Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 107286
En la ciudad de La Plata se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Ángel Natiello, Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 107. 286 de este Tribunal, caratulada: "ALEGRE, Dana Ayelén s/ Recurso de Queja (Art. 433 del CPP)" . Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO - KOHAN - BUDIÑO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. Se inician las presentes actuaciones en virtud de la Queja deducida por el señor Defensor Particular, Dr. Daniel Juan Alberto Bottegal en virtud del recurso de Casación que fuera denegado por la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento Judicial Mercedes, incoado a su vez contra la sentencia de dicho órgano jurisdiccional, confirmatoria de la resolución dictada por el Juzgado de Garantías interviniente, que oportunamente resolvió no hacer lugar a la eximición de prisión, ni a la inconstitucionalidad del art. 186 del C.P.P., como así tampoco, a la suspensión de la orden de detención que pesa sobre Alegre.
En su libelo recursivo, el letrado afirma la viabilidad del presente atento lo previsto en los arts. 433, 450, 454 y cctes del C.P.P., por afectar la libertad ambulatoria de su ahijada procesal, pudiendo ocasionar un perjuicio de imposible reparación ulterior. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura.
Sostiene que se encuentran comprometidas cuestiones federales y que es necesaria la intervención de los organismos intermedios para el ejercicio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, de acuerdo a los derechos y garantías cuestionados.
Agrega que la posibilidad recursiva debería interpretarse de la forma más amplia posible de acuerdo al contenido del art. 3 del C.P.P.. Añade que en virtud de la doctrina de la C.S.J.N. en los casos “Strada”, “Di Mascio” y otros, las causas en donde se tramitan cuestiones federales deben transitar por el T.C.P..-
Denuncia la errónea aplicación de la normativa aplicable a la eximición de prisión, insistiendo con la inconstitucionalidad del art. 186 del C.P.P., destaca la necesidad de analizar la constitucionalidad del precepto que obliga a excluir del ámbito de la eximición de prisión el supuesto de excarcelación. En el recurso de apelación, subrayó que la expectativa de pena per se no alcanza para denegar el requerimiento efectuado, por lo cual conforme el plenario Díaz Bessone, el art. 186 del rito afectaría los Pactos del Bloque constitucional. Afirmando que el mencionado artículo limita la eximición de prisión a aquellos supuestos del art. 169 del C.P.P .-
Asevera que no puede ordenarse la detención hasta que la resolución sobre la eximición de prisión adquiera firmeza, en tanto el art. 431 dispone el efecto suspensivo de esas medidas hasta tanto se resuelva el recurso primigeniamente presentado.
Expone que el efecto suspensivo que la eximición de prisión debe tener -amparado ello en el derecho al recurso-, y que la Sra. Magistrada de grado como la Excma. Cámara niegan, agravan con ello el art. 18 -debido proceso- y el art. 75 inc, 22 de la C.N., es decir las mandas internacionales.
Indica que la cámara niega el efecto suspensivo que la eximición de prisión planteada tendría en la orden de detención dispuesta, ello hasta la firmeza, entendiendo por ello no limitadamente hasta la resolución de la Cámara departamental –como sostienen los superiores departamentales, por ejemplo la de Quilmes- sino hasta que se agote la vía recursiva y –en este caso la denegatoria- quede firme.
Hace notar que en la posición que no comparte, si el Juez entendiera que corresponde la excarcelación extraordinaria de un sujeto a quien a la vez ha dispuesto la detención, deberá primero detenerlo para después poder hacerlo acreedor del beneficio del art. 170 del C.P.P. al sólo efecto de ponerlo en libertad pues no puede- insiste en la posición que no comparte- eximirlo de prisión.
En cuanto a los peligros procesales refiere que el tribunal local tiene en cuenta la hipótesis punitiva, como elemento para considerar los peligros de fuga y malversación de la prueba.
Solicita se declare admisible el recurso y oportunamente procedente.
Planea reserva del caso federal a tenor del art. 14 ley 48.
II. Radicada en Sala la presente Queja, las partes fueron debidamente notificadas (fs. 2vta/3). Por su parte, la señora Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti requiere la inadmisibilidad del recurso de casación presentado, o en su defecto, se pronuncie por el rechazo de los agravios traídos por el señor defensor particular (fs. 5/10).
III. Hallándose en estado de dictar sentencia, los Señores Jueces decidieron plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible y, en su caso, procedente la Queja deducida?: ¿Lo es el recurso de casación?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I.-La Queja ha sido deducida en tiempo y forma de conformidad con el art. 433 del C.P.P..-
En cuanto a su procedencia, cabe destacar que el recurso de Casación ha sido deducido en tiempo y forma, sin embargo, advierto que la resolución de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, por la cual se confirmó el rechazo de la eximición de prisión, no hizo lugar a la inconstitucionalidad del art. 186 del C.P.P., como así tampoco, a la suspensión de la orden de detención que pesa sobre Alegre, no encuadra estrictamente en ninguno de los supuestos del artículo 450 del C.P.P..
Sin perjuicio de ello, el planteo incoado por la defensa involucra una cuestión de índole federal, en torno a la pretendida inconstitucionalidad de la citada normativa de forma, motivo por el cual considero que debe declararse procedente la queja, abriendo las compuertas casatorias.
En efecto, la declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión grave y manifiesta, circunstancia que en el caso, no se observa toda vez que las leyes dictadas por el Congreso de la Provincia de Buenos Aires se presumen válidas, destacándose que la declaración de inconstitucionalidad debe obedecer a una cuestión de suma gravedad institucional que amerite echar mano del remedio aludido, el que debe aplicarse en última instancia y cuando la evitación del resultado repugnante a las disposiciones de la Carta Magna no pueda ser realizada por otra vía. Dicha solución ha sido consagrada por el Tribunal de Casación provincial que ha sostenido que “…la validez constitucional de las normas debe ser presumida, implicando que una declaración en contrario ha de tenerse como ‘ultima ratio’ de la labor judicial, concepción …que instaura la exigencia de que la discordancia entre los principios fundamentales de la Carta Magna y las cláusulas normativas atacadas, ha de ser manifiesta.” (Trib. Casación, Sala III, P 11258 RSD-422-3 S 3-7-2003 , Juez MAHIQUES (SD) causa “G.,F. s/ Recurso de casación”, MAG. VOTANTES: Mahiques-Borinsky).
En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico (autos “Silacci de Mage, L. 45.654, rtos. 28/5/91; en igual sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: E.D., 1-12, 10/2/1961).
A su vez, el Alto Tribunal de la Provincia ha exigido como indispensable, para la suficiencia de una impugnación de carácter constitucional, la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas y que exista una relación directa entre aquella y éstas (autos “Playamar S.R.L., I 1329, rtos. 10/12/92).
Humildemente, creo que nada de ello ocurre en el caso en estudio, dado que no se violenta principio constitucional alguno, sino que la interpretación armónica de las distintas disposiciones permite arribar a la salvaguarda de los intereses tutelados por el derecho de fondo y por el rituario.
Como refuerzo de lo sostenido hasta aquí, creo conveniente traer a colación la doctrina legal de nuestro más Alto Tribunal Nacional, cuando en los autos “ Pupelis, María” , sentó que: “ la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula sea manifiesta, clara e indudable. La Corte Suprema, al ejercer el elevado control de constitucionalidad debe imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respeto a la Carta Fundamental, con carácter privativo a los otros poderes ” (el iluminado me pertenece).
A mayor abundamiento, y a contramano del agravio planteado por la defensa, comparto lo referido por la alzada al señalar que: “…respecto del art. 186 del CPP, en modo alguno entra en colisión con dispositivos constitucionales, por el sólo hecho de prefijar determinado monto de pena en abstracto, ya que de los parámetros de procedibilidad en los que ha de ser andamiado, se erige como un límite razonable a la libertad ambulatoria del individuo sospechado, restricción que a la vez el mismo art. 144 del ceremonial en su último párrafo, se encarga de prever”.
Por tanto, considero que, al armonizar la norma en trato con las disposiciones de la Carta Magna, no se verifican los presupuestos exigidos para echar mano del remedio de “última ratio” como lo es la declaración de inconstitucionalidad procurada, amén de que la defensa no ha logrado evidenciar el quebrantamiento de cláusulas constitucionales requerido para que corresponda tal declaración.
II. Ahora bien, estimo que la resolución de la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mercedes, confirmatoria de la denegatoria de la eximición de prisión dictada por el Juzgado de Garantías nº 3, no resulta en modo alguno arbitraria, siendo razonables los motivos que fundamentan la decisión adoptada (arts. 18 de la C.N., 1, 106 y 210 del C.P.P.) puesto que para así decidir, los señores Camaristas tuvieron en cuenta la calificación legal dada prima facie al hecho, esto es , homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, previsto y reprimido por el art. 41 bis y 80 inc. 6 del C.P., en calidad de coautora.
Nótese que la calificación constituye un valladar infranqueable a los fines de la excarcelación ordinaria, (art. 169 inc. 1 “a contrario” del C.P.P.), y consecuentemente tampoco permite la concesión del beneficio de eximición impetrado, en función de lo prescripto por el artículo 186 del C.P.P., adunado a que se ha ponderado la existencia de peligros procesales.
En esa línea se ha manifestado el órgano “a quo” en el decisorio en análisis: “…resulta imprescindible establecer la adecuación típica del suceso en trato como lo hizo el a quo (…) y en función de la pena en abstracto que posee dicha figura, la eximición no es viable (conf. Art. 169 del CPP) en esa perspectiva resulta ajustada a derecho la valoración efectuada por la Magistrada de Grado respecto de la pena en expectativa como indicador de peligrosidad procesal (…) además se verifican en la especie otras circunstancias que resultan indicadores de riesgos procesales, relacionadas con las características del hecho y la conducta de la encartada luego de perpetrado el mismo, descriptas por la Jueza de garantías (…) que la imputada luego de que ocurriera el hecho investigado y al igual que al resto de los coimputados, abandonó su lugar de residencia y se ocultó, lo cual fue corroborado en el allanamiento llevado a cabo en su domicilio –extremo que la defensa intentó justificar con la mención de presuntas amenazas que no fueron acreditadas por ningún modo en autos- lo cual se suma a la circunstancia de haber entregado el teléfono celular perteneciente a la víctima con sus datos borrados…”.
Cabe recordar que la limitación a la procedencia de la eximición de prisión a los supuestos de la excarcelación ordinaria está expresamente contenida en la ley de forma, siendo clara la voluntad legislativa de dejar de lado los presupuestos del instituto regulados en el art. 170 del C.P.P., no encontrándose prevista, en consecuencia, la admisibilidad de la eximición de prisión extraordinaria.
El fundamento de ello radica en la circunstancia de que el carácter liminar del estado del proceso torna inconveniente ahondar en mayores cuestiones cuando aún no existen otros actos que importen superiores grados de compromiso procesal del imputado, toda vez que su eventual denegatoria no deviene inexorable y fatalmente en la imposición sobre el justiciable de un instituto de naturaleza cautelar -bajo la modalidad de “detención”- el que requiere de la inicial petición del Fiscal y de su puntual homologación por parte del Juez de Garantías, quien inclusive podrá evaluar –si el estado de la investigación penal preparatoria lo permite- si por fuera de la escala penal que obstaculizara el acceso a la eximición de prisión, existen indicadores de sujeción al proceso que permitan desestimar la detención requerida por el Ministerio Público Fiscal, lo que a su vez será objeto de contralor por parte de la Cámara de Apelaciones y Garantías.
En tal entendimiento podrá ese órgano jurisdiccional llamado a decidir, si corresponde, en función a las circunstancias del caso puntual, mensurar como indicador de inexistencia de riesgos procesales, precisamente, la petición eximitoria precedentemente articulada, como propia de un justiciable que se somete a los dictados de la Magistratura y, por ende, con arreglo a ello, denegar la petición de detención incoada por el promotor de la acción pública, con arreglo a tal documentada circunstancia.
Es por esas consideraciones que parece atinado dejar reservado el ámbito de la eximición de prisión a aquellos casos donde aparezca minorizado, en lo preliminar, el peligro procesal que tiene puntapié inicial en la escala penal con que se castiga el delito endilgado al imputado, dejando para los restantes institutos que sirven de contra cautela personal una mayor amplitud tanto de procedencia como de la discrecionalidad que se le concede al Juez llamado a decidir. Y no resulta ocioso recordar que dicha presunción de peligros apuntada y que se basa en la escala penal del delito viene avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus informes 12/1996 y 2/97 .
Como contracara de lo dicho, la denegatoria jurisdiccional a una petición de eximición de prisión en razón de no ser procedente la excarcelación ordinaria, como sucede en el sub lite, no apareja de manera ineludible y fatal la detención de quien pretendiera el instituto del art. 185 del C.P.P., sino solo su improcedencia “ope legis” , por imperio del texto de la ley adjetiva, armónicamente interpretada.
Por las razones expuestas, estimo que los arts. 185 y 186 del rito no importan vulneración alguna del estado de inocencia del imputado y su consecuente derecho a permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso.
A los fines de dar sustento a lo dicho, y en orden a la imposibilidad de acceder a la eximición de prisión en los supuestos en que pudiera resultar procedente la excarcelación extraordinaria, se ha sostenido que: “Esta situación (la eximición de prisión en iguales términos que los contenidos en el art. 170 del C.P.P) requeriría una reforma legislativa, ampliando los supuestos de la “eximición de prisión”, a los casos previstos por el art. 179 CPPBA, puesto que no es dable que el Magistrado, por una supuesta vía interpretativa, termine legislando” (Schiavo, Nicolás, “Las medidas de coerción en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires” , febrero del 2011, Editores del Puerto S.R.L, págs. 346/347).
En función de lo expuesto, dicha porción de la queja deberá ser rechazada.
III. Con respecto al efecto suspensivo de la orden de detención, no advierto una situación de arbitrariedad que permita la apertura excepcional de esta instancia, conforme explicitaré a continuación.
Si bien el artículo 431 del C.P.P. dispone el efecto suspensivo de las resoluciones judiciales, esto es, no serán ejecutadas durante el término para recurrir ni durante la tramitación del recurso, no es menos cierto que la misma normativa del digesto ritual excepciona tal efecto suspensivo cuando exista expresa disposición en contrario.
En ese sentido y siendo que la normativa analizada se ubica dentro del libro IV “Impugnaciones”, encontramos como expresa disposición en contrario la manda del artículo 148 del Código Procesal Penal -legislado en el Título VI “Medidas de Coerción”- que se halla en igual título que el instituto de la Eximición de prisión solicitado.
Por ello, dicho artículo dispone que al momento de evaluar sobre la aplicación o no de alguna medida de coerción, se deberá recurrir a analizar los “peligros de fuga” y “entorpecimiento”.
Ya en el sub-lite, el delito investigado que prevé una grave pena en expectativa con más las distintas constancias de la causa son las razones que hacen que la decisión que dispuso la detención de Alegre sea una resolución derivada del derecho vigente.
Incluso, a mayor abundamiento, también se aplica en autos lo expresado en el artículo 186 del digesto procesal, en el sentido que el órgano judicial interviniente deberá calificar los hechos imputados y determinar en base a ello y a dicha estimación si es procedente la excarcelación ordinaria y por ende la eximición de prisión requerida.
Dicho esto, y en base justamente a la calificación por la que viene imputada Alegre, se impone declarar improcedente el instituto en cuestión.
Asimismo, cabe destacar que el recurrente solicitó que no se llevara a cabo la detención de su asistida hasta tanto quedara firme el rechazo de la eximición de prisión. Dicho planteo, reitero, no puede tener acogida favorable, porque más allá de la eventual existencia de un recurso pendiente de resolución, no se puede posponer la aplicación de la medida de coerción que viene cuestionada, ya que en el caso particular existe una presunción de certeza en cuanto al rechazo de la eximición de prisión, máxime cuando ya se ha expedido este cuerpo rechazando el mismo, conforme surge del punto II de este sufragio.
Dicha posición es concordante con lo establecido por esta Sala al abordar el presente tema en el instituto de la suspensión del juicio a prueba -causa nº 61.083 “Cicarelli”, sent. del 15/IV/14, reg. 209- debiendo establecerse una fecha de corte o límite temporal al efecto suspensivo de una medida cuando se constate una mayor verosimilitud del estado de certeza otorgado por el avance del proceso, más aún cuando ya sea han expedido dos instancias habilitadas.
Ello implica que en el presente el justiciable ha podido ejercer plenamente la garantía de la doble instancia jurisdiccional, ya que se pronunciaron en el mismo sentido tanto el Juzgado de Garantías como la Excma. Cámara, y por lo tanto la prosecución del proceso no conculca garantía constitucional alguna.
A ello cabe asimismo adunar que, como lo expresara en el párrafo precedente, este Tribunal ya se ha expedido rechazando el instituto de la eximición de prisión, en el punto II, todo lo cual me inclina por el rechazo del planteo defensista.
Por lo tanto, las razones apuntadas llevan a considerar, como lo adelantara, que la resolución en crisis resulta ajustada a derecho (arts. 106 y 21
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