Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 109315
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Ricardo Maidana, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver la causa Nº109315 caratulada “Asmed, Agustina Ayelén; Borelli, Adrián Carlos y Montenegro, Andrea Ana s/ Recurso de Queja (Art. 433 CPP)”, conforme el siguiente orden de votación: VIOLINI – BORINSKY-MAIDANA.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca revocó el decisorio del Juzgado de Garantías N° 1 que había declarado la nulidad absoluta del allanamiento llevado a cabo y los actos consecutivos, disponiendo asimismo la libertad de los encartados Agustina Ayelén Asmed, Adrián Carlos Borelli y Andrea Ana Montenegro, acusados de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial interpuso recurso de casación.
En apretada síntesis, afirma que la impugnada resulta equiparable a sentencia definitiva y causa un gravamen irreparable, al haber vulnerado las garantías relativas a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad, lo que torna arbitrario el pronunciamiento impugnado.
Encontrándose la causa en condiciones de ser resuelta, se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Violini dijo:
Aunque la impugnada no resulta ser, en principio, una sentencia definitiva, es también la primera decisión contraria a los intereses del recurrente, quien ha planteado una clara cuestión federa que debe ser abordada por la Sala como tribunal intermedio, a efectos de garantizar el derecho consagrado por el artículo 8.2.h. de la C.A.D.H., lo que torna admisible la queja interpuesta.
Argumenta la defensa que la Cámara incurre en una afirmación meramente dogmática que se contrapone con las constancias de la causa al sostener que …” lo que define la cuestión es que es una propiedad antigua con habitaciones independientes pero que de ninguna manera resultaban departamentos como se refiere para anular”.
Denuncia que conforme surge del acta de procedimiento, los efectivos policiales al llegar al domicilio indicado para el allanamiento se entrevistaron con la señora Paola Adriana Contreras quien les explicó que el inmueble se compone de un grupo de departamentos de forma lineal que no se hallan identificados correctamente, por lo que en este contexto, la decisión que impugna resulta arbitraria y contraria a las constancias de la causa.
Sentado lo anterior, adelanto al Acuerdo que el recurso progresa.
En efecto, si la orden de allanamiento no brindaba precisiones en punto al domicilio a allanar, o si para el caso, arribado el personal policial al domicilio constató la existencia de varias unidades independientes, sin que la pertinente orden indicara cuál de ellas se debía intervenir, tal como se lo señalara la propia testigo del departamento uno y como surgía del acta de las actuaciones, no observo razones que habilitaran al personal policial a actuar como lo hizo y por tanto el acto es nulo, y me explico.
Sabido es que no se convalida un acto contrario a la Constitución con el argumento que en definitiva el resultado fue positivo, y por ello, la existencia de una orden de allanamiento emitida genéricamente no permite convalidar el accionar policial, si nada impedía a los efectivos policiales, al advertir la existencia de diversos departamentos independientes, solicitar y aguardar instrucciones de la Fiscalía o del Juzgado de Garantías, máxime si la autorización judicial no estaba sometida a complejidad alguna ni se justificaba intervención inmediata y urgente (doctrina del artículo 222 del Código Procesal Penal).
A consecuencia de lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar admisible la queja intentada y procedente el recurso interpuesto, sin costas; casar lo resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, y estar a lo decidido por el Juzgado de Garantías N°1 del mismo Departamento Judicial (artículos 18 de la Constitución Nacional; 201, 203, 210, 433, 448, 450, 451, 454, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
Por lo expuesto, a esta primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Disiento con mi colega de Sala en la solución propuesta y voy a las razones que conducen al rechazo de la vía intentada.
La decisión de la Cámara que revocó la de primera instancia (que declaró la nulidad del allanamiento practicado y los actos consecutivos, ordenándose la libertad de los imputados Asmed, Borelli y Montenegro) y dispuso la continuidad del trámite, es derivación razonada del derecho vigente en atención a las circunstancias que obran en la causa y que relatan los jueces, pues como luego se desarrolla, no se advierte irregularidad alguna en dicho procedimiento del que pueda inferirse injerencias arbitrarias de la autoridad en el ámbito de privacidad de los sospechosos, como contrariamente sostiene la juez garante decretando la nulidad mencionada.
Como bien afirman los camaristas, de las circunstancias fácticas (que llegan individualizadas en la propia decisión en crisis) surge que los agentes preventores acudieron al domicilio que se señala cumpliendo una orden impartida por el Juzgado de Garantías para allanar un domicilio previamente individualizado en el acta de fs. 1, en el que a su ingreso -en procura de dar con el paradero de Lucas Musoto y secuestrar los objetos detallados en la diligencia- constataron la existencia de varias dependencias en tal inmueble, por lo que comenzaron a inspeccionar las diferentes habitaciones existentes, hallándose en una de ellas, sustancias estupefacientes -20,7 gr. de cocaína- y elementos que permitirían inferir su comercialización -balanza, elementos de recorte, recortes de nylon, etc-; siendo ello puesto en conocimiento inmediato del Fiscal.
Vale resaltar, que lo que define la cuestión es que es una propiedad antigua con habitaciones independientes pero que de ninguna manera resultaban "departamentos" individuales como se refiere el auto que anula dicha diligencia, sino, más bien, una propiedad única o común, por lo que cierto es, no pueden considerarse -en el estado inicial de esta causa- ilegal los ingresos realizados por personal policial en dicho accionar, constituyendo un giro inesperado en la investigación inicial el descubrimiento de esas sustancias prohibida, advertidas a "simple vista".
Con acierto y en base a ello, los camaristas no coincidieron en que quedaba claro que se trataban de unidades habitacionales independientes, departamentos sin conexión entre sí, y que no obstante ello los funcionarios de la fuerza deciden entrar y proceder a allanar la totalidad de las mismas, pues tal cuestión resultaba ser una afirmación que no encontraba ni encuentra respaldo en las pruebas reunidas en la investigación, siendo consecuencia del “incipiente estadio de la misma”.
Con buen tino se consideró que se podrían haber llevado a cabo medidas previas para poder determinar tal circunstancia (las que a título de ejemplo se detallan en el auto cuestionado) y así alcanzar o arribar a un análisis más minucioso sobre la existencia o no de las razones que llevaron a tal decisión en origen.
Como se expresa, existía una orden emanada del mismo Juzgado que permitía realizar la diligencia en el inmueble cuyos datos obran en autos, y claramente ante lo sucedido, no existía otra conducta esperable de los encargados del procedimiento pues, con tal panorama, retirarse del lugar (el que, reitero, a simple vista, parecieran no ser departamentos individuales, sino habitaciones de un inmueble común) no era la solución ante la circunstancia de que los ocupantes del inmueble ya se habían anoticiado de la medida a ejecutarse.
Por ello, en otras palabras, sea de una u otra manera, la postura asumida en primera instancia fue, como se afirma en la resolución en crisis, apresurada y por tanto desde esta Sede corresponde, a mi entender, homologar la de la Cámara y rechazar, con costas, el recurso de casación intentado por la Defensa Oficial de Asmed, Borelli y Montenegro, pues no se ven afectadas las garantías de la libertad ambulatoria, inviolabilidad del domicilio y privacidad, ni se advierte arbitrariedad alguna como se denuncia en el escrito inicial (artículos 16, 17, 18, 19 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 219, 220, 223, 433, 448, 450, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal). Así LO VOTO.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Violini, por sus fundamentos. ES MI VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde declarar admisible la queja interpuesta procedente el recurso intentado, sin costas; casar la resolución de Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, y estar a lo decidido por el Juzgado de Garantías N°1 del mismo Departamento Judicial (artículos 18 de la Constitución Nacional; 201, 203, 210, 433, 448, 450, 451, 454, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal), ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, los señores jueces doctores Borinsky y Maidana dijeron:
Que votan en igual sentido que el doctor Violini.
Con lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
R E S O L U C IÓ N
I. DECLARAR ADMISIBLE la queja intentada y PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto, sin costas.
II. CASAR la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca y estar a lo decidido por el Juzgado de Garantías N°1 del mismo Departamento Judicial.
Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 201, 203, 210, 433, 448, 450, 451, 454, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, remítase a origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/12/2021 09:57:47 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 11:03:58 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 11:06:37 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2021 12:01:43 - ECHENIQUE Andrea Karina - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 06/12/2021 12:02:36 hs. bajo el número RS-351-2021 por ECHENIQUE ANDREA KARINA.
Fin de la sentencia