Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 97036
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la queja traída por la defensa oficial, sin costas.
II. Rechazar el recurso de casación deducido, con costas.
Rigen los artículos 8.2h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 106, 433, 450, 464, 500, 530 y 531 del C.P.P.
REG: 53
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 13 días del mes de febrero de dos mil veinte se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, integrada al efecto por los doctores Daniel Carral, Ricardo Borinsky y Carlos Angel Natiello (art. 451 CPP), para resolver en la presente causa N° 97036 caratulada “GONZALEZ PAULO ALBERTO S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)”. Practicado el sorteo de ley, resultó en la votación que debía observarse el siguiente orden: CARRAL – BORINSKY - NATIELLO.
I. La Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata -en causa Nº 18092 de su registro interno-, el día 2 de noviembre de 2018, confirmó el auto dictado por el Tribunal en lo Criminal N°2 departamental, en cuanto aprobó el cómputo de pena practicado respecto de Paulo Alberto González (v. fs. 10/ 13 del presente legajo).
II. Contra dicha resolución interpuso recurso de casación la defensa oficial, cuya denegatoria motivó la presente queja.
La parte invoca la doctrina de arbitrariedad de sentencias alegando –en lo esencial- que el a quo, al aprobar el cómputo de pena respecto de su asistido, incurrió en inobservancia de lo normado por el art. 7 de la ley 24390 –vigente al momento del hecho- por cuanto el mismo disponía computar por un día de prisión preventiva, dos de prisión o uno de reclusión.
En esa dirección, sostiene que dicho lapso debe ser considerado cumplimiento de pena y entonces incluirse en el cómputo, por lo que solicita, en consecuencia, se revoque el auto cuestionado.
II. Adjudicado por prevención el recurso a la Sala V, la Presidencia del Tribunal notificó a las partes técnicas (fs. 39/vta. cit.) y se radicó el legajo en la Sala.
Encontrándose la causa en estado para ser resuelta, se dispuso plantear y resolver las siguientes
Primera : ¿Es admisible la queja traída por la defensa oficial? y en su caso ¿es procedente el recurso de casación interpuesto en favor de Paulo Alberto González?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral dijo:
I. Conforme lo establece el artículo 433 del ritual -según ley 13.943- corresponde al “a quo” determinar si el recurso de casación fue interpuesto en tiempo, si quien lo hizo tenía derecho a hacerlo, si se observaron las formas prescriptas y si la resolución era recurrible.
Ahora bien, sin perjuicio de ello, por imperio en lo normado en los arts. 433, 450 y 451 del Código de rito, corresponde a este Tribunal examinar si aquélla evaluación se llevó a cabo de forma correcta pues, de lo contrario, existe el derecho a la revisión.
II. Aprecio de la compulsa de los argumentos desarrollados en el recurso en trato, que los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata concluyeron, con atinado criterio, que debía rechazarse la observación al cómputo efectuado por la defensa, en virtud de no corresponder en el presente caso la aplicación del cómputo privilegiado previsto en el artículo 7mo. de la ley 24390.
La postura de los Camaristas sostiene que la aplicación del supuesto previsto en la norma contenida en el inciso séptimo de la ley 24390, queda reducido a los casos en los que el procesado se encontraba preventivamente privado de libertad durante el período de vigencia de dicha regulación. La sanción de la ley 27362 viene a ratificar ese criterio.
Por mi parte estimo que, para una correcta exégesis de la controvertida ley, es conveniente recordar que la norma contiene solo tres artículos de prescripciones y un cuarto de forma.
El primero de esos artículos se encuentra acotado a "categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional"; por lo que resulta entonces ajeno a esta discusión.
La regla del artículo segundo dispone: "El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 -derogado por ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley".
El primer aspecto que debe repararse es que tratándose de una ley que puede ser categorizada como interpretativa o de "interpretación auténtica aplicable a las causas aun en trámite" , según así se ha legislado en el art. 3ero., se está remitiendo a una norma ya derogada como lo es -en lo pertinente- el art. 7mo. de la ley 24390, que fuera modificada por la ley 25.430.
Entonces, la cuestión pasa por discernir si los presupuestos que previera el art. 7mo. de la ley 24390, como "condición empírica" para su aplicación, estaban presentes al momento en que se da la condición que la torna operativa, o en su caso, para ese momento se encontraba ya derogada.
Coincido con el lúcido análisis que se efectúa desde la calificada doctrina. En efecto, Pérez Barberá ha sostenido: "... la ley 24.390 no prevé en abstracto, como presupuesto fáctico para su aplicación, la comisión de un delito (que es lo que sí hace un tipo penal), sino el hecho de que su destinatario esté o haya estado sometido a un régimen de prisión preventiva por más de dos años. Y lo cierto es que en esos supuestos como los aquí analizados ese hecho comenzó después de la derogación de la ley 24.390 y de su reemplazo por una ley más severa" (Cfr. "Sobre la inaplicabilidad del principio de la ley más benigna en el caso "Muiña" de la CSJN, en LETRA: Derecho Penal, Año IV, número 6, pp. 320-326).
En el caso que nos ocupa, como en anteriores respecto de los cuales me he expedido, el hecho previsto como "condición empírica" vale decir: un encierro cautelar que perdura en el tiempo más allá de los dos años, no se configuró durante la vigencia del abono previsto en el art. 7mo. de la ley 24.390.
Finalmente, señala Pérez Barberá, que el razonamiento seguido no contradice lo reglado por el art. 3ero. del C. Penal. Así expresa lo siguiente :"...está claro que esa "ley" más favorable podrá ser tenida en cuenta a los efectos de ese art. 3 si y solo si es aplicable al caso de que se trate, lo que aquí significa: si está vigente al momento en que se produce el hecho previsto por esa ley como condición empírica de su aplicación. Como se trata de una ley que establece un cómputo para la prisión preventiva, ese hecho es una prisión preventiva. Y si ese hecho no ocurre mientras está vigente esa ley, entonces no le es aplicable" (ob. cit. pag. 325).
Como corolario de lo hasta aquí expuesto y considerando que González permaneció detenido recién a partir del día 20 de noviembre de 2011 (v. fs. 11), la situación del penado no se encuentra abarcada dentro de las previsiones aplicables por el art. 7mo. de la ley 24390, derogado por imperio de la ley 25430 (promulgada el 20 de Mayo de 2001).
En conclusión, el agravio no progresa, siendo que lo resuelto por las instancias previas no incurre en una errónea o inobservancia aplicación de los preceptos legales, por lo que a esta primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA . ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Disiento con lo sufragado por el doctor Carral en el voto que abre el Acuerdo y considero que la decisión de la Cámara no es acertada, por lo que voy a las razones.
Tengo dicho al respecto que no puede dejarse de lado la regla general que declara aplicable la ley vigente al momento del hecho, excepto que se dicte una posterior más benigna, ello en consonancia con los argumentos de los artículos 2 y 3 del Código Penal, que no es el caso.
Por ello, corresponde casar la decisión impugnada y devolver jurisdicción a la Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme lo aquí considerado (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Código Penal; 433, 450, 451, 461, 465, 500, 530 y 531 del ritual). ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Natiello dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral, y a esta cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: DECLARAR ADMISIBLE la queja traída por la defensa oficial, sin costas, y RECHAZAR el recurso de casación deducido, con costas (arts. 8.2h de la CADH: 14.5 del PIDCyP; 106, 433, 450, 464, 500, 530 y 531 del C.P.P.). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Borinsky dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Natiello dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. ASÍ LO VOTO.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
I. DECLARAR ADMISIBLE la queja traída por la defensa oficial, sin costas.
II. RECHAZAR el recurso de casación deducido, con costas.
Rigen los artículos 8.2h de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 106, 433, 450, 464, 500, 530 y 531 del C.P.P.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
FIRMADO: DANIEL CARRAL - RICARDO BORINSKY - CARLOS NATIELLO. JUECES. ANTE MÍ: MARÍA ESPADA. SECRETARIO
Fin de la sentencia