Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala II · Causa 99610
En la ciudad de La Plata, sede del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Jueces integrantes de la Sala Segunda, doctora María Florencia Budiño y doctor Fernando Luis María Mancini, para resolver en la presente causa 99.610 caratulada “NIETO FRANCISCO; NIETO, ZOILO Y KRALJ, NICOLAS S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)” . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden BUDIÑO – MANCINI.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico Fiscal y revocar la decisión adoptada por el Juzgado de Garantías n° 2 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez exclusivamente en lo que refiere al cese de la medida impartida en los términos del artículo 231 bis del CPP por el cual se había dispuesto la restitución de la posesión del inmueble a los encartados en virtud del sobreseimiento dictado.
Contra dicho pronunciamiento, la Señora Defensora Oficial, Dra. Verónica Esther Vieito – en favor de la denunciada Valeria López – y el Señor Defensor Oficial, Dr. Hector Baltar – en favor de los denunciados Francisco Nieto, Zoilo Nieto y Nicolas Kralj – interpusieron sendos recursos de casación cuyas declaraciones de inadmisibilidad por parte de la Cámara de Apelación y Garantías motivaron la interposición de las presentes quejas, en los términos del artículo 433 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Evacuadas las vistas correspondientes, con fecha 11 de junio de 2020 se pronunció este Tribunal, declarando inadmisible la queja interpuesta por la Señora Defensora Oficial, Dra. Verónica Esther Vieito, por carecer de toda la documentación requerida por nuestro código de rito (art. 433 CPP), omitiendo dar tratamiento a la queja presentada por el Señor Defensor Oficial, Dr. Hector Baltar.
Tal circunstancia fue advertida por presentación electrónica conjunta ante estos estrados de ambos Defensores Oficiales, oportunidad en la que acompañaron nuevamente toda la documentación necesaria para resolver, incluida aquella que había sido omitida con la interposición de ambos recursos.
En virtud de la reseña efectuada, constatada la documentación agregada y encontrándose la queja oportunamente omitida en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es formalmente admisible la queja interpuesta por el Dr. Héctor Baltar?
Segunda: En caso afirmativo, ¿Es procedente?
Tercera: En caso afirmativo ¿Es procedente el recurso de casación?
Cuarta: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
Cumplidas las exigencias contempladas por el artículo 433 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires respecto a la legitimidad, el tiempo y las formas de interposición de la misma – con las salvedades efectuadas en los antecedentes -, la presente queja resulta formalmente admisible.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. El impugnante alega, en lo que refiere a la procedencia de su presentación, que la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías que fuera atacada por vía de recurso de casación resulta susceptible de ser equiparable a ‘sentencia definitiva’ en los términos del artículo 450 del CPP, ello con motivo de que la misma torna imposible la continuación del proceso, en sede penal.
Cita jurisprudencia del máximo Tribunal bonaerense donde se sostuvo que, si bien las decisiones relativas a medidas cautelares no reúnen la calidad referenciada, si existiera la posibilidad de generar un perjuicio insusceptible de reparación ulterior, debe equiparársela.
Sostiene que el fallo impugnado debe reputarse como equiparable a definitivo ya que la revocación de la medida de restitución en favor de sus defendidos produce un agravio que, por la naturaleza de los derechos comprometidos (art. 14, 14 bis y 17 de la CN), resulta tardío, insuficiente o de imposible subsanación posterior.
Como respaldo del carácter de irreparable del perjuicio ocasionado, expone que el órgano revisor no ponderó la doctrina emanada de la Suprema Corte de Buenos Aires por la cual se pone de manifiesto que todo caso que incluya como materia de controversia a la vivienda única con asiento familiar y que, a consecuencia de la misma, resulte su privación, es susceptible de generar un perjuicio irreparable. Por último, añade que tal decisión gozaría de naturaleza definitiva en sede civil.
En otra línea argumental, entiende que el recurso de casación interpuesto constituye la instancia diseñada por nuestro ordenamiento procesal para garantizar el ‘doble conforme’ reconocido por el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del PIDCyP, ello en virtud de que la decisión atacada resulta una revocatoria de primera instancia que favorecía los intereses de los imputados.
En ese orden, cita los precedentes “Arce” y “Marchal” de la CSJN, así como también la doctrina emanada de los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” respecto al debido tratamiento de las cuestiones de índole federal.
Culmina su pretensión de apertura de esta instancia casatoria remarcando el amparo que concede a sus imputados la “tutela judicial efectiva” – conforme art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 75. Inc. 22 de la CN -, el “derecho a ser oído” – previsto en el art. 8 de la CADH – y el “derecho al recurso” – incluido en el art. 8.1 y 25 de la misma convención.
II. La queja resulta procedente pues el recurso de casación fue mal declarado inadmisible.
El artículo 450 del código de rito establece las resoluciones que son susceptibles de ser recurridas vía casación, señalando que podrá deducirse el mismo contra “(…) los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la acción, a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen; o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal”.
A partir del contenido normativo reseñado y la basta jurisprudencia en la materia emanada tanto de la CSJN como de la SCBA, asiste razón a la defensa cuando equipara el resolutorio del órgano revisor con los efectos de una sentencia definitiva que, a consecuencia, permite admitir formalmente el recurso interpuesto en virtud de una serie de motivos que a continuación expondré.
En primer lugar, ello obedece a la etapa procesal en que fuera alcanzada, en tanto la sentencia atacada constituye a todas luces una decisión que revoca un pronunciamiento favorable a los intereses de los imputados que impide la continuidad del proceso en esta sede penal, cercenando de ese modo la posibilidad de obtener a posteriori un resultado distinto al arribado dentro del propio fuero, circunstancia que por sí sola permitiría conceder la equiparación requerida.
Por otro lado, el sobreseimiento dictado en favor de los encartados por el Juez de Garantías en virtud de que se verificara la prescripción de la acción penal – el cual, por cierto, adquirió firmeza atento a no ser objeto del recurso oportunamente interpuesto por el Fiscal departamental - tiene como lógico devenir no solo el agotamiento de la persecución punitiva por parte del Estado respecto de los hechos que le fueran imputados sino también el de todos y cada uno de los efectos que de ella deriven, aspecto que, más allá de la cuestión de fondo, fue resuelto por el órgano que la dictó y que, como tal, incluye el pronunciamiento definitivo.
En este sentido se ha pronunciado esta Sala, en su composición anterior, indicando que “ el sobreseimiento del imputado cierra definitivamente el proceso y tiene valor de cosa juzgada, con lo cual no sólo en cuanto a sus efectos se asimila a la sentencia definitiva, sino que la amistad entre ambas resoluciones aparece ligada al concepto de irreparabilidad del perjuicio. Se trata de resoluciones que por su naturaleza no admiten la posibilidad concreta de que, en una futura ocasión dentro del mismo proceso, pueda reanudarse el contradictorio y lograr una decisión judicial que atienda a los derechos que se consideren vulnerados. Lo dicho hasta aquí demuestra la equiparación sustancial y sistemática entre las resoluciones nombradas, con lo cual asiste razón al recurrente cuando señala que deben extenderse al sobreseimiento todas las garantías procesales que le son otorgadas por la ley a la sentencia definitiva” (causa n° 50.895, “L. P. G. s/ Recurso de Queja (Art. 433 CPP) interpuesto por particular damnificado”, año 2012).
Mismo argumento sustenta también su revisión en pos de asegurar el derecho al doble conforme consagrado convencionalmente por el artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 de la CN) y el alcance de su interpretación (Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Mohamed vs Argentina”, 2012), no en lo que refiere al sobreseimiento, el cual alcanzó firmeza, sino de los efectos que acompañaron su dictado.
No escapa de mi consideración lo señalado en la resolución que denegó la admisibilidad de esta vía, donde se dijo que “las resoluciones que decretan, levantan, modifican o deniegan medidas cautelares, en principio, no resultan equiparables a sentencia definitiva (cf. C. S. J. N. Fallos 218:180; 286:240; 313:279; 315:1039; 317:363)”. A su respecto, entiendo que la lógica de tal postulado reside en la posibilidad de rebatir en ulteriores etapas de un determinado proceso cualquier decisión vinculada con una medida de carácter cautelar que, por ende, no puede ser asemejada a un pronunciamiento definitivo.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Budiño, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, la doctora Budiño dijo:
I. 1 Como primer motivo de agravio, sostiene el recurrente que la resolución impugnada deriva de un recurso de apelación respecto del cual el representante del Ministerio Publico carecía de legitimación para interponer, transgrediendo lo normado por los artículos 421, 422 y 439 del código de rito.
Añade en esa línea que la resolución del Juzgado de Garantías no resulta un auto apelable por el Fiscal departamental en virtud de lo allí decidido, como tampoco causó - ni fue acreditado por quien tenía la carga de hacerlo - un gravamen irreparable que habilitara la competencia de la alzada a tenor de la causal genérica contemplada por el art. 439 del CPP ya que, agotada la jurisdicción de este fuero, aún subsiste la discusión en sede civil.
Agrega que el órgano acusador no cuenta con la garantía de la doble instancia, ello con basamento en que el destino de las garantías previstas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Carta Magna y los Tratados de Derechos Humanos que conforman el bloque constitucional (art. 75 inc. 22 CN) corresponde a las personas en su calidad de individuos.
Concluye su postulado indicando que, como conclusión de lo dicho, la alzada departamental se extralimitó en su competencia (art. 21 CPP - a contrario sensu -), por lo que, en definitiva, dictó una resolución arbitraria para la cual ya no gozaba de jurisdicción, violando la garantía de juez natural contemplada por el artículo 1 del código de forma y por el art. 8 de la CADH debiendo, en consecuencia, restituir en sus efectos lo decidido por el a quo.
I. 2. Como motivo de agravio subsidiario, el impugnante considera mal interpretada la naturaleza jurídica del instituto contemplado por el artículo 231 bis del CPP, lo que derivó en una errónea determinación del derecho aplicable en perjuicio de sus asistidos.
Puntualmente, entiende que no existe basamento legal para conceder carácter de medida autosatisfactiva al “lanzamiento” que dispone la norma referenciada, ello por cuanto la misma es de carácter meramente instrumental y provisoria al dictado de la sentencia definitiva en el proceso penal.
Añade que fue inobservado el propio art. 231 del CPP, que establece que “los efectos sustraídos serán devueltos, en las mismas condiciones, al damnificado, salvo que se oponga el poseedor de buena fe de cuyo poder hubieran sido secuestrados”, entendiendo que las partes han de disputarse los derechos sobre el inmueble, razón por la cual no surge motivo alguno por el cual no debiera serle restituido a sus pupilos.
En virtud de lo dicho, solicita que se atribuya a la medida sostenida por la alzada los caracteres típicos de una medida cautelar, y que, como consecuencia de su carácter accesorio y la imposibilidad de causar efectos sin la subsistencia de la causa principal que fundamentara su existencia, requiere que la resolución adoptada por la Cámara de Apelación y Garantías sea revocada, retomando el estado de las cosas al que gozaban antes de su dictado.
II. El recurso de casación tendrá acogida favorable.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes resolvió revocar, por mayoría, la resolución del Juez de Garantías que disponía la restitución de la posesión del inmueble a los encartados, sobreseídos por prescripción de la acción penal.
Para así decidir, hizo lugar a la queja interpuesta por el Fiscal departamental - en tanto la apelación deducida había sido previamente declarada inadmisible – con fundamento mayoritario en que se encontraba en el caso un supuesto de ‘gravamen irreparable’ que ameritaba sortear el valladar formal que impedía su tratamiento por el órgano revisor (en virtud de no ser un supuesto de recurribilidad contemplado por el artículo 421 del CPP).
El razonamiento alcanzado tuvo apoyatura en la errónea aplicación normativa del a quo respecto artículo 231 bis, ello por cuanto, a criterio de la alzada, el carácter de autosatisfactiva de la medida contemplada por dicho precepto legal, así como también la inalterabilidad de la situación de “verosimilitud del derecho” que había dado lugar oportunamente al dictado de la misma – a pesar del dictado del sobreseimiento -, impedían retrotraer al estado anterior de las cosas previo a su disposición, aspecto que, en su defecto, debía ser dirimido en sede civil.
Efectuada dicha reseña, corresponde expedirme en primer término respecto de la legitimidad del representante del Ministerio Publico para recurrir el decisorio adoptado por el Juez de Garantías.
Al respecto, asiste razón a la defensa, en coincidencia con el voto minoritario de la resolución atacada, cuando señala que no ha sido debidamente acreditada la existencia del ‘gravamen irreparable’ invocado que permita superar las exigencias de los artículos 421, 439 y 441 del código de rito, ello en atención a que, como bien fuera reconocido por la propia sentencia recurrida, la sede civil compone el fuero idóneo para dirimir el asunto, la cual queda expedita a partir del sobreseimiento dictado por prescripción de la acción en favor de los imputados, no causando en consecuencia un perjuicio que permita ser caracterizado como “irreparable”.
A contrario, como pudo observarse el en análisis de admisibilidad, el gravamen irreparable se produjo para los encartados a partir de la resolución alcanzada por la propia Cámara de Apelación y Garantías, teniendo en cuenta que, tal y como quedaron las cosas a partir de la misma, los pupilos de la defensa se encontraron procesalmente favorecidos respecto de una persecución punitiva que había finiquitado a partir del sobreseimiento arribado, pero perjudicados en cuanto a los efectos que de ella derivaron, equiparando a estos con los de una verdadera condena en virtud de ser despojados jurisdiccionalmente (a partir de la revocación del fallo de instancia) de la posesión del inmueble que ostentaban previo al inicio del proceso penal.
A tal punto existe gravamen irreparable para los ahora sobreseídos a partir del resolutorio bajo estudio que, como consecuencia de lo anterior, son ellos quienes necesariamente deben iniciar y hacer valer sus pretensiones en el proceso en sede civil, con las exigencias y posteriores consecuencias que el propio fuero contempla en materia probatoria para aquel que alega una determinada circunstancia.
Ahora bien, como respaldo argumental, puede afirmarse que la sentencia atacada también adolece de un yerro lógico vinculado con la naturaleza jurídica de la medida contemplada por el art. 231 bis del CPP que repercute en la decisión adoptada.
En ese orden, el “lanzamiento” dispuesto en primer orden por el a quo no constituye una medida de carácter “autosatisfactiva” que permita subsistir incluso al propio sobreseimiento firme de los encartados. El mote de “autosatisfactiva” está dado por un adelantamiento en la tutela judicial respecto de la pretensión de fondo que, en orden a la extrema verosimilitud en el derecho del pretendiente y la urgencia en el dictado de la misma, es reflejada en una etapa procesal previa al de la sentencia definitiva, la que, de todos modos, es la que pone fin al proceso y concede a la primera la cualidad de cosa juzgada.
Puede afirmarse entonces que dicho marco descriptivo no se ajusta al de la medida contemplada por el artículo 231 bis del código de rito por cuanto la pretensión que la meritúa (esto es, la restitución de la posesión del inmueble a quien detente, a partir de la verosimilitud de su derecho, el rol de víctima del delito de usurpación) no se asemeja a un adelantamiento temporal respecto del objeto del proceso penal, el cual tiene como razón de ser la averiguación y post
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.