Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 94928
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible y procedente la Queja deducida por la defensora Oficial en favor de Alan David Andrada.
II. Hacer lugar al recurso de la defensa, casar el fallo dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín, y reenviar la presente al Tribunal de origen a fin de que se efectúe un nuevo cómputo de pena respecto de Alan David Andrada, teniendo en cuenta lo aquí dispuesto, sin costas (artículos 13 y 24 del Código Penal; 169 inc. 10, 448, 449, 450, 451, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
Artículos 13 y 24 del Código Penal; 169 inc. 10, 448, 449, 450, 451, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
REG: 152
C.94.928
En la ciudad de La Plata a los 23 días del mes de abril de dos mil veinte, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, designados para integrar la Sala V de este Tribunal, doctores María Florencia Budiño y Carlos Angel Natiello, con el objeto de resolver en la presente causa N° 94.928 caratulada “ANDRADA ALAN DAVID S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: BUDIÑO - NATIELLO .
Con fecha 13 de diciembre de 2018 la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín resolvió confirmar el auto del Tribunal en lo Criminal N° 1 del mismo Departamento Judicial, por el cual se aprobó el computo de pena practicado respecto de Alan David Andrada.
Contra esa decisión, la Dra. Mariela G. Belfer, interpuso el recurso de casación que figura a fojas 5/9 vta. del presente legajo, cuyo rechazo por parte de la Cámara de Apelaciones ha motivado la interposición de la presente queja, en los términos del artículo 433 del Código Procesal Penal.
Efectuadas las vistas correspondientes y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible y, en su caso, procedente la Queja interpuesta?
Segunda: ¿es procedente el recurso de Casación incoado?
A la primera cuestión planteada la Señora Jueza, doctora Budiño , dijo:
I. La impugnante sostiene que la decisión cuestionada es equiparable a definitiva y ha resuelto la cuestión mediante una errónea aplicación del art. 24 del CP e inobservando la doctrina jurisprudencial aplicable al caso.
II. La queja es admisible y procedente.
Se encuentran reunidos los requisitos relativos tanto al tiempo como a la forma de interposición de la presente queja, en virtud de haber sido acompañadas las piezas procesales pertinentes, por lo que la misma resulta formalmente admisible, conforme lo establecido en el artículo 433 del Código Procesal Penal.
También es procedente en tanto el recurso de casación fue incorrectamente denegado por el a quo por cuanto se hallan reunidos los requisitos de tiempo y forma exigidos normativamente a los fines de otorgar legitimidad al acto de interposición del remedio casatorio, como así también los elementos que hacen a la impugnabilidad objetiva y subjetiva, en tanto se trata de una resolución pasible de ser recurrida en los términos de los artículos 450, primer párrafo, -conf. ley 13.812- y 451 del Código Procesal Penal.
Es que, si bien el pronunciamiento de la alzada departamental resulta confirmatorio del dictado en la instancia de origen, abasteciéndose formalmente la garantía de la doble conformidad, advierto que se encuentra suficientemente planteada y demostrada la presencia de una situación excepcional que torna ineludible la intervención de este organismo en tanto los argumentos expuestos por la Cámara resultan arbitrarios, tal como explicaré al desarrollar la siguiente cuestión.
La defensa se encuentra legitimada para hacer uso del recurso interpuesto a tenor de lo establecido en el artículo 454, inciso cuarto del mentado cuerpo normativo, máxime cuando es doctrina legal de este Tribunal que el cómputo de pena resulta parte complementaria de la sentencia definitiva, a raíz de que fija su límite temporal (causa 10.653 RSD-932-2 S 19-12-2002, “M.,e. s/ Recurso de casación”), por estas razones, el recurso de casación debe declararse admisible y proceder el Tribunal a decidir sobre los fundamentos de los motivos que lo sustentan (artículos 454, inciso 4º, 464 y 465 del Código Procesal Penal).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada la señora jueza Dra. Budiño dijo:
I. Se agravia la defensa por cuanto la decisión impugnada confirmó la aprobación del cómputo de pena practicado respecto de Andrada en el que no se tuvo en cuenta el tiempo que el nombrado estuvo excarcelado en los términos de libertad condicional, desconociendo la doctrina sentada por la SCBA en la causa N° P 92518 “L. C.H.” del 11 de marzo de 2009.
Destaca que su defendido fue condenado el 11 de julio de 2016 a la pena de tres años de prisión y costas, y que permaneció detenido desde el día 14 de noviembre de 2015 hasta el 19 de enero de 2017, fecha en que se le concedió la excarcelación en los términos de libertad condicional (arts. 169 inc. 10 del CPP y 13 del CP). Señala que esa excarcelación le fue concedida con la imposición de las obligaciones comprendidas en los incs. 1, 2, 3 y 4 del art. 13 del CP, y también la de someterse al cuidado del Patronato de Liberados.
Alega que la imposición de ese tipo de condiciones, para conceder la excarcelación, importan una restricción a la libertad del imputado que, aunque menos severa que el encierro cautelar, justifican equiparar esa situación con el cumplimiento de la prisión preventiva a que alude el art. 24 del CP.
Solicita a esta alzada se case el fallo recurrido y se revoque el cómputo de pena y su aprobación.
II. Arribadas las actuaciones a esta sede tomó intervención el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación Dr. Daniel Aníbal Sureda, quien mantuvo el recurso y se remitió a sus fundamentos.
III. El recurso debe prosperar.
Tal como señala la defensa en el cómputo de pena aprobado en las instancias anteriores no se tuvo en cuenta como tiempo de cumplimiento de pena aquel lapso en el que Andrada estuvo excarcelado en términos de libertad condicional, y se dispuso que la fecha de vencimiento de la pena operará el 24/03/2020.
Analizados los argumentos esgrimidos por la Alzada Departamental para decidir en el sentido indicado (ver fs. 1/2 vta.), corresponde manifestar que si bien es cierto que el art. 24 del Código Penal hace referencia a la prisión preventiva como el lapso en que el sujeto estuvo privado de libertad sin sentencia firme, ello no lleva razonablemente a interpretar que el período por el cual el procesado goza de una excarcelación en términos de libertad condicional -con observancia de las condiciones impuestas por el art. 13 del CP- no se compute como de cumplimiento de pena a los efectos de la norma citada del código sustantivo.
El período por el que un imputado goza de la excarcelación en los términos del artículo 169 inc. 10 del CPP, con la imposición de condiciones enmarcadas en el art. 13 del código de fondo –como ocurrió en el presente caso- debe equipararse al cumplimiento de pena a los fines del cómputo de la misma en los términos de la norma indicada, ello, en función de las restricciones que sufre el encausado que tornan dicha interpretación razonable.
En los hechos, pese a gozar Andrada de la presunción de inocencia, ha recibido el trato de quien contaba con un pronunciamiento condenatorio firme, pues se le impusieron cuatro de las condiciones previstas en el art. 13 del CP, por lo que resultaría un contrasentido y una inaceptable inequidad que el tiempo que estuvo sometido a tales estrictas restricciones no se compute como cumplimiento de pena cuando, en caso de haber estado penado, hubiera sido sometido a las mismas reglas de conducta.
En esta línea la Suprema Corte Provincial ha establecido que “...las condiciones bajo las que se concede una excarcelación de este tenor junto con el propio sometimiento al proceso, importan de modo oblicuo una restricción a la libertad del imputado que, aunque menos severa que el encierro cautelar stricto sensu, justifican equiparar el tránsito de la libertad procesal bajo tales condicionamientos con el cumplimiento de la prisión preventiva al que alude el art. 24 del Código Penal” (SCJBA. P.92.518, “L., C.H.” rta. 11/03/09).
En razón de lo expuesto se impone casar el decisorio en crisis y remitir las presentes actuaciones a la Alzada Departamental a fin de que resuelva conforme el criterio aquí sentado.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada el doctor Natiello , dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible y procedente la Queja deducida por la defensora Oficial en favor de Alan David Andrada.
II. Hacer lugar al recurso de la defensa, casar el fallo dictado por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín, y reenviar la presente al Tribunal de origen a fin de que se efectúe un nuevo cómputo de pena respecto de Alan David Andrada, teniendo en cuenta lo aquí dispuesto, sin costas (artículos 13 y 24 del Código Penal; 169 inc. 10, 448, 449, 450, 451, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
Artículos 13 y 24 del Código Penal; 169 inc. 10, 448, 449, 450, 451, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese. Notifíquese y oportunamente remítase.
FIRMADO: FLORENCIA BUDIÑO - CARLOS NATIELO. JUECES ANTE MÍ: MARÍA ESPADA. SECRETARIO
Fin de la sentencia