Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 103119
Registro nro. 848 Año 2020.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N ° 103.119 de este Tribunal, caratulada: "MORALES CARRASCO, Frank Eric y CONDOR GUILLER, Luis Martín s/ Recurso de Queja (Art. 433 C.P.P.)" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: KOHAN- NATIELLO , procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Llegan las presentes actuaciones en virtud de la queja deducida por el señor Defensor Particular, doctor Gabriel Ganón, contra el auto dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, que rechazó por inadmisible el recurso de casación deducido contra la resolución de dicha Alzada que declaró inadmisible la apelación impetrada contra el decisorio que denegó la nulidad de la orden de apertura y posterior análisis telefónico de los celulares incautados en el proceso.
En cuanto a la admisibilidad de la queja, entiende que el recurso de casación es admisible, pues alega que el doble conforme referido por la Cámara no es tal. En efecto, postula que el doble conforme que establecen las normas constitucionales no estaría satisfecho de ninguna manera por la resolución de la Cámara.
Respecto a su procedencia, alega que el pronunciamiento incurrió en sendos errores al calificar al SMS como una comunicación telefónica y no como papeles privados o como correspondencia de conformidad con la propia letra de la Constitución Nacional y de la Carta Magna Provincial.
Postula que la Cámara no hace una correcta distinción de los arts. 228 y 229 del ritual.
Por otra parte, estima que las resoluciones que versan sobre nulidades tienen carácter definitivo en el marco del tránsito impugnativo frente a las Cámaras de Apelaciones.
Hace reserva del Caso Federal (art. 14 de la ley 48).
Por lo expuesto, solicita se haga lugar a la queja interpuesta y al recurso de casación.
II. Radicada la Queja en esta Sala (ver fs. 51/vta.), fueron notificadas las partes, el señor defensor particular, Dr. Jorge Alexis Gómez y la Fiscal Adjunto ante este Tribunal, Dra. Alejandra Marcela Moretti.
III. Hallándose en estado de dictar sentencia, los Señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible y, en su caso, procedente la Queja deducida?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
La Queja ha sido deducida en tiempo y forma, razón por la cual debe predicarse su admisibilidad en los términos del art. 433 del C.P.P.
Mas no su procedencia, por las razones que a continuación expondré.
Al respecto corresponde destacar que el recurso de Casación ha sido deducido en tiempo y forma (arts. 421 y 451 del CPP), sin embargo la decisión que se impugna, esto es la dictada por la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Mercedes, que rechazó por inadmisible el recurso de casación deducido contra la resolución de dicha Alzada que declaró inadmisible la apelación impetrada contra el decisorio que denegó la nulidad de la orden de apertura y posterior análisis telefónico de los celulares incautados en el proceso, no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 450 del CPP.-
La norma citada del código adjetivo es la que determina el abanico de resoluciones que son recurribles a través de recurso de casación. De esta forma, dispone que: “…podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 417 del C.P.P..
Asimismo podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la acción, a la pena, o a una medida de seguridad, o corrección, o imposibiliten que continúen; o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal.
También podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución” .
Analizado el marco legal que determina la viabilidad de la impugnación, el caso bajo análisis, como lo adelantara, no encuadra dentro de los lineamientos del art. 450 del Código de Procederes, por lo que el recurso debe ser declarado inadmisible.
Sentado ello corresponde evaluar si en el presente se encuentran en juego agravios de naturaleza federal, sea por encontrarse cuestionado el contenido y el alcance de normas jurídicas de tal índole, se postule la tacha de arbitrariedad cuando se halla inescindiblemente unido a la aludida cuestión federal o, eventualmente, la vulneración directa de una garantía constitucional que de lugar a una “causa federal suficiente” o que el planteo se funde en arbitrariedad.
Sin perjuicio, resulta necesario poner de resalto que tales extremos no se abastecen con la simple referencia a mandatos de raigambre constitucional como marco de una reiteración meramente dogmática de las objeciones formuladas en las instancias anteriores sin ocuparse de realizar una crítica concreta y razonada del resolutorio cuya impugnación se pretende, sino que requieren, por parte del recurrente, un fundamento expreso que permita verificar adecuadamente la acreditación de una causa federal suficiente que habilite la intervención de esta instancia, situación que en el sub lite no se advierte.
En esa línea, la parte sostiene que hubo una afectación al derecho a la doble instancia o también llamado doble conforme citando para ello diferentes normas de la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8.2.h y 9 fine) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (9.4 y 15.1).
Por otra parte, la parte si bien hace un desarrollo de la doctrina de la arbitrariedad y efectuar una explicación los supuestos que implicarían un supuesto de ‘causa federal suficiente’, lo cierto es que no lo pone de manifiesto en el presente caso.
Ahora bien, más allá de la cita de los fallos de la Corte de la Nación, estimo que el recurrente no ha demostrado con la suficiencia y carga técnica requeridas, para la apertura de esta instancia (concurrencia de los requisitos sistematizados en la Acordada 4 del 2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que me remito en honor a la brevedad), que los hechos debatidos en la causa tengan vinculación directa con un agravio federal (Fallos: 256: 281 y sus citas) o que el planteo se funde en arbitrariedad (Fallos 302;865, 304;1052).
Tampoco ha efectuado un planteo federal suficiente, en el marco de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias, pues no logra evidenciar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que se dicen conculcadas, la argüida arbitrariedad y lo debatido y resuelto en el mismo.
A su vez no consigue demostrar siquiera conjeturalmente que según el prisma de la pretoriana jurisprudencia del máximo Tribunal, el fallo impugnado podría subsumirse en un caso de arbitrariedad de sentencia, en razón del carácter excepcional de tales supuestos y la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece ese recaudo a fin de habilitar su instancia revisora (doct. C.S.J.N., Fallos 324:1295; 328:3165, entre muchos). Cabe recordar que la mera introducción y el análisis dogmático de su contenido no resulta medio idóneo para dar sustento a la invocación de un caso excepcional como es el de la arbitrariedad (Fallos 323:1247; 325:2319; etc.).
También viene al caso tener en cuenta que, según lo tiene dicho el propio superior Tribunal de la Nación, la mencionada doctrina posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la validez de la sentencia apelada (por muchos, C.S.J.N., Expte. G. 1999. XL, in re: "Gobet, Jorge Anibal, c/ Telefónica de Argentina. ENTel. Estado Nacional, s/ Accidente de trabajo", sent. del 13VI2006, publ.: "El Derecho", 2-XI-2006, 554331).
Ahora bien, no obstante que la resolución recurrida no se encuentra amparada en ninguno de los supuestos del art. 450 del ritual y sin advertir una cuestión federal adecuadamente planteada que permita de manera excepcional abrir la vía en el ‘sub lite’ , debo señalar que la decisión dictada por la Cámara es derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias del caso (conf. arts. 106, 210, y 439 del CPP), descartando así cualquier atisbo de arbitrariedad.
De manera liminar, respecto al planteo concerniente a la afectación de la doble instancia, cabe exponer que en el caso de autos se encuentra plenamente cumplimentado lo que en doctrina se conoce como “doble conforme” que al decir de Maier resulta “…una garantía procesal, que bien explicada, debe conducir necesariamente a la exigencia de que para ejecutar una pena contra una persona, se necesita una doble conformidad judicial, si el condenado la requiere. Esta condición procesal, impuesta a la aplicación de una pena estatal –con otras palabras: al desarrollo del poder penal del Estado-, ha sido perfectamente descripta, por analogía con la prueba de exactitud de una operación matemática, como la exigencia del principio de “la doble conforme”. El “derecho al recurso” se transformaría, así, en la facultad del condenado de poner en marcha, con su voluntad, la instancia de revisión –el procedimiento para verificar la doble conformidad- que, en caso de coincidir total o parcialmente con el tribunal de juicio, daría fundamento regular a la condena –dos veces el mismo resultado igual gran probabilidad de acierto en la solución- y, en caso contrario, privaría de efectos a la sentencia originaria…” (Conf. Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal, T. I Fundamentos, Editores del Puerto s.r.l., 1999, 2da. Ed., Buenos Aires, p. 713).
En ese mismo orden de ideas, afirmó FERRAJOLI que “la doble instancia es a la vez garantía de legalidad y de responsabilidad contra la arbitrariedad. Así, siendo los jueces independientes, aunque sometidos a la ley, la principal garantía a favor de la libertad, el abuso o el error es la impugnación del juicio, su reexamen, censura y reparación en segunda instancia, con los alcances que los propios textos les brinda…” (Conf. FERRAJOLI, Luigi “Los Valores de la doble instancia y de nomofilaquia”, NDP, T. 1996-B, Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires, p. 447/448).
En esta inteligencia, siendo que la resolución del Juzgado de Garantías fue confirmada por la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial Mercedes, la citada garantía en el caso en análisis ha quedado resguardada.
Vale aquí citar lo resuelto por la CIDH en el caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia de fecha 30/05/1999, párr. 161: “para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el Tribunal Superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer en el caso concreto” . Ninguna duda cabe acerca de que la Cámara de Apelaciones y Garantías es un órgano que abastece los requisitos aludidos respecto de las decisiones de los Jueces de instancia, como ser los de Garantías, Correccionales y los Tribunales en lo Criminal.
Ahora bien, particularmente con relación al contenido del fallo impugnado, es necesario poner énfasis en que la Cámara hizo alusión a la doctrina de la Corte de la Nación respecto a que la sanción de nulidad está amparada solo para evitar la restricción de la garantía de defensa en juicio o de algún otro derecho, eventualidad no producida en el caso de autos.
De igual forma, el órgano a quo puso de relieve que si bien la Constitución Nacional prevé o garantiza la ausencia de intrusión en la intimidad de las personas, ello es un derecho que no es absoluto, pues la propia ley establece ciertas excepciones al caso.
De allí que el Código de Procederes regula en sus arts. 228 y 229 ciertas medidas para la intromisión ya sea en la correspondencia o en las comunicaciones telefónicas.
Sobre este punto, la parte cuestiona que el SMS corresponde ser catalogado como un documento y no como una comunicación telefónica. En efecto, la previsión de los arts. 228 y 229 del ritual tienen un mismo fin, cual es, establecer un marco normativo para la intromisión en la intimidad de las personas.
En el caso del art. 229 del C.P.P. la normativa viene a regular la intervención de las comunicaciones telefónicas en atención a la evolución de las tecnologías imperantes en la sociedad que pusieron en evidencia la necesidad de esa manda legal.
Ahora bien, más allá de que el supuesto del art. 229 cuando especifica el término ‘comunicaciones telefónicas’ no tiene una regulación expresa en la Constitucional Nacional o Provincial, ello no quiere decir que no tengan una protección o un amparo legal dentro de la Carta Magna. Es que la manda del 229 del rito establece una protección asimilable a la de la inviolabilidad del correo como una directa derivación al derecho de intimidad y privacidad de las personas (art. 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N.).
La Corte de la Nación, particularmente la Dra. Argibay, expuso en el precedente Baldivieso que el art. 18 de la C.N. protege específicamente al domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles privados, es decir, los ámbitos donde transcurre la vida privada de las personas contra invasiones arbitrarias. De igual forma, se expuso que los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional regulan idéntica garantía protegiendo lo que genéricamente se denomina como ‘vida privada’ (ejemplos: Convención Americana de Derechos Humanos -‘art. 11.2’-, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -‘art. 17.1’- y Declaración Universal de Derechos Humanos -‘art. 12’-.
La Ministra de la Corte también expuso que más allá de los términos utilizados debe otorgarse la protección con la que se ampara al domicilio y la correspondencia, siendo que los jueces son a quienes les corresponde examinar qué intereses individuales merecen razonablemente el amparo que de forma análoga se otorga al domicilio o la correspondencia (Cfr. B. 436. XL. ‘Baldivieso, César Alejandro s/ causa nº 4733’, rta. 20 de abril de 2010).
En efecto, más allá de las disquisiciones postuladas por el alcance del término del SMS, lo cierto es que el mismo debe adecuarse a los lineamientos establecidos por los Tratados de Derechos Humanos dentro de la idea de la ‘vida privada’, lo que conlleva a la protección regulada por el art. 18 de la C.N. Pero esa expectativa de privacidad queda legalmente franqueada por la orden judicial, lo que hace desaparecer el perjuicio, quedando remanente solamente una discusión teórica que no puede redundar en una nulidad al tratarse de una en puro beneficio de la ley.
Entonces, en el caso, el cotejo de una manda ritual u otra no tiene una relevancia significativa para sustentar un agravio que pretende la nulidad del laudo, pues como se dijo las normas del rito tienen como objetivo la protección de la ‘vida privada’ y las intrusiones a éstas regulando ciertos requisitos para una necesaria y razonable injerencia a la misma. En ese sentido, como fuera adelantado, y también se destacara en el precedente de cita de la Corte Nacional, el derecho a la vida privada no es absoluto, permitiendo la legislación vigente –bajo ciertas condiciones- la injerencia en ese ámbito protegido.
Estamos frente a hechos relacionados con las nuevas tecnologías y que en lo sustantivo, coincido con la necesidad de contar con autorización de autoridad judicial para la inspección de los contenidos de los teléfonos celulares.
En mi entender, resulta interesante recoger aquí el temperamento adoptado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en forma reciente, a los fines de fijar postura sobre el punto. En el fallo “Riley v. California” del 25 de junio de 2014, ese Alto Tribunal sostuvo que la policía, generalmente, no puede, sin una orden, revisar la información digital contenida en un teléfono celular secuestrado de un individuo que ha sido detenido. (Pp. 5–28).
Además, el Máximo Tribunal de cita rechazó extender la categórica regla del fallo “Robinson” a la requisa del contenido guardado en un teléfono celular. Ausente de guías más precisas, la Corte generalmente determina si eximir o no un tipo dado del requisito de la orden “al analizar, por un lado, el grado en el cual se entromete en la privacidad del individuo y, por el otro, el grado en el cual es necesitado para la promoción de intereses gubernamentales legítimos” Wyoming v. Houghton, 526 U. S. 295, 300. Ese balance de intereses es el que validó la excepción de la requisa en el marco de un arresto en “Robinson”. Pero la búsqueda de la información digital en un teléfono celular no promueve los intereses gubernamentales reconocidos en el fallo “Chimel v. California”, e implica intereses de privacidad sustancialmente más grandes que una corta revisión física. (Pp. 8–22).
También sostuvo la Corte estadounidense en el fallo de mentas que los teléfonos celulares difieren en un modo tanto cuantitativo como cualitativo de otros objetos que pueden ser llevados por un detenido. Notablemente, los teléfonos celulares modernos tienen una inmensa capacidad de almacenaje. Antes de los teléfonos celulares, la requisa de una persona estaba limitada a las realidades físicas y generalmente constituían una pequeña intrusión en la privacidad. Pero los teléfonos celulares pueden guardar millones de páginas de texto, miles de fotografías y cientos de videos. Esto tiene varias consecuencias interrelacionadas de la privacidad.
Primero, junta en un solo lugar varios tipos distintos de información que revelan mucho más en conjunto que un registro por sí solo. Segundo, la capacidad del teléfono permite que un solo tipo de información revele mucho más de lo que era previamente posible. Tercero, los datos en el teléfono pueden remontarse a años atrás. Finalmente, hay un elemento con capacidad de penetración que caracteriza a los teléfonos celulares y no a los registros físicos. Hace una década los oficiales policiales podían ocasionalmente encontrarse con elementos sumamente personales, tales como un diario, pero hoy más del 90% de los Americanos que son propietarios de un teléfono celular llevan consigo un registro digital de casi todos los aspectos de su vida. (Pp. 17)
Reconoció el Tribunal que “Es verdad que esta decisión tendrá algún impacto en la capacidad de las fuerzas de seguridad de combatir el crimen. Pero la sentencia de la Corte no es que esa información en el teléfono celular es inmune de una requisa; es que una orden en generalmente requerida previo a la requisa. El requisito de una orden es un componente importante de la jurisprudencia sobre la Cuarta Enmienda de la Corte y las órdenes pueden ser obtenidas cada vez más eficientemente” (La traducción es de mi autoría).
Sentadas así las bases de la cuestión, corresponde ahora adentrarse al estudio de las particularidades del caso traído a esta sede. Así las cosas, la Cámara -sin desconocer la protección imperante- hizo mención al análisis para fundar esa intervención que, en el caso, fue efectuado por parte del Juzgado de Garantías actuante sin que ello fuese cuestionado por la defensa.
Por lo tanto,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.