Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 107540
Registro nro. Año 2021.
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 107.540 de este Tribunal, caratulada "ALVAREZ, Diego Sebastián s/ Recurso de Queja (Art. 433 CPP)”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Se inician las presentes actuaciones en virtud de la Queja deducida por el Defensor Particular, Dr. Carlos Tomás Beldi, en favor de Diego Sebastián Álvarez, contra el auto de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, que no hizo lugar al recurso de Casación incoado, a su vez, contra el pronunciamiento dictado por ese Tribunal de Alzada que confirmó el rechazo de la morigeración de la prisión preventiva a favor del nombrado.
La defensa presenta un extenso escrito recursivo en el que principalmente abundan citas de jurisprudencia y doctrina.
Luego de tratar las cuestiones inherentes a la admisibilidad y procedencia del remedio interpuesto, destaca la falta de firma del pronunciamiento en crisis descalificándolo como pronunciamiento válido.
Puntualiza que en el mismo se estableció el orden de votación. El Juez Blanco encabezaría el acuerdo, lo seguiría el Juez Herbel y la Dra. Vázquez votaría, en caso de disidencia; sin embargo, cuando procedemos a leer la pieza en cuestión, ésta se encuentra signado por el Juez Herbel, quien adhiere al voto del Juez Blanco, pero este primero no firma el acuerdo, el cual es firmado por la Dra. Vázquez, que no emitió voto, ante tamaño desacierto, entiende que corresponde descalificar el auto en crisis como pronunciamiento jurisdiccional valido. Es decir, al pronunciamiento del 5/10/20, que confirmara el rechazo del arresto domiciliario, le falta la firma del Juez Blanco, tal cual surge al pie de la resolución.
Por todo lo expuesto conforme art 107 del digesto adjetivo, solicita se declare la nulidad del pronunciamiento en cuestión.
Por los motivos expuestos, dice, deberá concederse el recurso que se deduce, a fin de que el Excmo. Tribunal de Casación, en uso de sus atribuciones, revoque el decisorio de la Cámara de Apelaciones y Garantías, y corrija los errores jurídicos del mismo, dado que la interlocutoria atacada es equiparable a sentencia definitiva, conforme art 448 del Código adjetivo.
Estima procedente el recurso en virtud de lo normado por los arts. 106 y 448 párrafo primero del C.P.P., 171 Constitución Provincial, pues la resolución en crisis resulta arbitraria al carecer de fundamentación. A todo evento, solicita se tenga en cuenta la máxima iura novit curia, por la cual en la determinación de las normas aplicables al caso los jueces deben atenerse a su conocimiento del orden jurídico con prescindencia de las invocaciones legales que hubiesen formulado las partes, es decir, que la hipotética incorrecta subsunción que pueda haber efectuado esa parte en el presente, no puede dañar el recurso, caso en el cual debería ser correctamente definido por el Tribunal de Casación Penal que se encuentra habilitado para expedirse ante las concretas violaciones de garantías constitucionales que se constatan en el fallo que se impugna. A ello debe agregarse que no hay dudas actualmente que el Tribunal de casación se encuentra habilitado para conocer en recursos donde se discuta la restricción de la libertad o bien la libertad en el proceso penal.
Sobre el fondo de la cuestión, en lo que es de interés destacar, alega que no se ha fundamentado en forma alguna la necesidad del encierro, y sólo se usaron formas dogmáticas y genéricas sin acreditarse concreta y realmente el peligro procesal, pues se ha verificado la inexistencia de riesgo de fuga, único argumento válido para mantener el encarcelamiento, razón por la cual no había motivo para mantener el encierro cautelar.
Señala que, en tal sentido, el principio "favor libertatis" previsto por el art. 3 del CPP, establece que toda disposición legal que coarte la libertad personal debe ser interpretada restrictivamente.
Refiere que teniendo en cuenta el estado del proceso y la prueba recabada por la prevención, no existe peligro de entorpecimiento probatorio alguno, ya que al estar en un estadio avanzado de la investigación como bien señala la Sala interviniente, debe concretamente señalarse cuales son los medios probatorios que se encontrarían en riesgo con la libertad del encartado.
Arguye, en cuanto al peligro de fuga, la existencia de pautas que permiten meritar que no se sustraerá de la acción de la justicia, esto es, excelente conducta en las Comisarías y Penales donde fue alojado, con un claro fin de mantener un comportamiento adecuado a las exigencias de la reinserción social, la existencia de una residencia fija constatada en autos, no tiene otros procesos en trámite, ni estuvo rebelde, ni gozó libertades provisorias anteriores, ofrece garantizar la comparecencia de su asistido al proceso a través del tipo de caución económica que se estime adecuada, como ser una caución real o personal, y la posibilidad de que Álvarez comparezca ante el Tribunal toda las veces que resulte necesario, a efectos de acreditar su voluntad de estar a derecho, y eventualmente cumplir la pena en caso de que la misma adquiera firmeza; por último, el Centro de Monitoreo Electrónico ha observado el domicilio como positivo para la implementación del sistema de pulsera electrónica.
Indica que ninguna de estas pautas fue adecuadamente valorada por la cámara para determinar si realmente correspondía el beneficio, el mismo se denegó sistemáticamente, aun cuando la defensa acreditó suficientemente la inexistencia de peligro procesal, todas esas pautas permiten presumir que existe una franca atenuación del peligro de fuga todo lo que lleva a sostener que la prisión no resulta indispensable cuando otro medio menos nocivo pueda garantizar su estado a derecho.
Destaca que los argumentos del tribunal de grado y de los camaristas son absolutamente inmotivados y dogmáticos. Pues el sólo argumento basado en la pena en expectativa de efectivo cumplimiento, no es suficiente para denegar la morigeración.
Sostiene que la decisión que confirma la denegatoria de la morigeración genera gravamen irreparable, por ser contraria el mandato legal, además de ser absolutamente arbitraria al no demostrar la necesidad del encierro, y al no rebatir los argumentos de la defensa por medio de los cuales se acreditó fehacientemente la innecesaridad del encarcelamiento, acreditando la inexistencia de riesgo de fuga.
Cita numerosa doctrina y jurisprudencia.
Hace reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
II. El órgano “a quo” denegó el recurso de casación, lo cual motivó que la defensa se alzara en queja ante esta sede.
IV. Hallándose la causa en condiciones de ser resuelta, los jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible y, en su caso, procedente la Queja deducida?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. La Queja fue interpuesta en tiempo oportuno y se adjuntó la documental que ordena acompañar el art. 433 del Código Procesal Penal, por lo tanto, la misma resulta admisible.
II. En cuanto a su procedencia, si bien el remedio ha sido deducido en tiempo y forma (cf. arts. 421 y 451 del C.P.P.), la resolución de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, que confirmó no hacer lugar a la morigeración de la prisión preventiva en favor de Diego Sebastián Álvarez, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el art. 450 del C.P.P.-
En esa línea, cabe señalar que es doctrina ya consolidada de esta Sala que en los casos donde se cuestiona la prisión preventiva, o en su caso, la morigeración y/o cese de la misma, y se encuentra cumplimentado el doble conforme judicial, el recurso de casación resulta inadmisible (causa nro. 96.037: “Hereñu, Ramiro Javier s/Recurso de Casación” sent. del 23/05/19 reg. n° 391, entre otras).
Sin perjuicio de ello, en el sub lite se advierte una situación de excepción que me permite sortear el valladar apuntado, conforme explicitaré a continuación.
En efecto, de la simple lectura de la decisión impugnada que consta en formato digital, surge con claridad que practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: “Carlos F. Blanco, Gustavo A. Herbel, y para el caso de disidencia, Celia M. Vázquez (cf. Art. 440 del CPP, y Acuerdo extraordinario nro. 1543)” .
Establecido el orden de votación, el Juez Carlos F. Blanco, se expidió en primer término, al que adhirió el Juez Gustavo A. Herbel; no obstante, en el acápite “REFERENCIAS” se desprende los funcionarios firmantes “05/10/2020 10:14:49 – Herbel, Gustavo Adrián – JUEZ”, “05/10/2020 11:52:00 – VAZQUEZ, Celia Margarita – JUEZ”.
Con ser cierto que la firma del juez en la sentencia resulta ser un requisito esencial para que el pronunciamiento judicial exista como tal, el propio art. 107 del Código Procesal Penal -según ley 11.922 y sus modificatorias- que establece esa exigencia, también repara en el efecto de ese vicio, al disponer que "La falta de firma producirá la nulidad del acto" …A más de la referida pauta normativa he sostenido que -por vía de principio- cuando se trata de tribunales colegiados sus miembros deben dar su voto de modo individual en todas las cuestiones esenciales a decidir, debiendo concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas. En esto consiste el estándar ideal de una sentencia válida (art. 168 de la Constitución provincial).” (SCBA P.85290, 19/12/2007, voto del Juez Dr. Soria).
En este caso, resulta inválida la sentencia que fue suscripta digitalmente por sólo uno de los dos jueces que se constituyeron en el acuerdo. Teniendo en cuenta las firmas presentes (del Dr. Herbel y Dra. Vázquez), la carencia de firma del juez votante en primer término, sella la invalidez del acto, por lo que deberán remitirse los autos al Tribunal a quo para que, integrado con jueces hábiles, proceda a dictar una nueva sentencia conforme a derecho (art.107 Código Procesal Penal).
En virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo, anular el decisorio en crisis y remitir copia de la presente a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, a fin de que debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento .
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Visto el modo en que ha quedado resuelta la cuestión precedente, estimo que corresponde: 1) Declarar admisible y procedente la queja deducida por el Defensor Particular Dr. Carlos Tomás Beldi, en favor de Diego Sebastián Álvarez; 2) Hacer lugar al recurso de casación, y en consecuencia, anular el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, remitiendo copia de la presente a la citada Cámara, a fin de que debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento, sin costas en esta instancia (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 107, 201, 203, 450, 461, 530 y 531 del C.P.P.); 3) Diferir la regulación de los honorarios profesionales al letrado interviniente para una vez regulados en la instancia (arts. 15, 16, 31, 33 y ccdtes. de la ley 14.967); 4) Tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de ley 48).
Así lo voto.
A la misma segunda cuestión planteada el Señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del Doctor Natiello, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
S E N T E N C IA
I. Declarar admisible y procedente la queja deducida por el Defensor Particular, Dr. Carlos Tomás Beldi, en favor de Diego Sebastián Álvarez.
II. Hacer lugar al recurso de casación, y en consecuencia, anular el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Isidro, remitiendo copia de la presente a la citada Cámara, a fin de que debidamente integrada, dicte un nuevo pronunciamiento , sin costas en esta instancia.
Arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 107, 201, 203, 450, 461, 530 y 531 del C.P.P.
III. Diferir la regulación de los honorarios profesionales al letrado interviniente para una vez regulados en la instancia.
Arts. 15, 16, 31, 33 y ccdtes. de la ley 14.967.
IV. Tener presente la reserva del caso federal, a tenor de lo normado por el artículo 14 de la ley 48.
Regístrese. Notifíquese. Oportunamente remítase.
MAB
Firmas
Funcionario Firmante: 31/08/2021 12:23:19 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2021 13:22:59 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2021 13:31:38 - OTHARÁN Olivia - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia