Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 98273
"Registrado bajo el Nro. 1072 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 31 de OCTUBRE de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel CARRAL y Ricardo MAIDANA (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 98273 caratulada “MARTINEZ IVAN ROBERTO S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
El 23 de mayo de 2019, la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Matanza confirmó la resolución del Juzgado de Ejecución n°1 departamental, que otorgó un estímulo educativo en favor de Iván Roberto Martínez, disponiendo el término de dos meses de disminución en los plazos para la obtención de los institutos de la etapa de ejecución penal (fs. 1/2).
Contra ese auto, el Defensor Particular, Dr. Jonatan Wajswajn Pereyra, interpuso el recurso de casación a fs. 10/18vta., que tras ser rechazado (fs. 20), motivó la presentación de la queja de fs. 21/25.
Habiendo ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 20/08/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor CARRAL dijo:
I. Adelanto que el recurso habrá de prosperar.
Tal como lo ha afirmado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado en la causa “ Fernández, Andrés I. s/ Robo ” (sent. 28/5/2019, Fallos 342:875), resulta arbitraria la sentencia que “ no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa […], al configurarse un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso por el legislador ” (consid. 4°).
Ello es, justamente, lo que se advierte de la simple lectura del decisorio impugnado.
II. Los Sres. Magistrados de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de La Matanza, en lo que interesa destacar, luego de aludir al lapso de duración de los cursos desarrollados por el interesado –fundamento sobre el cual rechaza la petición originaria el Sr. Juez de Ejecución Penal interviniente, a lo que luego me referiré-, afirman que “ tanto el taller de lingüística como el curso de braille lejos se encuentran de ser equiparables a cursos de capacitación profesional (arg. arts. 38 en función del 56 inc. B de la ley 26.206; 17 de la ley 26.058)” (v. f. 1 vta. de este incidente impugnativo).
Sin embargo, más allá de las citas legales que acompañan lo aseverado, advierto que de ellas no puede sostenerse abiertamente lo referido, con lo cual, el fundamento legal de la resolución en crisis es meramente aparente y, por consiguiente, su nulidad es manifiesta.
III. El art. 56 inc. b) de la ley 26206 de Educación Nacional, establece en relación con la educación en contextos de privación de libertad, que son objetivos de esta modalidad educativa “ ofrecer formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a las personas privadas de libertad ”. A su vez, el art. 38 de la misma ley –también mencionado en la decisión examinada- define a la educación técnico profesional, como “ la modalidad de la Educación Secundaria o Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional ”.
En la ley 26058 de Educación Técnico Profesional, en su art. 17 –al que hacen alusión los Sres. Camaristas- considera a la “ formación profesional ” como “ el conjunto de acciones cuyo propósito es la formación sociolaboral para y en el trabajo, dirigida tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores, y que permite compatibilizar la promoción social, profesional y personal con la productividad de la economía nacional, regional y local. También incluye la especialización y profundización de conocimientos y capacidades en los niveles superiores de la educación formal ”.
Como se perfila de las normas de mención, nada de sus textos autoriza a descartar que los cursos desarrollados por Martínez no resulten propios de una formación laboral, sea como adquisición y mejora de una cualificación específica en un ámbito determinado del mercado sociolaboral, sea como una mejora de los conocimientos previos del nombrado. Al menos, esta alternativa no fue profundizada previo a rechazar el recurso de apelación.
Además, no puede pasarse por alto que, aun cuando el art. 56 inc. b) de la ley 26206 pareciera remitir al art. 38 de la misma ley, su ámbito de aplicación se restringe a la “ Educación Secundaria o Educación Superior ” como expresamente lo regula esta última disposición. Por lo demás, debe señalarse que el art. 140 de la ley 24660 utiliza una formulación más amplia que la de “ educación técnico profesional ” propia de las leyes 26206 y 26058, dado que emplea le frase “ trayectos de formación profesional o equivalentes ” agregando, seguidamente, “ en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII ”.
Semejante amplitud en la fórmula legal no es fruto del desconocimiento del legislador de las leyes de educación en vigor en el territorio nacional, sino que se compadece directamente con la expresa remisión que la ley 24660 hace al capítulo XII del título I de la ley 26206, esto es, al sector de la norma dedicada a la “ Educación en contextos de privación de libertad ”.
Entiendo, a contrario del parecer de los Sres. Magistrados que intervinieron en la etapa procesal precedente, que no puede interpretarse directamente “ trayectos de formación profesional o equivalentes ” como la modalidad educativa regulada por la ley 26058 puesto que ello no resulta de lo estatuido por el citado capítulo XII de la ley 26206, aplicable en el sub lite de conformidad con la letra del art. 140 de la ley 24660.
En este sentido, adviértase que en lo que respecta al objeto del recurso de casación en estudio, los mentados “ trayectos de formación profesional o equivalentes ” se encuentran previstos en el inc. b) del art. 56 –único aludido en la resolución en crisis-, al apuntar la ley que “[s] on objetivos de esta modalidad ” -educación en contextos de encierro-, “[o] frecer formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a las personas privadas de libertad ”, pero también en su inc. d), al expresar que otro de los fines de la ley de Educación Nacional es “[a] segurar alternativas de educación no formal ”, con lo que se “[c] ontribu [ye] a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso al sistema educativo y a la vida cultural ” (art. 56 inc. g) ley 26206).
De lo expuesto resulta palmariamente que cuando el legislador nacional reguló el denominado estímulo educativo del artículo 140 de la ley 24660, lo hizo “ en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII ”; en otras palabras, la disposición admite manifiestamente que tanto los cursos de formación técnico profesional, como los de educación no formal, encuentren su recepción por parte del Juez de Ejecución Penal ante una petición de reducción temporal de esa índole.
Además, lo señalado halla su refuerzo y confirmación en el decreto 140/2015, reglamentario del capítulo VIII, “ Educación ”, de la ley 24660, en cuyo art. 8 inc. 5° de su anexo, se dispone: “ Los cursos completos y aprobados no autorizados por los Ministerios de Educación de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán de todos modos ser contemplados a los efectos de este artículo y puestos a consideración del Juez de Ejecución o Juez competente para la aplicación del estímulo educativo ”.
IV. Aun cuando lo hasta aquí expuesto deja de manifiesto la arbitrariedad de la resolución impugnada, entiendo que el rechazo de ponderar un curso de aprendizaje del sistema de lectoescritura Braille, resulta irrazonable frente a las obligaciones internacionales que asumió el Estado Argentino respecto de las personas no videntes o visualmente disminuidas, que se verían indirectamente damnificadas si se desalentara los estudios de tal sistema y, consiguientemente, su utilización.
Nuestro país adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 13 de diciembre de 2006, mediante la ley 26378, la que finalmente adquirió jerarquía constitucional por la ley 27044, y de acuerdo con su art. 21, se obligó a adoptar “ todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan… ”.
En especial, el Estado Argentino se comprometió internacionalmente a “[a] ceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales ” (art. 21 inc. b).
Nuestros legisladores demostraron siempre –con mayor o menor aplicación en los hechos- una franca preocupación “ por asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales ” (art. 9 Conv.).
En este contexto se sancionó la ley 25446 de Fomento del Libro y la Cultura, donde entre los objetivos fundamentales de la política integral del libro y la lectura se cuenta “ arbitrar las medidas necesarias para asegurar la edición de libros en sistemas de lectura destinados a no videntes ” (art. 3 inc. h), lo que resultaría virtualmente de cumplimiento imposible si desde el propio Estado se desanimara a quienes pretendieran estudiar sistemas de lectoescritura como es el Braille. Tal como sucede en autos.
Ello tiene su confirmación y potenciación desde la ley 26285 de Eximición del pago de derechos de autor, a la reproducción y distribución de obras científicas o literarias en sistemas especiales para ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas , que tiende a lograr una mayor accesibilidad de sus destinatarios a la información y, por consiguiente, necesita de personal capacitado que lleve a cabo las tareas de traducción de las obras al sistema Braille.
Es más: por medio de la ley 27061 se ratificó el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso el que, en atención de la norma del art. 31 de la Constitución Nacional, es de superior jerarquía a las leyes dictadas por el Congreso Nacional. Tal iniciativa internacional, aun cuando limite el ejercicio de los derechos de autor en pos de una mayor producción de obras que beneficien a las personas con alguna discapacidad visual, no podría llevarse adelante sin personas con conocimientos concretos en la materia.
A mayor abundamiento no debe soslayarse que el sistema Braille también debe obligatoriamente emplearse para borrar barreras de accesibilidad para personas no videntes en el transporte del sistema aerocomercial nacional, según lo estatuye la ley 26285, y a nivel del transporte bonaerense, el art. 24 bis de la ley provincial 10592, Régimen jurídico básico e integral para las personas con discapacidad .
En este punto también debo señalar que de acuerdo con los arts. 4 inc. a) y 7 incs. c) y j) de la citada ley 10592, es un deber estatal el de asistir a las personas no videntes y con visión disminuida con recursos para “ el desarrollo de sus capacidades ”, con lo cual –insisto-, resulta imprescindible contar con personal capacitado para tales tareas.
V. De acuerdo con el desarrollo precedente, se evidencia en el decisorio puesto en crisis, una práctica que concluye en una afectación de la provisión de los recursos necesarios para que las personas no videntes o con disminución visual puedan desarrollar ampliamente sus capacidades, según lo dispuesto por el art. 4 inc. a) de la ley 10592. Así, no cabe más que advertir que la interpretación postulada por los Sres. Camaristas conduce a una modalidad de discriminación indirecta que no puede este Tribunal de Casación Penal impulsar.
En este aspecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su Observación General N° 20 (2009), “ La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) ”, expresó que “[l] a discriminación indirecta hace referencia a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que influyen de manera desproporcionada en los derechos del Pacto afectados por los motivos prohibidos de discriminación… ” (párr. 10.b).
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo dictado en el caso “ Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana ” (sent. 24/12/2012) entendió –admitiendo esta clasificación- “ que una violación del derecho de igualdad y no discriminación se produce también ante situaciones y casos de discriminación indirecta reflejada en el impacto desproporcionado de normas, acciones, políticas o en otras medidas que, aun cuando sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables ”, lo que hizo extensivo el Máximo Tribunal del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos –con cita de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos in re “ Hoogendijk vs. Holanda ”- a las medidas que “ no fue [ron] dirigidas específicamente a ese grupo ” (párr. 235).
Es un deber ineludible de todos los órganos de los Estados federales, en todos sus ámbitos y niveles, “ sin limitaciones ni excepciones ”, la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad , como lo ordena el art. 4 inc. 5 de dicho documento internacional, entre las que se encuentran la de “ todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad ” (art. 4 inc. b), y “ abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención… ” (art. 4 inc. d), debe concluirse que estos estrados no pueden quedar ajenos a la obligación estatal de realizar “ ajustes razonables ” de tales prácticas jurídicas e interpretaciones que conllevan un trato discriminatorio (art. 5 inc. 3) para todas las personas que necesitan material en sistema Braille para desarrollarse socialmente.
VI. A fin de ampliar las razones de mi voto, debo destacar que en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense –según la información publicada en su página web oficial –http://www.spb.gba.gov.ar-, funcionan talleres de Braille en 18 unidades carcelarias, de las cuales participan 335 personas privadas de su libertad, desde donde confeccionan obras escolares y materiales educativos destinados a distintos establecimientos de la provincia.
Además, desde los mismos talleres se produce también la señalética en tal lenguaje destinado a los distintos municipios bonaerenses, según informan las autoridades penitenciarias. Todo lo cual, es voluntariamente elaborado y donado por sus integrantes. Tales son los “ efectos beneficiosos a nivel social ” generados por la educación destinada a personas en contexto de encierro, aludidos en los fundamentos que acompañaran el proyecto que luego fue sancionado como ley 26695 (v. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, Diario de Sesiones , sesión de 16 de marzo de 2011, p. 442), que incorporó el art. 140 a la ley de Ejecución Penal nacional.
Sin embargo, mediante interpretaciones legales como las que critica el recurrente, el beneficio social y estatal en que redunda el aprendizaje del sistema de lecto-escritura Braille, y las tareas desarrolladas en tales talleres intramuros, no encuentra eco en el sistema de progresividad de cumplimiento de la pena (art. 6 ley 24660).
Lo cual, implica que el Estado y la comunidad se verían beneficiadas con el aprendizaje y la labor de personas privadas de su libertad a quienes el propio Estado no les reconoce tales “beneficios” cuando debe decidir respecto de la aplicación del estímulo educativo del art. 140 de la ley 24660 antes citado, por no considerar los estudios de Braille como un curso de formación profesional, lo que ya he desechado más arriba.
Es más, he de proponer al Acuerdo que por donde corresponda, se requieran a las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que se articulen los medios y recursos necesarios para reconocer la enseñanza del sistema Braille como un trayecto o curso de formación profesional.
VII. Si bien no fue motivo del recurso interpuesto, dado que el Juez de Ejecución en oportunidad de considerar la aplicación del art. 140 de la ley 24660 a Iván Martínez, rechazó su petición respecto del taller de lingüística y el curso de Braille por no poseer las horas cátedra legalmente requeridas entiendo, a fin de resguardar los intereses en juego, que corresponde observar que el 1° párr. del art. 140 de la ley nacional de Ejecución Penal, n° 24660, al regular el estímulo educativo, establece que “[l] os plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII ”. Es decir, que no se requiere que el interno hubiera “completado” el ciclo anual o su equivalente, sino que basta para ello su aprobación satisfactoria “ total o parcial ”.
Sentado lo anterior, tampoco resulta de la citada disposición que el curso que hubiera realizado el interesado deba cubrir una cantidad de horas cátedra. En rigor, la norma solo menciona que los “ estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes”, se desarrollarán “ en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII ”. Pero, la ley 26206 de Educación Nacional, en el mencionado capítulo XII del título I, se refiere a la “ Educación en contextos de privación de la libertad ”, sin estipular carga horaria alguna.
Tampoco cabe desprenderlo de la ley 25864 que establece un mínimo de 180 días de clase para los establecimientos que impartan educación inicial, educación general básica o educación polimodal o sus equivalentes, pero que nada expresa con relación a los cursos de formación técnico profesional o “ alternativas de educación no formal ” en contexto de privación de la libertad previstos en el art. 56 incs. b) y d) de la ley 26206. La posición así asumida confluye indudablemente en una aplicación analógica in malam partem .
Por lo expuesto, la decisión recurrida debe revocarse y remitirse los autos a la instancia de origen para que jueces
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.