Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 93683
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de queja interpuesto (art. 433 segundo párrafo del C.P.P.).
II. Declarar admisible y PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO; anular del resolutorio de fecha 24 de julio de 2018 dictado en la causa 470/2014 del registro de la Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Bahía Blanca, por los motivos expuestos en el desarrollo de la tercera cuestión planteada; y REENVIAR los autos a la instancia de origen a fin de que el órgano a quo, debidamente integrado, dicte nueva resolución, previo dar cumplimiento con la obligación impuesta por el art. 60 de la Ley Nº 13.634. Sin costas en esta instancia.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., 3, 12 y concordantes de la C.I.D.N., 1, 3 y 60 Ley Nº 13.634, y 201, 202, 205, 421, 433, 448, 450, 454, 464, 530, 531 y concordantes del C.P.P.
C. 93.683
En la ciudad de La Plata a los 29 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, para resolver el presente recurso de casación interpuesto a favor de M. A. M. en la presente causa Nº 93.683 de trámite ante este Tribunal; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO – MANCINI .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de queja interpuesto por la Defensora Oficial, Dra. Milena M. Menichelli, contra el resolutorio de fecha 16 de octubre de 2018, dictado en la causa 470/2014 del registro de la Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que declaró inadmisible el recurso de casación impetrado contra el pronunciamiento de fecha 24 de julio de 2018 (de la misma Sala) que hizo lugar al recurso fiscal interpuesto, revocó la resolución de primera instancia y ordenó una nueva, remitiendo la causa a primera instancia a fin de que resuelva un nuevo juez hábil, siguiendo las pautas delineadas por esa resolución.
Cumplidos los trámites de rigor, y hallándose la causa en condiciones de ser resuelta, este Tribunal ha decidido plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es formalmente admisible el recurso de queja interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
La queja resulta formalmente admisible en los términos del art. 433 del C.P.P., toda vez que se encuentran reunidos los requisitos relativos al tiempo y a la forma de su interposición, lo que así se deberá declarar en la presente.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. En cuanto a la procedencia de la queja, la defensa planteó que el motivo de inadmisibilidad del recurso de casación presentado por los camaristas (esto es, que el pronunciamiento impugnado no constituía sentencia definitiva ni equiparable a tal) soslayó el importante dato de que, la remisión ordenada, conduciría necesariamente al dictado de una pena de prisión de efectivo cumplimiento, por la desaparición de la condicionalidad impuesta en el Fuero Penal Juvenil, existiendo un riesgo inminente para la libertad de M..
En tal contexto, planteó que la decisión recurrida en casación debía ser equiparada a una sentencia definitiva, máxime cuando el fallo a dictar sería revisado por el mismo Órgano Jurisdiccional que ya fijó su postura contraria a la Defensa.
A partir de esos postulados, objetó el pronunciamiento de inadmisibilidad emanado del a quo aduciendo que fue arbitrario y restrictivo, soslayando el tratamiento de las cuestiones federales involucradas, a saber: la garantía del debido proceso legal, el derecho de defensa en juicio, el sistema republicano de gobierno, el derecho del joven a ser oído por la autoridad judicial, la prohibición del non bis in idem, entre otros, conforme los arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., 15 C.P.B.A., 1, 5.5, 8.2, 8.5, 19 y 25 C.A.D.H., 14 P.I.D.C. y P., 3, 12 y 37 C.I.D.N., y 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28 y 29 de las Reglas de Beijing. Asimismo, adunó jurisprudencia que entendió aplicable al caso.
Por todo ello, solicitó se declare la procedencia de la queja haciendo reserva del caso federal.
II. A fojas 134 se notificó la Defensora Oficial Adjunta ante esta instancia, Dra. Susana Edith de Seta.
A fojas 136 obra el acta de la audiencia celebrada en esta sede conjuntamente con M. A. M. y la Dra. De La Seta.
III. Por su parte, a fojas 138/140 contestó la vista conferida el Fiscal Adjunto ante esta instancia, Dr. Jorge Armando Roldán, quien postuló se declaren formalmente admisibles la queja y el recurso de casación y sea rechazado el remedio casatorio, una vez analizada la cuestión de fondo.
IV. Corresponde hacer lugar a la queja pues, sin perjuicio de que la resolución atacada mediante recurso de casación -en principio- no integrase el catálogo de supuestos previstos por el art. 450 C.P.P., de todos modos, mediando cuestión federal suficiente a través de la denuncia circunstanciada y suficientemente planteada de violación (entre otros) al debido proceso y derecho a ser oído del joven, así también como de arbitrariedad, obliga a la apertura del recurso casatorio como tránsito obligado previo de los recursos extraordinarios que pudieren corresponder.
Así entonces, a la cuestión planteada, voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. En su recurso de casación la Defensa solicitó la nulidad del fallo por violación al derecho del joven a ser oído por la autoridad judicial (art. 12 C.I.D.N.) e inobservancia de los arts. 3 y 60 de la Ley Nº 13.634, todo ello en violación al derecho de la defensa material, conforme los arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., y arts. 3, 12, 37 y 40 C.I.D.N.-
Así entonces solicitó la casación y anulación del fallo impugnado.
II. Entiendo que el recurso de casación es procedente.
Efectivamente, al tomar contacto con los antecedentes del legajo, no surge que el a quo para decidir haya tomado, con carácter previo, contacto directo y personal con el joven, lo cual afecta el derecho constitucional -y supra nacional- a ser oído, y contraría su derecho a la defensa en juicio (art. 18 C.N.).
El art. 3 de la Ley Nº 13.634 prevé en lo pertinente que: “Los niños tienen derecho a ser oídos en cualquier etapa del proceso , a peticionar, a expresar sus opiniones y a que éstas se tengan en cuenta en las decisiones que afecten o hagan a sus derechos, considerando su desarrollo psicofísico...”. Paralelamente, y con vinculación al trámite recursivo en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el art. 60 de la mentada ley señala que: “Recibidos los autos y notificado el Agente Fiscal del Joven, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal deberá tomar contacto directo y personal con el niño, bajo pena de nulidad. Podrá asimismo oír a las partes para completar su información acerca de las circunstancias del caso” (el resaltado me pertenece).
Asimismo, y a los fines de ahondar en su debido significado y en la implicancia que tiene el “interés superior del niño” al momento de meritar cualquier decisión que afecte a un niño y así determinar la normativa aplicable al caso y la ponderación entre derechos fundamentales contrapuestos, la Ley Nº 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, establece en su art. 4 lo siguiente: “Se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad. Para determinar el interés superior del niño, en una situación concreta, se debe apreciar: a) La condición específica de los niños como sujetos de derecho. b) La opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico. c) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y sus deberes. d) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y las exigencias de una sociedad justa y democrática. En aplicación del principio del interés superior del niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros” (el resaltado me pertenece).
En consonancia con las normas precitadas, las cuales son resultado de la normativa internacional en la materia y que integran nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22), la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Ley Nº 23.849) establece -en lo pertinente- en su art. 3 lo siguiente: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño…” y en su art. 12 señala: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional” .
Se advierte pues, sin hesitación, que el “derecho a ser oído” de raigambre constitucional y cuya afectación se encuentra sancionada con la nulidad, excede el mero oír y exige del Juez la obligación de una escucha activa y empática, pues se ve atravesada por la necesidad del Juez de evaluar el interés superior del niño en cada decisión que lo afecte, y que en el Fuero Penal Juvenil adquiere, asimismo, una dimensión vital, dado el amplio margen de facultades que tiene el Juez para decidir, haciendo primar el principio rector de interés superior del niño, y que en modo alguno puede soslayar el contacto directo e inmediato con el joven afectado, que va a permitir advertir si en su caso concreto se constatan el cumplimiento de los fines del proceso que a él lo afectan (conf. Art. 33 Ley Nº 13.634).
Tal es la importancia y dimensión del “derecho a ser oído” referenciado “ut-supra” que el Comité de Derechos del Niño, intérprete de la Convención en tanto tiene a su cargo velar por aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño, recepcionar los informes de los Estados y brindar opiniones y recomendaciones (conf. arts. 42/45 C.I.D.N.), en el año 2009 dictó la Observación General Nº 12 “El Derecho del Niño a ser escuchado” que establece: “ El derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención. El Comité de los Derechos del Niño ("el Comité") ha señalado el artículo 12 como uno de los cuatro principios generales de la Convención, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y la consideración primordial del interés superior del niño, lo que pone de relieve que este artículo no solo establece un derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos” (El resaltado me pertenece. Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación General nº 12, “El derecho del niño a ser escuchado”, 20 de julio de 2009, CRC/C/GC/12, párr. 2).
A su vez, el Comité recalcó: “El párrafo 1 del artículo 12 dispone que los Estados partes " garantizarán " el derecho del niño de expresar su opinión libremente. "Garantizarán" es un término jurídico de especial firmeza, que no deja margen a la discreción de los Estados partes. Por consiguiente, los Estados partes tienen la obligación estricta de adoptar las medidas que convengan a fin de hacer respetar plenamente este derecho para todos los niños...” (Cfr. El Comité, Observación General nº 12 precitada, párr. 19).
Esta escucha se recomienda que sea directa (Observación General Nº 12 precitada, párr. 35) y como se venía de destacar, debe ser una escucha cualitativa y merituada por el Órgano encargado de la misma, que debe dar cuenta de su valoración (Cfr. El Comité, Observación General Nº 12 precitada, párr. 45).
En cuanto a los procesos penales, el Comité es categórico al señalar que “ En los procedimientos penales, el derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño debe ser respetado y observado escrupulosamente en todas las etapas del proceso de la justicia juvenil”, estableciendo que estas etapas alcanzan la etapa de sentencia y de ejecución de las medidas impuestas (Observación General Nº 12 precitada, párrs. 57 y 58).
En cuanto a la vinculación existente entre los arts. 3 y 12 de la C.I.D.N., el Comité destaca que: “No existe tensión entre los artículos 3 y 12, sino solamente complementariedad entre los dos principios generales: uno establece el objetivo de alcanzar el interés superior del niño y el otro ofrece la metodología para lograr el objetivo de escuchar al niño o a los niños. En realidad, no es posible una aplicación correcta del artículo 3 si no se respetan los componentes del artículo 12. Del mismo modo, el artículo 3 refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las decisiones que afecten a su vida” ((Cfr. El Comité, Observación General nº 12 precitada, párr. 74).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado in re “García Méndez” que los tribunales están obligados a atender como consideración primordial al interés superior del niño (Fallos: 331:2691, G. 147. XLIV, sent. 02/12/2008).
Conforme lo expuesto precedentemente, se vislumbra que el derecho del niño a ser oído, el cual debe ser garantizado en todo procedimiento judicial en que un niño se vea afectado -sea como víctima, testigo o imputado- y en cada una de las etapas de dicho proceso, y el cual debe leerse atravesado por el interés superior de ese niño y, en el caso, su derecho a la defensa material, impone al Órgano que a su respecto deba decidir la obligación de una escucha atenta y empática , pero por sobre todo, a una escucha activa y crítica, que no derive en un simple formulismo legal a cumplir, y deviene en el pilar fundamental que erige a ese niño en su calidad de sujeto, y como tal, resulta insoslayable.
No es menos importante destacar que es objetivo primordial de todo proceso penal juvenil que “...el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas...” (art. 33 Ley Nº 13.634), y en ese marco, escuchar lo que el niño -hoy adulto, pero sujeto a un proceso como “niño” que a la fecha le genera consecuencias y que sería deseable que en él haya hecho mella- tenga que decir, pues solo esta escucha permitiría constatar, como destaca su Defensa en el escrito recursivo “ ...poder expresarse y hacer conocer a los magistrados actuantes su estado personal actual, sus proyectos a futuro, sus reflexiones acerca de las situaciones en conflicto con la ley penal por las que ha atravesado, la manera en que estaría vivenciando el cumplimiento de la penalidad impuesta en autos...”.
En concordancia con lo expuesto, pondero asimismo que la naturaleza multipropósito de la audiencia, posibilitaba al a quo valorar el impacto que la cuestión jurídica a resolver tendría en la vida del joven, resultando en tal contexto lo resuelto por la Cámara ajeno por completo a las circunstancias que el caso concreto pudiera presentar.
Cabe resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (causa P. 119.841 sentencia del 01/04/2015) resolvió que la infracción procesal al art. 60 de la Ley N.º 13.634 configura una: “...transgresión del art. 12.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto establece que debe dársele oportunidad de ser escuchado ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Esta última expresión de la Convención remite a la regulación de derecho interno que, en el caso de la Provincia de Buenos Aires -y en lo que aquí interesa- reglamenta aquella disposición en el art. 60 de la ley 13.634 al establecer de manera imperativa el contacto directo y personal con la alzada, bajo pena de nulidad...” (Considerando 4). A lo que adunó que “ ...La necesidad del contacto con el joven ha sido motivo de pronunciamiento en diversas oportunidades, en relación a distintos litigios, entre los cuales pueden citarse los siguientes: Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrs. 99/102 y "Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile", sentencia de 24 de febrero de 2012, párrs. 196/208 -este último, en un proceso de tuición-; C.S., "Marteau" (sent. del 17/III/2009) y "Maldonado" (sent. del 7/XII/2005) -con el objeto de la determinación de la pena-; "P., G.M. y P., C.L." (sent. del 27/XI/2012) -en relación a modalidades alternativas de acogimiento, guarda, etc.” (Considerando 5) y, consecuentemente, consideró que solo quedaba un camino y este es el aquí propuesto, hacer lugar al reclamo deducido y anular la sentencia recurrida.
En razón de lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de queja, declarar admisible y procedente el recurso de casación interpuesto y declarar la nulidad del resolutorio de fecha 24 de julio de 2018 dictado en la causa 470/2014 del registro de la Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Bahía Blanca que revocó la resolución del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil nro. 2 del mismo Departamento Judicial, debiéndose remitir la causa a la citada Sala a fin de que, debidamente integrada, dicte nueva resolución, previo dar cumplimiento con la obligación impuesta por el art. 60 de la Ley Nº 13.634. Sin costas en esta instancia.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de queja interpuesto (art. 433 segundo párrafo del C.P.P.).
II. DECLARAR ADMISIBLE y PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO; ANULAR del resolutorio de fecha 24 de julio de 2018 dictado en la causa 470/2014 del registro de la Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Bahía Blanca, por los motivos expuestos en el desarrollo de la tercera cuestión planteada; y REENVIAR los autos a la instancia de origen a fin de que el órgano a quo, debidamente integrado, dicte nueva resolución, previo dar cumplimiento con la obligación impuesta por el art. 60 de la Ley Nº 13.634. Sin costas en esta instancia.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., 3, 12 y concordantes de la C.I.D.N., 1, 3 y 60 Ley Nº 13.634, y 201, 202, 205, 421, 433, 448, 450, 454, 464, 530, 531 y concordantes del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.Firmado Dra María Florencia Budiño, Jueza de la Sala II del Tribunal de
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