición y abuso recursivo. La arbitrariedad se vincula con la falta de derivación razonada del derecho aplicado a las circunstancias del caso. Se mantiene la cuestión federal para el supuesto de que el Tribunal Superior omita tratar los agravios constitucionales. Se invocan Strada y Di Mascio para sostener el deber del Tribunal Superior de resolver las cuestiones federales. Se reserva el recurso extraordinario federal y, eventualmente, la queja ante la Corte Suprema. La reserva federal comprende los fundamentos constitucionales y convencionales desarrollados en todo el escrito. Se formula el petitorio final: admisión, concesión, elevación, casación o nulidad, reenvío subsidiario y reserva federal.
II.-Corresponde por lo tanto que este Juez de Recursos de cumplimiento a lo reglado en el párrafo primero del art. 447 del C.P.P., a fin de constatar, si el recurrente ha dado cumplimiento a cada uno de los requisitos taxativamente enumerados por la ley formal para la procedencia del recurso, sin ingresar en la valoración de la cuestión sustancial, que ha motivado la interposición del recurso.-
En tal sentido la Jurisprudencia refiriéndose al art. 464 del C.P.P.N. idéntico a nuestro art. 447 ha dicho: “Es facultad del Tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales de tiempo y forma que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe sólo al recuento de éstas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surja la improcedencia de la vía recursiva. Ello no implica que el Tribunal del Juicio se convierta en juez de su propio fallo, sino que participa en la habilitación de la instancia superior en la medida que el propio código establece” (CNCP, Sala II, causa número 28, 23/9/93, reg. Número 34, Boletín de Jurisprudencia número 4, p.p. 76/78).- III.-Que conforme lo expuesto precedentemente deviene necesario considerar en forma concreta el cumplimiento de los requisitos formales, establecidos por nuestro Código Procesal Penal.-
En cuanto a los recaudos exigidos por los incisos c) y d) del art. 4° de la ley 1687, no se comprueba que el recurrente constituyera domicilio en jurisdicción del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, allende lo manifestado, y que si obló la tasa de justicia correspondiente obrando comprobante de pago a fs. 63/64.-
El recurso fue interpuesto dentro del plazo perentorio que establece el art. 446 del C.P.P., esto es en los diez días hábiles de notificada la resolución al recurrente. El Dr. Lucas Chacon fue notificado de la resolución dictada por este Juez de Recursos el día 10 de Agosto de 2026, conforme surge de la notificación cuya constancia obra a fs. 61, e interpuso el recurso de casación el día 12 de Agosto de 2026 dentro del plazo legal consignado. Y en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 446 del Código Procesal de la Provincia, la impugnación se interpuso con firma del letrado, indicando las disposiciones legales que se consideran violadas, explicando la aplicación pretendida.
IV.-Con respecto a la procedencia del recurso de casación contra el rechazo de un recurso de queja, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en los autos “O. S. de la U. de R. de G. s/ queja –casación–”, CFP 10038/2012/12/RH1, Sala II, 23/06/2015, Reg. Cn. 36.146; Reg. 39.453, ante una circunstancia idéntica, ya que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había rechazado previamente un recurso de queja, y contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación, lo rechazó porque la resolución impugnada no era una sentencia definitiva ni equiparable a tal. Además de ello, señaló que la denegatoria de un recurso de queja no reviste, por regla, carácter de sentencia definitiva y que la mera invocación de un gravamen de imposible o difícil reparación no resulta suficiente, ya que debe explicarse concretamente cómo y dónde se produciría ese perjuicio.
En el pronunciamiento citó, entre otros, los precedentes de la Corte Suprema registrados en Fallos 315:2757, 315:1629, 315:761, 313:215, 312:426, 311:509, 311:357, 311:148, 307:474, 302:1430, 300:436 y 299:268. Es decir que el tribunal fundamenta su decisión en una vasta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (citando Fallos como 315:2757, 315:1629, entre otros) y precedentes de la propia Sala. Estos establecen que la denegatoria de un recurso de queja, no reviste el carácter de sentencia definitiva ni de decisión equiparable a tal por sus efectos. Además, se subraya que para equiparar un fallo a sentencia definitiva por un gravamen de imposible o difícil reparación, no basta con aducirlo, sino que es imperativo señalar cómo y dónde surgirá dicho agravio.
Sobre el alcance de gravamen irreparable, en los autos caratulados: "INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: B. X. B. S/ DCIA. INGFRACC. ART. 119 C.P." Expte. N° 40.295/25-IN, N° de Juzgado de Recursos actual 8250/25 (anteriormente 8195/25), sostuve que: "Además, se observa que el recurrente no ha dado cumplimiento al requisito de admisibilidad establecido por el inc. d del art. 4 de la ley 1687 (arts. 446 y 458 C.P.P.). En efecto la resolución recurrida no pone fin al proceso, ni impide la prosecución de la causa, por lo contrario, hace posible su continuación. Así la C.N. Casación Penal, Sala IV, 25/6/98, Causa, 1031, “S.J.A. S/RECURSO DE QUEJA”, Rev. “E.D.” del 10/9/98, p. 17 ha dicho "Las resoluciones cuya consecuencia es que el imputado continúe sometido al proceso no revisten el carácter de definitiva o auto equiparable a que alude el art. 457 del Cód. Procesal Penal.” En el mismo orden, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en los autos "INCIDENTE DE NULIDAD DE INTERVENCIÓN TELEFÓNICA EN AUTOS: ROJAS DIEGO ARMANDO S/HOMICIDIO R/VÍCTIMA"
Expte. Nº R-3895/147 -I-913/15/TSJ, en resolución registrada al TOMO: XIX -INTERLOCUTORIO- T.S.J., REGISTRO Nº:042, FOLIO Nº: 182/184. de fecha 21 de octubre de 2015, sostuvo: "V.-) La resolución impugnada obrante a fs.45/48 vta. de los presentes, constituye una decisión prosecutoria del trámite de la causa, pronunciamiento que no resuelve en definitiva la situación procesal del imputado; en consecuencia, de la previa evaluación del recurso impetrado que autoriza el art. 427 del C.P.P., se advierte la ausencia de uno de los requisitos formales de admisibilidad de la casación, ello es, la cuestión traída a conocimiento de este Alto Cuerpo, no reviste la calidad de “definitividad” que permita la apertura de la instancia extraordinaria.-...Asimismo, "...las resoluciones que deciden sobre nulidades de actuaciones procesales no constituyen sentencia definitiva, ya sea que el pronunciamiento desestime el pedido de nulidad, o haya lugar al mismo, declarando nulos la acusación fiscal y lo actuado con posterioridad.
Ello así, porque no ponen fin al proceso ni impiden su continuación. A su vez, sólo constituyen resoluciones equiparables a la noción de 'sentencia definitiva', las que declaran nulidades que impliquen una retrogradación arbitraria del proceso..." (TSJ Córdoba, Sala Penal, S nº 47, 31/05/2004, "Altamirano, Sixto Antonio p.s.a. de homicidio con exceso en la legítima defensa- rec. de casación" en "Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba" M.Hairabedián, M. Gorjas, J. Carot., Editorial Mediterránea, 2000- 2012, Córdoba, 2012, pág. 760.). En concreto con relación al presente recurso, la regla general, es que "...los pronunciamientos que rechazan nulidades procesales no constituyen resoluciones equiparables a 'sentencia definitiva', con relación al recurso de casación, pues sólo tienen como consecuencia la obligación del imputado a seguir sometido a proceso criminal.
La excepción a esa regla se produce cuando el recurrente procura demostrar cómo la resolución impugnable le ocasiona un agravio que justifica tal equiparación..." ("Pascua, Esteban Alejandro p.s.a. homicidio calificado- rec. de casación. TSJ Córdoba, sala penal, 26/04/2006, S nº 29, ob. cit. pág. 761), aspecto que no se demuestra en los presentes autos." En suma, no resultando la resolución impugnada sentencia definitiva ni equiparable a ella, no resulta procedente el recurso interpuesto por incumplimiento de las condiciones objetivas de impugnabilidad, pues no se verifica tampoco la existencia de gravamen de imposible reparación ulterior. En los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS EN AUTOS: IRIGOYEN LEONEL ADRIEL S/ Homicidio R/víctima” Expte.
Nº I-56948/23, N° de Recursos 7031/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, sostuve que: ”… Esta norma, como dije, debe ser analizada, conjuntamente con la establecida en el artículo 432 del CPP., que señala la procedencia del Recurso de Apelación, y que establece que: "El recurso de apelación procederá contra los autos de sobreseimiento dictados por los jueces de instrucción y en lo correccional, los interlocutorios y las resoluciones declaradas apelables, o que causen gravamen irreparable". (La negrita es de mi autoría) Este artículo, sin demasiado esfuerzo hermenéutico, alcanza al artículo 294 al señalar literalmente "y las resoluciones expresamente declaradas apelables".
Ahora bien, a renglón seguido, y sin limitación del tipo de acto jurisdiccional, es decir de Auto o Decreto, y sin establecer tampoco ningún valladar respecto de las partes, señala que el recurso de apelación procederá contra autos o decretos "que causen gravamen irreparable".- Si bien la doctrina procesal penal al comentar el artículo 294, sostenía que le estaba vedado la apelación del auto de procesamiento a la parte querellante, establecían que ésta parte podría apelar solo el embargo, reduciéndola a la pretensión civil que pudiera perseguir. Ello debe ser superado, pues si un auto o un decreto, mínimamente fundado, causa un gravamen irreparable de imposible solución ulterior, el mismo debe ser tratado y no puede cercenarse el derecho de la parte querellante, o del propio imputado a apelar estas resoluciones.
Es decir que sin necesidad de aplicar un remedio extremo como lo es la declaración de inconstitucionalidad de una norma, puede sostenerse válidamente, fundado en el derecho al recurso, la posibilidad de recurrir a esta alzada, por vía del artículo 432. En este supuesto, además, el artículo 418 al establecer que la parte querellante puede apelar solo en los casos previstos expresamente en el código, señala, directamente, la posibilidad de hacerlo cuando el auto o decreto, allende cual fuera el mismo, causa gravamen irreparable… Por su parte, se ha señalado sobre el mismo tópico que: "La expresión gravamen irreparable se hermana al perjuicio procesal que alcanza a la parte; éste debe acontecer durante el curso del juicio que no puede ser reparado en su propio decurso ni en la sentencia definitiva.
La apreciación "gravamen irreparable" es una cuestión de hecho, que debe ser apreciada en cada caso concreto y sujeto a la prudente evaluación del magistrado." (Conforme CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO, EDITORIAL LA LEY DIRECTOR MIGUEL ANGEL ALMEYRA, COORDINADOR JULIO CESAR BAEZ, TOMO III, pág. 316). Al momento de analizar la procedencia del recurso de casación por sentencias equiparables a definitiva, tanto la Corte Suprema como el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, han establecido el concepto y alcance del mismo, dando lugar a los recursos en donde exista arbitrariedad manifiesta. La misma economía corresponde aplicar en los casos en que, como el de marras, y allende la parte que lo articula, realiza un señalamiento en supuestos que afecten la congruencia y el derecho de cada parte a ser oído frente a las decisiones judiciales que se instrumenten en contra de los fines establecidos en el proceso penal y que puedan ser tachadas de arbitrarias… Por consiguiente, la admisibilidad de la instancia extraordinaria para acciones impugnativas deducidas contra decisiones que no revistan a priori el carácter de sentencias definitivas reconoce –en principio- excepciones en los casos en que es aplicable la doctrina de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, con base en el art. 18 de la Constitución, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa; a ello se suma, en el procedimiento penal, la necesidad de asegurar el derecho reconocido en el art. 7, inc. 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto impide que persona alguna pueda ser sometida a detención o encarcelamiento arbitrarios… En tal sentido señala Nuñez "Una sentencia es definitiva si es la última que se puede díctar en la causa sobre el fondo del asunto"
(Nuñez Ricardo C., Código Procesal de la provincia de Córdoba, anotado, 2ª ed., Lerner, cit., com. al art. 491.), circunstancia que no acontece en el caso de autos. Por ello, y con las objeciones señaladas, a la primera cuestión se vota por la afirmativa."- En el derrotero judicial, el concepto de gravamen irreparable, esta siempre asociado a la posibilidad o imposibilidad de revisar en momentos posteriores, el acto que se cuestiona, en los términos en que es cuestionado. Asimismo, no solo alcanza con la posibilidad de que el acto sea "revisado" dicho esto en términos generales, sino, y además, que su cuestionamiento y análisis posterior no afecte el derecho de defensa de la parte que lo articula, causando "estado" en virtud del principio de preclusión procesal, o impidiendo que la medida que se dicte en su perjuicio y que es impugnada, al ser revisada posteriormente, no pueda subsanar los efectos personales que la misma causó a la parte, hasta que la mentada "revisación" posterior se haga efectiva…”.- Sobre este piso hermenéutico, cabe señalar que no existe gravamen de imposible reparación ulterior, pues la causa continúa en trámite y, además, a todo evento, el art. 160 del C.P.P. dispone: "El tribunal que compruebe una causa de nulidad tratará, si fuera posible, de eliminarla inmediatamente. Si no lo hiciere, podrá declarar la nulidad a petición de parte. Solamente serán declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior que impliquen violación de las normas constitucionales, o cuando se establezca expresamente." Es decir, que aún el Tribunal de juicio podrá expedirse, a todo evento, sobre los planteos de la parte, sobre los que versa el presente incidente, y en el que la defensa reitera, con otros términos, en los argumentos esbozados al interponer su apelación. "
En este sentido, pese al esfuerzo de la defensa, no existe gravamen irreparable de imposible reparación ulterior, pues el proceso penal continúa por ante la Excma. Cámara Criminal, donde podrán, los Sres. Defensores continuar con el ejercicio de la defensa en juicio de sus asistidos.
Así lo expresé en el auto atacado, al señalar que: " El agravio se centra, fundamentalmente, en la imposibilidad de elevar a juicio una investigación penal concluida, como en el caso, si aún restan recursos de hecho (quejas ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia) sin ser resueltas, en diversos incidentes. Desde ya adelanto que no le asiste razón a la Defensa, pues dada la naturaleza de los autos que se dictan en esta etapa, como así los efectos de los recursos que se articulan respecto de los mismos, la continuidad de la causa a la etapa de juicio oral, debe prosperar pues el requerimiento de elevación a juicio, o en su caso el auto de elevación, no son más que la expresión de la pretensión punitiva en cabeza del estado, que abre el juicio penal constitucional, conforme lo normado en el art. 19 de la Constitución Provincial. ...
Despejado, en principio en autos ello, es decir que el recurso de apelación denegado no ataca al auto de elevación a juicio directamente, lo cierto es que el recurso se dirige a señalar la imposibilidad del dictado del mismo, antes que se resuelvan las quejas articuladas, como dije ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, por lo que el agravio ronda siempre sobre una decisión jurisdiccional inapelable. Sin perjuicio de ello, en relación a la mención del recurrente de los recursos impetrados y pendientes de resolución, la doctrina tiene dicho: “...La existencia de recursos pendientes ante la casación no impide la elevación a juicio (ver art. 353)...” (Conf. D'Albora, Francisco J. Título de la obra: Código Procesal Penal de la Nación.
Anotado Comentado Concordado. Novena edición corregida, ampliada y actualizada por Nicolás F. D'Albora. Editorial: Abeledo Perrot Pág.829) Por ello, la existencia de recursos de queja pendientes ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, no paraliza ni el trámite de la investigación penal, ni su conclusión y posterior elevación a la etapa procesal de juicio oral. Hay que tener presente que el proceso penal en la provincia, hasta el dictado de una sentencia que ponga fin al mismo, es único. Que tenga dos etapas no implica que cada una sea independiente de la otra, o que sean procesos diferentes, pues claramente la instrucción es preparatoria de la segunda, pero la persona sigue sujeta a un único proceso penal, reitero no son dos procesos diferentes, es un único proceso.
Es decir que el hecho o circunstancia mencionado por el apelante de que existan trámites de incidentes pendientes los cuales fueron elevados al Excmo. Tribunal Superior de Justicia, no implica paralizar el proceso, dado que no hay ningún impedimento legal, en que este avance a otras etapas procesales. La imposibilidad denunciada, rechazada y luego apelada, carece de los requisitos de impugnabilidad objetiva, por lo que corresponde rechazar el recurso de queja articulado. De lo contrario, el ejercicio de recursos de apelación y de casación, de manera infundada, (ad infinitum) virtualmente paralizarían cualquier proceso penal entendido como una unidad de dos etapas... "
Por todo ello en mérito a la facultad arriba mencionada e inspirado en principios de economía procesal, este Juez de Recursos, entiende que el recurso de casación no puede prosperar por la simple circunstancia de que el auto interlocutorio que se ataca, no reúne las condiciones objetivas de impugnabilidad exigidas por la norma del art. 440 del C.P.P: No es sentencia definitiva, ni resulta equiparable a aquellas porque no ocasiona gravamen irreparable o de tardía reparación, y no pone fin al proceso.
En efecto la resolución recurrida no pone fin al proceso, ni impide la prosecución de la causa, por lo contrario hace posible su continuación. Así la C.N. Casación Penal, Sala IV, 25/6/98, Causa, 1031, “S.J.A. S/RECURSO DE QUEJA”, Rev. “E.D.” del 10/9/98, p. 17 ha dicho "Las resoluciones cuya consecuencia es que el imputado continúe sometido al proceso no revisten el carácter de definitiva o auto equiparable a que alude el art. 457 del Cód. Procesal Penal. (nuestro 440 del C.P.P.).- Por lo expuesto, como Juez de Recursos
I.-RECHAZAR el RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por los doctores Lucas Osvaldo Cahcón y Fabricio Carbone Miele a fs. 65/107, en contra del resolutorio de este Juez de Recursos obrante a fs. 49/59, por inadmisible en virtud del incumplimiento de los requisitos formales de procedencia (art. 440 del C.P.P.) II.-Regístrese, Notifíquese. Cumplido remítanse los presentes a la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia