Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 98456
"Registrado bajo el Nro. 1057 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 29 de octubre de 2019, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 98456 caratulada “GONZALEZ FERNANDO EZEQUIEL Y PRIETO MANTOVANI SOLEDAD BELEN S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Isidro (en el marco de la causa N° 16140 de su registro interno / IPP N°4150-18), declaró inadmisible el recurso de casación deducido por la defensa oficial de los inculpados, contra el auto de ese mismo órgano que revocó la resolución del juez garante interviniente en cuanto resolvió "no haber lugar al pedido de convalidación de allanamiento y hacer lugar parcialmente y convertir únicamente en secuestro los teléfonos celulares, las semillas, las plantas, los estupefacientes, el vehículo y el dinero incautado, debiendo devolver el resto de las cosas que fueron incautadas en el allanamiento realizado en urgencia" (ver. fs. 59/69 del presente legajo).
II. Contra dicha decisión formuló su queja el defensor oficial de los imputados (fs. 107/112 cit.) señalando que la decisión que impugna cumple con los recaudos exigidos por el artículo 450 del ritual bonaerense.
En el recurso de casación que se acompaña (fs. 85/99 cit.), la recurrente indica -en lo fundamental- que el pronunciamiento dictado por los jueces de la instancia anterior inobserva lo normado en los artículos 59 y 219 del CPP, al tiempo que atenta contra las garantías constitucionales de debido proceso e inviolabilidad de domicilio.
En ese orden, argumenta que no existían motivos suficientes para proceder a concretar un registro domiciliario sin la orden pertinente en el domicilio de sus defendidos.
Hace reserva del caso federal.
III. Notificadas las partes y puestos los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera : ¿Es admisible la queja articulada? y, en su caso, ¿Es procedente el recurso de casación deducido?
Segunda : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. La queja articulada por la defensa oficial de los inculpados, habrá de ser declarada admisible en esta instancia (arts. 433, 456 y ccdtes. CPP).
En efecto, el temperamento impugnado se trata de una decisión jurisdiccional que revoca una favorable a los intereses de la parte imputada dictada por el Juez de Garantías, por lo cual, no sólo no existe doble conformidad jurisdiccional, sino que aparece ésta vía como la alternativa idónea para hacer valer sus derechos por tratarse de la primera resolución agraviante, máxime cuando en la impugnación se denuncia la violación de garantías constitucionales que asisten a los inculpados durante el desarrollo del proceso (arts. 18 y 75 inc. 22° CN).
Afirmada la impugnabilidad objetiva, sólo resta agregar que la recurrente se encuentra legitimada para excitar la jurisdicción casatoria, al tiempo que ha cumplido acabadamente con los restantes requisitos formales impuestos por el ceremonial (art. 433 CPP).
II. Sentado lo precedente, corresponde dar tratamiento al planteo esgrimido en el recurso de casación en estudio, que pone en crisis el temperamento adoptado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Isidro.
II.a. Los jueces de la instancia anterior revocaron el resolutorio adoptado por el juez garante -cf. fs. 59/69 cit.-, en cuanto resolvió no hacer lugar al pedido de convalidación de allanamiento, y hacer lugar parcialmente y convertir únicamente en secuestro los teléfonos celulares, las semillas, las plantas, los estupefacientes, el vehículo y el dinero incautado, debiendo devolver el resto de las cosas que fueron incautadas en el allanamiento realizado en urgencia -ver resolución del Juzgado de Garantías obrante a fs. 12/33 cit.-.
Para así resolver, argumentaron que "si bien la garantía de inviolabilidad de la propiedad, el derecho a la intimidad del individuo y el deber de afianzar la justicia tienen igual jerarquía constitucional; cuando exista una sospecha razonable o la 'causa probable' desarrollada por la corte americana en el derecho anglosajón, como ocurre en este caso en concreto, más allá de las falencias que pudiera sufrir la investigación -el magistrado indica mora en el fiscal en practicar el allanamiento- corresponde convalidar el registro, pues la urgencia emerge sobre la base de cuestiones objetivas que para su análisis se deben distanciar de la diligencia o no de los operadores jurídicos, aquélla existe con independencia de la pericia de estos" -v. fs. 64 cit.-.
Continuaron su exposición sosteniendo que "entre la colisión de los deberes de afianzar la justicia, imperativo para los jueces y funcionarios, y el de respetar la inviolabilidad de la propiedad, en el presente caso debe prevalecer el primero, toda vez que existían importantes indicios para sospechar que en el domicilio allanado se comercializaban estupefacientes o bien que sería utilizado para su producción o almacenamiento, por lo que la injerencia en el ámbito íntimo de los imputados, deviene proporcional y adecuada a la luz de la presente investigación" .
Párrafo aparte, manifestaron que el juez garante no encontró justificada la urgencia, pues señaló que el fiscal demoró casi 24 horas en decidir el allanamiento; sin embargo, -sostuvieron- esa posible demora, no debe colocarse por encima de la urgencia concreta representada por la gravedad de los hechos investigados. "De una detenida lectura de la resolución en crisis (...) puede descifrase que en rigor lo único que distanció al magistrado y al fiscal en el análisis de estos hechos fue la urgencia, evidente para este último, exagerada para el juez" -v. fs. 66 cit.-.
II.b. Ahora bien, a poco de compulsar las actuaciones que conforman la presente incidencia, aprecio que la Cámara a quo dictó un pronunciamiento que no puede ser convalidado en esta instancia casatoria, desde que presenta un análisis parcializado de las constancias que componen la investigación, lo que descalifica al fallo atacado como acto jurisdiccional válido.
En esa inteligencia, cabe recordar que si bien en el proceso penal de un Estado de derecho el respeto por las garantías constitucionales del justiciable reviste igual importancia que la realización del derecho penal material como fin al que se dirige la consecución de actos procesales; lo cierto es que la búsqueda de la verdad histórica posee limitaciones en los derechos y garantías de la persona, para cuya afectación la ley procesal regula toda una suerte de reaseguros y procedimientos.
Partiendo de ello, debe precisarse, preliminarmente, que un “ caso de urgencia ” -en los términos del artículo 59 del CP- es aquel que impone una rápida actuación o ejecución que propicie aventar todo peligro que se cierne sobre algo o alguien. En lo que aquí interesa, la exigida “urgencia” del caso concreto no se avizora en el evento investigado en autos.
Veamos. Atento lo señalado por el juez garante, a los inculpados se les imputa haber tenido en su poder "cuatro (4) cigarrillos de fabricación casera de marihuana en un peso aproximado al momento de la incautación de 1.35 gramos. Asimismo, transportar en el vehículo en el que circulaban tres (3) envoltorios de nylon con 9 semillas de cannabis sativa y dos cápsulas que contienen un total de dos (2) semillas de cannabis sativa" .
La plataforma fáctica descripta precedentemente impulsó a la parte acusadora a imputar a los encausados la coautoría responsable en los delitos de tenencia simple de estupefacientes en concurso real con transporte de semillas en la modalidad de co-tenencia (artículos 45 y 55 del CP y 14 primer párrafo y 5 inciso "d" de la ley 27373).
La Fiscalía sostuvo, al tiempo de interponer recurso de apelación, que "los paquetes de semillas hallados estaban provistos de un merchandising del que nunca antes se había tenido registro en esa fiscalía especializada" -v. fs. 60 cit-; y al pretender fundamentar la urgencia necesaria para realizar un allanamiento sin la orden del juez natural de la causa -y pasadas 24 horas de la aprehensión de los inculpados-, manifestó que "al recibir la totalidad de las actuaciones pudo contextualizar la gravedad de los hechos atribuidos" -cf. fs. 61 cit.-.
Frente a lo expuesto, el juez garante sostuvo -con razonable criterio- que no correspondía convalidar el allanamiento practicado en el domicilio de los imputados ordenado por el Ministerio Público Fiscal.
Para así resolver, tuvo en cuenta: 1). La ausencia de motivos de sospecha objetivos para creer que en dicho lugar podrían existir estupefacientes con un fin diferente que no sea el consumo personal -el destacado me pertenece-.
En ese orden argumentó que el ingreso al domicilio de los imputados lo fue sin sospecha razonable, pues los indicadores permitían concluir una actividad de cultivo para consumo personal, y no un actividad distinta relacionada al tráfico de estupefacientes (art. 210 del CPP).
2). Que tampoco había motivos de urgencia , desde que los acusados se hallaban aprehendidos y se había declarado el caso de flagrancia, con lo cual, existía un término de 48 horas en el cual se podría haber requerido el allanamiento, máxime teniendo en consideración que el juzgado se hallaba de turno y que el allanamiento no se dispuso inmediatamente efectuada la interceptación del rodado en el que circulaban los inculpados, sino al otro día, luego de recibidas las declaraciones en los términos del artículo 308 del CPP.
III. Teniendo en consideración lo anteriormente reseñado, cabe formular las siguientes consideraciones.
Las causales objetivadas -"sospecha razonable"- sobre las cuales se pretende fundar la "urgencia" alegada por la fiscalía no surgen de las constancias de la investigación, ni siquiera de manera independiente al intento de justificar la misma.
Ello, por cuanto la "urgencia" derivada del "peligro en la mora" sólo puede caracterizar supuestos en los cuales el dictado de la medida resulta necesaria e indispensable "tornándose abstracto su cometido si se realizara el trámite ordinario de requerir al juez de garantías su producción" (Nicolás Schiavo, Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Ed. Hammurabi, segunda edición, T. I, 2015, p. 320).
Interesa destacar en este punto, que la normativa que rige la materia en tratamiento -artículo 59 segundo párrafo del CPP- es clara al prescribir que el agente fiscal cuenta con determinadas facultades previamente establecidas en la norma, que deben ser sometidas al conocimiento, control y convalidación del juez garante. En ese marco -y en lo que aquí cabe reseñar-, el acusador público puede, cuando concurran fundados motivos que le permitan creer que existe peligro en la demora -con aviso previo al juez de garantías- ordenar directamente el registro de lugares (arts. 219, 220 y 221 del CP).
Ahora bien, dicha facultad no deja de ser una injerencia sobre derechos constitucionales específicos y, siendo así, se encuentra sometida al control jurisdiccional, que debe verificar que en el caso concreto la restricción que se imponga a determinado derecho guarde una relación final con la razón en que se funda la injerencia, respetando criterios de proporcionalidad.
No puede perderse de vista que en la presente la discusión se circunscribe a la posibilidad que tiene el Estado -mediante la intervención del Ministerio Público Fiscal- de restringir, modificar o alterar el alcance del derecho a la intimidad del domicilio, consagrado como garantías constitucional de conformidad con lo normado en el artículo 18 de la CN, cuando la normativa procesal específica así lo establezca, con las limitaciones y controles propios que tal injerencia exige.
Cuando se debate acerca del alcance y reconocimiento de la garantía mencionada, ha de atenderse a la interpretación que permita la protección más amplia. En ese sentido cabe destacar que el artículo 11 CADH, declara que “2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio [etc.]” y que “3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques” . En parigual, el artículo 17 PIDCP declara que “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio [etc.]” y que “2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques” .
En análoga dirección ha sostenido la Corte IDH que “La protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio de injerencias arbitrarias o abusivas implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada y la familiar se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar” (Corte IDH, “Escué Zapata vs. Colombia” , 04/07/2007, Serie C, n° 165, párr. 95; vide tb. casos “Masacres de Ituango vs. Colombia” , 01/07/2006, Serie C, n° 148, párr. 194; y “Fernández Ortega y otros vs. México” , 15/05/2011, Serie C, n° 224, párr. 157) .
Comparto la idea de que "Si la persona es inviolable y está protegida tan ampliamente por la Constitución, es porque ha sido considerada en toda la extensión de sus atributos, así comprende la conciencia, el cuerpo, la propiedad y la residencia u hogar de cada hombre. La palabra domicilio abraza estos dos últimos sentidos. Hogar es la vivienda y por excelencia el centro de las acciones privadas que la Constitución declara reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados (art. 19), allí donde se realizan la soberanía y los actos y sagrados misterios de la vida de la familia..." (Joaquín V. González, Manual de la Constitución , n° 193).
En esta inteligencia, tampoco puede dejar de considerarse que “...l a íntima conexión existente entre la inviolabilidad del domicilio, y especialmente de la morada, con la dignidad de la persona y el respeto de su libertad, imponen a la reglamentación condiciones más estrictas que las reconocidas respecto de otras garantías, pues al hallarse aquéllas entrañablemente vinculadas, se las debe defender con igual celo, porque ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil, aunque aquélla no sea reductible a éste” (CSJN, “Fiorentino” , voto del Dr. Petracchi, cons. 6°).
Nótese en este punto, que el debido proceso contempla el respeto de un cúmulo de garantías destinadas a proteger a los individuos frente al ius puniendi ; es decir, tiene el deber de suministrar a los ciudadanos el amparo necesario para resguardar sus derechos con motivo del ejercicio jurisdiccional del Estado.
Siendo así, y teniendo en consideración lo reseñado precedentemente, coincido con el juez garante en cuanto concluyó que en el presente caso no sólo se verifica la inexistencia de los presupuestos que hubiesen habilitado la procedencia del allanamiento practicado, sino que -además-, no se pudo acreditar la "urgencia" denunciada por la parte acusadora.
De este modo, disiento con lo referido por los jueces de la instancia anterior en cuanto concluyeron que: "De una detenida lectura de la resolución en crisis (...) puede descifrase que en rigor lo único que distanció al magistrado y al fiscal en el análisis de estos hechos fue la urgencia, evidente para este último, exagerada para el juez" .
Ello, por cuanto del pronunciamiento del Juzgado de Garantías se aprecia que los fundamentos que llevaron al juez de origen a resolver la no convalidación del allanamiento practicado fueron dos. Vale decir, la ausencia de los presupuestos habilitantes de la medida efectivizada y la inexistencia de la urgencia que pretendió fundar la parte acusadora , tratándose ambos requisitos de extremos exigidos por la normativa vigente para la procedencia legítima del allanamiento en cuestión.
Cabe traer a colación lo normado en el artículo 17 de la Constitución provincial, en cuanto establece que "Toda orden de pesquisa, detención de una o más personas o embargo de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, describiendo particularmente el lugar que debe ser registrado, y no se expedirá mandato de esta clase sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmación, sin cuyos requisitos la orden o mandato no será exequible ".
Aunque resulte perogrullesco, está claro que la injerencia en el ámbito de una morada requiere de una orden judicial previa basada en motivos fundados, exigencias que vienen así impuestas ya desde el bloque constitucional federal y que la Carta Fundacional de nuestra provincia ha específicamente contemplado al punto de dar detalles sobre el sustento que habilitaría la jurisdicción para la intromisión estatal.
A partir de ello, necesario es concluir que las facultades en cabeza del titular de la persecución estatal son claramente excepcionales y, también es oportuno recordar que, tras las últimas reformas a nuestro sistema de enjuiciamiento, el fiscal puede requerir al juez de turno que resuelva su petición en un plazo no superior a las seis horas, dado lo cual la franja habilitante para sostener esa urgencia resulta -en la actualidad- bastante acotada.
En este sentido, me permito agregar que el artículo 23 bis segundo párrafo del CPP es claro al disponer que "a solicitud debidamente motivada del peticionante que invocare razones de extrema urgencia, el requerimiento deberá ser resuelto en un plazo no superior a las seis (6) horas desde su recepción" .
Siendo así, la parte acusadora -con sustento en los extremos que la impulsaron a considerar la existencia de "urgencia" en el caso concreto- bien podría haber peticionado al juez natural de la causa, sin necesidad de recurrir a supuestos excepcionales aún cuando, probablemente, esto sólo salvaría el extremo de la urgencia. Sin embargo, lo cierto es que, fundamentalmente, aquí se da con mayor intensidad la ausencia de corroboración de los presupuestos habilitantes de un registro (art.219 C.P.P.) que pueden legitimar ese grado de intromisión estatal, extremo que ha sido detalladamente explicado en la resolución de origen y que la alzada departamental parece haber omitido en su valoración.
Por último, si bien resulta respetable lo sostenido por la Alzada departamental, en cuanto refiere que "la garantía de inviolabilidad de la propiedad, el derecho a la intimidad del individuo y el deber de afianzar la justicia tienen igual jerarquía constitucional"; vale recordar que el código procesal contiene normativa específica destinada a regular el legítimo desarrollo del ejercicio de "afianzar la justicia", debiéndose respetar como imperativo legal la vigencia y operatividad de "la garantía de inviolabilidad de la propiedad y del derecho a la intimidad del individuo". La injerencia arbitraria, injustificada y desproporcionada en los derechos del inculpado por parte de los órganos jurisdiccionales que representan el Estado de derecho que nos contiene, nunca puede verse justificada por la gravedad del delito investigado.
IV. Sentado cuanto precede, y tal como lo adelanté, se impone la vigencia de la primigenia resolución revocada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Isidro.
En tal inteligencia, y con los alcances indicados en los acápites que anteceden, a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA. Así lo voto.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.