Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 104231
En la ciudad de La Plata se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces del Tribunal de Casación Penal, doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver la causa número 104.231 caratulada “Navarro, Jorge Daniel s/ recurso de queja”, conforme el siguiente orden de votación: BORINSKY – VIOLINI.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca confirmó el auto del Juez de Ejecución que rechazó a Jorge Daniel Navarro el pedido de recompensas en atención al delito por el que llega condenado (artículo 100 inciso 2° de la ley 12256).
Contra dicho pronunciamiento la Defensora Oficial interpuso electrónicamente recurso de casación, cuya denegatoria motivó la queja en estudio.
Luego de referirse a la admisibilidad de la vía que intenta hacer prosperar, consideró que lo normado en el mencionado artículo 100 de la ley de ejecución provincial resulta contrario a los postulados que demarca nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, esto es en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 22, 28, 31, 33, 43, 75 y 121 de la Constitución Nacional; 1, 2, 3, 10, 11, 15, 20, 25, 26, 30, 45, 56, 57 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 5.6, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 2 de la ley 24.660; 1, 4 y 5 de la ley 12.256.
Siguió diciendo que lo establecido en dicha norma cuestionada contradice todas las disposiciones mencionadas, violando el principio de resociabilización que debe caracterizar al régimen de cumplimiento de la pena, infringe los postulados que demarcan los principios de legalidad y culpabilidad, lesiona el principio de proporcionalidad y se opone a los lineamientos dados por el artículo 16 de la Constitución Nacional, coartando cualquier posibilidad de reinserción social por la exclusiva naturaleza de los delitos que allí se mencionan taxativamente, con total prescindencia de la evolución personal y esfuerzo demostrado a lo largo de la ejecución de la pena.
Con ello solicitó se haga lugar al recurso, se case la decisión impugnada, declarándose la inconstitucionalidad de dicha norma y se ordene el reenvío a la instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento acorde a lo resuelto.
Radicada con noticia a las partes (las que se expidieron por su orden) la Sala queda en condiciones de resolver, por lo que se tratan y votan las siguientes
Primera: ¿Corresponde hacer lugar a la queja y recursos traídos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento debe dictarse?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Borinsky dijo:
Es doctrina de la Suprema Corte que tratándose como se trata de cuestiones como el presente, en el que se busca obtener el beneficio de la recompensa, normado en el artículo 41 bis de la ley 12.256, la resolución impugnada es equiparable a sentencia definitiva y que corresponde a la Sala, como tribunal intermedio, abordar la cuestión constitucional traída, más allá de que se encuentre abastecida la garantía del doble conforme con el rechazo de la Cámara, por lo que la queja es admisible.
Ahora bien, y con lo que aquí desarrollaré, el recurso traído no prospera pese a la insistencia de la defensa.
En primer lugar y como en tantos otros precedentes de Sala, debo insistir en que lo legislado en el segundo párrafo del artículo 450 del Código Procesal Penal, esto es que, el recurso de casación podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal (o cuestiones que como el presente se encuentran íntimamente relacionados), incluso en la etapa de ejecución, sólo produce una equiparación de los mismos a definitivos a fin de trasponer el valladar formal y asegurar la garantía del doble conforme contenida en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pero no consagra el derecho a un triple control del pronunciamiento adverso a los intereses del imputado, con lo que en definitiva la impugnación que se intenta debe demostrar que existen otras razones, especialmente de índole constitucional, que habilitan la competencia –excepcional- de la Sala como tribunal intermedio (conforme la reiterada doctrina de la Suprema Corte de Justicia a partir de la sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación), lo que no se advierte a lo largo de la presentación en trato.
Homologado por la Cámara el auto denegatorio, no obstante mencionarse garantías que se dicen desconocidas, los motivos no vienen acompañados de fundamentos que demuestren su relación directa con la solución del caso, permitiendo la apertura de esta vía, como ya dijera, de excepción, sino todo lo contrario.
Como se dice en la resolución que se acompaña digitalmente al expediente, los delitos por los cuales se condena a Navarro, por sentencia firme y con cómputo, resultan ser de aquellos cometidos contra la integridad sexual (abuso sexual gravemente ultrajante en los términos del artículo 119 segundo párrafo, en función del cuarto párrafo, incisos b) y f) del Código Penal y abuso sexual agravado en los términos del mismo artículo 119 segundo y tercer párrafo en función del cuarto párrafo incisos b) y f) del mismo Cuerpo legal) como lo enumera taxativamente el artículo en crisis en su inciso segundo.
Luego, como vengo sosteniendo en numerosos precedentes de Sala (ello desde la postura sentada en la causa nro. 81.986 caratulada “Almada Olmedo, Sergio Antonio s/recurso de casación”) y teniendo presente la doctrina sostenida por la Suprema Corte de Justicia en los autos P. 133.372 (entre otros), las razones de política criminal que condujeron a la sanción de la ley 14.296 (así como las que acompañaron la sanción de la ley nacional 25.892 y la reciente ley 27.375), y que no corresponde a los jueces cuestionar, no resultan arbitrarias o antojadizas, pues consagran un criterio objetivo y general, que no es otro que la limitación de beneficios liberatorios a todos aquellos –sin distinción- que cometan delitos que por su especial entidad, gravedad o magnitud, conmuevan a la sociedad, de manera que no puede sostenerse válidamente que la norma en cuestión atente contra la garantía de igualdad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, como se pretende.
Tampoco puede trastocar la finalidad de resocialización consagrada en los artículos 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y aún el principio de progresividad, pues del hecho de que se niegue la recompensa en los términos de lo establecido en el artículo 41 bis de la ley 12.256, en relación al analizado en el artículo 100 inciso 2 del mismo Cuerpo legal, a quienes cometieron ciertos delitos no se sigue la imposibilidad de avanzar en el tratamiento resocializador en aras de obtener su acceso al medio libre.
La reforma al artículo 1 de la ley 24.660, conduce a reforzar esta interpretación, toda vez que contiene lo que -a mi ver- resulta una reglamentación razonable de la garantía consagrada en el bloque constitucional federal, al sostener que “[l]a ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que la condenada adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto” disponiendo en el segundo párrafo que “[e]l régimen penitenciario a través del sistema penitenciario, deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.
En su mérito, con estos fundamentos, no resulta acertado lo expuesto por la defensa y el recurso deviene improcedente, con costas, lo que así postulo al Acuerdo (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 210, 433, 450, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 41 bis “a contrario” y 100 de la ley 12.256).
Luego, a esta cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
He venido sosteniendo hasta ahora la inconstitucionalidad del artículo 100 de la ley 12.256 y de lo normado en el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal, en cuanto disponen la limitación a la soltura o al beneficio de la recompensa por la naturaleza del delito.
Sin perjuicio de ello, la Suprema Corte de Justicia se ha expedido, en fecha 19 de octubre de 2020, en la causa P.133.372 caratulada "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 82.158 del Tribunal de Casación Penal, Sala III, seguida a Ybarrola, José Luis", sosteniendo la constitucionalidad de la norma, en tanto la pérdida de la posibilidad de acceder a la libertad condicional para el caso de los condenados en orden a los delitos tipificados en los artículos 80 inciso 7°, 124, 142 bis anteúltimo párrafo, 165 y 170 anteúltimo párrafo del Código Penal, no importa privarlos del acceso a otros mecanismos de atenuación; en virtud de ello casó la decisión de esta Sala que había declarado la inconstitucionalidad de la norma en trato.
En función de lo expuesto y sin perjuicio de mantener la opinión que he venido sosteniendo hasta ahora, razones de economía procesal aconsejan no desatender la interpretación efectuada por el Superior y, por estos motivos, entiendo también que corresponde rechazar el recurso interpuesto, con costas.
En consecuencia, con estos fundamentos, adhiero al voto del doctor Borinsky y, a esta cuestión, también VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde hacer lugar a la queja y rechazar el recurso interpuesto, con costas (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 5.6 y 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 433, 450, 451, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 41 bis “a contrario” y 100 de la ley 12.256). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Que votan en el mismo sentido que el doctor Borinsky.
Con lo que se da por terminado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
R E S O L U C IÓ N
HACER LUGAR A LA QUEJA traída y RECHAZAR, POR IMPROCEDENTE, EL RECURSO DE CASACIÓN INTENTADO, con costas.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 5.6 y 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 450, 451, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 41 bis “a contrario” y 100 de la ley 12.256.
Regístrese y notifíquese.
Suscripto y registrado en la ciudad de La Plata, bajo el Nº. ……., en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del actuario (Ac. 3975/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2021 07:24:29 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 08:56:45 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 08:57:35 - ECHENIQUE Andrea Karina - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia