Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 96659
En la ciudad de La Plata a los 29 días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 96.659 de este Tribunal, caratulada: "SANCHEZ, Alejandra Inés s/ Recurso de Queja (Art. 433 del C.P.P.)" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN - NATIELLO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Sr. Martín Caletti en su carácter se apoderado de la Sra. Alejandra Inés Sánchez, esposa y curadora de Jorge Ricardo Casas con el patrocinio letrado de Damián Alberto Barbosa viene en queja ante esta Sede en virtud de que la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata rechazó el recurso de casación interpuesto contra su decisorio que no hizo lugar a la queja incoada y, en consecuencia, confirmó la decisión del Juzgado Correccional que declaró inadmisible el recurso de apelación articulado contra la decisión que denegó la constitución como particular damnificado a la Señora Alejandra Inés Sánchez.
En el recurso de casación alega que, si bien la constitución como particular damnificado en principio es extemporánea, la no presentación en término se debió a la ausencia de información del límite temporal que tenía la Sra. Sánchez para hacerlo, como asimismo, por la contingencia en la salud y calidad de vida de su marido.
Expresa que la tendencia moderna en el derecho procesal penal es otorgar a la víctima un rol cada vez mayor respecto al proceso, siendo una de las principales protagonistas.
Afirma que en el caso en estudio se ha caído en un excesivo rigorismo formal, violentándose el principio de igualdad.
Manifiesta que no existe afectación alguna en los derechos del imputado, en que la constitución como particular damnificado ocurra con posterioridad a la etapa eludida (art. 336 del C.P.P.), dado que no se va a retrotraer el proceso.
Indica que el Juez Correccional denegó la posibilidad de que la víctima pueda expresarse.
Considera trascendental que se pueda oír a la Sra. Sánchez, que es la esposa y curadora de la víctima de autos.
II. El órgano “a quo” declaró inadmisible el recurso de casación atacado, bajo en entendimiento que el auto impugnado no se encuentra comprendido entre los enumerados por el artículo 450 del C.P.P..- ( fs. 7/vta.).
Hace reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
III. Radicada la queja en Sala (fs. 26) fueron notificadas las partes y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala IV del Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible y procedente la queja deducida?: ¿Lo es el recurso de casación?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
I. La queja fue interpuesta en tiempo oportuno y se adjuntó la documental que ordena acompañar el art. 433 del Código Procesal Penal, por lo tanto, la misma resulta admisible.
II. Con relación a su procedencia, estimo que la resolución de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata que rechazó la queja articulada y confirmó el auto del Juzgado Correccional que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto, el que fuera incoado contra la decisión del mentado órgano jurisdiccional que denegó la constitución como particular damnificado, no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 450 del C.P.P.-
No obstante ello, advierto en el presente la afectación de derechos y garantías de raigambre constitucional, lo cual me habilita a sortear el valladar apuntado.
En ese camino debo decir que, en el caso, el “thema decidendum” recae en la temporalidad del pedido de ser tenido como particular damnificado, ello a la vista de lo normado por el art. 78 del C.P.P..-
Más si la cuestión tiene una resolución en apariencia sencilla, dado que la norma aludida es clara en cuanto a que la petición en trato formulada con posterioridad a la oportunidad prevista en el art. 336 del ordenamiento de rito será rechazada “in limine” , ello no es más que en forma superficial, dado que –en mi humilde entender- existen otros derechos en pugna que merecen un análisis más detenido y pormenorizado.
Sentadas así las bases de lo que a continuación desarrollaré, he de destacar que la tendencia moderna en el derecho procesal es otorgar un rol cada vez mayor a la víctima en el proceso penal que a su vez la tiene como una de las principales protagonistas, rescatándola así del ostracismo de otros tiempos en los que quedaba relegada a un rol que lindaba con ser casi un espectador de los procederes penales. Al respecto, bien dice María Virginia Toso en su trabajo “La víctima en el sistema penal” que “…con la adopción de modelos de corte acusatorio, en cuyo marco se prevé la situación de la víctima desde varios aspectos, superando la postergación, olvido y expropiación de sus facultades que le ha tocado experimentar durante la vigencia del modelo inquisitivo…” (publicado en la “Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro” , N° 11 de diciembre de 2002, pág. 139). Por tanto, la situación de la víctima no puede ser desatendida ni minimizada.
Merece entonces realizarse un análisis del rol de la víctima del delito en general y en especial en el proceso penal y la normativa que prevé la tutela de sus distintos derechos.
Preliminarmente, diré que la Resolución Nº 40/34 dictada el 29 de noviembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció principios de justicia relativos a las víctimas del delito, lo que importó un avance de significación en materia del reconocimiento del “status quo” de las mismas.
En 1996 la ONU edita el Manual de Justicia sobre el Uso y la Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctimas de delitos y Abuso de Poder, que se constituyó en un conjunto de herramientas para el desarrollo de políticas, procedimientos y protocolos sensibles a las víctimas por los cuales los sistemas penales debían darle intervención mostrando reconocimiento y respeto en la tramitación de los procesos.
En consonancia con dicho reconocimiento, tenemos la regla de recepción constitucional que establece sus derechos la cual se encuentra en el artículo 18 de la Constitución Nacional, los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los artículos 2 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos incorporados a la Constitución Nacional, en el art. 75 inc. 22, tornándose una normativa supranacional, a partir de la reforma del año 1994.
Resulta una verdadera síntesis de lo que aquí se sostiene el texto del aludido art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos al sostener que "toda persona tiene derecho a ser o ída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable… en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" .
A partir de la consideración de los plexos internacionales (recordar que surgen en el año 1985 con la Resolución de la ONU antes citada) se generó un proceso de reforma de los ordenamientos rituales penales de las distintas provincias, que otorgan cada vez más atribuciones a las víctimas de los delitos, entre los que se pueden mencionar nuestro Código de Procederes, el de la Nación y el de la provincia de Córdoba, los cuales decididamente tienden a consagrar la asistencia y protección integral de los derechos de las víctimas, orientación y cooperación jurídica, trato respetuoso e información relativas a actuaciones policiales y judiciales correspondientes, etc.
Dicha evolución en la materia la encontramos en su máxima expresión en el texto del art. 96 del actual Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba que fuera introducido por la ley 8658. En la Exposición de Motivos de dicho código, se expresa que "...la víctima del delito debe tener un reconocimiento en la ley procesal por su dramático protagonismo en el hecho objeto del proceso…" .
Sentadas las bases normativas en las que reposa la cuestión, corresponde ahondarse ahora en lo relativo a los distintos derechos mencionados.
A esta altura de la discusión, resulta innegable que la víctima es sujeto titular de la garantía y del derecho a la debida defensa en juicio. Ello por cuanto una adecuada interpretación de este derecho es aquella que lo analiza desde una óptica bidimensional, es decir, aquella que establece que esta garantía asiste tanto a quien es traído al proceso en carácter de imputado como a aquel que se presenta ante el órgano jurisdiccional reclamando su intervención. De esta manera, dentro del proceso se le reconocerá a las partes “el ejercicio de sendos poderes realizadores: la acción (que encarna su forma activa) y la reacción (que materializa su dimensión pasiva)” . (conf. José De Cafferata, Cristina del Valle, “Teoría general de la defensa y connotaciones en el proceso penal” , (nota 12) , Tomo I, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1993, p. 247).
A su vez, señala Cafferata Nores que este derecho “importa, 'lato sensu', la posibilidad de cualquier persona de acceder a los tribunales de justicia para reclamar el reconocimiento de un derecho y demostrar el fundamento del reclamo, así como el argumentar y demostrar la falta total o parcial de fundamento de lo reclamado en su contra” (Cafferatta Nores, José I., “Proceso penal y derechos humanos” , Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 27).
Esta exégesis que no sin pocas dificultades y resistencias se extraía del texto del artículo 18 de la Constitución Nacional, con la jerarquización de los Tratados de Derechos Humanos ha quedado claramente confirmada. El artículo 25 de la aludida CADH establece en forma prístina que todo ciudadano tiene el derecho a presentarse ante el tribunal competente, a través de un recurso rápido y sencillo, cuando se vea afectado por un acto que lesione los derechos que le son reconocidos por la Constitución, los Tratados o las leyes internas.
En ese sentido, mediante una consulta que se formuló respecto de la materia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cuya opinión resulta de especial importancia para interpretar los preceptos convencionales -cfr. C.S.J.N., Fallos: 319:1840) ratificó la obligación del Estado de brindar la tutela judicial efectiva basándose en el artículo 1.1 de la Convención (Conf. Opinión Consultiva OC-9 del 6/10/87;). En igual línea de razonamiento, la citada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado reconociendo que el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito, en los sistemas que lo autorizan como el argentino, deviene un derecho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del proceso criminal (conf. CIDH, informe 28/92, casos 10.147 y otros -Argentina-, 2 de octubre de 1992 e informe 29/92 y otros -Uruguay- de la misma fecha).
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Fallo “Barrios Altos” del 14/3/01 estableció que el Estado debe garantizar a la víctima y a su familia el derecho a la Justicia, no limitándolo a la oportunidad de ejercer su acceso a la misma. En “Bulacio”, del 18/11/03, se estableció que las víctimas “podrán demandar la jurisdicción criminal y participar efectivamente del proceso”, lo que implica garantizar su derecho a acceder al mismo interviniendo como parte, sin restricciones como la que hoy se encuentra en trato.
En esa línea argumental, el mismo Tribunal internacional, en los pronunciamientos “Villagrán Morales” del 19/11/99 y “Durand Ugarte” del 16/8/00 estableció como derechos inalienables de las víctimas los de ser oídos y actuar en los procesos, circunstancia reafirmada en “Blake” del 24/01/98 en el que se precisa que los alcances de las previsiones de los arts. 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos conceden a los damnificados el derecho a seguir los procesos penales que los tienen por protagonistas.
Recogiendo la corriente apuntada, la Corte Suprema Nacional ha considerado que todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante; ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución (Fallos 268:266). No se observa, en efecto, cuál puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de su derecho -así fuere el de obtener la imposición de una pena- y el de quien se opone a tal pretensión, puesto que la Carta Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate (Fallos: 268:266; 299:17; entre otros).
Por tanto, creo que hoy en día se encuentra fuera de toda duda, que la Constitución o el “ sistema constitucional integrado ” compuesto por los distintos textos incorporados a la misma le brindan a aquella persona damnificada por un ilícito la debida protección judicial y el acceso a la justicia.
Esta evolución continúa hoy en día en expansión, al punto de que en la redacción del actual proyecto de reforma del digesto de rito se le conceden a la víctima y al particular damnificado, facultades impensadas poco tiempo atrás, como ser, llevar adelante la acusación aún en ausencia del Ministerio Fiscal.
En ello, vemos el crecimiento que del tema ha hecho la jurisprudencia nacional, la cual, a partir del fallo “Santillán” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 321:2021), rompió con el viejo axioma relativo a que el querellante poseía un rol “adhesivo” del Ministerio Fiscal, por lo que, si éste último no acusaba en el marco del juicio, el primero veía vedada su pretensión de fundar una condena basada en su exclusivo impulso acusatorio.
Lo antes invocado se vio complementado con el fallo “Storchi” de la Cámara del Crimen capitalina el cual perfeccionó lo dicho por Santillán, yendo más allá y abriendo la etapa de juicio con la sola acusación particular.
Con esto quiero señalar que se ha abierto camino en la consideración del derecho internacional e interno el rol de la víctima dentro del proceso penal, en especial, comprendiendo a la misma dentro del derecho a la “tutela judicial efectiva” consagrado por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 268:266; 299:17; entre otros, ya citados), la cual abarca el derecho de acceder a los Tribunales sin discriminación alguna y –en el caso- de seguir un proceso judicial.
Agrego que ello debe ocurrir siempre, sin otra limitación que las que impone la colisión con otro derecho de igual importancia que en alguna forma deba armonizar ambos sin que se menoscabe alguno de ellos.
Así las cosas, entiendo que resulta razonable imponer un límite temporal a la constitución de particular damnificado, más el mismo no necesariamente importa que sea el de la etapa prevista en el art. 336 del C.P.P., dado que no advierto afectación alguna en los derechos del imputado en que la misma ocurra con posterioridad a la etapa aludida, esto es, en la etapa de preparación del juicio como la que estamos transitando, como así tampoco se ve alterado en forma alguna el curso del proceso, dado que la provisión favorable de la presentación en despacho no importa retrogradación alguna en el mismo.
En efecto, dado que nos encontramos en plena preparación del juicio oral a celebrarse, no encuentro que se vulnere garantía o derecho alguno del imputado o su defensa, a la vista de que cuenta con tiempo suficiente como para preparar adecuadamente su estrategia defensista, no existiendo de este modo la sorpresa que puede deparar un gravamen para esa parte.
Considero que la interpretación de las normas debe fundarse en criterios en los que prime la salvaguarda de los distintos derechos consagrados en los diferentes ordenamientos legales, haciendo, como antes lo propiciara, una interpretación armónica de los mismos, coligiendo las soluciones que mejor se compadezcan con el plexo legal visto en su conjunto. Ello es lo que se impone no solamente de la función del Juez, sino que es producto de la manda contenida en el art. 57 de la Constitución Provincial, siendo lo que nos anima a acoger favorablemente la petición incoada.
Con ello quiero decir que estimo que no procede declarar la inconstitucionalidad del dispositivo en cuestión, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido una doctrina clara y constante en el sentido de que "la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con la sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable" (Fallos: 314:424; 319:178; 266:688; 248:73; 300:241), y de "incompatibilidad inconciliable" (Fallos: 322:842; y 322:919); y cuando no exista la posibilidad de otorgarle una interpretación que se compadezca con los principios y garantías de la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N.: Fallos 310:500, 310:1799, 315:1958, entre otros).
Todas estas razones apuntadas llevan a considerarla como “última ratio” del orden jurídico (Fallos 312:122; 312:1437; 314:407; y 316:2624), es decir, procedente "cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución" (Fallos: 316:2624).-
Por otro lado, en lo que se ciñe al tema de la interpretación de la ley, enarbolo aquella que se basa en la convicción de que un ordenamiento jurídico, dado que no es un catálogo abstracto de casos contemplados por el legislador, sino que es una estructura totalizadora de normas que expresan valores, debe armonizarse con la situación fáctica de cada tiempo histórico y que se sintetizan en forma brillante en la opinión de que "no hay lagunas del derecho porque hay jueces que interpretan las leyes" (confr. C.N.C.P., Sala II, causa nº 7, "Ávila, Blanca Noemí, s/recurso de casación e inconstitucionalidad", reg. Nº 18, rta.: el 2/7/1993, reg. Nº 18).
Además, y siguiendo la jurisprudencia que emana del más Alto Tribunal Nacional, es del caso señalar que "la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen y por ende, se reconoce como principio que las leyes han de interpretarse siempre evitando conferirles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que la concilie y deje a todas con valor y efecto" (Fallos: 300:1080; 315:727; 310:195 y 320:1090 y 1962, entre muchos otros). Así como también que "es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que se compadezcan con el resto del ordenamiento jurídico y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (Fallos: 310:937). En definitiva, "la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las
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