Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 103389
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso articulado por la defensa, sin costas.
II. Casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Junín, y reenviar la causa a la instancia para que , bajo los lineamientos aquí sentados, se celebre nueva audiencia en los términos del art. 404 del CPP.
Rigen los arts. 76 bis CP; 20 inc. 1, 106, 210, 433, 450, 454 inc. 4, 530 y 531 CPP.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 103389 caratulada “SEGOVIA IRMA ALICIA S/ RECURSO DE QUEJA (ART 433 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA-CARRAL .
El 30 de abril del año 2020, la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Junín confirmó la decisión del titular del Juzgado Correccional N°3, en la que no hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitada en favor de Irma Alicia Segovia.
El Defensor Particular de Segovia, Dr. Gustavo Omar Lugli, interpuso el recurso de casación que luce a fs. 22/26 y que, tras ser rechazado (fs. 28), motivó la presentación de la queja que obra a fs.29/30vta.
La causa ingresó a la sala el 16/07/2020, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Sostiene el Defensor Particular que la resolución impugnada es equiparable a sentencia definitiva ya que produce un agravio irreparable a su asistida y se corresponde con lo tratado en el plenario firmado por el Tribunal de Casación, causa N° 52.274- 52.462 “B.L.E y otro s/ Recurso de Queja (art. 433 CPP)". En relación a la cuestión de fondo, resalta que deben tenerse en cuenta las circunstancias del caso y la conducta asumida por su defendida en el ilícito, que se trata de un accidente en una boca calle con ambos vehículos casi detenidos, siendo que ambos interpretaron que se cedieron el paso, lo cual se ve acreditado por la existencia de una cuneta sobre calle Mayor Lopez a la altura de Sampayo, en la cual el auto debe prácticamente detenerse para poder sobrepasarla. Expresa que de la pericia accidentológica se evidencian dichas manifestaciones, al describir los daños, la escasa magnitud de los mismos, la falta de indicios en cuanto a huellas de frenado, bloqueo o derrape, para determinar la velocidad de ambos vehículos, la ubicación del rodado conducido por su asistida, todo lo cual hace presumir que no se trato de un obrar imprudente. Señala que Segovia conducía con carnet habilitante para cuya obtención ha debido rendir los exámenes de rigor que hacen suponer su pericia para tal efecto. Indica que le resulta dificultoso realizar una crítica a la sentencia atacada, ya que los argumentos expuestos por los magistrados que votaron en mayoría, resultan concordantes con los expuestos por el que voto en disidencia, siendo coincidentes cada uno en que el instituto de la suspensión de juicio a prueba debería ser aplicado aun cuando tuviere como pena la de inhabilitación, sea única, conjunta o alternativa. Entiende que para fundamentar dicha decisión, los jueces se apegaron como único y excluyente argumento a la doctrina del Superior Tribunal Provincial, la cual estimaron no poder apartarse por resultar un deber moral seguir su criterio, pese a su opinión en contrario cuando en el caso se trata de “un desafortunado accidente de transito acaecido en la vía pública que cualquiera puede tener la desdicha de que le ocurra sin mayores consecuencias materiales ni pérdida de la vida humana”. Solicita que se evalúe la aplicación de la suspensión de juicio a prueba. Hace reserva del caso federal.
Sin perjuicio de que, conforme lo dispuesto en el art. 433 CPP, corresponde a la Cámara de Apelación y Garantías evaluar si la resolución era recurrible, junto a los demás requisitos que la norma prevé, a esta altura, se impone examinar lo resuelto por el A Quo a fs. 28/vta.
La resolución impugnada, que confirma la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, no se trata de ninguna de las previstas en el art. 450 del CPP, apartándome así de lo que sostuviera en anteriores oportunidades.
Ello así pues se encuentra satisfecho el derecho al recurso del imputado, como garantía procesal (arts. 14.5, PICDP; 8.2h, CADH), la que se ha extendido -vía interpretativa y más allá del texto expreso de los Pactos- a los "autos importantes del procesos", por lo que carecería de sustento pretender que existan mas posibilidades recursivas que las establecidas para la sentencia de condena.
Sin perjuicio de ello, debe examinarse si concurre en el caso alguna cuestión federal suficiente, o un supuesto de gravedad institucional que obligue atender los motivos de agravio planteados a fin de facilitar el tránsito de la causa hacia su tribunal superior (v. Sala I TCPBA, c. 78.575 "Jaller Maximiliano Alberto s/ Recurso de Casación". rta. 15/9/2016, reg. 718/16, e/o.).
En el caso, aun cuando se encuentra satisfecha la garantía constitucional en el proceso del recurso, el Tribunal de Casación constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogadas en instancias anteriores cuando los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal (fallos: 327:426, 1688 y 329:4058).
En este sentido, la Casación debe establecer si existe gravedad institucional, o cuestión federal que habrá de ser examinada en la instancia extraordinaria, a tenor de los requisitos previstos en el art. 14 de la Ley 48, en cuyo caso deberá atender los motivos de agravio del recurso a fin de posibilitar su tránsito hacia el superior tribunal de la causa.
Por eso, atendiendo únicamente las omisiones que pueden obedecer a la instancia por la que se encuentra transitando el proceso, deben tenerse en consideración los diversos requisitos que, conforme han sido desarrollado por la Corte, hacen a la admisibilidad formal de este remedio y que han sido sistematizados en la Acordada 4 del 2007, a la que me remito en honor a la brevedad.
En el caso, aun cuando se encuentra satisfecha la garantía procesal del recurso, el Tribunal de Casación constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, cuando los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal (Fallos: 327:423, 1688 y 329:4058) por la afectación de garantías constitucionales.
La materia involucra una cuestión federal cuyo planteo es útil para demostrar la infracción alegada, pues se advierte un apartamiento de la solución legal prevista para el caso, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que constituye una causal definida de arbitrariedad (art. 14 ley 48).
Con ello, concurren cuestiones excepcionales que autorizan la intervención de esta instancia (TCPBA, Sala I, c. 80.819, rta. 14 de febrero 2017, reg. 144/17, entre otros).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Maidana. Voto por la afirmativa
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
El instituto de la suspensión de juicio a prueba fue introducido en el Código Penal en el año 1994 por la reforma de la Ley 24.316, consagrando una considerable excepción al principio de legalidad procesal que determina que, ante la noticia de un hecho punible, los órganos del Estado deben promover la persecución penal, como regla general, sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en la legislación procesal (art. 71 del CP, texto según Ley N° 27.147 B.O. 18/06/2015).
Con independencia de la necesidad que, de hecho, originó la aplicación de criterios de oportunidad, a partir de la insuficiencia de los recursos humanos y materiales del aparato estatal para procesar todos los casos penales que acontecen en su seno y que la selección resultante de la colisión de intereses según factores de poder y desigualdades reales, termina en una ponderación que no siempre es compatible con los valores jurídicos y sociales declamados por el discurso político, el excepcional principio de oportunidad solo es admitido cuando existe una expresa autorización legal.
Se impone conducir la selección indicada según criterios transparentes de racionalidad e igualdad, compatibles con las metas que procura el Estado social y democrático de derecho, cuyos objetivos básicos son descriminalizar hechos punibles, en un intento por evitar la aplicación del poder penal allí donde sea innecesario u otras formas de reacción pueden alcanzar mejores resultados, y emplear eficazmente el sistema penal en los supuestos donde su actuación, como método de control social, resulte indispensable, en procura del descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada (cf. Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal, t I. Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 837).
El instituto de la suspensión de juicio a prueba se relaciona al movimiento de simplificación procesal y de alternativas al encierro carcelario tradicional fundado en planteamientos, entre otros, de carácter reformista que proponen la sustitución limitada de la prisión como una línea de avance en la exigencia de una mínima intervención estatal. Y, además de ello, el cometido del derecho penal de protección subsidiaria de bienes jurídicos, que se desprende del principio constitucional de proporcionalidad, exige la aplicación de institutos que no constituyan una intromisión estatal en la libertad –como la pena- en los casos que puedan tener éxito suficiente (cf. Roxin Claus, Derecho Penal. Parte General , t. I, Ed Civitas, 1997, p. 51).
Sabido es que tradicionalmente la reacción punitiva del Estado se ejerce mediante un sistema de doble vía. Es decir que la infracción a un precepto jurídico-penal, sea éste de mandato o prohibición, no se define por su inclusión normativa dentro de la regulación penal, sino en que su inobservancia deriva en la conminación de una sanción, cuyo punto de referencia común es la imposición de una pena o medida de seguridad (Roxin, ob. cit., p. 41)
La crisis contemporánea del sistema penal revierte el corte dualista de la respuesta punitiva, impulsando un punto de escape diferencial mediante la aplicación de nuevas formas alternativas para la solución pacífica de los conflictos sociales con desvalor penal, en aras de minimizar los efectos y sufrimientos que importa el sometimiento a un proceso, instar una justicia restaurativa a través de la reparación del daño a la víctima y relegar de algún modo la aplicación de una sanción punitiva cuya funcionalidad tampoco está exenta de crítica.
Dentro de esta última corriente es que surge como especie de un género mayor, el instituto de la suspensión de juicio a prueba, criterio de oportunidad reglado en que el imputado es sometido a instrucciones consistentes en formas de comportamiento impuesto que restringen su libertad personal y que provoca materialmente una cierta ejecución de medidas sin condena (cfr. Maier, ob.cit. , t. II, p. 158).
Se busca, por medio de un modo alternativo, minimizar la reacción penal frente al individuo en casos que no importan una gravedad tal que justifique el despliegue de los mecanismos ordinarios de persecución penal hasta culminar en una condena, amortiguar los costos del proceso y descongestionar a los órganos judiciales.
Los fundamentos expuestos no deben quedar al margen sino que complementan la adecuada y efectiva interpretación extensiva que corresponde hacer del alcance legal del instituto, a efectos de aplicar la solución comprendida por la norma del art. 76 bis del C.P., al mayor grupo de casos posibles, pero todos ellos, comprendidos en el conjunto de casos definidos por la regla (Bovino, Alberto, La suspensión de juicio a prueba en el Código Penal Argentino , Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. 68), ahora supletorios, a falta de regulación total o parcial, de los previstos por la ley procesal (art. 76 CP, según Ley N° 27.147, BO 18/06/2015).
Sobre la base de estas consideraciones que exigen un criterio de interpretación extensiva respecto de los casos que aglutina el instituto y conforme los fundamentos que sopesaron la inserción en la legislación de fondo, adelanto que el planteo del recurrente resulta atendible.
Surge de autos que la Cámara tuvo en cuenta el dictamen fiscal que se opuso al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba y lo consideró motivado.
La oposición exclusivamente se sustentó en las condiciones objetivas de procedencia que prevé el art. 76 bis del CP, que establece que no procederá el beneficio respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.
Con ello, los Jueces de Cámara entendieron que la oposición fiscal, que tiene como único fundamento que el delito atribuído a Irma Alicia Segovia se encuentra conminado con la pena conjunta de inhabilitación, se ajusta a la doctrina legal del máximo tribunal provincial y no puede ser válidamente desatendido.
En tal sentido, corresponde aclarar que, si bien la anuencia del Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal, resulta exigible e ineludible, mas aún cuando se trata de un instituto vinculado a un criterio de oportunidad reglado, se impone examinar si en el particular el A Quo efectuó el debido control de la legalidad y logicidad respecto de aquella oposición fiscal.
En efecto, la doctrina sentada por el pleno de este Tribunal (v. TCPBA, “B. L. E s/ recurso de queja (Art. 433 CPP)”, rta. 9 de septiembre de 2013) sostuvo expresamente que la anuencia del fiscal es necesaria en todos los supuestos contemplados en la norma citada, sin perjuicio de que no está exenta del control de legalidad y razonabilidad propio de los actos de una república (arts. 1 y 33 CN), en tanto exige la necesaria razón jurídica que la justifique y no torne la actuación en arbitraria (TPCBA, Sala VI, c. 55.680, “R., R. D. s/Recurso de queja (art 433 del CPP”, rta. 25 de mayo de 2013).
La decisión de la Cámara de Apelación y Garantías no se ajusta a las pautas indicadas.
En la resolución cuestionada sólo se consigna la pena de inhabilitación prevista para el delito, sin explicitar cuál es el hecho objeto del proceso ni las circunstancias específicas que lo rodearon, de modo que pueda conocerse el grado de su disvalor como el alcance del fundamento del interés estatal en su prosecución.
Sin perjuicio de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en la causa "Peña de De vicente Claudia s/particular damnificado, recurso extraordinario de inaplibilidad de ley y de nulidad", P. 125.430 del 7/9/2016; con posterioridad, el 28 de junio del año 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en los autos "Tortoriello de Boero, Mónica Alejandra s/contrabando artículo 863 -Código Aduanero" (CSJ -3526/2015), haciendo lugar al recurso en un caso donde se prevé pena de inhabilitación conjunta (como en autos) por vía de la regla del art. 876 incisos e), f), g) y h) del Código Aduanero, al encontrar arbitrario el pronunciamiento dictado por la Cámara Federal que revocó la suspensión de juicio a prueba con exclusivo sustento en la conminación penal.
En dicho caso se abordó la procedencia del instituto respecto del delito de contrabando de exportación (art. 863, 864 incs. b y e, y 865 inc f del Código Aduanero), si bien la decisión se refirió a la sanción accesoria de multa, el tipo penal prevé también la pena de inhabilitación (conf. art. 867).
La Sala ya se expidió en igual sentido en las causas "Ferrari" nro. 96235 del 6/8/2019, "Delor" del 27/8/2019, entre otras.
Como consecuencia de lo expuesto corresponde casar el pronunciamiento dictado por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Junín, y reenviar la causa al tribunal para que evalúe la procedencia de la suspensión del juicio a prueba de acuerdo a las pautas interpretativas fijadas anteriormente, sin costas.
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible el recurso articulado por la defensa, sin costas.
II. Casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Junín, y reenviar la causa a la instancia para que , bajo los lineamientos aquí sentados, se celebre nueva audiencia en los términos del art. 404 del CPP.
Rigen los arts. 76 bis CP; 20 inc. 1, 106, 210, 433, 450, 454 inc. 4, 530 y 531 CPP.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 06/10/2020 10:34:16 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 06/10/2020 13:58:57 - MAIDANA Ricardo Ramón
Funcionario Firmante: 06/10/2020 14:30:30 - ALVAREZ Jorge Andrés - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia