Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa R-2594/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por San Antonio Internacional S.A. en PE1367352-2024, y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Dos de Caleta Olivia en carácter de Alzada, obrante en PE1331308-2024.-
2Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 68 y cctes. del CPCyC).-
3Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en la instancia anterior.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: R-2594/24-TSJ Sentencia Nº: 775 Actor: MALDONADO RENE DAVID Demandada: SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.
Objeto: RECURSO DE QUEJA EN AUTOS 'DIRECCIÓN POLICIA DE TRABAJO, SEGURIDAD E HIGIENE CALETA OLIVIA s/ RECLAMO LABORAL Fecha: 22-08-2025 Texto: TOMO XXV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 775 FOLIO Nº 4803/4810 PROT. ELECT. TSS1 010 S.251
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 22 días del mes de agosto de dos mil veinticinco, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con las Sras. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y Dr. Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani, para dictar sentencia en los autos: “RECURSO DE QUEJA EN AUTOS 'DIRECCIÓN POLICIA DE TRABAJO, SEGURIDAD E HIGIENE CALETA OLIVIA s/ MALDONADO RENE DAVID s/ RECLAMO LABORAL c/ SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.'”, (Expte. Nº R-518.257/2020) Expte. Nº R-20.575/22 (R-2594/24-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación incoado por San Antonio Internacional S.A. en PE1367352-2024? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la Primera Cuestión la Dra. Mercau, la Dra. Ludueña Campos, el Dr. Basanta y el Dr. Mariani dicen:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por San Antonio Internacional S.A., por intermedio de su letrado apoderado Dr. Federico Ferreyra Amuchástegui en PE1367352-2024, contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Dos de Caleta Olivia en su carácter de Alzada, por cuanto rechaza el recurso de queja deducido, confirmando la Resolución Nº 745/MMySS/2022 dictada el 7 de septiembre de 2022(cfr. PE 1331308-2024 cit., pág. 3).-
II. Que, en su casación, San Antonio Internacional S.A., impugna la resolución dictada por el Juez Inferior, en cuanto rechaza la queja deducida por su parte y, por consiguiente, confirma la Resolución Nº 745/METySS/2022 dictada el 7 de septiembre de 2022, por incurrir en una errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal, y absurda interpretación de los hechos y del derecho. Entiende que se ha producido una flagrante violación del derecho de defensa en juicio, introduciendo el presente en el carril impugnativo de la doctrina de lo irrazonable, desproporcionado y arbitrario (cfr. PE1367352-2024, pág. 1).- Expresa que: “El art. 66 de la ley 2450 que cita el fallo recurrido está previsto para la apelación de sanciones aplicadas por la autoridad laboral, supuesto que no es el caso de autos, donde según las propias constancias de la causa se trata de (sic) supuesto diametralmente distinto, dado que es un reclamo laboral donde se declinó la vía administrativa, siendo por ende inaplicable la norma citada por el sentenciante.” (cfr. PE cit., pág. 2).-
Afirma que el Ministerio de Trabajo, al dictar la Resolución Nº 745/METySS/2022, autorizó en su artículo 1º la posibilidad de depositar la suma determinada u ofrecer caución. Añade que: “Presentada la caución por mi parte, el Señor Juez entiende incumplido el requisito del art. 66 de la Ley 2450, previsto cuando se apela una sanción administrativa, lo cual no es el caso de autos. A todo evento, el objetivo final que prevé esa ley, cual es garantizar un eventual crédito del reclamante se encontraba perfectamente satisfecho con el seguro de caución acompañado a las referidas actuaciones administrativas. Es decir, el Señor Juez además del seguro de caución presentado requiere el depósito de una suma dineraria idéntica, en base a un artículo de la ley que no aplica, todo lo cual resulta ilógico, abusivo e ilegal.” (cfr. PE y pág. cits.).- Argumenta que el Juez basó su decisión en meras afirmaciones dogmáticas, sin valorar en forma alguna las circunstancias fácticas y jurídicas que ameritaban la admisión de la queja. Agrega que es en razón de ello que se ha incurrido en un supuesto de sentencia infundada o deficientemente fundada, categoría que integra la causal de arbitrariedad normativa (cfr. PE cit., págs. 2/3).-
Advera que los defectos apuntados impiden considerar a la sentencia atacada como una sentencia fundada en ley, a la que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Nacional (cfr. PE cit., pág. 3).-
Sostiene que el seguro de caución fue autorizado por el propio Ministerio de Trabajo, en el artículo 1º de la Resolución Nº 745/METySS/2022, siendo luego innecesario volver a exigir un depósito por una suma idéntica, que además ya se encontraba íntegramente garantizada (cfr. PE cit., pág. 3/4).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por el Juzgado de Primera Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia en su carácter de Alzada en PE1397182-2024, este Tribunal Superior de Justicia lo declara bien concedido en PE1624193-2024, poniendo los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna hiciera uso de las facultades que le otorga el mismo (cfr. certificación de PE1649741-2024).- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto oportunamente por la empresa recurrente, por errónea aplicación de la ley, revocándose la resolución de fecha 23/04/24.” (cfr. PE1679817-2024, pág 4).-
En PE1704178-2025 se llaman autos para dictar sentencia y en PE1712966-2025 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto aduce violación de la ley y doctrina legal; acusando también arbitrariedad (cfr. PE1367352-2024, pág. 1).-
Sintéticamente, los acontecimientos que han colocado la causa en esta instancia son los siguientes:
A través de la Resolución Nº 146/MTEySS/2022 (cfr. Expediente Administrativo Nº 518.257/2020, reservado en PE1152829-2023, digitalizado en PE1134048-2023 ESC00249446.pdf, págs. 11/12 en adelante el “Expte. Adm.”) la Autoridad Administrativa Laboral declinó la vía administrativa a San Antonio Internacional S.A., y dejó expedita la vía judicial previo depósito o caución que garantizara de modo suficiente las obligaciones laborales. Se determinó que el depósito previo ascendería a la suma de pesos ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco con noventa y seis centavos ($865.845,96) la que debería ser depositada en el plazo de tres (3) días hábiles de notificada esa Resolución, debiendo presentar ante el organismo laboral el respectivo comprobante dentro de las 48 horas de efectuado el depósito. Se funda la decisión en lo dispuesto en los artículos 8º y 10 de la Ley Nº 2450 (cfr. PE, pdf. y págs. cits.).- La empresa San Antonio Internacional S.A. interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución Nº 146/MTEySS/2022 para que se deje sin efecto el decisorio por considerar que no resulta ajustado a derecho por estimar que el recaudo de “depósito previo” se encontraba satisfecho con un seguro de caución extendido por la Aseguradora Galeno que presentó esa parte (cfr. PE cit. ESC00249448.pdf, págs. 4/10).-
Por Resolución Nº 745/MTEySS/2022, la autoridad administrativa laboral no concede la apelación porque no fue incoada dentro del plazo estipulado y porque no dio cumplimiento con las formalidades exigidas por la Ley de Procedimiento Administrativo en lo Laboral (cfr. PE y pdf. cits., pág. 22).-
Contra esta denegatoria San Antonio Internacional S.A. recurrió en queja ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de Caleta Olivia. Allí planteó que el recurso de apelación fue presentado en tiempo y forma; y que se cumplieron con las formalidades para su interposición, incluidas entre ellas la caución, por intermedio de su seguro mencionado (cfr. PE656065-2022, INT00013437.pdf).-
El Juez de Primera Instancia consideró que el recurso de apelación de marras fue interpuesto dentro del plazo legal. Sin embargo, decidió que el seguro de caución de la aseguradora Galeno no satisface el requisito de pago previo exigido por la normativa procedimental (cfr. PE1331308-2024, pág. 3).-
Se advierte que el Juez de Primera Instancia, subsumió erróneamente la tramitación del recurso de queja deducido. Pues aplica el artículo 66 de la Ley Nº 2450 que regula la apelación de las sanciones que imponga la autoridad laboral (cfr. PE y pág. cits.). A fines ilustrativos se transcribe el artículo 66 de la Ley Nº 2450: “Las sanciones que imponga la autoridad de aplicación podrán apelarse dentro del término de tres (3) días de notificado, ante el Juez con competencia en lo laboral del lugar donde se cometió la infracción. Tratándose de multa, el recurso sólo se concederá previo pago de la misma; en caso de otro tipo de sanción procederá la vía, ofreciendo garantías suficientes a satisfacción de la autoridad conforme lo determine la reglamentación respectiva. En este último supuesto la apelación será concedida con efecto suspensivo. El recurso debe deducirse y fundarse ante la autoridad administrativa laboral que impuso o notificó la sanción. Durante el procedimiento judicial la autoridad de trabajo será representada por funcionarios autorizados.”.- En cambio, debió subsumir la viabilidad de la queja en el artículo 8º de la Ley Nº 2450, que disciplina la posibilidad de que quede expedita la vía judicial para el empleador ante la determinación de sus obligaciones laborales en sede administrativa. Se transcribe la norma de marras: “El trabajador denunciante podrá por sí, declinar la vía administrativa o no aceptar el arbitraje en cualquier estado del trámite, quedando expedita la vía judicial. Igual derecho poseerá el empleador denunciado, siempre y cuando invoque los motivos de la declinación o de la no aceptación del arbitraje. Si las razones invocadas no estuvieren suficientemente fundamentadas, de tal modo que pueda presumirse que solo persiguen como finalidad el retardo o la evasión del cumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo en detrimento de los derechos del trabajador, y existiendo 'prima facie' verosimilitud del crédito y peligro en la demora, de oficio o a pedido de parte, la autoridad administrativa laboral, mediante acto fundado, solo dejará expedita la vía judicial al empleador cuando éste dejare depósito previo o caución real que garantice de modo suficiente sus obligaciones laborales.”.- Entonces ha existido una errónea aplicación de la ley, al subsumir la apelación en el artículo 66 de la Ley Nº 2450 y no en su artículo 8º.-
Sin embargo, más allá de este error, el artículo 8 de la Ley Nº 2450 brinda la misma solución a la que arribó el Juez de Primera Instancia. Para que al empleador tenga expedita la acción judicial debe efectuar depósito u ofrecer caución real que garantice de modo suficiente las obligaciones laborales. Además en la Resolución Nº 146/MTEySS/2022 (que establece los requisitos para que a la demandada le quede expedita la vía judicial) se fundamenta jurídicamente su decisión en el artículo 8 de la Ley Nº 2450.- En consecuencia, para que le hubiera quedado expedita la vía judicial, San Antonio Internacional S.A. debería haber efectuado el previo depósito por pesos ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco con noventa y seis centavos ($865.845,96) u ofrecido caución real suficiente (cfr. art. 8º de la Ley Nº 2450), lo que no sucedió.-
No es suficiente el seguro de caución para que se habilite la vía judicial a San Antonio Internacional S.A. ya que la Autoridad Administrativa citó el artículo aplicable (art. 8º de la Ley Nº 2450) que exige caución real; y por el principio de que el “derecho se reputa conocido” (cfr. art. 8º CCyCN), la demandada debió adecuar su conducta a lo exigido por la ley de rito para lograr su cometido.-
Recordemos que la regla fijada en el artículo 8º del CCyCN implica que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada en el ordenamiento jurídico, extremo, este último, que no acontece en el caso bajo examen.-
Sobre esta cuestión se ha dicho que: “…la ignorancia sobre las leyes no puede ser una excusa para cumplir una obligación, de allí que el título del articulado en comentario sea Principio de inexcusabilidad. Las modificaciones que incorpora el CCyC a la regulación del error de derecho son mínimas. Interpretación. El principio de inexcusabilidad se deriva de otro principio que el CCyC -como el CC- receptan de manera implícita y se resume en el adagio 'La ley se presume conocida por todos'. Justamente, el art. 5º dispone de manera precisa que las leyes entran en vigencia transcurridos un plazo determinado a correr desde un momento preciso: su publicación oficial si es que no se establece otro momento -también preciso- para su vigencia. Si bien publicidad no es sinónimo de conocimiento, lo cierto es que la legislación civil y comercial -como lo hacía su par anterior- presume que publicidad y conocimiento se relacionan y que una lleva como consecuencia la otra. Ello, a los fines de evitar 'el caos y la inseguridad jurídica' que se derivaría de tener que demostrar en cada conflicto que la persona efectivamente conocía la existencia de la ley y la obligación -permisión o prohibición- que ella disponía…” (Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián -Directores-, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 2015, Tomo. I, págs. 33/34).- En síntesis, la demandada no puede ampararse en el desconocimiento de la ley como excusa para su incumplimiento y si quería tener habilitada la vía judicial debía haber depositado u ofrecido caución real. Cosa que no hizo, por lo que se impone el rechazo de su recurso.-
IV. Que, conforme a los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1367352-2024, y en consecuencia, confirmar, por los fundamentos expuestos en el considerando, la resolución obrante en PE1331308-2024, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de Caleta Olivia, con costas a la recurrente vencida en virtud de lo establecido por el artículo 68 y cctes. del CPCyC; difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en la instancia anteriores.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la negativa.-
A la Primera Cuestión la Dra. Fernández dice:
I. Si bien coincido con la solución a la que arriban mis distinguidos colegas preopinantes, lo hago por los fundamentos vertidos a continuación.-
II. En mi opinión, el núcleo central a dilucidar en esta sede casatoria radica en determinar si la resolución dictada en la instancia de grado, mediante la cual se desestimó el recurso de queja interpuesto contra la denegatoria de la apelación, se encuentra ajustada a derecho. Para llevar a cabo tal análisis, resulta imprescindible examinar los requisitos que la Ley Nº 2450 establece para la admisibilidad del recurso de apelación.-
III. De las constancias obrantes en las actuaciones administrativas que se acompañan a la presente causa (Expte. Nº 518.257/20, cuya foliatura será citada en adelante, salvo expresa indicación en contrario), se desprende que el señor René David Maldonado promovió un reclamo ante la autoridad administrativa laboral -esto es, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz- contra la firma San Antonio Internacional S.A., a la que atribuyó una deuda por diversos conceptos laborales (cfr. PE1134048-2023 ESC00249445.pdf, pág. 2).- Durante el desarrollo de una audiencia, la empleadora solicitó la declinación de la vía administrativa, invocando lo previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 2450 (cfr. PE y pdf. cits., pág. 1). En virtud de dicha petición, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz dictó la Resolución Nº 146/MTEySS/2022, mediante la cual se declaró la declinación de la vía administrativa, habilitando el acceso a la vía judicial, supeditado al previo cumplimiento de un depósito o la constitución de una caución. Asimismo, se fijó el importe del depósito en la suma de $865.845,96 (cfr. PE y pdf. cits., págs. 11/12). Con posterioridad, dicho acto administrativo fue debidamente notificado a la empleadora (cfr. PE y pdf. cits., pág. 17).- Luego de ello, la empleadora efectuó una presentación acompañando un escrito anteriormente remitido por correo electrónico, junto con el original de una póliza de seguro de caución. El escrito en cuestión contenía un recurso de apelación contra la Resolución Nº 146/MTEySS/2022, en el que calificaba de arbitraria e indebida la exigencia de efectuar un depósito previo o prestar un seguro de caución, dado que -a su juicio- las razones que invocó en la audiencia aludida tenían suficientes fundamentos y, por ende, no era dable presumir que la declinación de la vía tuviera un fin dilatorio o evasivo (cfr. PE cit. ESC00249448.pdf, págs. 1/15).- Mediante la Resolución Nº 745/MTEySS/2022 el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió “rechazar” el recurso de apelación incoado (cfr. PE y pdf. cits., pág. 22), al considerar que no había sido incoado dentro del plazo estipulado ni había dado cumplimiento a las formalidades exigidas por la Ley Nº 2450. Este acto fue notificado ulteriormente a la patronal (cfr. PE y pdf. cits., pág 27).-
Contra esta última decisión, San Antonio Internacional S.A. interpuso recurso de queja por denegación del recurso de apelación, sosteniendo que su impugnación ordinaria había sido deducida en tiempo oportuno y que no le fueron indicadas las supuestas formalidades incumplidas. En relación con este último aspecto, alegó que, en caso de considerarse que la omisión se vincula con el depósito previo exigido, debe tenerse por satisfecho dicho recaudo mediante la póliza de caución oportunamente acompañada (cfr. PE656065-2022). Tal presentación dio inicio a la presente queja.- El Juez de Primera Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia, quien actuó como Alzada según lo predispuesto por la Ley Nº 2450, rechazó el recurso de queja deducido, confirmando la Resolución Nº 745/MTEySS/2022 dictada por el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (cfr. PE1331308-2024, pág. 3).-
Si bien el magistrado entendió que la apelación había sido articulada en término, consideró que no se había satisfecho el requisito del pago previo estipulado en el artículo 66º de la Ley Nº 2.450 ni tampoco se había alegado o probado imposibilidad económica (cfr. PE y pág. cits.).-
Contra esta forma de decidir, San Antonio Internacional interpuso el recurso de casación bajo estudio (cfr. PE1367352-2024), cuyos agravios fueron reseñados por mis colegas preopinantes y a los cuales me remito en honor a la brevedad.-
IV. En el caso bajo estudio, se somete a revisión ante esta instancia extraordinaria una decisión judicial que desestima un recurso de queja por apelación denegada.
El artículo 71 de la Ley Nº 2450 dispone que: “Los actos, resoluciones y disposiciones de la autoridad administrativa laboral no serán susceptibles de otros recursos que los expresamente establecidos en la presente ley.”. Esta norma expresa una voluntad legislativa de cerrar el elenco de remedios impugnativos admisibles, limitándolos a los previstos por el propio texto legal.-
Una interpretación estrictamente literal y rígida del artículo 71 llevaría a concluir que, al no estar expresamente prevista en la Ley Nº 2450, la queja por denegación de apelación resulta inadmisible. Sin embargo, dicha lectura colisionaría con garantías de mayor jerarquía normativa, como el derecho al acceso a la justicia (art. 8.1 CADH) o el derecho al recurso sencillo, rápido y efectivo (art. 25 CADH).-
Desde esa óptica, el artículo 71 debe ser interpretado en forma armonizada con el resto del ordenamiento, adoptando una lectura que preserve su validez sin vulnerar derechos fundamentales. Ello es posible si se admite que el recurso de queja no introduce un nuevo recurso autónomo, sino que es un mecanismo instrumental para garantizar la eficacia del recurso legalmente previsto -la apelación-, evitando que su procedencia quede sujeta a la discrecionalidad de la autoridad administrativa.-
Dicho de otro modo: permitir la queja no implica contrariar el artículo 71, porque no se está habilitando un nuevo recurso contra un acto administrativo, sino simplemente se está revisando judicialmente la negativa a conceder un recurso ya admitido por la ley.-
El recurso de queja por apelación denegada debe ser considerado compatible con el sistema recursivo de la Ley Nº 2450, en tanto no implica la creación de una nueva vía impugnativa, sino un mecanismo auxiliar de garantía de efectividad del recurso de apelación expresamente previsto en dicha norma.-
V. Despejado lo anterior, se advierte que asiste razón a la recurrente, en cuanto postula una errónea aplicación del derecho, en virtud de que el magistrado de grado subsumió la cuestión en el artículo 66º de la Ley Nº 2450 (cfr. PE1367352-2024, pág. 2).-
Esta norma, emplazada dentro del Capítulo VI denominado “Procedimiento para la aplicación de sanciones”, se aplica al ámbito específico del procedimiento administrativo laboral sancionador, regulando el régimen recursivo frente a las sanciones impuestas por la autoridad administrativa del trabajo. Comprende tanto las multas como otras medidas correctivas o disciplinarias que la autoridad pueda dictar en ejercicio de su poder de policía laboral, y está dirigido a empleadores o sujetos responsables de infracciones detectadas en materia de condiciones de trabajo, seguridad, higiene y cumplimiento de obligaciones laborales, asegurando un cauce para la revisión judicial de dichas sanciones y garantizando, al mismo tiempo, la eficacia de la potestad sancionatoria estatal mediante requisitos formales específicos para la interposición de los recursos.- Tal como surge de los antecedentes anteriormente reseñados, en el caso bajo análisis, el órgano administrativo laboral resolvió favorablemente la solicitud de declinación de la vía administrativa interpuesta por la empleadora, la cual emergía de un conflicto suscitado a raíz de un reclamo individual deducido por un trabajador. Este dato resulta determinante, en tanto ubica la cuestión en el seno del Capítulo I de la Ley Nº 2450, relativo a “Conflictos individuales y pluri-individuales”, y excluye palmariamente la aplicación del régimen previsto para procedimientos sancionatorios.- Así las cosas, deviene inequívoco que el juez de grado ha incurrido en una incorrecta subsunción normativa, al invocar el artículo 66º -propio del procedimiento sancionador- en una hipótesis que, por sus características y génesis, escapa a dicho ámbito de regulación.-
VI. Con todo, aun cuando se advierta la equivocada subsunción jurídica realizada por el magistrado de grado, ello no resulta suficiente, por sí mismo, para modificar el desenlace desfavorable de la impugnación.-
1. La Ley Nº 2450 disciplina con minuciosidad el procedimiento administrativo laboral, erigiendo un entramado normativo que asegura la tutela efectiva de los derechos de las partes y la coherencia procedimental.-
En particular, contempla un mecanismo específico para aquellos supuestos de conflictos individuales o pluri-individuales en que las partes optan por declinar la vía administrativa y acceden a la instancia judicial. Así, los artículos 8º y 9º trazan las condiciones que rigen la declinación administrativa y la ulterior interposición de recursos contra las decisiones de la autoridad administrativa, consolidando un delicado equilibrio entre celeridad, seguridad jurídica y amplitud de defensa.- El artículo 8º otorga a ambas partes la facultad de declinar (desistir) del trámite administrativo en cualquier etapa, dejando expedita la vía judicial. Tanto el trabajador denunciante como el empleador denunciado pueden decidir en cierto momento “salir” del procedimiento administrativo para llevar el caso ante los estrados judiciales. No obstante, esta posibilidad está reglada de manera diferente para el trabajador y para el empleador, considerando la distinta posición de cada uno en la relación laboral.- El trabajador puede declinar la vía administrativa, sin necesidad de expresar causa, en cualquier estado del trámite. Al hacerlo, automáticamente queda habilitada la vía judicial para que inicie su reclamo ante un juez laboral competente. Este derecho del trabajador se justifica en la protección de sus derechos: dado que es la parte más débil y titular del crédito laboral reclamado, no se le exige justificar su decisión de acudir directamente a la justicia.-
El empleador, por su parte también, poseerá igual derecho (cfr. art. cit.) de declinar el trámite administrativo o de rehusar el arbitraje, pero con la condición de que invoque los motivos que lo llevan a tomar esa decisión. Es decir, el empleador no puede simplemente abandonar el procedimiento administrativo sin explicación; debe presentar una justificación para su desistimiento de la vía administrativa o su negativa a someterse al arbitraje de la autoridad laboral. Esta exigencia busca evitar que el empleador utilice la declinación como maniobra dilatoria o de mala fe.- Si la autoridad administrativa laboral considera que las razones invocadas por el empleador no están suficientemente fundadas y dan la pauta de que solo pretende “retardar o evadir” el cumplimiento de sus obligaciones laborales en perjuicio del trabajador, puede imponerle una condición para habilitarle la vía judicial. Además, deben concurrir los requisitos de verosimilitud del crédito del trabajador y peligro en la demora. Es decir, que a primera vista el reclamo laboral del trabajador parezca legítimo o con asidero y que la demora en la resolución pueda causar un perjuicio irreparable o grave al dependiente.- Cuando se cumplen todas estas condiciones, la autoridad administrativa dictará un acto administrativo fundado estableciendo que solo dejará expedita la vía judicial para el empleador si éste presta una garantía suficiente de sus obligaciones laborales, la cual puede revestir dos formas alternativas, a elección del empleador: el depósito previo o una caución real.-
De esta manera, el artículo 8º busca conciliar dos intereses en juego: por un lado, permitir que el empleador ejerza su derecho de acudir al Poder Judicial, y por el otro, prevenir que ese derecho sea utilizado en forma abusiva para demorar el reconocimiento de derechos del trabajador.-
Por su parte, el artículo 9º complementa al anterior, disponiendo las reglas para apelar la decisión de la autoridad administrativa laboral que impuso la condición de depósito o caución. Es decir, si el empleador está disconforme con el acto administrativo fundado del artículo 8º -porque considera, por ejemplo, que sus razones sí eran válidas y no debería exigírsele garantía para ir a juicio-, tiene la posibilidad de recurrirlo ante el órgano judicial con competencia laboral.-
La norma establece expresamente que el acto administrativo dictado en base al artículo 8º (es decir, la resolución que supedita la apertura de la vía judicial al depósito o caución) es apelable ante el juez laboral competente del lugar donde se dictó dicho acto. El plazo para interponer la apelación es de tres días, contados desde la notificación de la resolución impugnada. Además, el recurso de apelación debe presentarse y fundarse ante la misma autoridad administrativa que dictó el acto.- Asimismo, el texto legal bajo análisis dispone que: “…En todos los casos la apelación será concedida, previo depósito…”. De ello se desprende que el empleador apelante debe realizar el depósito de dinero como condición para que la autoridad administrativa otorgue curso a la apelación. A falta de depósito, el recurso no sería concedido. A diferencia del artículo 8º, el legislador aquí no menciona la posibilidad de presentar una caución real en sustitución del depósito: la redacción del artículo 9º sólo contempla el depósito como requisito. En consecuencia, en esta etapa recursiva no está prevista legalmente una alternativa de caución; el empleador que desee apelar debe consignar el dinero. La letra de la ley es clara en condicionar la apelación al depósito dinerario, sin contemplar otras garantías.- Deviene pertinente añadir que el recurso se concede “con efecto devolutivo” (cfr. art. 9 Ley Nº 2450), lo que significa que el recurso no suspende la ejecución ni los efectos del acto recurrido mientras se tramita la apelación.-
Conviene resaltar que el recurso de apelación previsto no está destinado a poner en tela de juicio el fondo del reclamo laboral, sino para debatir únicamente la procedencia de la medida impuesta por la autoridad administrativa. El juez al resolver la apelación del artículo 9º evaluará si las razones del empleador para declinar la vía administrativa eran o no fundadas y si estaba justificada la exigencia de depósito o caución (según sea el caso).-
2. En el caso en concreto, la empleadora interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 146/MTEySS/2022. Sin embargo, dicho recurso fue denegado por la autoridad administrativa laboral mediante la Resolución Nº 745/MTEySS/2022, circunstancia que motivó la presentación de una queja por apelación denegada (cfr. PE656065-2022), la cual fue desestimada por el juez laboral competente (cfr. PE1331308-2024).-
Según la precisa enseñanza de Roberto G. Loutayf Ranea, la queja es el medio que la ley otorga a la parte que ha interpuesto un recurso de apelación que ha sido denegado por el tribunal a quo, de recurrir al tribunal ad quem pidiendo la modificación de esta resolución y que se conceda la apelación oportunamente interpuesta por su parte. Tiene por objeto solamente que el tribunal ad quem controle la decisión del a quo en lo referente a la admisibilidad de la apelación denegada, o el efecto con que se ha concedido el recurso si ello es lo que ha sido cuestionada por esta vía. Solamente se pronuncia sobre tal cuestión y no entra a analizar el fondo de la apelación, es decir, si es correcta o no la decisión impugnada; ello lo hará en el caso de que considere que es admisible la apelación.
Consiguientemente, como principio, el tribunal de alzada sólo debe limitarse a controlar la decisión judicial del a quo en lo referente a la admisibilidad de la apelación denegada; pero no debe analizar el fondo de la apelación, es decir, si es correcta o no la decisión impugnada. Sólo en supuestos excepcionales en que luego de concedido el recurso de apelación no resulte necesario cumplir ningún trámite más, no se advierten obstáculos en que juntamente con la concesión del recurso se resuelva también en el fondo de éste (cfr. autor cit., “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, 2ª edición., Buenos Aires, Astrea, 2009, Tomo II, págs. 408, 417 y 439).- Desde este vértice, corresponde subrayar que el examen primario e insoslayable al abordar la queja por apelación denegada consiste en verificar si la negativa a conceder la apelación fue correcta o, por el contrario, resultó infundada.
Esta revisión preliminar debe realizarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 2450, norma que regula con precisión el recurso de apelación contra el acto administrativo dictado en el marco del artículo 8º, y que exige, como condición de admisibilidad, el previo depósito de la suma determinada por el órgano administrativo del trabajo.- A este respecto, se advierte que la firma San Antonio Internacional S.A., al interponer su recurso de apelación contra la Resolución Nº 146/MTEySS/2022, optó por acompañar únicamente una póliza de seguro de caución, sin realizar el depósito previo exigido expresamente por el citado artículo 9º. Tal como se ha desarrollado más arriba, la Ley Nº 2450, en esta etapa recursiva, establece de modo inequívoco la exigencia del depósito dinerario como único requisito habilitante para la concesión de la apelación, excluyendo la posibilidad de sustituirlo por cualquier otra garantía, incluso una caución real.- Por ende, la omisión de dicho depósito determina el incumplimiento de un recaudo esencial de admisibilidad.
La decisión denegatoria, en consecuencia, resultó justificada en tanto la recurrente no acreditó la imposibilidad económica que eventualmente pudiera haber habilitado un análisis excepcional o un trato diferenciado. Al apelar, la empleadora simplemente se limitó a sostener que “en cuanto al recaudo del 'previo depósito', se señala que mi representada obtuvo de la Aseguradora Galeno un seguro de caución…” (cfr. PE1134048-2023, ESC00249448.pdf, pág 5), lo que fuere reiterado con idéntico predicamento en su queja por apelación denegada (cfr. PE656065-2022 INT00013437, pág. 10).- En suma, más allá del error de subsunción en que incurrió el Magistrado de grado al aplicar indebidamente el artículo 66, lo cierto es que, analizada la cuestión bajo el prisma del artículo 9º, la falta de cumplimiento del depósito previo por parte de la empleadora obsta inexorablemente a la concesión de la apelación.
Esta circunstancia torna improcedente la queja oportunamente incoada y sella la suerte adversa del planteo recursivo aquí analizado.-
VII. En virtud de todo lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por San Antonio Internacional S.A. en PE1367352-2024 y, en consecuencia, confirmar por los fundamentos aquí expuestos la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia Nº Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia en PE1331308-2024. Igualmente, corresponde imponer las costas del presente al recurrente vencido y diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las normas previsionales y tributarias vigentes y sea regulado en la instancia anterior.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
A la Segunda Cuestión la Dra. Mercau, la Dra. Ludueña Campos , el Dr. Basanta y el Dr. Mariani dicen:
Atento la forma en que nos hemos pronunciado respecto de la Primera Cuestión, proponemos se dicte sentencia rechazando el recurso de casación deducido por la parte demandada en PE1367352-2024 y confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Dos de Caleta Olivia en su carácter de Alzada, obrante en PE1331308-2024, imponiendo las costas a la recurrente vencida según lo establecido por el artículo 68 y cctes. del CPCyC, difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Fernández dice:
Por todo lo considerado respecto a la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando recurso de casación deducido por la parte demandada en PE1367352-2024 y confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Dos de Caleta Olivia en carácter de Alzada, obrante en PE1331308-2024, imponiendo las costas a la recurrente vencida según lo establecido por el artículo 68 y cctes. del CPCyC, difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 22 de agosto de 2025.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de las Sras. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Dr. Fernando Miguel Basanta y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani y el voto por sus propios fundamentos de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por San Antonio Internacional S.A. en PE1367352-2024, y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Dos de Caleta Olivia en carácter de Alzada, obrante en PE1331308-2024.-
2. Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 68 y cctes. del CPCyC).-
3. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en la instancia anterior.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1010S.251 Tomo: XXV Sentencia: 775 Folio N°: 4803/4810 Secretaría: 1
Fin de la sentencia