Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 108431
En la ciudad de La Plata, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los doctores Fernando Luís María Mancini, Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño, para resolver en la causa Nº 108431 caratulada "G. N. E. s/ RECURSO DE QUEJA (art. 433 CPP)" . Practicado el sorteo de ley resultó en la votación que debía observarse el orden siguiente: MANCINI - KOHAN - BUDIÑO.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata confirmó el pronunciamiento dictado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 local que no hizo lugar a la implementación del procedimiento de juicio por jurados en favor de N. E. G.
Contra dicha resolución, la señora Defensora Oficial, doctora María Elia Klappenbach, dedujo recurso de casación, cuyo rechazo por parte de la Cámara de Apelaciones ha motivado la interposición de la presente queja, en los términos del artículo 433 del Código Procesal Penal.
Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es formalmente admisible la queja y en su caso procedente el recurso de casación?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el doctor Mancini dijo:
I. La recurrente refiere que la resolución atacada es recurrible porque causa un gravamen de imposible reparación ulterior y por lo tanto equiparable a sentencia definitiva.
Alegó que la misma presenta una ausencia de reconocimiento del piso de derechos garantizado a los jóvenes (Comité de Derechos Humanos en la Observación General Nº 13, párrafo 16, "Los menores deben disfrutar por lo menos de las mismas garantías y protección que se conceden a los adultos en el art. 14 del Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Político") y con ello la vulneración del debido proceso legal juvenil, conforme a los arts. 18 y 72 inc. 22 de la Constitución Nacional, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Art. 3 40.2.IV; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19 y 8; Observación General Nro. 24 del Comité de los Derechos del Niño (ONU) ptos. 46 y 61.
Relata que la negativa a abordar la problemática planteada importaría una violación a las normas constitucionales e instrumentos internacionales, en lo relativo al derecho de acceso a la jurisdicción y a obtener una efectiva protección jurisdiccional.
Denuncia que las decisiones en ambas instancias fueron adoptadas en violación al derecho del joven a ser oído. Así, no obstante haber manifestado su intención de ser juzgado por un jurado popular, se desestimó su pedido sin escucharlo.
Cuestiona la arbitrariedad del fallo de la Alzada que, invocando el principio de trato diferenciado que rige el Derecho Penal Juvenil, confirma el rechazo del pedido pero sin dar ninguna justificación de porqué el instituto en cuestión vulneraría dicho precepto
Solicita se haga lugar al recurso y se declare inválido el pronunciamiento de la Cámara.
II. En relación a la admisibilidad de la queja, observo que en el caso se encuentran reunidos los requisitos relativos tanto al tiempo como a la forma de su interposición, por lo que resulta formalmente admisible en los términos del artículo 433 del Código Procesal Penal.
Sin embargo, a mi juicio, la misma no es procedente pues el recurso de casación fue bien declarado inadmisible.
El pedido formulado por la Defensa, ya ha sido revisado por la Cámara de Apelación y Garantías a través del tratamiento brindado al recurso de apelación interpuesto en cuanto confirmó la resolución dictada por el Juzgado interviniente (art. 421 in fine del CPP).
En situaciones como la de autos, esta Sala sostuvo reiteradamente que se está ante uno de los supuestos para los cuales el ordenamiento procesal vigente no tiene previsto recurso de casación.
En efecto, el artículo 450 establece: "Además de los casos especialmente previstos, podrá deducirse el recurso de casación contra las sentencias condenatorias dictadas en juicio por jurados y contra las sentencias definitivas de juicio oral, juicio abreviado y directísimo en lo criminal, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 417 del CPP."
"Asimismo, podrá deducirse respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocatorios de los de primera instancia siempre que pongan fin a la acción, a la pena, o a una medida de seguridad o corrección, o imposibiliten que continúen; o denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso que se haya sostenido la extinción de la acción penal".
Entonces aparece claro que la decisión de la Cámara que confirmó la decisión originaria, rechazando así la apelación interpuesta por la defensa, no resulta un supuesto revisable mediante la vía casatoria pretendida (conf. arts. 450, 454 y ccdtes., CPP).
Por otro lado, no se advierten en este supuesto circunstancias límites de arbitrariedad, absurdo o gravedad institucional que habiliten excepcionar la regla general antes enunciada, cuya presencia por cierto no ha sido demostrada, en tanto la denuncia de arbitrariedad sobre la decisión de la alzada de no hacer lugar al pedido de implementación del procedimiento de juicio por jurados, fundando tal postura en que la "diferenciación que justifica un tratamiento distinto entre menores y mayores no es caprichosa y, precisamente, se instrumenta en base al Interés Superior del Niño, teniendo en cuenta sus particulares características y considerándolo como pleno sujeto de derechos que merece especial atención (...)", en efecto, la posición que se ciñe a sostener, no puede interpretarse sino como una opinión divergente y paralela respecto de la resolución arribada que no permiten abrir la competencia de este tribunal.
Por consiguiente, cuando el derecho o la facultad de recurrir una determinada resolución ha sido satisfecho a través de la apelación y no se presentan las situaciones de excepción ya mencionadas en este voto (lo cual podría tornar, según el caso, necesaria la intervención de este Tribunal como instancia previa de acceso a la Corte local), la ley procesal no le acuerda a las partes una tercera vía ordinaria de impugnación. Los recursos de apelación y casación, en este sentido, no son remedios sucesivos, sino alternativos.
Los recursos no se conciben, dado su carácter excepcional, fuera del orden fijado en las leyes. Configuraría un ejercicio autoritario de las propias atribuciones la pretensión de resolver, bajo el argumento de reparar supuestas irregularidades en las resoluciones de los órganos del proceso, cuestiones que excedan las facultades legalmente otorgadas a este Tribunal.
III. Con relación a la cuestión federal invocada, para superar el valladar formal que constituyen las normas que regulan las diversas vías impugnativas, en el caso concreto el artículo 450 del CPP, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían sortear con éxito su acceso a la instancia federal. En este sentido, la impugnante no demuestra suficientemente el carácter federal de los agravios que pretende someter a conocimiento y decisión de este Tribunal.
Resulta insuficiente la mera invocación de una cuestión federal basamentada en genéricas postulaciones tales como la violación del derecho de defensa en juicio, debido proceso, si no se la desarrolla y se la asocia a lo actuado en el caso concreto. De esta forma no se abastecen los perfiles con que debe contar el planteo de una cuestión federal para ser admisible, suficiente y atendible.
Las falencias argumentales de la queja federal no resultan aptas para demostrar que la decisión controvertida en esta instancia casatoria importe la afectación constitucional que se pregona.
IV. En consecuencia, evidenciada la ausencia de los requisitos objetivos exigidos por el artículo 450 del rito, propongo que la queja en análisis sea declarada improcedente. Con costas (arts. 106, 421, 450, 454, 456, 464, 530, 531 y concs., CPP, arts. 14 y 15, ley 48).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el doctor Kohan dijo:
I. Adhiero al voto del Dr. Mancini en el punto relativo a la admisibilidad de la presente queja.
II. Sin embargo he de disentir con el voto de mi colega preopinante pues, a contramano de lo sostenido por las instancias anteriores, entiendo que en el presente proceso media un supuesto de excepción desde que median agravios de índole constitucional que guardan directa relación con la suerte de la pretensión recursiva (conf. doct. Ac. 80.570, res. de 17 VII 2003; Ac. 87.203, res. de 22 IX 2004; Ac. 96.735, res. de 24 V 2006; Ac. 101.238, 5 XII 2007, Ac.106.924, res. 18-8-2010; Ac.103.391, res.4-5-2011; entre muchos otros de la S.C.B.A.).
Por ende, la vía recursiva ensayada es idónea para el tratamiento de las cuestiones federales que se encuentran aquí en juego, asegurando a la parte el tránsito por todas las instancias intermedias que le permitan concurrir al Superior Tribunal de la causa, como recaudo previo de admisibilidad del potencial remedio federal en los términos del art. 14 de la ley 48, dando cumplimiento a la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Strada" (Fallos 308:490), "Di Mascio" (Fallos 311:2478) y "Christou" (Fallos 310:324), entre otros.
En el caso, se encuentran en juego garantías constitucionales tales como el debido proceso legal, el principio de igualdad ante la ley, el derecho del niño a ser oído y a ser juzgado por un jurado popular (arts. 5, 16, 18, 24, 75, incs. 12 y 22, y 118 de la Constitución Nacional; 3, 12 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Por tanto, las articulaciones de naturaleza federal involucradas permiten sortear los requisitos de admisibilidad establecidos por la ley local en los arts. 448, 449 y 450 del C.P.P., imponiéndose la apertura del remedio intentado.
III. Superada la cuestión relativa a la admisibilidad, comenzaré mi voto formulando dos preguntas que intentaré contestar a lo largo de este desarrollo: ¿Por qué no podría someterse un proceso de la justicia minoril a un enjuiciamiento por vía de jurados populares? y ¿Cuál es la objeción que puede formularse para aplicar el régimen previsto por la ley 14.543 a un procedimiento que tramita bajo los parámetros de la 13.634?
Entiendo que el análisis del tema tiene que pasar necesariamente por dos ejes centrales que terminan convergiendo. El primero de ellos refiere a las regulaciones vigentes que atañen al enjuiciamiento de los menores en conflicto con la ley penal y al procedimiento de jurados populares; el segundo, a la esencia misma del aludido jurado y el rol institucional que cumple.
Siguiendo estas líneas que me he propuesto, debo decir que de la simple lectura e interpretación del texto de la ley 14.543 que implementó el modelo de jurados populares en nuestra provincia, ningún distingo hace respecto de si se debe enjuiciar personas mayores o menores de edad. En otras palabras, no posee otra limitación que la del monto de pena en abstracto del delito enrostrado al imputado. En efecto, el art. 22 bis incorporado por Ley 14.543 reza “ El Tribunal de jurados conocerá en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de quince (15) años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, alguno de ellos supere dicho monto” (el destacado me pertenece) . Como se ve, el texto legal habla de “Tribunal de jurados” y no realiza ninguna salvedad ni distinción acerca de otro ámbito de su competencia que la pena indicada.
Ello es respetuoso del modelo que previó el constituyente originario, tanto en la parte dogmática como en la orgánica de nuestra Constitución Nacional, todas las causas criminales deben ser resueltas a través del sistema de jurados populares (art. 24 y arts. 75, inc. 12 y art. 118 –éste inspirado en el Art. III, Sección 2, inciso 3° de la Constitución de los Estados Unidos de América-). Claro está, sujeto a la reglamentación que en el caso de nuestra provincia fijó el ámbito reseñado en el párrafo precedente.
Como ya lo he sostenido en la causa N° 83.026 “Díaz Villalba”, lo que aquí no puede desatenderse es que lo que está en juego no es ni más ni menos que la garantía del Juez Natural. Dije en ese entonces que “…con el avenimiento de la aludida normativa, se advierte entre los principios contenidos en el art. 1 del C.P.P. al de "juez natural” y al “juicio por jurados", lo que viene a significar que en los casos previstos por el nuevo ordenamiento habrá una suerte de desdoblamiento en la tarea de juzgar algunos delitos criminales que queda en cabeza de un “Juez Natural” y de un “Jurado Natural”, con funciones bien diferenciadas, mas ambos con un reconocimiento en el texto constitucional. Ello surge del propio articulado citado que reza "Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho objeto del proceso y designados de acuerdo con la Constitución de la Provincia. La competencia y el procedimiento para el juicio por jurados en causas criminales se ajustarán a las normas de este Código", siendo que de esta forma se ha regulado la participación ciudadana como principio procedimental conforme a lo previsto en la Constitución de la Nación y en el Código procedimental. La jurisdicción es ejercida por los Jueces profesionales, pero el dictado del veredicto, que esencialmente da por comprobado o no un objeto procesal, entendido como un hecho humano voluntario en función penal y con pretensión punitiva es tarea de los jurados…”
Vale decir que la garantía del “Juez Natural” está integrada en el caso de los juicios regidos por la ley 14.543 por dos jueces: el del “derecho” (que es el Magistrado profesional con funciones permanentes) y el de “los hechos” (que no es otro que el jurado popular que resulta ser ocasional).
De otra parte, tenemos la legislación procesal de la Justicia Minoril. A partir de la sanción de las leyes 13.298 y 13.634 -y sus modificatorias- en la Provincia de Buenos Aires se instauró un nuevo régimen procesal en materia de responsabilidad penal juvenil, superando de esta manera el anterior sistema, el cual se sustentaba en el decreto-ley 10.067/83, y en la llamada “doctrina de la situación irregular” , dando paso a un nuevo régimen acorde a los estándares internacionales en materia de jóvenes en conflicto con la ley penal, respetuoso de la Constitución Nacional, y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que la integran, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño y los documentos internacionales no contractuales que la complementan -que se conocen bajo diferentes denominaciones, entre ellas, declaraciones, principios básicos, reglas mínimas, recomendaciones y directrices-, en particular podemos destacar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, del 28 de noviembre de 1985; las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de RIAD- adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, del 14 de diciembre de 1990; las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, del 14 de diciembre de 1990; y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad -Reglas de Tokio-, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, del 14 de diciembre de 1990.
En forma concordante con la normativa precitada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Opinión Consultiva N° 17/2002, ha observado que los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales, distintos de los correspondientes a los mayores de edad. De ello surge que resulta indudable que el Estado argentino se ha comprometido frente a la comunidad internacional a adoptar las medidas necesarias para promover la creación de leyes que adecúen la normativa local a los postulados internacionales, al igual que establecer procedimientos e instituciones "específicas" para los niños, brindándoles un trato que contemple los derechos de los adultos, pero que a su vez, amplíen sus derechos dada su condición de niños, frente a las infracciones a la ley penal por las que deban ser enjuiciados.
Todo ello integra el corpus iuris de los derechos del niño, el que aborda distintos aspectos de los derechos de la niñez, ya sea en forma general o particular, debiendo ser interpretado y aplicado en forma coherente y armoniosa (en el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 17/2002).
En el punto en cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido la posibilidad de expedirse en el precedente “Maldonado” del 7/12/2005 (M. 1022 XXXIX, causa nro. 1174C) sobre el sistema de juzgamiento de niños y adolescentes y sobre los parámetros que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la imposición de una pena , tal como lo sostuve en el marco de las causas 64.208 y 78.541 -ac. 78.542 y 78.543- del registro de esta Sala IV.
Así el Alto Tribunal expuso que resulta constitucionalmente obligatorio valorar la minoridad de edad al momento del hecho como consecuencia del art. 40 inc. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, toda vez que entendió que en los casos de menores la concreta situación emocional al cometer el hecho, sus posibilidades reales de dominar el curso de los acontecimientos, o bien, la posibilidad de haber actuado impulsivamente o a instancia de sus compañeros, o cualquier otro elemento que pudiera afectar la culpabilidad adquieren una significación distinta, que no puede dejar de ser examinada al momento de determinar la sanción a imponer .
También estableció que en la ley 22.278 existe un aspecto que no aparece en el Código Penal: la facultad y el deber del Juez de ponderar “la necesidad de la pena”.
Con las referencias que he formulado, se demuestra que los aspectos esenciales del régimen especial de minoridad y que lo distingue del proceso de los adultos se centra –más allá de otros institutos que no son propios de la instancia de juicio- en la posibilidad que tiene el Juez de imponer o no pena, luego de haberse comprobado la existencia de un delito y la responsabilidad penal del joven respecto del mismo.
Es hora de abordar alguna objeción que surge de las discusiones que rodean a este tema. Ello es la falta de especialización del jurado popular que necesariamente debe contener un sistema destinado a enjuiciar menores de edad.
De la reseña que he formulado en los párrafos previos, creo que la respuesta a la aludida objeción aparece bien nítida: La máxima expresión de la especialización requerida está dada luego de dictado el auto de responsabilidad y tiene como eje la necesidad de imponer pena y la cuantificación de la misma (de corresponder), conforme los principios que rigen la Justicia Penal juvenil.
El desarrollo hasta aquí formulado demuestra –en lo que resulta pertinente de la etapa de juicio- que el proceso de decisión que lleva al dictado del auto de responsabilidad que viene dado por el art. 4 de la ley 22.278 no resulta distinto de la construcción que se hace en el caso del juzgamiento de mayores, desde que se establece la corroboración del hecho delictuoso y el grado de responsabilidad del individuo respecto del mismo. Ello se pone de manifiesto en la propia letra de la ley 13.634 cuando en su art. 56 prevé “ Concluido el debate, el Juez o en su caso el Tribunal de la Responsabilidad Penal Juvenil, con base en los hechos probados, en la existencia del hecho, en su tipicidad, en la autoría o participación del niño , en la existencia o inexistencia de causales eximentes
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.