Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 109801
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la queja.
II. Rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa. Con costas.
Rigen los artículos 76 bis del Código Penal; 404, 433, 448, 450, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral, Ricardo Borinsky y Carlos Ángel Natiello, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 109801 caratulada “COLAVITTA, TOMAS ROBERTO S/ RECURSO DE QUEJA (ART 433 CPP)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - BORINSKY - NATIELLO.
I. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata (en el marco de la causa N°33826 de su registro interno) confirmó el temperamento adoptado por el Juzgado de Garantías N°2 local, que no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba respecto de Tomás Roberto Colavitta, en orden al delito de lesiones culposas.
II. Contra dicha resolución dedujo recurso de casación la defensa del inculpado.
La parte denuncia, en lo sustancial, que el temperamento adoptado por los jueces de la instancia anterior es arbitrario y que no resulta ajustada a derecho la interpretación efectuada de lo normado en el artículo 76 bis del Código Penal, pues el argumento rector de la decisión atacada se apoyó exclusivamente en al pena de inhabilitación que conlleva la infracción penal reprochada a su asistido.
III. Con la asignación del recurso en la Sala se notificó a las partes técnicas; y radicada la impugnación en esta Sede, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera : ¿Es admisible la queja deducida?
Segunda: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Tercera : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Adelanto la admisibilidad de la vía impugnativa articulada, al entender que la materia en trato reviste el carácter de sentencia definitiva o equivalente que especifica el artículo 450 del ordenamiento ritual.
La cuestión ya ha sido resuelta por este Tribunal de Casación en Acuerdo Pleno de causa 52.274 – 52.462 “B. L. E. y otros s/Recurso de Queja (art. 433 CPP)”, de fecha 9/9/2013 (a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad), donde se decidió que la resolución que deniega la suspensión del juicio a prueba prevista en el artículo 76 bis del CP, es sentencia equiparable a definitiva.
En base a lo expuesto, a la primera cuestión voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
A diferencia del voto precedente , la queja que se intenta no prospera pues, la resolución impugnada no resulta ser ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 450 del Código Procesal Penal, ya que al confirmar la Cámara la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba dictada por el Juez de primera instancia, la garantía del doble conforme se encuentra abastecida (artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.2.h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), sin que se advierta la existencia de circunstancias límites de arbitrariedad, denegación de justicia, absurdo o gravedad institucional que justifiquen una excepción al régimen imperante (arts. 433, 450, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal).
Luego, a esta cuestión, voto por la NEGATIVA
A la primera cuestión el señor juez doctor Natiello dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y me pronuncio por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Las razones que los colegas de la instancia anterior ofrecen para confirmar la inviabilidad de la suspensión del juicio a prueba resuelta por el juez de origen, se apoya exclusivamente en el obstáculo que ofrece, según así se explica, que el ilícito objeto de pesquisa prevé una pena conjunta de inhabilitación.
En línea con el exclusivo motivo de oposición del ministerio público fiscal, los señores camaristas privilegian el precedente de nuestro Supremo Tribunal Provincial en la causa "Peña De Vicente Claudia S. particular damnificado, Recurso extraordinario de Inaplicabilidad de ley y de Nulidad", P. 125.430 resuelta el 7 de septiembre de 2016.
El criterio de nuestro máximo Tribunal Provincial efectúa una exégesis de los precedentes de nuestra Corte Federal, "Acosta" y "Norberto", y un desarrollo de las razones por las cuales no debería proceder la suspensión a prueba de un proceso cuando la pena de inhabilitación no sólo sea única, sino también cuando está prevista como principal, conjunta o alternativa.
Como resulta consabido, el Tribunal que integro resolvió -por amplia mayoría- en el plenario, causa N° 52.274 caratulada "B., L. E. y O., A. R. s/ Recurso de Queja (Art. 433 C.P.P.)" y su acumulada causa N° 52.462 caratulada "C., L y B, A. M. s/ Recurso de Queja (Art. 433 C.P.P., de fecha 9 de septiembre de 2013, que la aplicación de la suspensión del art. 76 bis era procedente aun en casos en que existiera prevista pena de inhabilitación y que no obstante resultar la oposición fiscal vinculante, el dictamen del ministerio público no debe revestir aristas de arbitrariedad.
Uno de los supuestos donde el Tribunal de Casación ha marcado con especial énfasis, en punto a la arbitrariedad de la oposición, ha sido aquel en que la acusación estatal amparaba su negativa en la exclusiva previsión de la pena de inhabilitación.
Sin desconocer el razonamiento de nuestro Superior Tribunal Provincial, no encuentro motivos para mudar de criterio cuando, como en el caso bajo examen, la única razón que sustenta la oposición es la pena de inhabilitación que de manera conjunta prevé el ilícito de lesiones imprudentes.
Para ello tengo en cuenta el pronunciamiento de nuestra Corte Federal, con posterioridad a lo resuelto desde la cúspide jurisdiccional de este estado provincial, en un recurso extraordinario que se abre en el ámbito de discusión sobre la procedencia de una suspensión del juicio a prueba.
Con fecha 28 de junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: "Tortoriello de Boero, Mónica Alejandra s/ contrabando artículo 863 - Código Aduanero (CSJ 3526/2015)" se expidió por la procedencia del recurso extraordinario en un caso donde el ilícito reprochado se encuentra entre aquellos donde se prevé pena de inhabilitación conjunta por vía de lo prescripto por la regla del art. 876 de ese cuerpo legal, especialmente en los incisos e), f), g) y h).
No se me escapa que el objeto de discusión transitaba por considerar que habiendo sido concedido el instituto, en su tramitación ante la instancia de grado, la decisión había sido revocada a partir de la impugnación del querellante (Dirección Nacional de Aduana, órgano integrante de la A.F.I.P.), al estimar que era obligatorio el pago del mínimo de la multa para la concesión de la suspensión a prueba.
La Corte Federal entendió que tratándose de una pena accesoria ello no era exigible en tanto se requería para ello un pronunciamiento de condena en sede penal.
La Procuración General de la Nación también acompañó la pretensión recursiva de la defensa, y resulta especialmente relevante su dictamen para entender que, pese a que el objeto de discusión era si correspondía o no el pago del mínimo de la multa, a ninguno de los intervinientes se les escapó que se estaba ante un caso donde el ilícito enrostrado preveía una pena conjunta de inhabilitación.
En especial referencia a ello, en un pasaje de su dictamen la P.G.N., señaló: " Tal como lo sostuviera la defensa, opino que el análisis se debe limitar a verificar si la imputada ofreció hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, de conformidad con el artículo 76 bis tercer párrafo, del Código Penal. Al respecto, de las constancias de la causa surge que, al momento de llevarse a cabo la audiencia prevista en el artículo 293 del Código Procesal Penal, propuso entregar la suma de quince mil pesos, efectuar tareas comunitarias y autoinhabilitarse respecto a las demás sanciones previstas en el artículo 876 del Código Aduanero (cf. fs. 29), extremos que demuestran que el consentimiento otorgado por el Ministerio Público Fiscal es conforme a derecho y que procede, en el caso, el beneficio mencionado" (el destacado es propio).
Es por ello que entiendo que este nuevo pronunciamiento de la Corte Federal viene a esclarecer en algún punto las dudas que ofrecía el alcance de lo decidido años atrás en "Norverto" .
En efecto, ninguna duda cabe respecto a que el ilícito sobre el que se discutía la procedencia de la suspensión del juicio a prueba versaba sobre una prohibición que prevé pena de inhabilitación conjunta, tal es así que la máxima representación de la acusación estatal expresó en su dictamen encontrar abastecidos los presupuestos para su concesión, en lo que hace a este extremo, con la propuesta de "autoinhabilitación".
De este modo, si bien el objeto de discusión transitaba por otro carril (la imposición del pago del mínimo de la multa) no parece razonable inferir que la Corte Federal desconociera la naturaleza y las consecuencias punitivas que implicaban a la infracción atribuida y a espaldas de ello se expidiera sobre la arbitrariedad de la decisión y, en definitiva, sobre la procedencia del instituto. En mi parecer, de seguir la línea de interpretación que hoy prima en la jurisprudencia local de esta provincia, ninguna razón existiría para abrir la discusión que se encontraría obturada por la pena de inhabilitación de la infracción en trato.
Volviendo entonces al caso que nos ocupa y resultando que el dictamen de oposición se encuentra fundado exclusivamente en la previsión de pena de inhabilitación, tal como en los párrafos anteriores se explicara, -como así tampoco dejó entrever cuál es el deber de cuidado que se habría sido violado-, no encuentra suficiente fundamentación que lo deje al margen de la arbitrariedad y por tanto habilita la jurisdicción de este Tribunal, que, conforme a lo decidido en el fallo plenario antes citado y a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad, me llevan a proponer al acuerdo, la admisión de la queja y la procedencia del recurso interpuesto por la defensa debiendo, en consecuencia, anularse la resolución de la alzada departamental y reenviar la causa al tribunal para que evalúe la procedencia de la suspensión del juicio a prueba de acuerdo a las pautas interpretativas fijadas anteriormente.
En consecuencia, considero y así lo postulo al Acuerdo, declarar admisible la queja y la procedencia del recurso de casación interpuesto por la defensa particular, debiendo en consecuencia, anularse la resolución de la alzada departamental y reenviar la causa al tribunal de origen para que evalúe la procedencia de la suspensión del juicio a prueba de acuerdo a las pautas interpretativas fijadas anteriormente, sin costas en esta instancia (arts. 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos: 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 76 bis del Código Penal; 106, 433, 450, 461, 464, 530 y 532 del CPP).
Luego, a esta cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
En atención al resultado alcanzado en la anterior cuestión, me expediré sobre el fondo del tema traído a estudio.
Como vengo sosteniendo junto a mi colega de la Sala que naturalmente integro, la ley exige la conformidad del Fiscal para la concesión del beneficio en trato, y su opinión en contrario significa un valladar para su otorgamiento, ya que como encargado de la promoción y ejercicio de la acción, está diciendo, con su negativa, que es su voluntad de seguir adelante con la misma (doctrina de los artículos 71 y 76 bis del Código Penal; 404 del Código Procesal Penal), como sucede en el caso en que no ha dado su aquiescencia a la suspensión con fundada razón, que no puede ser derribada con lo traído en el escrito impugnativo, menos aún la que llega respaldada por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia -ver P. 125.430, del 7/11/16-, la que cita la propia Cámara, al dar motivada respuesta a la Defensa en el auto en crisis.
Finalmente en lo que respecta a la invocación del precedente "Tortoriello de Boero" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 28 de junio de 2018, corresponde señalar que ese pronunciamiento se circunscribió a tratar la controversia acerca de la posibilidad de aplicar la suspensión del juicio a prueba respecto de delitos previstos en el Código Aduanero, más específicamente a la interpretación que cabe asignarle a la cláusula del quinto párrafo del artículo 76 bis referido al pago del mínimo de las multas, en relación a las penas de tal especie con que se encuentran conminados los delitos de contrabando, su tentativa y encubrimiento de contrabando.
En razón de ello, entiendo que no puede afirmarse que este precedente implique que haya perdido vigencia la doctrina establecida por la Suprema Corte en el pronunciamiento citado y la resolución cuestionada es derivación razonada del derecho vigente con apego a las consideraciones del caso.
Por estos fundamentos, postulo al Acuerdo el rechazo del recurso de casación intentado, con costas (artículos 450, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal) y, a esta segunda cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Natiello dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Borinsky y me pronuncio por la NEGATIVA.
A la tercera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Que en orden al resultado arrojado por el tratamiento de las cuestiones precedentes, corresponde -por mayoría- 1) Hacer lugar a la queja; y 2) Rechazar por improcedente el recurso de casación, con costas (artículos 76 bis del Código Penal; 404, 433, 448, 450, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal). Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el señor juez doctor Borinsky dijo :
Voto en igual sentido que el doctor Carral.
A la misma tercera cuestión planteada el señor juez doctor Natiello dijo :
Voto en igual sentido que el doctor Carral.
Por lo que no siendo para más se dio por terminado el Acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
I. DECLARAR ADMISIBLE la queja.
II. RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la defensa. Con costas.
Rigen los artículos 76 bis del Código Penal; 404, 433, 448, 450, 465, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas del Tribunal para su devolución a origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N°
Firmas
Funcionario Firmante: 25/10/2021 12:11:38 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2021 10:08:00 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 26/10/2021 12:34:33 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2021 15:48:33 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Fin de la sentencia