Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 107533
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Fernando Luís María Mancini, para resolver la presente causa 107.533 , caratulada “BIASUTTI, CRISTIAN DANIEL S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden MANCINI – BUDIÑO .
Llegan los presentes autos a este Tribunal como consecuencia del recurso de queja interpuesto por el Sr. defensor particular, Dr. Ignacio Francisco De Franco, en favor del imputado Cristian Daniel Biasutti, respecto del resolutorio mediante el cual la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de San Martín declaró inadmisible el recurso de casación articulado por la defensa del imputado mencionado en contra de la sentencia dictada por ese mismo organismo, en el marco de la Causa Nro. 28.314 de su registro, por la cual se había confirmado la resolución del Juzgado de Garantías Nro. 3 del mismo distrito jurisdiccional por la cual se elevó la causa a juicio, seguida al acusado Biasuttti en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, se rechazó el sobreseimiento y el cambio de calificación legal y se declaró la inconstitucionalidad del art. 22 bis, quinto párrafo, del CPP.
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, el Tribunal decidió plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es admisible el recurso de queja interpuesto?
Segunda: En su caso, ¿Es procedente?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
La queja resulta formalmente admisible en los términos del art. 433 del C.P.P., toda vez que se encuentran reunidos los requisitos relativos al tiempo y a la forma de su interposición, lo que así se deberá declarar en la presente.
En función de ello, a esta cuestión, voto por la afirmativa.
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Mancini.
A la segunda cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. El 18 de agosto de 2020 el Juzgado de Garantías Nº 3 de San Martín resolvió, en lo que aquí interesa respecto de Cristian Biasutti, denegar el cambio de calificación legal peticionado por la defensa (encubrimiento agravado) y elevar la causa a juicio en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego. A la par, dispuso –en atención a la presencia de voluntades contrapuestas en orden a la celebración del plenario- declarar la inconstitucionalidad del quinto párrafo del art. 22 bis del CPP, indicando que el debate debía desarrollarse por medio de juicio por jurados para todos los imputados.
Contra esa decisión, la defensa de Biasutti, interpuso un recurso de apelación, en el que discutió el grado de participación de su defendido en los hechos enrostrados, la calificación legal asignada y cuestionó la declaración de inconstitucionalidad del mentado quinto párrafo del art. 22 bis del rito. Esta impugnación fue rechazada el 23 de septiembre de 2020, íntegramente por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de San Martín.
Agraviado por aquella decisión, el letrado defensor de Cristian Biasutti, Dr. Ignacio Francisco De Franco, presentó recurso de casación, el que fue declarado inadmisible por la Cámara de Apelación y Garantías.
Así las cosas, frente a esa decisión, el citado Defensor articuló una queja ante este Tribunal de casación, articulación que en esta oportunidad corresponde resolver.
II. En su queja, la defensa efectúa un breve racconto de lo actuado en autos, destacando que en el expediente existe una pluralidad de imputados, y que el acusado Biasutti oportunamente formuló expresa renuncia a la integración del Tribunal por jurados, siendo que su consorte de causa se expresó en sentido contrario. No obstante ello, dijo que el Juez de Garantías declaró la inconstitucionalidad de lo dispuesto por el artículo 22 bis, quinto párrafo del CPP, lo cual fue confirmado por la Cámara de Apelación y Garantías. Por ello, indicó que presentó recurso de casación, el cual la Alzada declaró inadmisible.
En cuanto a este último pronunciamiento, criticó que desapercibiera el ataque a la inconstitucionalidad decretada en primera instancia y confirmada en segunda instancia. Expresó que más allá de encontrarse satisfecha la garantía del doble conforme, en el caso se encontraba comprometida una cuestión federal, dada por la afectación del derecho de defensa y la garantía de imparcialidad del juzgador, citando la inobservancia de los arts. 18 y 33 de la CN.
Entonces, señaló que la inadmisibilidad decretada inobserva el criterio conforme al cual los jueces provinciales deben tratar todas las cuestiones federales involucradas y el pleito debe fenecer en dicha sede, para posibilitar la revisión por parte de la Corte Suprema Nacional. Citó en apoyo a su postura los arts. 14 a 16 de la ley 48, y pronunciamientos de la Corte Federal (Fallos: 10:134 y 302:1325)
Sumado a ello, indicó que la resolución que le generó agravio a la defensa, al importar una "inadmisible limitación al derecho de defensa en juicio", ocasiona un gravamen irreparable a su asistido, que amerita que el recurso de casación oportunamente interpuesto sea declarado admisible. A todo evento, dejó planteada la reserva del caso federal.
III. La queja es procedente.
El recurso de casación que oportunamente presentó la defensa del acusado Biasutti, más allá de no haber estado dirigido contra un pronunciamiento que, por su naturaleza, integrara el catálogo de los supuestos agrupados en el art. 450 del código adjetivo y, por ende, el mismo no detentaba vocación recursiva a través de este medio, de todos modos contenía un planteo de índole federal, que tornaba necesaria la apertura de la vía casatoria, de conformidad con el art. 14 de la ley 48.
En efecto, tras el cotejo del contenido de la impugnación casatoria, encuentro que el ataque a la declaración de inconstitucionalidad del art. 22 bis del C.P.P., se había sustentado de manera suficiente en la alegación de la existencia de un gravamen irreparable de la decisión cuestionada (por encontrarse en juego la garantía del juez natural), a la que se había achacado, además, arbitrariedad y contrariedad a los principios de legalidad y debido proceso, como así una errónea interpretación relativa a las facultades delegadas por las provincias a la Nación.
La situación planteada, más allá de la cortapisa formal que se encuentra planteada a partir del texto taxativo del art. 450 del ritual, impone el conocimiento de la cuestión por parte de este Tribunal de Casación, como peldaño previo y necesario para permitir el tránsito eventual a la instancia federal (art. 14, ley 48 y doctrina de la C.S.J.N. a partir de los casos "Strada" -Fallos, 308:490- y "Di Mascio" -Fallos, 311:2478-, entre muchos otros), atendiendo además a que debe ser tenido como un supuesto de sentencia equiparable a definitiva, ya que por su índole y consecuencias, podría llegar a frustrar de modo directo y perentorio el derecho que se invoca (juzgamiento por parte del juez natural), situación que -en consecuencia- requiere de tutela judicial inmediata.
Entonces, en atención a que el planteo de la defensa se dirige a asegurar la vigencia de la garantía a ser juzgado por el juez natural y desde que la trasgresión denunciada podría implicar un menoscabo del debido proceso (art. 18, C.N.) y el principio de legalidad (Art. 19 de la C.N.) y/o provocar un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior, corresponde tener por cumplidos los recaudos de admisibilidad de tal planteo.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Mancini.
A la tercera cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. En atención al resultado alcanzado en la resolución de la segunda cuestión planteada, he de tratar la procedencia del recurso de casación.
II. Sucintamente, planteó el casacionista que la decisión de declarar la inconstitucionalidad del quinto párrafo del art. 22 bis del rito, veda arbitrariamente a su asistido la posibilidad de ser juzgado por un Tribunal técnico colegiado, lo cual incumple la ley procesal a la par que atribuye al poder judicial facultades propias de los legisladores, como derogar leyes.
De este modo, abogó por la constitucionalidad de aquella norma provincial, pues la misma fue dictada por la Legislatura local haciendo pleno uso de las facultades no delegadas en el Congreso Nacional, concernientes a la administración de justicia y al dictado del código de procedimientos.
En función de ello, peticionó la casación del fallo puesto en crisis y que se otorgue " plena eficacia y vigencia " a la norma erróneamente declarada inconstitucional.
Ante cualquier eventualidad, dejó planteada la reserva del caso federal, en los términos del art. 14 de la ley 48.
III. En oportunidad de contestar el traslado conferido, la Sra. Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, presentó su dictamen a fs. 5/6 de este legajo recursivo.
Allí sostuvo que si bien se impone el rechazo del recurso, pues coincidió con la declaración de inconstitucionalidad del art. 22 bis del rito, de todos modos propugnó que se le asigne un alcance diferente al conferido en el pronunciamiento atacado.
Así, indicó que si bien aquella norma contraviene la garantía del juez natural (Art. 18 de la CN), por lo que resultaría inconstitucional, de todos modos correspondería ordenar la realización de los juicios de manera separada, de conformidad con la elección efectuada por cada uno de los imputados, lo que así dejó planteado.
IV. Considero que el recurso de casación es procedente.
IV.a. Pero ante todo, en razón de la fundamentación que exhibe el fallo cuya revisión motiva el presente, debo formular algunas precisiones iniciales en lo que atañe a la decisión de declarar inconstitucional una disposición legal.
Por un lado, que la tacha de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad, que involucra una cuestión tan delicada como es el equilibrio que debe existir entre los poderes de la República (sin intromisiones indebidas de uno de ellos sobre los otros), que en este caso puntual también atañe al sistema federal de gobierno toda vez que en la coyuntura se encuentra en disputa la validez de una norma provincial dictada en el marco de una facultad no delegada, como resulta ser el dictado de normas instrumentales (Art. 121 de la CN). Todo ello refuerza la idea de que sólo quepa la declaración de inconstitucionalidad en caso de presentarse una situación excepcionalísima y de estricta necesidad. Sabido es que las leyes gozan de una presunción de validez, que si bien admite prueba en contrario, únicamente puede ceder ante una prueba clara y precisa –que no admita disputa- de su incompatibilidad con la Carta Magna.
Por otra parte, también cabe señalar que la decisión de declarar inconstitucional una norma, sólo apareja como consecuencia directa la inaplicabilidad de la misma en el caso puntual, pues no corresponde la declaración de inconstitucionalidad en abstracto ni para la generalidad de los casos, sino que ésta sólo puede verificarse en cada proceso concreto, de acuerdo a sus singularidades. Por ello, sólo en razón de éstas es que podría eventualmente habilitarse la tacha de inconstitucionalidad, lo que entonces debe ser explicado circunstanciadamente en toda decisión judicial que inaplique una ley por entenderla contraria a la Carta Magna.
Aclaro esto pues no sólo resultará significativo a la hora de tratar los argumentos del voto mayoritario de la decisión impugnada, sino además porque la idea recién desarrollada hace que, en el tratamiento de este caso particular, sólo sea correcto que me expida con relación a la situación concreta del imputado Biasutti, quien viene recurriendo en casación la decisión de la Cámara de inaplicar lo que manda el CPP para su caso concreto, por haber encontrado el a quo inconstitucional el quinto párrafo del art. 22 bis del citado cuerpo legal.
Una vez formuladas tales precisiones, he de abocarme ahora al análisis de los fundamentos que cimentaron la decisión impugnada mediante recurso de casación.
El magistrado que llevó la voz cantante en el sufragio que se terminó imponiendo por mayoría expresó que habría de confirmar la inconstitucionalidad decretada en primera instancia, en primer lugar, porque: "...la realización de dos juicios penales –uno con jurados y otro con jueces profesionales- en relación a un mismo delito no podía tener favorable acogida, puesto que si nos atenemos al principio rector en materia de unión y separación de juicios que consagra el Digesto Procesal Penal de nuestra Provincia, es el de la acumulación y no el de la separación el que debería primar. Ello sobre todo a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario- al encontrarse todos los encartados sometidos a juicio en el mismo proceso- e incluso también, para prevenir el dictado de pronunciamientos contradictorios con reglas rituales distintas".
Tal como se acaba de observar, el primer argumento esbozado en el voto mayoritario fue que la realización de dos juicios –uno por jurados y el otro con jueces técnicos- no era posible en atención "al principio rector en materia de unión y separación de juicios que consagra el Digesto Procesal Penal de nuestra Provincia, [que] es el de la acumulación y no el de la separación".
Ahora bien, una eventual oposición del art. 22 bis del rito, a otra norma provincial de igual rango (pues el a quo puntualmente aludió a una incompatibilidad con un principio pretensamente contenido en el CPP provincial, sin tampoco precisar la norma en la que estaría consagrado), aunque parezca una obviedad decirlo, no puede ser basamento de su tacha de inconstitucionalidad, ni siquiera en el caso en que, efectivamente, la contradicción fuera tal -lo que, aclaro, tampoco viene mínimamente justificado-.
Una vez más debo insistir en la aclaración que formulé al principiar este voto: una norma sólo puede ser declarada inconstitucional cuando se oponga a una manda de la Carta Magna (Art. 31 de la CN), lo cual no ocurre cuando simplemente se opone a otra norma local de igual jerarquía.
Sin dejar de reconocer la postura principista que en algún sentido ilumina el voto del señor Juez de Cámara, lo cierto es que, aún así, lo que fue denominado como " principio rector " (el cual, presumo pues no se detalla, que infiere de lo normado en el art. 340 del CPP local), no obstaría la existencia de excepciones a la regla general (por caso, el propio art. 340 prevé una, cuando autoriza a no acumular los juicios, cuando ello " determine un grave retardo "). Más allá de ello, el art. 22 bis del rito que se declaró inconstitucional, no es una excepción al principio invocado por los camaristas pues, justamente, cuando no existiera unanimidad de criterio entre los distintos coimputados, impulsa la realización de un único juicio mediante el juzgamiento por jueces técnicos, al margen de otras consideraciones que –en el caso concreto- no resulta necesario formular.
Además, motivos de economía procesal o practicidad no pueden ser fundamento de la tacha de inconstitucionalidad de una norma, pues antes bien se vinculan con cuestiones de política legislativa y de organización del sistema de administración de justicia que no hacen mella sobre disposición alguna de la carta magna.
Aun sobreabundando, no está de más recordar que más allá de que el propio art. 340 del rito prevé la separación de juicios, existen otras situaciones en las que también acontece el desdoblamiento, como por ejemplo, cuando uno de los autores de un mismo hecho es habido mucho tiempo después, o cuando uno de los imputados presta su consentimiento para el juzgamiento bajo la modalidad de juicio abreviado, mientras que otro decide como estrategia de su defensa el desarrollo de un juicio oral, etc. Aun cuando pudiera verse que estas situaciones no fueran las más adecuadas para asegurar la economía procesal, sí podrían alzarse como las más pertinentes para el resguardo de otros valores que tiende a proteger nuestro sistema legal (por ejemplo, derecho de defensa en juicio, principio de reserva, igualdad ante la ley, etc.).
Y frente a la otra justificación expuesta por el a quo (esto es, la eventualidad de llegar a un escándalo jurídico), y por fuera de que tampoco tal circunstancia fue enmarcada dentro de una incompatibilidad con norma alguna de la CN, cabe destacar que el propio sistema tiene una solución para este tipo de situaciones, mediante el establecimiento de la acción de revisión contemplada en el art. 467 inc. 1º del rito.
Recapitulando los argumentos del a quo se observa que, mediante la cita de un pronunciamiento anterior del mismo organismo, en el fallo se prosiguió con la motivación de la inconstitucionalidad afirmando que "... Sobre esta base, a saber: la imposibilidad de desdoblar los debates, se consideró en el fallo citado que ante la colisión entre el derecho de quien renuncia al enjuiciamiento por jurados y el derecho del que opta por ser juzgado por el sistema previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, es ésta última la forma que prevalece por sobre la reglamentación que de la misma ha formulado la ley 14.543." (sic).
Si como ha quedado expuesto, la imposibilidad de " desdoblar los debates ", no era tal, sino que se ha demostrado que fue una premisa infundada, el razonamiento que vino después tampoco resulta acertado pues, sin siquiera necesitar el análisis de si resultaba correcto o no hacer primar el juzgamiento bajo la modalidad de jurados (tema en el que reservo mi opinión para un caso que la requiera), lo cierto es que se arribó a una conclusión contaminada por haberse iniciado a partir de una premisa falsa, lo cual entonces repercute en la falacia de todo el razonamiento.
Entonces, hasta aquí no sólo la inconstitucionalidad no se apoyó en una explicación ceñida a una incompatibilidad con una norma de la CN (lo cual era imprescindible para este tipo de decisiones de extrema gravedad institucional), sino que además se edificó sobre un razonamiento falaz que, como tal, tampoco puede ser mantenido en esta instancia revisora.
Y todas estas singularidades del resolutorio puesto en crisis no se subsanan porque a continuación el a quo haya añadido, citando una resolución anterior, que " Liminarmente, debo traer a colación las enseñanzas de la doctrina más especializada que, con claridad meridiana, permite concluir que, no solo el Art. 22 bis, último párrafo del C.Proc.Penal, es inconstitucional, sino, que la solución de separar en dos procesos deviene improcedente, debiendo primar la manda constitucional del Art. 118 que establece, imperativamente la realización del juicio por jurado para todos los coimputados, al sostenerse que: `La redacción del último párrafo del art. 22 bis del CPP es desgraciada, desconcertante y debe ser inmediatamente declarada inconstitucional. Más allá de que sea nuestra posición que el juicio por jurado es obligatorio según nuestra Constitución, la forma en que quedo redactado este artículo es hasta incongruente con sus propias declamaciones. El legislador justificó la renunciabilidad al juicio por jurado basándose en que el jurado es una garantía constitucional y un derecho exclusivo del acusado. Por tal razón, es disponible. Aún cuando no acordemos con esa lógica y pensemos que el jurado es una garantía tan indisponible como el juicio oral y público, no se entiende cómo la opción de uno solo de los posibles coimputados por un juicio ante jueces profesionales puede obligar a los demás a tener que ser juzgado de esa manera, aún cuando su obli
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