Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 97965
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA procede al dictado de la sentencia definitiva en el marco de la Causa N° 97965 caratulada “FAMA ACOSTA RODRIGO FAMA PEREYRA CARLOS S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP) INTERPUESTO POR PARTICULAR DAMNIFICADA”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA – CARRAL.
El 22 de mayo de 2019 el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial San Isidro, dictó veredicto absolutorio, con relevo de costas, respecto de Rodrigo Acosta Fama y Carlos Pereyra Fama, en relación a los hechos denunciados de abuso sexual como ocurridos entre el mes de junio de 2011 y junio de 2014, aproximadamente, en las localidades de Munro y Villa Adelina, en perjuicio de T.F.
Contra dicho pronunciamiento, la Sra. Elizabeth Galligani, particular damnificada, bajo el patrocinio letrado de Rosana Peralta, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 58/97.
El 14 de junio de 2019, el Tribunal en lo Criminal, negó la concesión del recurso de casación presentado por la particular damnificada, lo que motivó la presentación de la queja que obra a fs. 102/108.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 14/08/2019 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación interpuesto por la Particular Damnificada?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana , dijo:
De la lectura del legajo se desprende que el Tribunal de grado declaró inadmisible el recurso de casación que fuera presentado en la instancia, por extemporáneo y por no provenir las copias adjuntadas de los respectivos originales –fs.98/100-.
En tal sentido, el Tribunal resaltó que la recurrente se notificó de la sentencia condenatoria con fecha 22/5/19, presentó la reserva de recurrir el día 23/5/19 y el 13/6/19, un día después de vencido los términos, interpuso el recurso de casación.
Frente aquella decisión, la particular damnificada interpuso, oportunamente, el presente recurso de queja sujeto a estudio, cuestionando los motivos brindados para declarar inadmisible el recurso de casación.
Sentado lo anterior, la simple circunstancia de que el recurso de casación haya sido presentado un día después al plazo límite impuesto por el ordenamiento procesal, como la falta de acompañamiento de las respectivas copias de los originales, no deben ser consideradas como óbices capaces de cercenar la revisión de lo fallado por dicha vía recursiva y, así, evitar incurrir en un exceso de rigor formal manifiesto.
En ese entendimiento, habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimado, contra una sentencia definitiva de juicio oral en materia criminal, que dispuso la absolución de los acusados, corresponde declarar su admisibilidad (arts. 20 inc. 1, 79 inc. 7, 450 1er párrafo, 451, 452 inc. 3 y 453 del CPP).
En lo que respecta al pedido de fs. 119, devino insustancial, ello más allá de que el trámite no tiene previsto la celebración de audiencia.
Voto por la afirmativa .
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Maidana , dijo:
La impugnante cuestiona la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de grado, postulando la suficiencia de la prueba para arribar a un veredicto condenatorio. En ese sentido, entiende que el testimonio del menor está acompañado por diversos dictámenes y declaraciones, entre ellos, la versión de su progenitora y los informes de las licenciadas Cecilia Sánchez, Paula Castro y Sonia Oettel. Agrega que el informe de fs. 239/240 incorporado por lectura al debate da cuenta de la situación de abusos que padecía el menor. Resalta las conductas sexuales no acordes a su edad que presentaba T.F. Señala que la penetración anal, aun si es crónica, puede no dejar signos objetivables, dependiendo de la modalidad en que se perpetra la agresión.
Agrega que, en caso de haber dejado lesiones en su momento, éstas sanaron sin dejar rastros relevantes por el transcurso del tiempo hasta la revisión médica. Considera que lo informado por la Licenciada Olavarría no logra desmerecer el resto de la prueba recabada, pues solo indica que en su opinión no puede descartarse que el relato de T.F. haya sido influido. Indica que varios profesionales de la psicología que atendieron al menor afirmaron que su relato resultó verídico y no influenciado por un adulto, caracterizándolo de claro, circunstanciado, con lenguaje acorde a su edad cronológica y dotado de una fuerte carga emocional –temor, vergüenza, pudor, presencia de tics y tartamudeos-. Afirma que la grave sintomatología que presentaba el menor es un claro indicador de la verosimilitud de sus expresiones.
Por otro lado, considera que la motivación lógica que conformó la convicción se encuentra apoyada en prueba inexistente e impresiones personales, resaltando que: las direcciones web que tenía anotado el padre del niño en la agenda contenían pornografía infantil; lo trascendente de la segunda exteriorización, más allá de cómo realmente se haya producido; la licenciada Agüero fue categórica al afirmar que fue amenazada por el imputado, motivo que la llevó a abandonar el tratamiento con el menor; era habitual que el padre filmara a T.F. en la escuela, siendo prueba de ello los videos que acompañó la defensa; las medidas de protección solicitadas por la licenciada Sánchez; a los videos pornográficos que grababa el imputado con el menor solo puede tener acceso un especialista; se vio imposibilitada de citar a las maestras del MAP al debate, cuyos testimonios eran fundamentales; lo informado por la licenciada Olavarría pecó de parcialidad; ningún profesional que tuvo contacto con el infante corrobora la afirmación de Olavarría respecto a la existencia de una co-construcción; el niño evidenció una mejoría en la salud física y psíquica, a partir de que pudo contar lo que pasó y no tuvo más contacto con su agresor.
Hace reserva del caso federal.
La acusación de la particular damnificada se formuló en los siguientes términos: “ Rodrigo Fama y Carlos Fama abusaron sexualmente del menor de edad, T.F., mediante conductas que consistieron en haberlo, cada uno de ellos, penetrado analmente con el pene, así como obligarlo a que les practique sexo oral. Que estos hechos sucedieron entre los cuatro y siete años de edad del damnificado, es decir entre el mes de junio de 2011 y junio del 2014 aproximadamente, y, en al menos, en los domicilios sitos en la calle Acassuso N° 4660 departamento N° 3, localidad de Munro, partido de Vicente López, y la arteria Santiago del Estero N° 6581, localidad de Villa Adelina, partido de San Isidro ” (ver fs. 2).
Limitado de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
Digo ello, por cuanto la tarea revisora que incumbe a los magistrados de la casación, en punto a cumplimentar la labor de examen del veredicto recaído en el caso individual que nos ocupa, la “capacidad de rendimiento”, encuentra un límite respecto de todo aquello que no esté de manera exclusiva reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Lo expuesto, claro está, no exime a los jueces del debate de documentar y exponer los motivos de su convicción, según las reglas de la sana crítica racional, a fin de cumplir con el mandato constitucional que exige que las sentencias sean fundadas.
Definida la intervención de esta Sede, encuentro que el Tribunal de la audiencia, abordó la cuestión atingente a la existencia de los hechos y tras ponderar la prueba rendida en el debate y las constancias ingresadas al mismo, juzgó que no se comprobó la materialidad ilícita descripta por la acusación, con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento de condena y, en consecuencia absolvió a Rodrigo Acosta Fama y Carlos Pereyra Fama en orden a los hechos que fueron materia de acusación.
De acuerdo a los lineamientos expuestos por la impugnante, el objeto de reclamo –esencialmente- transita por cuestionar la valoración de la prueba que efectuó el A Quo. En resumidas cuentas, entiende que el Tribunal de la instancia anterior, ponderó de manera errónea, arbitraria y parcial el plexo probatorio, para así arribar a un veredicto absolutorio.
Inicialmente corresponde destacar que el veredicto describe con parejo detalle la totalidad de la prueba producida durante el juicio, a la par que consigna aspectos relevantes de aquellas que fueron incorporadas por su lectura y/o exhibición al mismo.
Esta modalidad de abordaje, por cierto ponderable, permite apreciar el verdadero “cuadro probatorio” del que se dispuso para formar convicción.
En la valoración de los elementos de prueba, medió consenso de las partes respecto de que el relato del niño es la pieza esencial de la prueba de cargo. De allí, se edificó la imputación que, según los sentenciantes, no encontró respaldo en otros datos de carácter indirecto, incidentales y/o contingentes que permitieran comprobar la hipótesis acusatoria.
Ciertamente, la cuestión relativa a que la prueba de signo acusatorio se construya a partir de un único elemento de calidad, no se traduce en un obstáculo para arribar a un temperamento de condena, en tanto no merme la capacidad de alcanzar el grado de convicción necesario. En rigor, el sistema de valoración probatoria que rige en nuestro ordenamiento (arts. 209, 210 CPP) lo permite.
Esto no significa que la libertad de valoración, lejos de la prueba sujeta a tasa, esté libre de reglas que la rigen, en tanto la sana crítica exige un razonamiento que ofrezca una explicación plausible, coherente, ausente de contradicciones y en línea con los postulados de la ciencia, la psicología y la experiencia general.
La característica distintiva de la modalidad de este tipo de actos radica en la comisión en un ámbito de privacidad y, por regla, ante la mera presencia de las propias víctimas; por ello, no cabe prescindir de sus manifestaciones, sino que las mismas deben ser valoradas con el mayor rigor crítico posible, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias probatorias de la causa que acrediten o disminuyan su fuerza.
Primeramente, insisto en que ya he manifestado en reiteradas oportunidades que la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es considerada a nivel mundial un delito complejo, específicamente en lo que respecta a su comprobación. Esta clase de violencia se caracteriza generalmente por consumarse dentro de un ámbito de intimidad entre la víctima y el victimario. Se trata de un tipo de delito en el que, a diferencia de otros, en muchas ocasiones no existen testigos presenciales del hecho ni quedan evidencias o signos físicos que sirvan como prueba para el proceso, especialmente en aquellos casos en los que ha transcurrido un tiempo considerable entre los hechos y la acción jurisdiccional (“entre el 50% y el 75% de los casos el abuso sexual no deja signos físicos e incluye a distintos tipos de acercamientos sexuales inadecuados” conforme al Protocolo de Abuso de Sexual Infanto-Juvenil, Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Resolución 904/2008 – Anexo).
En consecuencia, se ha señalado que en los supuestos de delitos contra la integridad sexual el testimonio de la víctima y su participación dentro del proceso cobran un valor relevante en la comprobación de cada una de las circunstancias fácticas (TCPBA, Sala VI, causa nº 69.376 “Sotto, Claudio Basilio s/ Recurso de Casación,” sent. del 19 de mayo de 2016, entre muchas otras).
Todo esto supone la necesidad de que los operadores de justicia involucrados en un proceso actúen con el mayor de los cuidados y acorde a protocolos estandarizados.
Conforme ya he reseñado también resulta relevante mencionar que el sistema probatorio consagrado por el art. 210 C.P.P. no prevé formas determinadas para acreditar un hecho delictivo. Por ésta razón, no existen obstáculos para que, a partir del testimonio de la víctima, el A Quo edifique la imputación con base en otros elementos indirectos suministrados en el proceso (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, Causa nº 56.107 “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” del 21 de mayo 2013 y Causa nº 56.097 “Chávez, Alexis Sebastián s/ recurso de casación” del 27 de noviembre de 2013, entre otras).
Ello debido a que se entiende que la palabra de quien ha sido víctima del delito es hoy una prueba de gran valor en el proceso penal pues, como es sabido, el autor suele procurar la ausencia de testigos y personas que pudieran obstruir el o los hechos de abuso. La relevancia, además, se relaciona con la posible existencia o manifestación de esas otras pruebas, dado que de la declaración de la víctima puede surgir otros elementos de convicción diferentes que modifiquen su valor probatorio.
Así las cosas, conforme al sistema probatorio formalmente consagrado en nuestro sistema jurídico, no puede pretenderse que todas y cada una de las manifestaciones vertidas durante la audiencia de debate y las piezas incorporadas por lectura, sean meritadas en pie de igualdad y se les atribuya el mismo valor (arts. 209, 210 y 373 C.P.P.; TCPBA, Sala VI, causa nro. 56.107, “Sonda, Juan Alejandro s/ recurso de casación” 21 de mayo de 2013; causa nro. 56.097 “Chávez Alexis Sebastián s/ recurso de casación” 27 de septiembre de 2013). Esto porque la propia naturaleza del deber encomendado a los magistrados los fuerza a sopesar los argumentos y pruebas sometidas a su consideración, descartando algunos y acogiendo otros, siguiendo a tal efecto las reglas del sentido común y la experiencia.
El hecho de que en un contexto determinado se reconozca un peso relativo distinto a los testimonios o a los vínculos existentes entre los actores es, en consecuencia, perfectamente entendible siempre que se ofrezcan razones para ello y de ninguna manera alcanza para tener por configurada una afectación a principio constitucional alguno (TCPBA, Sala VI, Causa nro. 56.591 “Jara Gastón Manuel s/ Recurso de Casación” y su acumulada, causa nro. 57.193 “Jara Gastón Manuel s/ Recurso interpuesto por el Agente Fiscal (adhiere particular damnificado),” del 30 de septiembre de 2013).
En esa inteligencia, resulta fundada, a la luz del prisma de la sana crítica racional, la reconstrucción que efectuó el A Quo , explicando razonadamente los motivos que lo llevaron a otorgar consistencia y credibilidad a unas declaraciones sobre otras, como se refleja en el pronunciamiento.
Desde esa perspectiva, se refleja que el razonamiento desarrollado por los sentenciantes, parte de la valoración de las manifestaciones brindadas por el infante. Así, en primer término en la diligencia de Cámara Gesell, el menor describió en qué consistían los abusos sexuales, señalando que su progenitor y su abuelo le metían el pito en la cola y hacían que se los chupe. Asimismo, agregó que le hacían mirar películas pornográficas. Circunscribió los hechos en cuatro sitios: la casa del padre, la de su abuelo, el albergue transitorio “Ruta Hotel” y el baño del Shopping Tortugas Open Mall.
En relación a los actos ocurridos en el albergue, indicó que su padre pasaba a buscar a su abuelo a bordo del automóvil y se dirigían al mentado alojamiento. Dijo que los abusos también ocurrían en una casita de madera que se encontraba al costado del albergue.
En este punto, corresponde señalar que al momento de valorar las declaraciones testimoniales de Mirta Valeri –abuela- y de la licenciada Cecilia Sánchez del Centro de la Niñez de Vicente López –las cuales fueron incorporadas por lectura al juicio-, el Tribunal resaltó que el menor había manifestado que: a) el albergue transitorio “Ruta Hotel” sería la nueva casa de su papá; b) arribaba escondido en el asiento de acompañante del automotor de su padre, y que había otros dos masculinos en la parte trasera; c) en el cuarto de hotel, mantenían relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hasta concurría una mujer con un bebe en brazos, todo lo cual era filmado y subido a internet; y d) en “YouTube” se hallaban videos pornográficos de su padre y él.
Retomando, en la declaración en Cámara Gesell, sostuvo que en la casa del progenitor, los abusos ocurrían en el baño, en su cuarto, en el dormitorio de su padre y en el balcón. En relación a la casa de su abuelo, ubicó los ataques sexuales en el baño, señalando que estaba presente su primo Joaquín, el cual también habría sufrido abusos por parte de ellos.
En este punto, en el fallo se resaltó que Joaquín Fama negó haber sido víctima de agresiones a su integridad sexual. Ello así, según el testimonio que prestó su madre, María Soledad Fama.
Finalmente, el niño indicó que su progenitor tenía las llaves del baño del Shopping.
Ahora bien, al cotejar lo relatado por el menor con el resto de la prueba rendida en el debate, el Tribunal entendió que lo descripto como ocurrido no se evidenciaba dotado de la convicción suficiente para arribar a un veredicto condenatorio, existiendo un marco de duda que debía ser receptada en favor de los imputados.
En lo que respecta a la evidencia de carácter objetiva, se ponderó el testimonio del pediatra Silvio Tanenholz, y el informe médico confeccionado por Juan Raúl Cheuquel.
Así las cosas, el citado informe médico da cuenta que al momento de la inspección -5/08/12-, el menor no presentaba signos de lesiones en la región anal y perianal, observándose el esfínter con tono conservado y los pliegues radiados también conservados.
Por su parte, el Dr. Silvio Tanenholz –pediatra de T.F.- declaró que examinó al infante entre los años 2012 y 2015, siendo el motivo de la consulta el sangrado por hemorroides que presentaba T.F. En tal sentido, afirmó que la revisación médica no arrojó ningún indicio sobre un posible abuso sexual, destacando que no existió resistencia del menor a ser examinado.
Aclaró que, en virtud de lo comentado por la madre del paciente, la revisión fue completa para descartar todo indicio de un posible abuso.
A partir de ello, el Tribunal concluyó que, no habiendo sido corroborado mediante evidencia médica, ninguna herida en la zona anatómica anal, ni rastro indicador de la eventual existencia de lesiones en la cavidad, se descarta el acceso carnal mediante dicha vía.
Continuó el “A Quo” destacando que la declaración de T.F. mediante el procedimiento de Cámara Gesell no se realizó con la inmediatez que exige el prot
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