Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 95307
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de queja interpuesto por el señor Defensor Oficial, Dr. Alfonso Sánchez Willde.
II. Hacer lugar al recurso articulado, casar la resolución cuestionada, dejar sin efecto la revocación allí dispuesta y, en consecuencia confirmar el sobreseimiento decidido en la causa nro. 31087/02 del registro del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora respecto de Gonzalo Iván Vázquez, por encontrarse extinguida la acción penal, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión. Sin costas en esta instancia (arts. 18 de la CN, 76 bis y ter del CP; 450, 454, 530 y 531 del CPP).
C. 95.307
En la ciudad de La Plata a los 30 días del mes de mayo de dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, para resolver en la presente causa Nº 95.307 caratulada “VAZQUEZ GONZALO IVAN S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO -MANCINI .
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora resolvió rechazar el recurso de hacer lugar a la apelación interpuesta por la Fiscalía y revocar la decisión dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 que declaró la extinción de la acción penal y sobreseyó a Gonzalo Iván Vázquez en orden al delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda.
Contra este pronunciamiento el señor Defensor Oficial, Dr. Alfonso Sánchez Wilde, dedujo el recurso de casación que obra a fs. 7/9, cuyo rechazo por parte de la Cámara de Apelación ha motivado la interposición de la presente queja, en los términos del artículo 433 del Código Procesal Penal, la que luce glosada a fs. 14/16.
En oportunidad de correr traslado a la Defensora Adjunta ante esta instancia, se presenta a fs. 19/20 la Dra. Susana Edith de Seta, quien solicita que se admita la queja, se declare procedente el recurso de casación y que se haga lugar a lo peticionado, por los mismos argumentos vertidos por el defensor departamental.
A su turno el señor Fiscal de Casación Adjunto, D.r Fernando L. Galán se notificó y fundamentó su pedido de rechazo de la presentación formulada por la defensa.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es formalmente admisible la queja?
Segunda: ¿Es procedente?
Caso afirmativo:
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Se encuentran reunidos los requisitos relativos tanto al tiempo como a la forma de interposición de la presente queja, por lo que resulta formalmente admisible, en los términos del artículo 433 del Código Procesal Penal.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. En cuanto a los agravios que sustentan la vía casatoria, el recurrente considera admisible el recurso de casación intentado en virtud de lo normado por los arts. 450, 451 y 454 inc. 1° del Código Procesal Penal, pues causa a su asistido un gravamen irreparable a su asistido.
Considera que la Cámara de Apelación y Garantías resulta arbitraria pues efectuó una errónea aplicación de los arts. 76 bis y ter del CPP en tanto que extendió el plazo de la suspensión de juicio a prueba a la que fue sometido Vazquez, a contrario de lo establecido por las normas citadas.
Aduce que la decisión de estar a la espera del resultado definitivo del nuevo proceso penal que registra su asistido –cuando se encuentra vencido el plazo de suspensión de juicio a prueba- implica desconocer el estado de inocencia y del derecho a obtener una resolución jurisdiccional que defina la situación de su asistido en un plazo razonable.
Manifiesta que al no verificarse en el lapso de tiempo que transcurrió en el período a prueba un acto jurisdiccional válido -sentencia firme- que determine la comisión de un delito por parte de Vázquez, debe darse por cumplida la suspensión de juicio a prueba y en consecuencia sobreseerlo definitivamente y procederse al archivo de la causa que se le sigue a su ahijado procesal.
En apoyo a su postura cita jurisprudencia la CJSN y de este Tribunal.
Por ello solicita que se case el pronunciamiento atacado, se declare extinguida la acción penal disponiendo el sobreseimiento de Gonzalo Iván Vázquez de conformidad con lo normado por los arts. 323 inc. 1 del CPP y 76 ter del CP.
II. Entiendo que el reclamo debe tener favorable acogida.
Veamos, habilitada la competencia de la Alzada Departamental, el tribunal decidió, en punto a lo que fue motivo de agravio, que correspondía revocar por prematuro el pronunciamiento apelado en cuanto sobreseía al encartado por encontrarse extinguida la acción penal en virtud de haberse cumplido las condiciones impuestas en la suspensión de juicio a prueba.
Para fundar su postura señaló que Vázquez registra nuevos procesos penales donde se le imputa la posible comisión de ilícitos en el marco de las IPP N° 07-01-03740-17 y 07-03-10888-17 ambas con inicio dentro del plazo dispuesto para la suspensión del juicio a prueba -concedido con fecha 20 de abril de 2017 por el término de un año-.
Reflexionó que en caso de dictarse en las citadas causas un pronunciamiento condenatorio definitivo, ese antecedente dejaría sin efecto la suspensión por la comisión de un nuevo delito, para finalmente aludir que en el caso debía hacerse aplicación de lo normado por el art. 67 primer párrafo del CP en cuanto resuelve situaciones análogas a la presente y por ende, suspender la decisión sobre la declaración de extinción de la acción hasta tanto sea resuelta en forma definitiva la situación de Vázquez.
Ahora bien, en lo que aquí concierne, el artículo 76 ter, cuarto párrafo del Código Penal establece que: “Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal.”
Es un dato cierto que en el caso examinado el encartado se encuentra imputado por delitos presuntamente cometidos dentro de aquel período.
También es cierto que no es posible afirmar sin quebrantar seriamente el principio de inocencia (art. 18 CN) que, al tiempo en que el órgano jurisdiccional fue requerido, Vázquez hubiera cometido esos hechos ilícitos, pues, ninguna condena firme registraba que así lo declare, circunstancia que, dicho sea de paso, habilitaría la revocación del beneficio concedido.
Como puede ir vislumbrándose como premisa general puede afirmarse que la reanudación del juicio correspondería cuando se atribuya un delito como cometido durante el tránsito del período de prueba y recaiga respecto del probado una sentencia condenatoria firme con anterioridad al estadio procesal en que deba decidirse sobre la extinción de la acción suspendida.
Entonces en el caso en análisis es claro que en la hipótesis que por los nuevos hechos recayera sentencia condenatoria, ella en todo caso, tendrá lugar ineluctablemente con posterioridad no sólo del cumplimiento del término de prueba sino, y esto es lo importante, del tiempo en que el órgano judicial se encontraba en condiciones de resolver sobre el asunto, lo que nos está indicando que –para esa instancia- la acción penal respecto del primer hecho se encontraría ya extinguida, no habiendo por ende posibilidad alguna de revocar el beneficio, ya que en aquel tiempo no se cometió un delito en sentido técnico.
Entonces, la decisión de la Cámara que revoca por prematura la decisión de primera instancia no puede compartirse, ya que importa dilatar la resolución de una causa sin ningún respaldo legal.
Y esto último es así desde que no es posible acudir, como lo hizo el a quo, a las normas reguladoras del instituto de la prescripción -léase art. 67 del CP- para integrar el régimen de la suspensión de juicio a prueba -que no prevé aplazamiento del periodo de prueba en aquellos casos en que exista la sustanciación de un proceso originado en un hecho delictivo atribuido al imputado como cometido en ese lapso-, para así condicionar el dictado de una resolución que en rigor se encontraba expedita, en perjuicio del imputado.
Finalmente, no habiéndose verificado, en las circunstancias señaladas, la comisión de un nuevo delito, correspondía declarar extinta la acción penal en los términos del art. 76 ter del Código Penal, tal como hizo el Juzgado de instancia.
Por lo tanto, voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Por lo expuesto en la cuestión que antecede, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso articulado, casar la resolución cuestionada, dejar sin efecto la revocación allí dispuesta y, en consecuencia confirmar el sobreseimiento decidido en la causa nro. 31087/02 del registro del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora respecto de Gonzalo Iván Vázquez, por encontrarse extinguida la acción penal. Sin costas en esta instancia (arts. 18 de la CN, 76 bis y ter del CP; 450, 454, 530 y 531 del CPP).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada, el doctor Mancini , dijo:
Adhiero al voto la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal resuelve:
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de queja interpuesto por el señor Defensor Oficial, Dr. Alfonso Sánchez Willde.
II. HACER LUGAR al recurso articulado, CASAR la resolución cuestionada, DEJAR sin efecto la revocación allí dispuesta y, en consecuencia CONFIRMAR el sobreseimiento decidido en la causa nro. 31087/02 del registro del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora respecto de Gonzalo Iván Vázquez, por encontrarse extinguida la acción penal, por los motivos expuestos al tratar la segunda cuestión. Sin costas en esta instancia (arts. 18 de la CN, 76 bis y ter del CP; 450, 454, 530 y 531 del CPP).
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
FDO: MARIA FLORENCIA BUDIÑO- FERNANDO LUIS MARIA MANCINI. JUECES.
Fin de la sentencia