Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 81669
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la queja, sin costas.
II. Anular la resolución atacada y REENVIAR las actuaciones a conocimiento de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Rigen los artículos 18 de la CN; 8.2 CADH y 14.5 PIDCP; 106, 201, 433, 450, 461, 498 y 530 del C.P.P.; 57 de la ley 12256.
"Registrado bajo el Nro. 734 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 10 de agosto de dos mil diecisiete se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel CARRAL, Ricardo R. MAIDANA y Ricardo BORINSKY, con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 81669 caratulada “GARRIDO CASTRO CARLOS LUIS S/ RECURSO DE QUEJA (ART 433 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - BORINSKY.
El 15 de noviembre de 2016, los Jueces de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca, rechazaron el recurso de queja interpuesto contra la decisión del Tribunal en lo Criminal N° 2 Departamental, en cuanto denegó el recurso de apelación contra la sanción impuesta a Carlos Luis Garrido Castro.
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Sebastián Cuevas, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 35/45vta., cuya concesión fue denegada por el A Quo a fs. 46/vta., lo que motivó la presentación de la queja que obra a fs. 48/64vta.
Habiendo ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 08/03/2017 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
Sostiene el impugnante que la resolución en crisis ocasiona un gravamen irreparable toda vez que concluye el trámite recursivo de la sanción disciplinaria impuesta, ocasionando afectaciones que no podrán ser posteriormente revisadas. Señala, en primer término, la ejecutoriedad de la sanción de aislamiento, la que importa graves padecimientos a los internos, con citas a jurisprudencia que considera a favor de su postura. Añade que también se afecta la calificación de conducta de su asistido, con el perjuicio que ello implica para el goce del régimen progresivo de la pena. Concluye que el fallo atacado es equiparable a definitiva, debiendo ser tratado por este Tribunal a efectos de garantizar el doble conforme judicial y la revisión de la cuestión federal involucrada. Denuncia que el mismo resulta arbitrario, en virtud de que se ha omitido el tratamiento de todos los agravios que introdujo la parte. Afirma que el A Quo ha incurrido en una denegación de justicia, soslayando el principio de tutela judicial y constituyendo un excesivo rigor formal, restringiendo el acceso a la jurisdicción. Expresa que la Cámara se limitó a citar el art. 57 de la Ley 12.256, sin abordar los argumentos relativos a la admisibilidad de la vía. Sobre la cuestión de fondo, la misma radica en el planteo de nulidad de la audiencia de descargo, por haberse omitido notificar oportunamente a la Defensa del imputado, soslayando el derecho de defensa y el debido proceso penal. Por lo expuesto, peticiona se revoque la sanción impuesta y, subsidiariamente, se anule el decisorio en crisis y se ordene el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. María Laura E. D’Gregorio, propicia el rechazo del remedio intentado (fs. 67/68).
Atento al reclamo directo presentado, con motivo de la denegatoria del remedio casatorio por parte de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca, de acuerdo a lo establecido en el artículo 433 del C.P.P., corresponde examinar lo resuelto por el A Quo a fs. 46/vta.
Ingresando en este análisis, entiendo que la pretensión no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 20, 448 y 450 del CPP, al no dirigirse contra alguno de los autos expresamente enumerados (v. TCPBA, Sala I, c. N° 77.381, "OSORES, Maximiliano Gabriel s/ Recurso de queja (art. 433 CPP)", sent. del 6 de septiembre de 2016, reg. 673/16).
No obstante, estimo que debe verificarse si concurre en el caso alguna cuestión federal suficiente, o un supuesto de gravedad institucional que obligue atender los agravios planteados a fin de facilitar el tránsito de la causa hacia su tribunal superior (ver TCBA, Sala I, c. 78.575, rta. 15 de septiembre de 2016, reg. 718/16; entre muchas otras).
Ello por cuanto la Corte Federal retornó al tradicional principio del derecho constitucional argentino -cfr. Fallos 327:619, 327:3488, entre otros- según el cual ningún tribunal de justicia puede negarse a conocer materia constitucional que eventualmente podría ser tratada por el órgano a través del recurso extraordinario y, consecuentemente, no son válidas las restricciones procesales que impiden a las instancias anteriores cumplir esta obligación que surge del artículo 31 C.N. (Fallos 33:162, 308:490 y 311:2478, entre otros).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en forma concordante, afirmó que debe darse respuesta a las eventuales cuestiones federales que se susciten a fin de posibilitar el tránsito de la causa por las instancias superiores locales, extendiendo los supuestos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (Ac. 95.296, 4-XI-2006, 102.374, 28-IX-2011, Ac. 100.512, 31-X-2007; Ac. 101.795, 13-V-2009; 101.263, 17-VI-2009, entre muchos otros).
La pretensión de innecesaridad que exista cuestión federal o gravedad institucional para ingresar al tratamiento del recurso, cuando se encuentre comprometida la libertad de una persona, introduce asimetrías difíciles de justificar al sistema recursivo e invertiría el orden de prelación establecido por la CIDH y la CSJN, al habilitar más oportunidades para impugnar ciertos autos procesales importantes que las previstas para cuestionar la sentencia.
En este sentido, la Casación debe establecer si existe gravedad institucional, o cuestión federal que habrá de ser examinada en la instancia extraordinaria, a tenor de los requisitos previstos en el art. 14 de la Ley 48, en cuyo caso deberá atender los motivos de agravio del recurso a fin de posibilitar su tránsito hacia el superior tribunal de la causa.
Por eso, atendiendo únicamente las omisiones que pueden obedecer a la instancia por la que se encuentra transitando el proceso, deben tenerse en consideración los diversos requisitos que, conforme ha sido desarrollado por la Corte, hacen a la admisibilidad formal de este remedio y que han sido sistematizados en la Acordada 4 del 2007, a la que me remito en honor a la brevedad.
Así las cosas, en primer lugar, entiendo que el pronunciamiento atacado no aborda una cuestión de gravedad institucional, al no exceder el interés individual de las partes, afectar a la comunidad toda, comprometer la expedita prestación de un servicio público, o poner en juego la preservación de principios básicos de la Constitución Nacional (Fallos 255:41; 290:266; 292:229 y TCPBA, Sala I, c. 78.597, rta. 15 de septiembre de 2016, reg. 715/16; entre muchas otras).
Si bien el impugnante ha invocado que la resolución recurrida resulta equiparable a sentencia definitiva no ha conseguido demostrar, pese a su esmero, que se encuentre comprometida en el caso una cuestión federal directa e inmediatamente vinculada a los hechos debatidos en la causa (arts. 14 y 15 de la Ley 48, Fallos 310:1542 y 325:2129; y SCBA, P. 106.159, 2-III-2013).
Aún más, no observo en el caso violación a la garantía de doble instancia jurisdiccional, toda vez que el recurrente tiene expedita la posibilidad de impugnar –vía protesta, art. 57 de la referida norma- la decisión ante un órgano superior si la sanción fuera el fundamento de una eventual denegación de beneficios liberatorios.
Por estas mismas razones, entiendo que el decisorio impugnado no resulta susceptible de la descalificación por arbitrariedad, siendo que los magistrados han brindado argumentos suficientes y atendibles para sustentar el temperamento adoptado y que, como tengo dicho, el error en la interpretación de la ley o la prueba, sea cual fuera su gravedad, demuestra por sí mismo que lo resuelto no es un mero capricho del juzgador (Fallos: 289:107).
Por último, entonces, debo decir que de un examen detenido de las actuaciones, llevado a cabo con el fin de evitar que los óbices técnicos redunden en un perjuicio para la parte, tampoco surge que concurra alguna de las circunstancias que imponen al Tribunal ingresar en el tratamiento de la cuestión de fondo, por lo que postulo su rechazo.
VOTO POR LA NEGATIVA .
A la misma primera cuestión planteada, el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Me veo obligado a disentir con el voto del distinguido colega que abre el acuerdo.
Tal como me he expedido en otras especies similares, tanto integrando la Sala III como esta misma en sus anteriores conformaciones (vg . Causa N° 72866, “CHAVEZ ACOSTA ALFREDO CARLOS S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)”, REG. N° 681 de 27/10/2015, entre otras), si bien es cierto que la literalidad de la regla del art. 450 del rito no abarca ordinariamente el supuesto bajo examen, no lo es menos que la naturaleza de la decisión en crisis, debido a sus implicancias materiales debe, por un lado, estar alcanzadas por el derecho al recurso consagrado en los artículos 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extiende a todos los autos procesales importantes (C.I.D.H., Informe Nro. 55/97, caso 11.137, considerando Nº 262).
A los fines recursivos y bajo ciertas condiciones pueden ser estimadas como resoluciones equiparables a sentencias definitivas para habilitar la jurisdicción de este Tribunal, decisiones como la sometida en el presente conflicto en el cual se denuncia que la resolución en crisis amenaza el régimen de progresividad de la pena establecido legalmente y la circunstancia de que se esté poniendo en cuestión una norma de raigambre constitucional como lo es el derecho del imputado a lograr la tutela de sus intereses a través a través de la revisión jurisdiccional por un órgano superior (arts. 15 de la Const. Prov., 31 y 75 inc. 22° C.N.; 8.2.h) C.A.D.H.; doct. C.S.J.N., causas “Strada” y “Di Mascio”).
II. Denuncia el casacionista – entre otras cuestiones- que la negativa de jurisdicción por el superior departamental en la revisión de la sanción disciplinaria conculcó el mandato constitucional de agotar el doble conforme jurisdiccional y la necesidad de revisar toda resolución que cause gravamen irreparable, a lo que debe adunarse que cesa el efecto suspensivo del cumplimiento de la sanción.
Critica asimismo la restrictividad de la interpretación otorgada por la Cámara al art. 57 de la ley 12256, considerándola lesiva de la defensa en juicio y la garantía de recurrir las decisiones judiciales importantes adversas ante un tribunal superior.
Enfatiza por último que la sanción en cuestionamiento fue labrada en violación de los principios constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (art. 18 C.N.) por lo que solicita se revise lo decidido casando la sanción o en subsidio y asumiendo competencia negativa conforme al art. 461 del ritual, este Tribunal case la resolución recurrida y reenvíe al organismo de instancia para su decisión, asegurando de este modo la doble instancia judicial.
Estimo que asiste razón al recurrente. La Cámara a quo brindó una respuesta dogmática y sólo aparentemente fundada, al recurso de la defensa donde se solicitaba la nulidad de la sanción atacada en virtud de haberse vulnerado derechos de raigambre constitucional.
En efecto, echando mano de una interpretación restrictiva de su ámbito de competencia, negó expresamente su jurisdicción en un caso en el que debía intervenir. De tal forma, y en lo medular de su argumentación, atribuyó un contenido arbitrariamente limitante al art. 57 de la ley 12256.
Sobre el punto cabe resaltar que la ley de ejecución provincial no se encuentra desligada del resto de la normativa local -ni a fortiori- de aquella de superior jerarquía, y en esa intelección no han perdido vigencia los arts. 3, 498, 431 y 439 del CPP, ni mucho menos la garantía de defensa en juicio (en su manifestación de derecho a exigir mejor derecho) contemplada específicamete en los arts. 8.2 CADH y 14.5 PIDCP.
Es innegable el gravamen de insusceptible reparación ulterior derivado de la negación a revisar la cuestionada validez de una sanción disciplinaria impuesta a un interno, la que redundará en la suerte de cualquier pedimento que la ley de ejecución de penas contempla, por la incidencia de la materia disciplinaria en los aspectos cualitativos y cuantitativos de la pena.
La hermenéutica utilizada por la Cámara a quo sobre el art. 57 ya citado, esgrimida para no revisar el correctivo disciplinario, se atiene a una parcial, sesgada e irrazonable interpretación literal del sintagma de la disposición. Con ello soslaya que la etapa de ejecución -como el resto de las etapas del proceso- es una etapa sometida al control judicial y en ese contexto las decisiones se encuentran amparadas por la garantía de -al menos- la doble conformidad de las instancias locales en las incidencias asimilables a resoluciones definitivas, por su capacidad material para ponerle fin a la controversia judicial en la especie (conf informe 55/97 CIDH).
No huelga remarcar que las condiciones concretas en las que el penado atraviesa las distintas etapas del tratamiento, ameritan un control judicial que no sea sólo nominal, sino vívida actuación en el caso de las garantías fundamentales consagradas por nuestra Carta Magna.
De acuerdo a lo expresado, el resolutorio en crisis no sobrepasa con éxito los estándares mínimos de validez constitucionalmente exigible y debe ser nulificado.
Por lo tanto, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, estimo corresponde: HACER LUGAR a la queja, sin costas, ANULAR la resolución atacada y REENVIAR las actuaciones a conocimiento de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. (Arts. 18 de la CN; 8.2 CADH y 14.5 PIDCP; 106, 201, 433, 450, 461, 498 y 530 del C.P.P.; 57 de la ley 12256) VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada, el señor juez, doctor BORINSKY , dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA dijo:
En virtud del resultado de la votación precedente, entiendo que corresponde: HACER LUGAR a la queja, sin costas, ANULAR la resolución atacada y REENVIAR las actuaciones a conocimiento de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho. (Arts. 18 de la CN; 8.2 CADH y 14.5 PIDCP; 106, 201, 433, 450, 461, 498 y 530 del C.P.P.; 57 de la ley 12256).
ASÍ LO VOTO .
A la misma segunda cuestión planteada los señores jueces, doctores CARRAL y BORINSKY , dijeron:
Que adhieren al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO .
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. HACER LUGAR a la queja, sin costas.
II. ANULAR la resolución atacada y REENVIAR las actuaciones a conocimiento de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Rigen los artículos 18 de la CN; 8.2 CADH y 14.5 PIDCP; 106, 201, 433, 450, 461, 498 y 530 del C.P.P.; 57 de la ley 12256.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
FDO. RICARDO MAIDANA, DANIEL CARRAL y RICARDO BORINSKY. (JUECES). ANTE MÍ: JORGE ANDRES ALVAREZ. (SECRETARIO).
Fin de la sentencia