Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 106741
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Oficial, Dra. Diana Birch.
II. Rechazar , por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor Jonathan Ezequiel Ortiz, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22°, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 14, ley 48; 40, 41, 41 quater, 45, 167 inc. 4° en función del art. 163 inc. 6, CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 421, 433, 448, 450, 451, 530, 531 y ccdtes., CPP.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 106741 caratulada “ORTIZ, JONATHAN EZEQUIEL S/ RECURSO DE QUEJA (ART. 433 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA-CARRAL.
El 10 de agosto de 2020, el Tribunal en lo Criminal Nro. 3 del Departamento Judicial San Martín, en integración unipersonal, previo acuerdo del Fiscal, el imputado y su Defensora del trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, condenó a Jonathan Ezequiel Ortiz a la pena de siete (7) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego apta en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra y coautor penalmente responsable del delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública agravado por la participación de un menor de 18 años de edad, en concurso real entre sí (artículos 5, 12, 19, 29 inc. 3°, 40, 41, 41 quater, 45, 55, 166 inc. 2°, segundo párrafo y 167 inc. 4° en función del art. 163 inc. 6 y 189 bis inc. 2, párrafo cuarto, del CP).
La Defensora Oficial, Dra. Diana Birch, interpuso recurso de casación, cuya denegatoria (resolución de fecha 13 de octubre de 2020) motivó la promoción de la presente instancia de queja.
La causa ingresó a la Sala con fecha 7/07/2021, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Resulta admisible la queja promovida y, en consecuencia, procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Sostiene la Defensora que el recurso incoado es admisible, ya que se interpuso en legal tiempo y forma contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 3 de San Martín y a los fines de sostener la voluntad impugnativa manifestada por su asistido al momento de notificarse de dicho dictamen. Que la decisión que deniega el recurso, en tanto afecta el derecho al mismo y a la revisión de la resolución que reviste carácter de definitiva en sentido estricto por un Tribunal Superior, le ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior. Que el fallo, además hace imposible la continuación de la causa (art. 482 del CPP). Explica que su defendido se notifica de la sentencia condenatoria con fecha 10 de agosto de 2020 y manifiesta su voluntad impugnativa; esto último es notificado a esa Defensa con fecha 4 de setiembre de 2020 a las 14.43 en el portal de notificaciones de la Suprema Corte, es decir fuera del horario judicial, se formula reserva de recurrir en casación con fecha 8 de setiembre de 2020 y se interpone el recurso de casación con fecha 28 de setiembre de 2020 fuera del horario judicial. Que considerando que el plazo de la notificación practicada fuera del horario judicial comienza a correr a partir del siguiente primer día hábil, esto es el 7 de setiembre, desde ese día se cuentan los 20 días que establece la ley para su presentación, lo que ocurrió el día 26 de setiembre que resulta ser sábado, por lo que el vencimiento del plazo se extiende al primer día hábil posterior, esto es el 28 de setiembre o en las primeras cuatro horas del día siguiente, esto es el 29 de setiembre. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Solicita que se haga lugar a la queja y se admita el recurso de casación interpuesto. Formula reserva del caso federal.
Adelanto que la Queja deviene procedente, por lo que habrá de declararse mal denegado el recurso de Casación.
La cuestión a decidir se circunscribe a determinar si el impugnante ha dado cumplimiento con los requisitos de tiempo y forma en el trámite del recurso de casación.
El recurso de casación posibilita que el imputado ejerza el derecho constitucional de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. (arts. 8.2,h. CADH y 14.5 PIDCyP).
Si bien la facultad está sujeta a las condiciones de reglamentación que razonablemente se fijen, debe ser lo más amplia y sencilla posible a fin de evitar su fustración (Cfr. SCBA, P.83.321, rta. 4 de marzo de 2004).
Debe atenderse a las particulares circunstancias del caso, en el que la intención de interponer recurso de casación fue puesta de manifiesto tanto por la Defensora Oficial como por el imputado.
Por ello, debe prevalecer la garantía del derecho a la revisión judicial de la sentencia condenatoria, ante la singularidad evidenciada en el trámite, por lo que habré de responder el interrogante en sentido afirmativo, pues debe asegurarse la tutela judicial efectiva de los derechos de los imputados, no pudiéndose menoscabar el derecho de defensa por un exceso ritual manifiesto. (Cfr. TCPBA, Sala VI, causa 56.528 del 09/08/2013 y, en el mismo sentido, Sala VI, sent. del 02/02/2016 en causa 65818 “ Sotelo, Elías Nicolás s/ recurso de Queja ”).
Se trata del deber de los tribunales de garantizar la concreción de derechos que, por operar como condición fundante de la legitimidad del proceso, no pueden dejarse de lado sin incurrir en un injustificado e irrazonable rigor formal (Cfr. Fallos 327:5095 y TCPBA, Sala VI, C. 54.982, rta. 21 de febrero de 2013).
Tratándose la impugnada de una sentencia definitiva y ajustándose la vía utilizada a la competencia asignada a este cuerpo por los artículos 20 inc. 1, 401, 451, 454 inc. 1 y c.c. del CPP, el recurso resulta admisible.
Por lo expuesto propongo al Acuerdo declarar admisible la queja y el recurso de casación presentado por el Defensor Oficial, Dr. Horacio Martínez Ledesma (arts. 8.1. y 8.2.h de la CADH, 14.5 del PIDCyP, 18 y 75 inc. 22 de la CN, 15 de la CPBA y 1, 3, 125, 126, 139, 448, 450, 451, 454 inc. 4 del CPP).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA , dijo:
Plantea la Defensora que, en la sentencia en crisis, concretamente en relación al hecho investigado en la causa n° 5111, se efectuó una errónea aplicación de la agravante establecida en el art. 41 quater del CP. Ello, pues considera que no queda comprendido en la citada norma el caso del adulto que actúa en un hecho con un menor de 18 años en razón de condicionamientos socio culturales a su conducta y sin que haya sido utilizado al menor como instrumento para obtener la impunidad. Afirma que en el presente no hay un adulto aprovechándose de un menor para delinquir por su intermedio o con su auxilio. Solicita se case la sentencia impugnada, se quite la agravante y se reduzca la sanción fijada. Hace reserva del caso federal.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti postula el rechazo del recurso de casación (ver escrito de fecha 17/06/2021 adjunto en formato digital).
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por la impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos, art. 434 y cc. del C.P.P. (v. Sala I, c. 77.217, “ Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “ Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “ Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación ”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
El A Quo, en lo que aquí interesa, tuvo por acreditado que “ … el día 12 de febrero de 2018, entre las 23.30 y las 00.30 horas, Jonathan Ezequiel Ortíz junto al menor de 18 años de edad, Nahuel Carlos Valverdi, se apoderaron ilegítimamente de la motocicleta marca Bajaj, Modelo Avenger 220, Cuadro A8CVA22EZ3Gra001118, motor PDZCGC28277 y Dominio A024HUH, propiedad de Muñoz Carlos Gabriel, previó forzar el traba volante de la misma, la cual se encontraba estacionada en la vereda de su domicilio sito en la arteria Caseros N°2632, Primer piso, Depto. D de la localidad de Caseros, Pdo. de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, pudiendo disponer libremente de lo sustraído” (ver fs. 213vta./214 del segundo cuerpo de los autos principales).
El recurso no habrá de prosperar.
Liminarmente, no puede soslayarse que la Defensora Oficial y el imputado acordaron el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP, prestaron conformidad con la calificación legal y la pena solicitada, consintiendo así el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de facultades propias del debate (v. TCP, Sala I, c. 78.705, "Acevedo Velez Jhonatan y Castaño Yoni Andrés s/ Recurso de Casación", sent. del 1° de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre muchas otras).
Con ello, no puede dejar de advertirse que, a través de la elección del procedimiento especial de enjuiciamiento, se sustrajo de la consideración del Juez la cuestión que ahora introduce, sin expresar fundamentos novedosos que respalden su pretensión.
Ahora bien, la defensora postula que la sentencia recurrida incurre en una errónea aplicación del art. 41 quater del CP, al valorarse como agravante la concurrencia de un menor de edad en el evento.
Debo señalar que, dicha pauta agravante fue requerida por la fiscalía, al momento de formalizar el acuerdo de juicio abreviado, y por lo tanto consensuada por las partes (ver fs. 210 y fs. 212, del segundo cuerpo de la causa principal).
Sin perjuicio de ello, la defensa no logra demostrar que su aplicación sea contraria a las razones por las cuales el legislador desvaloró la intervención de menores de dieciocho años de edad en un delito respecto de los mayores que hayan participado en el mismo. En efecto, la calificante no exige un elemento subjetivo distinto al dolo. El fundamento deriva de la protección de la Niñez y Juventud y del mayor grado de injusto que representa la comisión de un ilícito junto a una “persona en desarrollo” de la cual se sabe que no alcanzó el grado de madurez suficiente para tener su plena autonomía en decidir mancomunadamente el ilícito (TCPBA, Sala VI, c. 54786, rta. 28 de mayo de 2013).
En este mismo sentido, se pronunció la Suprema Corte de esta provincia que, sin perjuicio de los diversos proyectos parlamentarios, consideró que -finalmente- el propio legislador prefirió el criterio amplio por frente a otras fórmulas más restrictivas. Así, a su entender, la norma agrava la pena respecto de los mayores que hubieran participado en alguno de los delitos contemplados en el digesto penal, cuando en él haya existido la "intervención" de un menor de dieciocho años de edad (SCBA, P. 111.446, sent. del 9-IV-2014).
Debe recordarse que, más allá del acierto o la conveniencia del contenido de la disposición, por imperio del principio de legalidad, la única fuente productora de ley penal en el sistema argentino son los órganos constitucionalmente habilitados, por lo que sólo deben reputarse como tales las emanadas por dichos órganos, conforme al procedimiento establecido por la Constitución (Zaffaroni E. R., Alagia A. y Slokar A., Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Ed. Ediar, 2002, p. 112).
Asimismo, en un segundo momento, puramente interpretativo, debe optarse por aquel sentido más limitativo o restrictivo de la criminalización dentro del alcance semántico de estas palabras legales (Zaffaroni, Alagia y Slokar, cit.) lo que no permite arribar al resultado postulado por la Defensora, al pretender introducir por vía pretoriana elementos del tipo que no fueron predeterminados por el legislador, sin que sea necesario su inclusión para salvar algún problema interpretativo o de compatibilidad con normas de mayor jerarquía.
Ahora bien, observo que el sentenciante, luego de evaluar las pruebas recolectadas, a partir de las cuales tuvo por comprobada la materialidad ilícita, advirtió la participación de un menor de edad junto con el encartado en el hecho ilícito atribuido (cfr. fs. 217vta./219, del segundo cuerpo de la causa principal).
En definitiva, la conclusión del fallo, en cuanto afirma los extremos de la imputación aquí discutidos, constituye la derivación razonada del derecho vigente y de las pruebas habidas en la presente causa; no hubo, pues, infracción a ninguna regla de la sana crítica ni desconocimiento del in dubio pro reo (arts. 41 quater, 45, 167 inc. 4° en función del art. 163 inc. 6 , CP; 106, 209 y 210, CPP), desde que la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia como posición del juez respecto de la verdad –frustrada–, no sólo no surge de los fundamentos que el A Quo expuso sino tampoco de los argumentos utilizados en el recurso (cfr. TCPBA, Sala VI, c. 55.295, “El Bueno, Humberto Gabinoó Del Bueno, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación”, reg. 186 del 30 de mayo de 2013, entre muchas otros).
En consecuencia, propongo rechazar, por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor de Jonathan Ezequiel Ortiz (arts. 40, 41, 41 quater, 45, 167 inc. 4° en función del art. 163 inc. 6 CP; 106, 209, 210, 373 del CPP), con costas (arts. 530 y 531, CPP). y tener presente la reserva del caso federal (art. 14 de la ley 48).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos. Entiendo preciso aclarar que tras una nueva discusión en el acuerdo, con relación a la postura que en soledad he mantenido hasta el presente, en punto a una interpretación de la regla del artículo 41 quater que promovía una exigencia con determinada "intencionalidad" en la conducta del sujeto activo, he concluido en abandonar esa postura.
En efecto, la persistente jurisprudencia que sobre esta temática ha emanado de nuestro Superior Tribunal de provincia (vgr. P.144.546, entre muchos otros) más la consideración de la primacía de los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y Niñas, incorporado como parte del bloque constitucional federal, que en su art.3ero dispone que los Estados Partes deben adecuar sus legislaciones en atención al “interés superior del niño” (inc. 1) y para asegurarle “la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar” (inc. 2) me persuaden de un esquema donde el legislador, más allá de algunas contradicciones en el debate parlamentario que abrieran las distintas alternativas en su exégesis, ha perseguido una finalidad eminentemente tuitiva cuya característica central es la de protección. Esta ha sido la opinión consolidada de nuestro colegas de la Casación Federal que encuentran el fundamento de la ratio agravatoria en proteger especialmente al menor, castigando más severamente a aquellos que los involucran en situaciones delictivas. (CFCP- Sala 4-CCC 49867/2009/TO1/CFC1).
En consecuencia, con la aclaración que precede y compartiendo entonces los fundamentos integrales que se propicia desde el primer voto para el rechazo del recurso, me pronuncio en idéntico sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Oficial, Dra. Diana Birch.
II. Rechazar , por improcedente, el recurso de casación interpuesto en favor Jonathan Ezequiel Ortiz, con costas.
III. Tener presente la reserva del caso federal efectuada.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22°, CN; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 14, ley 48; 40, 41, 41 quater, 45, 167 inc. 4° en función del art. 163 inc. 6, CP; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 373, 421, 433, 448, 450, 451, 530, 531 y ccdtes., CPP.
Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N° 1108
Firmas
Funcionario Firmante: 05/10/2021 10:14:38 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 05/10/2021 10:19:46 - MAIDANA Ricardo Ramón - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2021 10:27:28 - GONZÁLEZ Pablo Gastón - AUXILIAR LETRADO RELATOR DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia