Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 92914
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar formalmente admisible el recurso de queja interpuesto (art. 433 segundo párrafo del C.P.P.).
II. Declarar procedente el recurso de queja en tanto, por los fundamentos brindados en la cuestión segunda, corresponde admitir el recurso de casación articulado ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata.
III. Rechazar por improcedente el recurso de casación articulado contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata que declara la nulidad de la renuncia al juicio por jurados de los imputados Pablo Daniel Galván y Jonathan Angel Rivero, que se hace extensiva a los actos procesales conexos y – en consecuencia- abstracta la excusación de los jueces del Tribunal en lo Criminal Nro. 3 en causa N° 5137 . Sin costas en esta instancia (arts. 106, 421, 433, 448, 450, 454, 464, 530, 531 y ccdtes del CPP).
C.92.914
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de febrero de dos mil diecinueve, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, para resolver en la causa Nº 92.914 caratulada “RIVERO JONATHAN ANGEL Y GALVAN PABLO S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 C.P.P.)” . Practicado el sorteo de ley, resultó en la votación que debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO - MANCINI .
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata con fecha 7 de junio de 2018, declaró -de oficio- la nulidad de la renuncia al juicio por jurados de los imputados Pablo Daniel Galván (causa 3286/2016) y Jonathan Ángel Rivero (Causa 2362/2017), que se hace extensiva a los actos procesales conexos, y – en consecuencia- abstracta la excusación de los jueces del Tribunal en lo Criminal Nro.3 en causa 5137 (arts. 1, 3, 15, 21 incs. 2 y 3, 22, 22 bis cuarto párr., 47 –a contrario-, 49, 201, 203, 206, 207 y concs., CPP; 24, 75 INC.12 Y 118, Const. Nac.)
Asimismo dispuso devolver al Tribunal en lo Criminal Nro.3 las causas Nro.2362/2017 y Nro.3286/2016 seguidas a Jonathan Ángel Rivero y Pablo Daniel Galván, respectivamente, por los hechos calificados como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (arts. 79, 41 bis y 42, CP) a fin de que se disponga la acumulación procesal, se repongan los actos procesales inválidos conforme a derecho, se comunique a la Secretaría de Gestión Administrativa y se notifique a las partes.
Contra este pronunciamiento la señora Defensora Oficial, doctora Cecilia Dolores Sicard, interpuso recurso de casación, cuyo rechazo por inadmisibilidad por parte de la Cámara de Apelación ha motivado la interposición de la presente en los términos del art. 433 del CPP.
Radicada la causa en esta sala, se notifica a la señora Defensora Oficial Adjunta ante este Tribunal, doctora Ana Julia Biasotti, quien mantiene en todos sus términos el recurso de queja interpuesto por la señora Defensora Oficial, doctora Cecilia Dolores Sicard, solicitando que se haga lugar a la queja y al recurso de casación deducido oportunamente.
En su oportunidad, la señora Fiscal Adjunta ante este Tribunal, doctora Alejandra Marcela Moretti, expresa que considera que la queja intentada debe ser declarada formalmente admisible y ha sido presentada para someter al control de ese Superior Tribunal un pronunciamiento que imposibilita el acceso a esta instancia extraordinaria.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es formalmente admisible el recurso de queja interpuesto?
Segunda: ¿Es procedente?
Caso afirmativo :
Tercera : ¿Es procedente el recurso de casación?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
La queja resulta formalmente admisible en los términos del art. 433 del CPP, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos relativos al tiempo y a la forma de su interposición, lo que así se deberá declarar en la presente.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. La señora Defensora Oficial, doctora Cecilia Sicard, relata que ante el Tribunal en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial La Plata tramitan la causa 4952 (3286/2016), seguida a Galván Pablo y la causa 5137 (2362/2017), seguida a Jonathan Rivero. En ambas causas, iniciadas bajo la IPP 06-02-181-16, se ventila idéntico hecho, imputándose a los nombrados, la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado en grado de tentativa.
Da cuenta que en primer lugar se efectiviza la detención de Galván ya que respecto a Rivero se insertó orden de captura, razón por la cual la causa fue desdoblada, elevándose a juicio la causa sólo por el primero, oportunidad en la que previo asesoramiento, Galván que al momento de la requisitoria de elevación a juicio había optado por ser juzgado por jurados, renunció a ello, manifestando desear ser juzgado por jueces técnicos. En concordancia con ello, el Tribunal proveyó la prueba y designó fecha de debate para los días 6, 7, 8 de marzo de 2019.
Posteriormente Jonathan Rivero, fue detenido y habiéndose elevado a juicio las actuaciones seguidas en su contra, las mismas fueron registradas en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 bajo el número 5137. En esa oportunidad Rivero optó por el juicio por jurados y el Tribunal resolvió remitir las actuaciones a la alzada para desinsacular un juez para intervenir como juez técnico, ya que los magistrados de ese tribunal se encontraban afectados al trámite de la causa seguida a Galván en la que ya se encontraba fijada la fecha de debate.
Se presenta cuestionando la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata y entiende que lo resuelto causa un gravamen irreparable, ante la resolución denegatoria del órgano de juicio en cuanto se adopte en autos el procedimiento de juicio por jurados, se realizaría la audiencia debate por el procedimiento ordinario, para recién luego de ella en caso de dictarse sentencia condenatoria, poder agraviarse el imputado de dicha resolución, se configura un gravamen de dificultosa reparación ulterior.
Expresa que en el recurso de casación declarado inadmisible se había reclamado la inobservancia de normas constitucionales, afectándose con ello derechos constitucionales que exigen tutela inmediata (arts. 1, 3, 106 del CPP, arts. 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 8.2 CADH). Así las motivaciones invocadas constituyen cuestión federal con lo cual, la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto impide acceder por vía del recurso de casación al máximo tribunal, a los fines de fundar su postura cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otro lado agrega que la interpretación del último párrafo del art. 450 del CPP, ha resultado en perjuicio del imputado, cuando de la letra de la norma en cuestión nada dice acerca del abastecimiento del doble conforme, lo que implica la inobservancia de los arts. 1 y 3 del CPP, al no poder interpretarse el art. 450 del CPP en forma restrictiva, a los fines de denegar un derecho atribuido al imputado.
Sostiene que el rechazo de la queja realizada en autos por la defensa oficial, muestra apego a un excesivo rigorismo formal incompatible con la doctrina de la CSJN y la SCBA en punto al análisis de los requisitos formales del recurso, denuncia que se ha producido un cercenamiento indebido al derecho del recurrente a obtener la revisión judicial de la sentencia adversa, lo cual descalifica el fallo de la Alzada como acto jurisdiccional válido, conforme la doctrina sobre arbitrariedad de la sentencia, constituyendo una cuestión federal.
Por último, realiza reserva de caso federal y peticiona ante esta instancia que se haga lugar a la queja y posterior declaración de admisibilidad el recurso de casación denegado.
II. En cuanto a la admisibilidad del recurso de casación, teniendo en cuenta que la sentencia objeto de recurso fue dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en forma originaria, debe entonces admitirse el presente recurso de casación a fin de garantizar el derecho al recurso del imputado consagrado en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, informe n° 55/97, caso 11.137, considerando n° 262), de conformidad con la nueva redacción del art. 450 del CPP. (arts. 421, 448 inc. 1º, 451, 454, 464 y ccdtes. del CPP).
Voto por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. Se agravia la defensa contra la resolución de la Alzada que declaró –de oficio- la nulidad de la renuncia al juicio por jurados efectuada por Rivero y posteriormente por Galván, por considerar que la decisión adoptada resulta arbitraria, ya que olvida que el art. 22 bis del CPP, vino a reglamentar en la provincia de Buenos Aires el derecho del imputado de ser juzgado por jurados (art. 118 de la Constitución Nacional), derecho que como tal puede ser perfectamente renunciado, siendo ello de una decisión estratégica de la defensa que dependerá de diversas variables del caso.
Así argumenta que la sanción de nulidad con la cual la renuncia extemporánea es conminada, exige en cada caso, la verificación del perjuicio concreto que la renuncia, fuera de la oportunidad prevista por la normativa, irroga al imputado y, en última instancia si se quiere a la administración de justicia. Entiende que no corresponde la declaración de nulidad por la nulidad misma (arts. 201, 203 y 205 del CPP), error en el que ha incurrido la Alzada, al desnaturalizar la garantía para convertirla en un mecanismo de política criminal para algunos juzgamientos.
Explica que el ejercicio tardío del derecho por los imputados, no sólo no implicó un inútil dispendio de recursos y actividad jurisdiccional -en detrimento de una eficaz administración de justicia- sino que tampoco generó perjuicio alguno a los restantes intervinientes del proceso, por el contrario es la declaración de oficio efectuada por la Cámara la que ha generado un perjuicio concreto a los imputados, como ser su derecho a elegir la forma en la que desean ser juzgados y prolongar su situación procesal hasta tanto haya disponibilidad suficiente en la agenda del Tribunal para efectuar el debate a través de ese procedimiento.
II. No puedo acompañar los planteos de la defensa.
En primer lugar, considero que es acertada la decisión cuestionada en tanto los Magistrados tuvieron en consideración que el art. 22 bis del Código Procesal Penal establece que: “…Una vez firme la requisitoria de elevación a juicio no podrá renunciarse al juicio por jurados, bajo pena de nulidad…” .
Ello así pues las objeciones que realiza la defensa respecto de la manda en cuestión, relativas a la sanción que contiene en caso de no cumplir con el plazo establecido para efectuar la renuncia, no resultan aptas ni suficientes para demostrar que la decisión adoptada se muestre contraria al buen orden del proceso o conculque garantía constitucional.
En ese orden los camaristas explicaron que: “Es claro que no hay lugar para una renuncia al procedimiento por jurado en la etapa de juicio (CO25904/1, “Aquino”, Reg. N°893 de fecha 10-11-2017). Tal es así, que no podemos resolver en autos, sin referencias a la causa 3286/2016 donde, en contra de la expresa letra de la ley y –en lo que aquí- interesa del derecho constitucional del causado a un juicio justo e imparcial ante sus pares (arts. 24, 75. Inc.12 y 118, Const. Nac.), fue convalidada la extemporánea renuncia al juicio por jurados (fs. 443). Y lo mismo se aplicó en causa 2362/2017 respecto del coimputado Rivero (fs. 538/540). De ahí que, la invalidez de la renuncia al enjuiciamiento por jurados –y de los actos procesales conexos-, exime a este tribunal del examen de procedencia de la excusación (arts. 1, 3, 22 bis cuarto párrf., 203 y concs., CPP; 24, 75 inc. 12 y 118, Const. Nac.)”.
Por ello considero que el señalamiento efectuado por la defensa ante la declaración de nulidad, no obstante, lo sostenido por este Tribunal -en otras oportunidades- de la necesidad de que el recurrente demuestre con sus agravios el prejuicio concreto que tal decisión le acarrea, no ha logrado revelar la incorreción de la decisión de la Alzada, ni demostrar la vulneración de derecho constitucional alguno o porque la misma se presenta contraria a lo estipulado por el art. 201 y cctes. del CPP.
Asimismo, no debe pasarse por alto que, la sanción conminada en la norma cuestionada, es a los fines de resguardar la garantía de “Juez Natural” conforme se desprende de nuestro ordenamiento constitucional y en concordancia con el articulado del Código Procesal (arts. 24, 75. Inc.12 y 118, CN; arts. 1, 22 bis CPP), garantía que la Alzada -con su decisión- logra hacer prevalecer.
En tal sentido, comparto lo dicho por el doctor Mancini en causa Nro. 88.399 caratulada “Giammatolo Lucía Anahi s/ Recurso de Queja” : “…Al respecto diré que la resolución atacada se encuentra fundada en el texto expreso de la ley, en tanto el art. 22 bis del C.P.P. prevé que la renuncia al procedimiento de juicio por jurados sólo puede hacerse en el plazo previsto en el art. 336 del C.P.P. Es más, una vez cumplido ese plazo, y encontrándose firme la requisitoria de elevación a juicio –como ocurre en el presente caso-, la misma norma prevé que dicha renuncia no es viable “bajo pena de nulidad”. Es decir que la decisión cuestionada no puede interpretarse como únicamente fundada en un rigorismo formal excesivo puesto que, contrariamente a lo que parecen interpretar las partes, no se trata de que el imputado tenga el derecho de optar por una u otra modalidad de juzgamiento a su libre y absoluta voluntad, sino que hay una modalidad que es la legalmente consagrada para el juzgamiento de este tipo de delitos –juicio por jurados-, que por tanto es la que determina “el juez natural” del caso, y sólo se admite una oportunidad para que el imputado renuncie a ese procedimiento” .
Por otra parte, debe indicarse que, en el caso de entender que la parte pudiera con su presentación realizar un planteo de constitucionalidad de la norma, las críticas efectuadas no alcanzan para tachar de inconstitucionalidad el artículo del código ritual que sanciona con la nulidad la renuncia del enjuiciamiento por jurados una vez firme la requisitoria de elevación a juicio.
En efecto, la interpretación de las leyes debe fundarse en criterios en los que prime la salvaguarda de los distintos derechos consagrados en los diferentes ordenamientos legales, haciendo una que sea armónica de los mismos, coligiendo las soluciones que mejor se compadezcan con el plexo legal visto en su conjunto. Ello es lo que se impone no solamente de la función del Juez sino que es producto de la manda contenida en el art. 57 de la Constitución Provincial.
Con ello quiero decir que estimo que no procede declarar la inconstitucionalidad de una ley, siendo tal declaración de un remedio extremo en un Estado Constitucional de Derecho, en consonancia con la doctrina clara y constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha establecido que "la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con la sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable" (Fallos: 314:424; 319:178; 266:688; 248:73; 300:241), y de "incompatibilidad inconciliable" (Fallos: 322:842; y 322:919); y cuando no exista la posibilidad de otorgarle una interpretación que se compadezca con los principios y garantías de la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N.: Fallos 310:500, 310:1799, 315:1958, entre otros).
Todas estas razones apuntadas llevan a considerarla como “última ratio” del orden jurídico (Fallos 312:122; 312:1437; 314:407; y 316:2624), es decir, procedente "cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución" (Fallos: 316:2624).-
Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo rechazar el recurso de casación deducido, por los argumentos brindados en los párrafos que anteceden. Sin costas (arts. 106, 421, 433, 450, 451, 454, 464, 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Mancini, dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala II del Tribunal de Casación Penal
I. DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE el recurso de queja interpuesto (art. 433 segundo párrafo del C.P.P.).
II. DECLARAR PROCEDENTE el recurso de queja en tanto, por los fundamentos brindados en la cuestión segunda, corresponde admitir el recurso de casación articulado ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata.
III. RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de casación articulado contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata que declara la nulidad de la renuncia al juicio por jurados de los imputados Pablo Daniel Galván y Jonathan Angel Rivero, que se hace extensiva a los actos procesales conexos y – en consecuencia- abstracta la excusación de los jueces del Tribunal en lo Criminal Nro. 3 en causa N° 5137 . Sin costas en esta instancia (arts. 106, 421, 433, 448, 450, 454, 464, 530, 531 y ccdtes del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.Firmado Dra María Florencia Budiño, Jueza de la Sala II del Tribunal de Casación Penal, Dr. Fernando Luis María Mancini, Juez de la sala II del Tribunal de Casación Penal. Ante mí: Gonzalo Rafael Santillan Iturres Secretario de la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de la sentencia