Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2118/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Servicios Especiales Instalex S.R.L. a fs. 25/35 y en consecuencia, revocar la resolución emanada del Juzgado de Primera Instancia N° Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia, obrante a foja 37 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2118/16-TSJ Interlocutorio N°: 3479 Actor: RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA EN AUTOS: 'SECRETARÍA DE ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ZONA NORTE Demandada:
Objeto: ACTA DE INSPECCIÓN 155/14 R/S SERVICIOS ESPECIALES INSTALEX S.R.L Fecha: 05-04-2019 Texto: TOMO XXX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3479 FOLIO Nº 5938/5941 PROT. ELECT. TSS1 021 I.191
Río Gallegos, 5 de abril de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA EN AUTOS: 'SECRETARÍA DE ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ZONA NORTE s/ ACTA DE INSPECCIÓN 155/14 R/S SERVICIOS ESPECIALES INSTALEX S.R.L.'” Expte. Nº R-17847/16 (R-2118/16-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de las Sras. Vocales Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fenández y de la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por Servicios Especiales Instalex S.R.L., por intermedio de su letrado apoderado Dr. Eduardo Rubén González (cfr. fs. 25/35), contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia obrante a fs. 20/21, en cuanto rechazó el recurso de queja interpuesto contra la Resolución N° 202/SETySS/2016, obrante en copia a foja 13, que no concedió el recurso de apelación contra la Resolución N° 709/SETySS/2014, que le impuso a la recurrente una multa que asciende a la suma de pesos noventa y cinco mil cuatrocientos ($ 95.400) en razón del pago fuera de término del salario a sus empleados (cfr. fs. 4/5).- Aduce como agravio que: “El presente recurso tiene por objeto obtener la revocación de la sentencia impugnada por los siguientes fundamentos…Por notoria violación de las normas del debido proceso que hacen a la proceden-cia del recurso de apelación. (arts. 66 ley 2450, arts. 7 de la ley 1260, arts. 4 inc. f. y 5 ley 1444, art. 18, 19, 75 inc. 22 CN, art. 8 y 25 CADH…Violación del Derecho de Defensa en Juicio (art. 18 de la Constitución Nacional)…Violación al derecho del justiciable a ser oído por un órgano judicial, y defenderse; el derecho al recurso y en especial a que todo acto administrativo sea revisable por los Jueces de la Constitución Nacional y Provincial, la sentencia así dictada es equiparable a la denegación al acceso a la justicia.” (cfr. foja 26).-
II. Señala como violaciones al debido proceso que: a) el día de la inspección en la base operativa de Cañadón Seco de Servicios Especiales Instalex S.R.L. no había ningún representante de la empresa; b) la Secretaría de Trabajo pasó por alto que el retraso en el pago de los salarios fue de un día; c) no se le proveyó el escrito de defensa y prueba; d) se dictó el acto administrativo a ocho meses de haberse presentado el descargo y ofrecida la prueba, en contravención con lo dispuesto en el artículo 1º, inciso e) ítem 9 de la Ley Nº 1260 y artículo 65 de la Ley Nº 2450 (cfr. fs. 29 vta./30). También se pregunta si es válido imponer la multa, que califica de excesiva, por un día de demora en el pago de salarios y negar la apelación; pese a haber acompañado un seguro de caución que aseguraba suficientemente el pago de la obligación (cfr. foja 31 vta.).- Entiende que el depósito previo a la interposición del recurso de apelación puede ser sustituido por seguros de caución contratados en entidades autorizadas por la Ley Nacional de Seguros (cfr. fs. 30 vta./31 vta.). Menciona como ejemplo el artículo 16 de la Ley Nº 2450 sobre Procedimiento Administrativo Laboral el que prevé la sustitución del depósito por cauciones reales, que pueden ser avales de instituciones bancarias oficiales (cfr. foja 31).- Pone de relieve que en el artículo 66 de la Ley Nº 2450 nada dice sobre la forma del previo pago de la multa y que sería práctica corriente en esta Provincia y en el resto de la Nación, pudiendo sustituirse por otras formas de garan-tías suficientes (cfr. foja 31). Además, argumenta que al no encontrarse prohibida este tipo de caución debe aceptarse por aplicación del artículo 19 de la Constitución Nacional; y que la norma que establece el depósito debe interpretarse siempre a favor del otorgamiento del recurso (cfr. foja cit.).- Sostiene que el requisito del depósito previo cede ante lo que califica como una exorbitante y desproporcionada multa (cfr. foja 32 vta.).-
Expresa que el solve et repete es de dudosa constitucionalidad que afecta derechos y garantías de contenido expreso constitucional (arts. 14, 16, 17, 18 de la CN); y que contraviene el bloque de constitucionalidad (cfr. foja cit.). Asimismo considera que el “...solve et repete infringe derechos fundamentales de igualdad, presunción de inocencia, propiedad y seguridad jurídica; todos de amparo constitucional.” (cfr. foja 33).-
Añade que durante el proceso no se respetaron los principios procesales de contradicción y bilateralidad; y que esta circunstancia le habría impedido ejercer un adecuado contralor de la acusación y de los fundamentos para arribar a la multa impuesta (cfr. foja 34).-
Aduce que el derecho de defensa fue transgredido “…Al momento de labrarse las actas. Habida cuenta que la Secretaría de Trabajo no hubo de notificar a ninguna persona responsable de la empresa…Los escritos de descargo de defensa jamás fueron proveídos…Se pasó por alto los antecedentes de la empresa, la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción…que la colocaría al borde de concurso preventivo…” (cfr. foja cit.).-
Manifiesta que sólo se demoró un día en el pago de los salarios y por una causa de fuerza mayor; y que tal situación no puede ser fundamento para que la Secretaría de Estado de Trabajo imponga una multa de la magnitud que lo hizo (cfr. foja 34 vta.).-
A foja 35 hace reserva del caso federal.-
A foja 37 y vta., el Juez de Primera Instancia declara formalmente admisible el recurso de casación.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte, de la atenta lectura del escrito casatorio, que el mismo no alcanza a cumplimentar con los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- Una breve reseña de los antecedentes que precedieron la impugnación casatoria nos permitirán divisar la médula del conflicto.-
La Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social -me-diante Resolución N° 709/SETySS/2014- impone a Servicios Especiales Instalex S.R.L. una multa equivalente a pesos noventa y cinco mil cuatrocientos ($ 95.400.-), en atención a la mora de un día en el pago de salarios en razón de pesos novecientos ($ 900.-) por trabajador (cfr. fs. 4/5).-
Frente a esta sanción la empresa interpone recurso de apelación ante el mencionado organismo administrativo y pretende tener por cumplimentado el depósito previo de la multa -que exige el art. 66 de la Ley Nº 2450- con una póliza de seguro de caución, agregada en copia a fs. 9/11. No obstante lo cual, la Secretaría de Estado de Trabajo no concede la apelación en razón de que la recurrente no dio cumplimiento al depósito previo que dispone el artículo 66 de la Ley Nº 2450.- Luego de la actuación ante la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, la recurrente plantea recurso de queja ante el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia (cfr. fs. 14/17).
El Juez de Primera Instancia rechaza la queja en atención a que la recurrente no efectuó el depósito que exige el artículo 66 de la Ley Nº 2450 (cfr. fs. 20/21). Ante lo cual la recurrente interpone el recurso de casación bajo estudio.- El requisito solve et repete se encuentra regulado en el artículo 66 de la Ley Nº 2450 y resulta un presupuesto procesal para la apelación de las sanciones que imponga la Secretaría de Estado de Trabajo. El artículo citado dispone: “Las sanciones que imponga la autoridad de aplicación podrán apelarse dentro del término de tres (3) días de notificado, ante el Juez con competencia en lo laboral del lugar donde se cometió la infracción. Tratándose de multa, el recurso sólo se concederá previo pago de la misma; en caso de otro tipo de sanción procederá la vía, ofreciendo garantías suficientes a satisfacción de la autoridad conforme lo determine la reglamentación respectiva.
En este último supuesto la apelación será concedida con efecto suspensivo. El recurso debe deducirse y fundarse ante la autoridad administrativa laboral que impuso o notificó la sanción. Durante el Procedimiento judicial la autoridad de trabajo será representada por funcionarios autorizados.”.- La regla solve et repete “…implica -en su formulación típica- que la impugnación de cualquier acto administrativo que implique liquidación de un crédito a favor del Estado sólo es posible si el particular se aviene previamente a realizar el pago que se discute.” (cfr. Julio C. Durand, “El pago previo (solve et repete)”, publicado en la obra colectiva: “Tratado de Derecho Procesal Administrativo”, Juan Carlos Cassagne, (Director), La Ley, Buenos Aries, 2007, Tomo.
I, pág. 769).- De las constancias obrantes en autos surge que Servicios Especiales Instalex S.R.L. no pagó la multa de marras previo a apelarla.-
Respecto a la cuestión del depósito previo como requisito para acceder a la instancia judicial, la decisión del Juez de Primera Instancia se encuadra en una línea jurisprudencial que sostiene que esa exigencia no resulta violatoria de la Constitución, sin que tales argumentaciones constituyan una mera afirmación dogmática, sino el acogimiento a una postura jurisprudencial y doctrinaria; por lo que deviene dicho agravio ajeno a esta instancia extraordinaria. Más allá de la discrepancia con la postura asumida por el Juez que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.- Sobre la cuestión analizada, se deben traer a colación lo sostenido por este Alto Tribunal, a saber: “...corresponde destacar que si bien es pacíficamente aceptada la proyección del principio 'solve et repete' al ámbito de la instancia administrativa laboral y de la seguridad social, la exigencia de efectuar el pago previo a la acción judicial tendiente a cuestionar la actuación estatal queda supeditada a la condición de no transformarse en confiscatoria, por resultar desproporcionada en relación a la real y concreta capacidad económica del justiciable, vulnerando de ese modo su derecho de defensa (confr.
Pawlowski de Pose, Amanda Lucía, Flexibilización del principio 'solve et repete', DT 1996-A, 319).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XIX, Reg. 2446, Folio 3692/3694).- También es aplicable al caso sub examine lo ya dicho por este Alto Cuerpo: “En cuanto a la interpretación del principio 'solve et repete' y la eventual procedencia de la excepción al mismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado: '…Que si bien se ha admitido reiteradamente que la exigencia de depósitos previstos como requisito de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio…también lo es que -con no menor reiteración- esta Corte ha aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con la protección constitucional (Fallos: 285:302)…' (cfr.
Fallos 322:337); '…en razón de que el monto del depósito…resulta exorbitante con relación al capital social de la empresa…, surge prima facie acreditada la imposibilidad de hacer frente a dicha suma, por lo que no cabe condicionar la procedencia del estudio de la apelación al aludido requisito, pues ello importaría afectar el derecho de defensa en juicio con vulneración de lo dispuesto por el art. 18 de la Constitución Nacional…' (cfr. Fallos: 328:2938). Igual solución ha adoptado la sala II de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Mendoza, al establecer que '…el infractor no ha acreditado los mínimos requisitos que se exige para apartarse del principio mencionado; se limita a citar jurisprudencia y doctrina…El sólo hecho de invocar que su pago impide el acceso a la Justicia no es suficiente, ni mucho menos cuando expresamente dice que la empresa cuenta con 120 empleados por lo que entiendo que se trata de un giro comercial importante…En definitiva lo que se debe acreditar 'en concreto' es que la suma resulta excesiva y compromete patrimonialmente a la empresa de forma tal que cumplir con este recaudo implica la vulneración del derecho de defensa…Y para establecer si la suma resulta exorbitante, debe ser observada en función de las cualidades del sujeto que está obligado al pago, como ser si es persona física o jurídica, capacidad económica o financiera, rentabilidad de la empresa, cantidad de empleados, etc.
Es decir el interesado debe demostrar que la suma para él es exorbitante, desmedida, que compromete su giro comercial o la actividad económica que desarrolla, y por ello verse afectado su derecho de defensa ante la imposibilidad de cumplir con la misma sin que comprometa su situación patrimonial…' (cfr. 'Products Service S.A. c. Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia', 30/09/2010, Cita La Ley online: AR/JUR/67195/2010; en igual sentido: 'Gobierno De La Provincia De Mendoza', 02/03/2010, Cita online: AR/JUR/14669/2010). Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe ha afirmado que la exigencia de depósito previo como requisito para la viabilidad de recursos de apelación no es contraria a la garantía constitucional de la defensa en juicio, y no configura agravio a dicha garantía el exigir el pago previo de multas como recaudo de la ulterior intervención judicial (cfr. 'Teledifusora S.A. c/ Secretaria de Trabajo -Recurso De Queja- s/ Recurso de Inconstitucionalidad', Expte C.S.J 444, Año 2003; del 01/09/2004; cita 16829/12).” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3104, Folio 5066/5069).- En el sub lite no se advierte que el monto de la condena que se obliga a depositar a la recurrente reúna las condiciones de confiscatorio o expoliatorio que permita exceptuar la aplicación de la norma procedimental. Más teniendo en cuenta que la recurrente reconoce que se trata de una empresa con más de ciento diez (110) empleados (cfr. foja 27 vta.).-
Tampoco la recurrente ha asumido la carga de aportar elementos de juicio concretos sobre su estado patrimonial a fin de demostrar que la exigencia del pago previo de la multa se pudiese traducir en un efectivo menoscabo de garantías constitucionales. Tan solo se limitó a mencionar lo gravoso que le sería el depósito, pero sin ni siquiera ofrecer pruebas para acreditar tal extremo.-
En cuanto a la alegada violación de preceptos de la Constitución Nacional se advierte que la recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de que manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).- Que, en mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado por la recurrente a fs. 25/35, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido y en consecuencia, revocar la resolución emanada del Juzgado de Primera Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial. Laboral y de Minería de Caleta Olivia, obrante a foja 37 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal solicitada a foja 35. Asi lo votamos.- Voto de los Sres. Vocales Dres. Daniel Mauricio Mariani y Enrique Osvaldo Pe-retti:
Que, expresamos nuestra DISIDENCIA con la solución propuesta por nuestros colegas preopinantes, por considerar que en autos se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, por lo que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo votamos.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sras. Vocales, Dras. Alicia de los Angeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani y Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Servicios Especiales Instalex S.R.L. a fs. 25/35 y en consecuencia, revocar la resolución emanada del Juzgado de Primera Instancia N° Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia, obrante a foja 37 y vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1021I.191 Tomo: XXX Interlocutorio: 3479 Folio N°: 5938/5941 Secretaría: 1
Fin de la sentencia