Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 77358
"Registrado bajo el Nro. 559 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 29 de junio de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo R. Maidana y Ricardo Borinsky, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 77358 caratulada “GOMEZ ROQUE JACINTO S/ RECURSO DE QUEJA (ART 433 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA - BORINSKY.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín -en el marco de la causa n° 41875 correspondiente a su registro interno- rechazó el recurso de casación presentado por la defensa contra el auto mediante el cual se confirmó la resolución del Juzgado de Ejecución Penal n° 2, que denegó el pedido de libertad por agotamiento de pena de Roque Jacinto Gómez (fs. 39vta./41vta.).
Contra dicha decisión vino en queja la defensa del nombrado (fs. 49/50), indicando –en lo sustancial- que las resoluciones que denieguen la libertad personal son susceptibles de recurso de casación (art. 450 del C.P.P.).
Adjudicado por prevención el recurso a la Sala I (cfr. anterior intervención en causa n° 69382, fs. 53) la Presidencia del Tribunal de Casación notificó a las partes técnicas (fs. 53vta.), el Sr. Defensor Adjunto ante esta instancia mantuvo el recurso de origen y solicitó que se revoque la decisión atacada y se disponga la libertad de Gómez por haber agotado la pena impuesta (fs. 59/63). A su turno el Sr. Fiscal Adjunto de esta Sede solicitó el rechazo del recurso por inadmisible (fs. 64/vta.).
Luego, el recurso se recepcionó en la Sala con fecha 13 de septiembre del año en curso.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es admisible la queja interpuesta?; en caso afirmativo ¿es procedente el recurso de casación?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral expresó:
I. La queja traída es admisible, toda vez que la misma ha sido interpuesta en el plazo establecido por el art. 433 del ceremonial, con el soporte documental requerido por la norma.
Por lo demás, entiendo que la naturaleza de la decisión en crisis –en tanto se trata de resoluciones que denieguen o restrinjan la libertad personal- debido a sus implicancias materiales deben, por un lado, estar alcanzadas por el derecho al recurso consagrado en los artículos 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extiende a todos los autos procesales importantes (C.I.D.H., Informe Nro. 55/97, caso 11.137, considerandos N° 262), al mismo tiempo que a los fines recursivos y bajo ciertas condiciones pueden ser estimadas resoluciones equiparables a sentencias definitivas a los fines de su admisibilidad en la instancia casatoria.
II. En relación a la procedencia del recurso de casación, corroborado que en el supuesto en análisis se encuentra satisfecha la doble conformidad de las instancias locales, corresponde entonces evaluar si se encuentran en juego agravios de naturaleza federal sea por hallarse en discusión el contenido y alcance de normas de derecho de tal naturaleza, se postule la tacha de arbitrariedad cuando se halla inescindiblemente unida a la mencionada cuestión federal, o en su caso, la vulneración directa de una garantía fundacional que dé lugar a una causa federal suficiente.
Previo a expedirme sobre la cuestión sometida a decisión de esta Sala, considero oportuno formular una serie de consideraciones.
En primer término cabe recordar que de acuerdo a las constancias del legajo, Roque Jacinto Gómez fue condenado, mediante sentencia dictada el 13/3/1987, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio calificado en concurso real con violación, sentencia que adquirió firmeza el 31/7/1989.
Luego, efectuado el cómputo de su tiempo en detención, arrojó que al día 8 de mayo de 2015 el causante llevaba veintiocho (28) años, once (11) meses y ocho (8) días privado de su libertad (v. fs. 3/vta. de este legajo).
En consecuencia, el día 3 de julio de 2015, en base a dicho cómputo, la titular del Juzgado de Ejecución entendió que la pena perpetua impuesta al acusado no se encontraba vencida, de modo que no hizo lugar a la solicitud de libertad por agotamiento de pena que propugnara la defensa del acusado (fs. 10/15).
Frente a lo decidido intervino en grado de apelación la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de San Martín, que revocó lo decidido y ordenó al Juzgado de Ejecución n° 2 efectuar un nuevo cómputo, con aplicación del privilegio previsto por la ley 24390 (fs. 20/23vta.).
Efectuado el nuevo cálculo del tiempo en detención, arrojó que al día 19 de octubre de 2015 Roque Jacinto Gómez llevaba treinta (30) años, seis (6) meses y veinte (20) días privado de su libertad (fs. 24/vta.).
Sentado lo anterior, la defensa del acusado solicitó se fije el vencimiento de su pena de prisión perpetua, en un monto que no exceda de treinta años y en virtud de ello se disponga la inmediata libertad de su pupilo por el agotamiento de la condena impuesta.
No obstante, el juzgado de ejecución interviniente no hizo lugar a las pretensiones del impugnante, argumentando que "... el art. 277 ter -t.o según ley 23077- vigente al momento de comisión de los hechos, dispuso que "...el máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentada en un medio..." y en consecuencia "..el máximo de la pena de 25 años de prisión prevista en el art. 79 del C.P. acrece en un medio cuando se trata del supuesto del art. 227 ter -que se refiere a cualquier delito- y por ende alcanza los treinta y siete años y seis meses de prisión..." por ello concluyó, que a la luz del cálculo del tiempo en detención sufrido por el imputado, aquél no agotó su condena (fs. 28/32vta.) .
El fallo aludido fue recurrido y los Sres. Camaristas confirmaron el resolutorio del tribunal de instancia y se pronunciaron en relación al carácter de perpetuidad de la sanción impuesta a Gómez. Sobre el punto entendieron "... que las penas perpetuas por su carácter perpetuo no agotan, con prescindencia de los beneficios a los que pueda accederse en el marco de la ley de ejecución.." (fs. 39vta./41vta.).
Es así que la defensa de Gómez acudió a esta Sede solicitando que este tribunal asuma su competencia y se pronuncie por el vencimiento de la pena adjudicada a su asistido, disponiendo su inmediata libertad.
Concretamente, el impugnante señaló que debe tomarse como parámetro el tope máximo de treinta años establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incorporado por ley 26.200, plazo éste que su pupilo ya ha cumplido sobradamente.
Desde mi punto de vista, el fundamento por el cual el a quo considera que no corresponde fijar una fecha concreta de vencimiento de la condena a prisión perpetua -criterio reflejado en su pronunciamiento- no resulta ajustado a derecho, en la inteligencia de que aun tratándose de una pena de prisión perpetua, nuestro sistema constitucional no admite el encierro de por vida, pese al calificativo de "perpetua" que el legislador ha dado a algunas penalizaciones.
Corresponde dilucidar entonces en qué momento se extingue o se extinguió la pena de prisión perpetua impuesta a Roque Jacinto Gómez.
En tal sentido, advierto que en el caso de los condenados no reincidentes era posible (de acuerdo a la ley vigente al momento del hecho atribuido en esta causa al condenado, anterior a las modificaciones introducidas por las leyes 25892 y 25928) la obtención de la libertad condicional a los veinte años de cumplimiento de la pena, y las reglas de conducta se extendían por un período de cinco años más.
Entonces la pena prevista en el artículo 80 del Código Penal, pese a su calificación de "perpetua", tenía en realidad un plazo máximo de duración de 25 años.
En el caso, de acuerdo al cómputo de pena practicado que -en este punto- ha llegado firme a esta instancia, el inculpado ha cumplido con la condena impuesta, al haber permanecido privado de su libertad por un plazo -incluso- superior al indicado.
En función de lo dicho, considero que corresponde hacer lugar al recurso de queja y al recurso de casación interpuestos por la defensa, casar el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Martín y disponer la inmediata libertad de Roque Jacinto Gómez en la presente causa por agotamiento de la pena que oportunamente se le impusiera, encomendando su urgente instrumentación al Juzgado de Ejecución n° 2 de San Martín, que deberá previamente verificar si el nombrado registra otros procesos o impedimentos que obstaculicen su liberación (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 14.5 del Pacto Internacional de derechos civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 15, 168 y 171 de la Constitución Provincial; 13 -según ley 11.221- y 16 del Código Penal; 1, 433, 450, 454, 459, 460, 463, 530, 531 y ccdtes. del Código Procesal Penal).
Por lo expuesto, a esta primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo :
Adhiero, por sus fundamentos al voto del doctor Carral en cuanto a que la queja es admisible, pero discrepo en torno a la procedencia del recurso de casación, que entiendo debe ser rechazado por las siguientes razones.
Las penas privativas de libertad perpetuas, por definición, son aquellas que afectan la libertad ambulatoria durante el tiempo de vida del condenado y consecuentemente son absolutas, por estar sustraídas a la mensuración o individualización judicial al momento de su imposición (cfr. fs. Jescheck Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, 4ta. Ed., Traducción de José Luis Manzanares Samaniego, Granada, 1993, p. 695; de la Rúa Jorge – Tarditti Aída. Derecho Penal, Parte General, 1ed., Hammurabi, 2014, T. 2, p. 510/511).
Consecuentemente el Código Penal –que las contempla para denotar los hechos delictivos que constituyen las más graves ofensas a los bienes jurídicos fundamentales- no les fija un límite a su extensión temporal, que en función del principio de legalidad que surge de lo dispuesto por los artículos 18 y 75 inc. 22, CN; 9, CADH; 15.1, PIDCP, prima facie no compete tampoco establecer al Poder Judicial, en tanto nuestra Constitución Nacional coloca en cabeza exclusiva del Poder Legislativo la determinación de cuáles son los intereses que deben ser protegidos mediante amenaza penal del ataque que representan determinadas acciones, y en qué medida debe expresarse esa amenaza para garantizar una protección suficiente, de modo tal que sólo quienes están investidos de la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal, son los legitimados para establecer el alcance de esa protección mediante la determinación abstracta de la pena que se ha considerado adecuada (CSJN, Fallos 321:3630, 314:424, 312:1920).
Sin perjuicio de ello, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la pena privativa de libertad realmente perpetua lesiona la intangibilidad de la persona humana en razón de que genera graves trastornos de la personalidad, por lo que resulta incompatible con la prohibición de toda especie de tormento consagrada en el art. 18 constitucional (Fallos: 329:2440, “Giménez Ibáñez, Antonio Fidel s/ libertad condicional", considerando 4°).
Corresponde pues, determinar en qué supuestos se daría la situación de privación de libertad efectivamente vitalicia a la que alude el fallo de la Corte Federal y el modo de alcanzar vía jurisdiccional a través de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico el cometido que subyace de ese pronunciamiento.
En tal sentido cabe concluir, en primer lugar, que quedan claramente fuera de las hipótesis abarcadas en el decisorio del máximo tribunal de Justicia nacional los casos en donde la recuperación de la libertad está prevista a través de la ejecución penitenciaria.
En esta línea procede señalar que el Código Penal ya en la versión original del momento de su sanción en el año 1921 contemplaba que los penados a reclusión o prisión perpetua podían acceder a la libertad condicional (art. 13 C.P.), lo que se mantiene hasta la actualidad, estando prevista incluso la extinción de la sanción transcurrido un tiempo determinado legalmente sin que la libertad condicional haya sido revocada (art. 16 C.P.).
Del mismo modo, no hay dudas de que quedan connotados dentro del grupo de pertenencia al que se refiere la sentencia de la Corte citada, los casos de condenados a penas perpetuas privativas de libertad que se encuentran excluidos legalmente de los aludidos beneficios liberatorios propios de la etapa de ejecución penal, como los reincidentes –y los autores de determinados graves delitos a partir de la Ley 25.892- (arts. 14, C.P.; 56 bis, Ley 24.660).
Es en estos supuestos, entonces, en los que procede fijar vía jurisdiccional el momento en que debe tenerse por cumplida la prisión perpetua impuesta señalándose los parámetros a tomar en cuenta para tal decisión (SCBA, causa P. 84.479, "G., A. F.. Homicidio y otros. Incidente de libertad condicional", sent. del 27/12/2006).
El cometido presenta la dificultad antes mencionada en torno a las implicancias del principio de legalidad, no obstante ante la necesidad de elaborar una solución normativa a los casos propuestos que deriva del pronunciamiento de la Corte federal ya aludido, se advierte que la misma ha de extraerse de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, partiendo de considerar que por imperativo constitucional la finalidad esencial de la pena privativa de libertad es la "prevención especial" o "readaptación social" de modo tal que impedir al condenado a prisión o reclusión perpetua, la posibilidad de acceder en algún momento a la libertad importa negar (a través de una presunción iuris et de iure) que la ejecución de la pena pueda surtir efecto resocializador en la persona del delincuente, impidiéndole absolutamente reintegrarse a la sociedad (arts. 75 inc. 22 Constitución nacional; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; SCBA, fallo cit.).
Al mismo tiempo, cabe colegir que en los supuestos en tratamiento –condenados a prisión o reclusión perpetua comprendidos por el art. 14 del C.P.- el momento en que debe tenerse por cumplida la pena no puede ser más ventajoso que el que corresponda a aquel que estando incluido en el mismo universo –v. gr. revista calidad de reincidente- hubiere sido condenado a una pena de dicha especie pero divisible, ya que no son las de este tipo sino las perpetuas mencionadas antes, las que denotan los delitos que constituyen las más graves ofensas a los bienes jurídicos fundamentales en nuestra sociedad.
Desde esta matriz se advierte que el máximo de pena privativa de libertad divisible surge del artículo 55 del Código Penal, que a partir de la reforma de la Ley 25.928 (B.O. 10/09/04) se estableció en “50 años de reclusión o prisión” y con anterioridad, a través de la fórmula del “máximo legal de la especie de pena que se trate”, en 25 años, tope que resultó elevado en el año 1984 con la introducción del artículo 227 ter. al CP mediante la ley 23.077, a 37 años y 6 meses (CSJN, Fallo “Estévez, Cristian Andrés”, sent. 8/6/2010), resultando este estándar pues, un parámetro razonable y adecuado a tomar en cuenta para determinar el momento en que debe tenerse por cumplida la prisión perpetua impuesta a quienes por su condición de reincidentes o el tipo de delito cometido no pueden legalmente acceder a la libertad condicional ni a regímenes sucedáneos (v. gr., art. 14 CP; art. 56 bis, Ley 24660 –incorporado por Ley 25.948).
Fuera de tales supuestos excepcionales que colocan al condenado a la pena de prisión o reclusión perpetua frente a un horizonte de privación de la libertad “realmente” de por vida, que trasladan a la judicatura la misión de procurar obtener a través de una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico un límite que impida esa prolongación sine die del encierro, en los restantes –tal como se adelantara- la ley ofrece expresamente las reglas para arribar al momento en que debe tenerse por cumplida la prisión o reclusión perpetua, al regular la libertad condicional incluyendo a los condenados a tales penas y disponer la extinción de éstas transcurrido un plazo determinado legalmente desde la concesión de aquella sin ser revocada (arts. 13 y 16, C.P.).
En estos últimos casos lo que procederá fijar judicialmente es el cómputo correspondiente a fin de determinar la fecha del requisito temporal, mientras que el momento en que operará el agotamiento de la pena perpetua estará dado a partir de que se reúnan los otros recaudos legales prescriptos por el artículo 13 del C. P. y se otorgue el beneficio liberatorio perdurando sin ser revocado los cinco años aludidos en el artículo 16 del CP.
El funcionamiento del mencionado dispositivo normativo abarca un abanico de posibilidades que, dependiendo del caso en concreto, incluyen desde la extinción de la pena de prisión o reclusión perpetua a los 40 años (25 años, antes de la ley 25.892) de iniciada su ejecución –representa el caso ideal en el que la libertad condicional se concede al cumplirse el lapso legal de 35 años- hasta, en el otro extremo, la postergación de dicho cese incluso más allá del parámetro de los 50 años (37 años y 6 meses, antes de la ley 25.892) que fuera mencionado -para los condenados incluidos en el artículo 14 del CP-, cuando quien alcanzó el requisito temporal no logra satisfacer los restantes para acceder a la libertad condicional, supuesto este último que de traducirse virtualmente en un cumplimiento “realmente” perpetuo de una pena privativa de libertad, habilitará que se establezca jurisdiccionalmente el momento en que la sanción impuesta ha de tenerse por cumplida, de un modo similar al previsto para quienes están legalmente excluidos del régimen de libertad condicional.
Se concluye de todo lo expresado, que la prisión y reclusión perpetua estipuladas en nuestra legislación no configuran efectivamente una privación de la libertad “realmente” de por vida, ya que el condenado a ellas puede acceder a la libertad condicional e incluso lograr la extinción de la sanción recibida (arts. 13 y 16, CP), y que en los supuestos legalmente excluidos de dicho régimen (art. 14, CP) o que por cualquier otro motivo entrañen efectivamente una penalidad de encierro vitalicio, corresponde establecer vía judicial, a través de la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, el momento en que han de tenerse por cumplidas tales condenaciones, resultando un parámetro orientativo válido a tal fin, fijar como piso o base, el tope máximo que para las penas de la misma especie pero divisibles, prevé el artículo 55 del CP, ya que no son estas sino las anteriores las que denotan los delitos más graves.
En esta línea, en el esquema hasta aquí presentado el condenado a prisión o reclusión perpetua que tenga acceso a la libertad condicional deberá cumplir para lograr la extinción de la pena, más tiempo de encarcelamiento efectivo -35 años- que aquél que lo fuera al máximo temporal de aquella especie de pena, que deberá ejecutar 33 años y 6 meses, esto es, las dos terceras partes de 50 años, sin perjuicio de que el último tercio en libertad –sujeta a condiciones- a los efectos del agotamiento, propio de las penas divisibles de prisión o reclusión superiores a tres años pueda, en algunos casos, superar el plaz
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