Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 83950
En la ciudad de La Plata a los 21 días del mes diciembre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa Nº 83.950 de este Tribunal, caratulada: “LÓPEZ GIMENEZ, Diosnel y LÓPEZ GIMENEZ, Alicio s/ Recurso de Queja (art. 433 del C.P.P.)”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN-NATIELLO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. La Defensora Oficial del Departamento Judicial La Plata, doctora Cecilia D. Sicard, viene en queja ante esta Sede en virtud de que la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la citada Departamental, denegara la concesión del recurso de Casación impetrado -por la Defensora Oficial, doctora Gladys López-, contra su decisorio de fecha 8 de marzo del 2017 mediante el cual rechazó la queja interpuesta y, consecuentemente, confirmó lo resuelto por el Tribunal de grado que declaró inadmisible el recurso de apelación articulado por la parte (v. fs. 11 y 12).
II. Sostiene la quejosa que el recurso ha sido mal denegado en el entendimiento de que la impugnada trae aparejado un gravamen de imposible reparación ulterior, en el que se ventila la afectación de un derecho constitucional, cual es el que los imputados sean Juzgados por un Tribunal con Jurado (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la C.N.).
III. En el recurso de casación la defensa, denuncia la errónea interpretación de los arts. 439, 338 y 22 bis del C.P.P..
Aduce que la que resolución que se impugna ha otorgado preeminencia a cuestiones formales, a su vez, erróneamente interpretadas, por sobre cuestiones de índole constitucional, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión, circunstancias por la que solicita se case positivamente atendiendo a esta situación.
Señala que la decisión del Tribunal se basa únicamente en haber sido efectuada la solicitud de los acusados de forma extemporánea de conformidad con las previsiones del art. 22 bis del C.P.P., esto es, con posterioridad a que la requisitoria de elevación a juicio quedara firme, mas no esboza razones que justifiquen respetar un requisito meramente formal que reglamenta su ejercicio a costa de vulnerar la garantía constitucional. Señala que no debe perderse de vista cuales son los valores en juego y a cual debe darse primacía. Máxime cuando los acusados manifestaron que, al momento de hacer la renuncia, no habían comprendido cabalmente el significado y las implicancias de la misma y que habiendo tenido tiempo para conversar con otras personas y reflexionar, desean ser juzgados por jurados.
Por otro lado, destaca que el art. 22 bis del rito, establece un plazo después del cual no se puede renunciar a la realización del Juicio por Jurados, y ello bajo pena de nulidad. Que dicha sanción, resulta totalmente consecuente con el reconocimiento de que la integración con jurados resulta una garantía constitucional y por ende la regla y no la excepción. Que para casos como el de autos, la norma no dispone que la renuncia es irrevocable y no puede llegarse a esa interpretación dado que resultaría restrictiva de derechos, contraviniendo el principio pro homine y el art. 3 del CPP.
Hace reserva de interponer recurso extraordinario federal en los términos del art. 14 de la ley 48.
III. Radicada la queja en Sala (fs. 25), notificadas las partes y encontrándose en estado de ser resuelta, los jueces de la Sala IV del Tribunal dispusieron plantear y resolver las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible y procedente la queja interpuesta?
2da.) En su caso ¿es procedente el recurso de casación?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
La queja fue interpuesta en tiempo y forma, adjuntándose la documental que ordena el art. 433 del C.P.P., motivo por el cual cabe declararla admisible.
Por su parte, estimo corresponde declararla procedente, toda vez que el planteo de la parte involucra una cuestión de índole federal, cual es evitar la pérdida del derecho constitucional de los acusados a ser Juzgados por Jurados (arts. 18, 75 inc. 22 y 118 de la C.N.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión plantea el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Considero que corresponde atender el reclamo de la parte.
En primer lugar debo señalar que no resulta razonable anteponer el límite previsto en el art. 338 del rito, para negarle a los encartados la revisión del fallo dictado por el órgano de juicio que no hizo lugar a la solicitud de los imputados a ser juzgados por jurados (v. fs. 11/12), habida cuenta la pretensa cuestión federal ventilada por la parte que a su vez importa un cambio radical en el trámite para la prosecución del proceso (arts. 338 y ss) en el cual ni siquiera se ha fijado fecha para la realización del debate oral (conf. surge del informe obrante a fs. 30 del presente), debiendo operar el derecho de revisión de manera anticipada al avance de la causa a fin de evitar consecuencias, que puedan incidir negativamente en el derecho de los imputados (arts. 18, 24 y 75 inc. 22 de la C.N., 8.2 h y 14.5 del PIDCyP).
Dicho esto, en el presente caso el “thema decidendum” recae en la temporalidad del pedido de los acusados para ser Juzgados por Jurados, quienes se han retractado de la renuncia que efectuaran oportunamente a su derecho de ser Juzgados por Jurados, con posterioridad a la firmeza del auto de requisitoria de elevación a juicio (arts. 22 bis y 336 del del C.P.P.).
Ahora bien, en sintonía con lo manifestado por la recurrente, en el caso particular no encuentro justificativo alguno para impedir el ejercicio del derecho constitucional que reclaman los imputados, desde que ello, en modo alguno afecta el desarrollo del proceso.
En esa escala, entiendo que la pauta establecida por el art. 22 bis del C.P.P., debe ser entendida como una cuestión meramente ordenatoria del proceso que sólo impone la irrevocabilidad de la manifestación de los imputados a ser juzgado por un Tribunal con Jurado, bajo sanción de nulidad, más no a la inversa. Es decir, en principio, no habría impedimento alguno para atender la retractación de la renuncia efectuada por los imputados, ello, claro está, siempre y cuando no se afecte significativamente a las etapas cumplidas en este estadio procesal.
En este orden de ideas no debe olvidarse que interpretar en forma restrictiva el art. 22 bis del C.P.P. no resulta admisible pues, por conllevar a la pérdida de un derecho que su texto reconoce expresamente, desatiende los criterios de prudencia exigibles al intérprete a fin de evitar consecuencias de esa naturaleza (conf. C.S.J.N., Fallos: 303:578; 307:840 y 1018, entre otros). Ese criterio hermenéutico se encuentra incluso consagrado por el mismo Código Procesal Penal de la provincia, cuyo artículo 3º prevé que toda disposición que limite el ejercicio de un derecho atribuido por esa ley, debe ser interpretada restrictivamente.
En lo que hace a la interpretación de la ley, propongo aquella que se basa en la convicción de que un ordenamiento jurídico, dado que no es un catálogo abstracto de casos contemplados por el legislador, sino que es una estructura totalizadora de normas que expresan valores, debe concordarse con la situación fáctica de cada tiempo histórico y que se sintetizan en forma brillante en la opinión de que "no hay lagunas del derecho porque hay jueces que interpretan las leyes" (confr. C.N.C.P., Sala II, causa nº 7, "Ávila, Blanca Noemí, s/recurso de casación e inconstitucionalidad", reg. Nº 18, rta.: el 2/7/1993, reg. Nº 18).
Para ello, han de tomarse como punto de partida las reglas sentadas en forma inveterada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en tal sentido indicó que "…la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen y por ende, se reconoce como principio que las leyes han de interpretarse siempre evitando conferirles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que la concilie y deje a todas con valor y efecto…" (Fallos: 300:1080; 315:727; 310:195 y 320:1090 y 1962, entre muchos otros).
En todo caso, el apego estricto a la normativa en cuestión al que se apega el órgano de juicio, deviene en un exceso ritual manifiesto, que invalida la aplicación de la norma, dado que no encuentro explicación valedera que impida considerar la petición en trato, más que ajustarse ciegamente al texto frío de la ley, sin contar siquiera con algún aporte doctrinario que brinde un por qué de tal limitación temporal, lo cual lo torna vacuo de fundamentación. Es que, como se ha dicho en forma magistral “A partir del fundamental aporte que hiciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Colalillo" (18.09.1957) el derecho judicial viene perfilando con intenso denuedo la figura del "exceso ritual manifiesto". Talento, intuición y agudeza se han acumulado laboriosamente en los tribunales en audaz intento de bosquejar las sinuosas fronteras entre el respeto a las formas y el formalismo vacío, exagerado y desnaturalizador. Avizorados los cuadrantes provisorios de ese amplio territorio, no ha sido fácil transitar los rebeldes senderos que tienen el común destino de señalar el vicio que inficiona no pocos pronunciamientos judiciales: emplear las formas procesales con desapego del sentido esencial del proceso, que es buscar y realizar la justicia para el caso . (Citas: CSJN, "Colalillo" 18-09-1957; CSJSta.Fe: "Verino" AyS T 95 p 31) Corte Suprema De Justicia De Santa Fe - Expte.: C.S.J. Nro. 555 "Defagot, Deny C/ Sanchez, Juan Carlos” - Año 1999 – rta. 04-10-2000"
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que cuando el examen de los requisitos procesales se efectúa con injustificado rigor formal se afecta la garantía de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en tanto al proceder de tal modo se satisface sólo en modo aparente la exigencia de que el pronunciamiento jurisdiccional resulte una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias efectivamente obrantes en la causa (en tal sentido, Fallos: 298:638;; 301:1149; 312:426; 313:215; C. 96. XXXVII, "Castellano, Carlos Arturo s/robo doblemente agravado por el empleo de armas -causa n° 1917-", rta. 31/10/2002; A. 23. XXXVIII, "Andueza, César Horacio s/ homicidio en ocasión de robo, causa n° 1763/98", rta. 24/04/2003).
No sobra señalar, que en el presente caso, la garantía constitucional en juego no es otra que la del Juez Natural (art. 18 de la C.N.). A este respecto, en oportunidad de pronunciarme por la inconstitucionalidad de lo normado por el art. 22 bis in fine del C.P.P. (Causa nro. 83.026, “DÍAZ VILLALBA”, reg. int. nro. 585, sent. del 22/06/2017) he sostenido que: “… la noción primaria de la garantía del Juez Natural es aquella que se dirige a enfrentar una posible actuación arbitraria del poder punitivo del Estado (para perjudicar al acusado), que podría facilitarse mediante la designación de un juez, especialmente para el caso (“ad hoc”), con posterioridad a los hechos en presunta infracción (“ex post facto”), evitando de esa forma el juzgamiento por “comisiones especiales” prohibidas por la Constitución Nacional, siendo que el desarrollo del precepto enunciado viene dado en forma amplia en fallos de la C.S.J.N. tales como "Rougés, Marcos c/ Provincia de Tucumán", "Sueldo de Poslesman, Mónica", "Grisolía, Francisco" entre otros.
Así, el Art. 18 CN establece que "ningún habitante de la Nación puede (...) ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa". Por su parte, la legislación internacional incorporada con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22) estableció idéntico principio. Así por ejemplo, la segunda parte del inc. 1) del Art. 8 de la Convención Americana prescribe que "Toda persona tiene derecho a ser oída... por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley".
En esa dirección, el Art. 1 del Código Procesal Penal dispone: "Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia y competentes según sus leyes reglamentarias (...)".
Para cumplir debidamente con la referida garantía del “Juez Natural”, el Tribunal debe ser creado por una ley, dictada con anterioridad al hecho que originó la causa, que determine la competencia (en razón del territorio, materia, etc.) para entender y juzgar determinada categoría de delitos o personas.
Se trata de un concepto institucional (órgano jurisdiccional creado por la ley) y no personal, que goza de vigencia desde antaño en el derecho constitucional argentino, perteneciendo por igual a la parte dogmática de la Constitución Nacional (garantías de los habitantes) y a la parte orgánica (organización del Estado; en particular, del Poder Judicial) de la Carta Magna.
De otro lado, el juicio por jurados es un mandato constitucional que recién empieza a reglamentarse en las distintas jurisdicciones. En efecto, tanto en la primera de las secciones enunciadas en el párrafo precedente de la Constitución Nacional (art. 24) como en la segunda de ellas (art. 75, inc. 12 y art. 118) se establece tal premisa. Este último artículo –que fue tomado del Art. III, Sección 2, inciso 3° de la Constitución de los Estados Unidos de América- dispone que todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados finalizarán por veredicto dictado por jurados.
Claro está que en el art. 118 se establece un criterio de oportunidad dejado a consideración de los legisladores de cada una de las provincias que componen la República al establecer que “Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución...”. Pues bien, en nuestra provincia ese momento ha llegado con la sanción de la ley 14.543, con lo cual la manda constitucional ha cobrado plena operatividad en el territorio bonaerense, siendo que el punto de partida de todo análisis debe hacerse con la total vigencia de las disposiciones antes mencionadas. A los fines de distinguir entre los distintos sistemas, habré de referirme a Jueces “profesionales” a quienes integramos el Poder Judicial, establecido en la Sección Sexta de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y somos designados conforme las previsiones de los arts. 175 y siguientes del citado cuerpo legal, para distinguirlos de los “jurados populares” que es la otra arista que habré de invocar a lo largo de este desarrollo.
La jurisdicción es ejercida por los Jueces profesionales, pero el dictado del veredicto, que esencialmente da por comprobado o no un objeto procesal, entendido como un hecho humano voluntario en función penal y con pretensión punitiva es tarea de los jurados. Por tanto, las funciones de los primeros se limitan a elaborar la sentencia, dirigir el debate y eventualmente decidir la imposición de pena sobre el encontrado culpable por el jurado.
Sin embargo, en las distintas disposiciones contenidas en el ordenamiento bonaerense, como ser el cuestionado art. 22 bis, los arts. 336, 338 bis, ter, quater, 342 bis, 371 bis, ter, quater y 369 entre otros, se analiza al Tribunal de Jurados como órgano jurisdiccional.
Lo hasta aquí referido es prolegómeno de la idea central que aquí deseo abordar, que consiste en establecer qué constituye la garantía del “Juez Natural” en la provincia de Buenos Aires. Como he referido en los párrafos precedentes, casi todas las garantías contenidas en nuestra Constitución Nacional son pasibles de ser reglamentadas a través de las leyes que regulan su ejercicio. Sin embargo, hay una que ha sido expresamente reglada en el propio texto de la Carta Magna y esta no es otra que la del Juez Natural en el caso de los juicios criminales, el cual no será otro que el jurado popular , con los alcances que decida darle el legislador local.
Con lo dicho quiero significar que en materia del enjuiciamiento penal existe un Juez Natural que es aquél Magistrado profesional designado por la ley que regule el debido proceso –otra garantía contenida en el propio art. 18 de la C.N.- que coexiste con el otro juzgador cuya intervención deviene necesaria en este tipo de procedimiento cual es el jurado. Es decir, a esta altura de las cosas puedo afirmar, si se me permite la licencia, que existe un Juez que es más “natural” que otros jueces, el cual no es otro que el jurado popular, desde que su existencia ya no depende de una ley que lo reconozca como tal sino que su razón de ser y su presencia viene ordenada desde la Constitución Nacional misma. Este parece ser el espíritu que ha quedado consagrado en la Carta Magna ya desde su regulación originaria en el año 1853…”.
Bajo este contexto, no encuentro impedimento alguno para garantizar el derecho constitucional de los encartados a ser Juzgados por Jurados, desde que la retractación efectuada por los encartados, en el caso, no trae aparejada consecuencias negativas para lo actuado en autos, siendo que más allá de lo señalado por el órgano de juicio en su decisorio (v. fs. 4vta.), lo cierto es que a la fecha no se ha dado inicio al debate oral ni fijado fecha al efecto (cf. informe obrante a fs. 30), circunstancia que me permite, en resguardo del derecho de los imputados, atender su reclamo.
En función de lo expuesto propongo al Acuerdo, anular el pronunciamiento impugnado y remitir copia de la presente a la Sala IV de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata, a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a los parámetros aquí fijados, sin costas en esta instancia (arts. 18, 24, 75 inc. 22 y 118 de la C.N., 1, 3, 22 bis, 106, 338 y sig., 433, 450, 461 530 y 531 del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Visto el modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde: 1) declarar admisible y procedente la queja interpuesta por la Defensora Oficial, doctora Cecilia D. Sicard en favor de los encartados; 2) hacer lugar al recurso de casación interpuesto y,
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