Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 124859
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 124859 caratulada “E., L. S/ RECURSO DE QUEJA”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 14 de febrero del año 2023, la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Zárate-Campana confirmó la resolución del Juzgado de Garantías N° 3, en la que declaró la inimputabilidad de L. E. por los hechos calificados como daño agravado en venganza por la determinación de una autoridad (dos hechos que concurren materialmente entre si) en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, dispuso como medida de seguridad la internación del imputado en una institución neuropsiquiátrica de seguridad -la que fijó en seis (6) años a partir de la firmeza de la decisión- y denegó el sobreseimiento del nombrado.
La Defensora Oficial, Dra. Karina Paola Dib, interpuso el recurso de casación que, tras ser rechazado, motivó la presente queja.
La causa ingresó a la Sala I de este Tribunal con fecha 15/05/2023, se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es procedente la instancia de queja promovida y, en consecuencia, admisible el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
La Defensora Oficial sostiene que el pronunciamiento impugnado resolvió la privación de la libertad sin observar las reglas del juicio previo con que la Constitución Nacional protege a todo acusado en el proceso penal, a pesar de que el imputado es una persona con padecimiento mental y que no es susceptible de reproche penal. Señala que E. se encuentra cumpliendo detención por una medida de seguridad dictada sin observancia a las garantías de derecho de defensa, juicio previo, legalidad, imparcialidad, inocencia, debido proceso, igualdad, derecho a la salud y trato digno. Añade que en autos sólo se cuenta con el dictamen de una perito psiquiatra, contrariando la manda que dispone la necesidad de contar con exámenes interdisciplinarios para determinar la necesidad de privación de la libertad por razones de salud mental. Advierte que la medida de coerción fue fijada por seis años, sin justificativos válidos para ello, mediante valoraciones propias de los arts. 40 y 41 del CP. Por todo lo expuesto, solicita se disponga el cese de la medida de seguridad dispuesta y, en su caso, la reconducción de su situación jurídica conforme las previsiones de los arts. 168 y 62 del CPP, de darse las condiciones legales para ello. En subsidio solicita la reducción del límite máximo fijado.
El Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernandez, mantiene los argumentos de su colega de la instancia (trámite de fecha 11/05/2023).
La Fiscal Adjunta ante el Tribunal de Casación, Dra. Alejandra Moretti, propicia el rechazo del recurso interpuesto (trámite de fecha 11/05/2023).
Atento la presentación directa hecha, con motivo de la denegatoria de la Cámara de Apelación y Garantías de Zárate-Campana de la concesión de la impugnación interpuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 433 del CPP, corresponde examinar lo resuelto.
A tal fin, es necesario determinar el alcance de la habilitación legal contenida en el último párrafo el artículo 450 del CPP que, en su redacción vigente, establece que podrá interponerse recurso de casación contra los autos dictados por la Alzada Departamental cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución.
El objetivo es garantizar el derecho al recurso en casos donde la libertad personal es denegada por primera vez por la Cámara y admitir su tratamiento, pese a que dicho derecho haya sido ejercido y exista doble conformidad judicial -como ocurre en autos-, cuando se verifique una situación de gravedad institucional o concurra alguna cuestión constitucional que posibilite la apertura de la instancia extraordinaria federal (ver Sala I TCPBA, c. 78.575 "Jaller Maximiliano Alberto s/Recurso de casación", rta. 15/9/2016, reg. 718/16, e. o.).
Aún cuando lo decidido carezca de definitividad, debe ser equiparado pues por sus efectos provoca agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior que requiere tutela judicial inmediata (conf. causas P 119.663, resol de 15-X-2014; P 118.572, resol. de 4-XI-2015; P124.803, resol. de 29-XII-2015; P 127.121, resol. de 14-XII-2016, e.o.).
En el caso, si bien se encuentra satisfecha la garantía procesal del recurso, el Tribunal de Casación constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, pues los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal (Fallos: 327:423, 1688 y 329:4058), por afectación de garantías constitucionales.
La materia involucra una cuestión federal cuyo planteo es útil para demostrar la infracción alegada, pues se advierte un apartamiento de la solución legal prevista para el caso, lo que constituye una causal definida de arbitrariedad (art. 14 ley 48).
Con ello, concurren cuestiones excepcionales que autorizan la intervención de esta instancia (TCPBA, Sala I, c. 80.819, rta. 14 de febrero 2017, reg. 144/17, entre otros).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA .
A la segunda cuestión planteada el señor juez, doctor MAIDANA , dijo:
Los motivos de agravio expuestos por la impugnante fueron desarrollados en detalle al expedirme sobre la primera cuestión, por lo que los doy por reproducidos aquí, en honor a la brevedad.
El recurso de casación habrá de prosperar.
En efecto, me he expedido con anterioridad sobre la cuestión planteada (ver Sala I, causa n° 123.433 caratulada “FAZIO Leonel Brandan Isaac s/ recurso de casación”, sent. de fecha 18/05/2023, reg. 457/23).
El sistema penal de doble vía adoptado por el Derecho Penal Argentino -de penas fundadas en la culpabilidad y medidas de seguridad derivadas de un diagnóstico de peligrosidad-, sólo permite evaluar si las reglas seguidas cumplen con el deber de fundamentación explícita que posibilite el control critico–racional del proceso de decisión (Conf. Sala I TCPBA, causa "Valant" del 14/8/2018; "Carleo" del 21/2/2018; “Manzo” 5/5/20).
La norma del art. 34 inc. 1° del CP no establece ningún parámetro para la fijación del tiempo de duración de las medidas, sólo hace referencia a la desaparición del riesgo para sí y para terceros. No obstante, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha dicho que: “... La persona declarada incapaz de culpabilidad tiene un derecho igual al del condenado como autor responsable a conocer con anticipación el plazo máximo por el que podrá extenderse la privación de su libertad —en aplicación del art. 34, inc. 1, segundo párrafo, del Código Penal—, por ello, el tribunal que dispone una medida de seguridad con la que se pone fin al proceso penal debe fijar el plazo máximo hasta el que la medida podrá extenderse, asegurando una razonable proporcionalidad entre el ilícito cometido y la medida ordenada (...). La garantía del debido proceso rige para toda privación de la libertad en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional y adquiere un vigor especial cuando la razón que motiva el encierro es la incapacidad psíquica de la persona de cuya libertad se dispone ” (CSJN “Antuña”, 13/11/2012, Fallos 335:2228). En sintonía, la SCBA se pronunció en P. 126.987 "G. J, F. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" (sent del 08-05-19) y estableció un Protocolo de actuación de conformidad con los lineamientos de la Ley nacional de Salud Mental n° 26.657 y de la ley provincial de adhesión n° 14.580.
Además, cabe mencionar que el principio de proporcionalidad es un elemento distintivo de todo ordenamiento jurídico sometido a los principios del Estado de derecho, compuesto por criterios de idoneidad (para la consecución de su objetivo), necesidad (atendiendo al derecho penal como ultima ratio o in dubio pro libertate ) y exigibilidad, que se establece con el fin último de lograr un trato justo y de gravamen adecuado para el ciudadano (HASSEMER, Winfried, “El principio de proporcionalidad como límite de las intervenciones jurídico-penales”, en El principio de proporcionalidad penal, Editorial Ad-Hoc, 2014). En el ámbito de las medidas, “ el principio de proporcionalidad cumple la función básica de asegurar que la imposición y ejecución (...) se mantengan dentro de lo constitucionalmente tolerable. La Constitución presupone, por un lado, que el Estado ha de poder contar con herramientas efectivas para proteger a la sociedad frente a posibles amenazas, pero también que esa protección de la sociedad se habrá de llevar a cabo de tal manera que el individuo se vea preservado frente a injerencias intolerables en sus derechos individuales ” (véase Ziffer, Patricia “Medidas de Seguridad”, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, p. 104 y ss.).
Conforme se desprende de los antecedentes adjuntados al legajo recursivo, el fiscal imputó los siguientes hechos: (1) " El día 19 de diciembre de 2020 siendo aproximadamente las 01.30 horas, un sujeto de sexo masculino se constituyó en la finca sita en la calle Luis Turón Nro. 1050 de la ciudad de Ingeniero Maschwitz partido de Escobar, de éste partido de Escobar, y mediante la utilización de una bomba casera del tipo molotov, construida con una botella de vidrio y en su interior líquido inflamable del tipo nafta -la cual arrojó hacia adentro del predio- provocó un focoígneo que dañó el frente del portero eléctrico, la pared lindante, una ventana con el mosquitero, una puerta lindante a esa ventana y paredes lindantes; a su vez dicho sujeto realizó un dibujo del tipo grafftiti en el paredón frontal perimetral de la vivienda antes descripta con una pintura de color blanco, dañando la misma en su estructura exterior; en venganza por haber ordenado la víctima Roberto Oscar Ponce en el marco del desempeño de la labor de Juez Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción, un allanamiento de su morada en el marco de la 73233/2018.
Todos los elementos que sufrieron daños resultan ser propiedad del morador de la finca, el mencionado Ponce ."; (2) " El día 28 de enero de 2022, siendo aproximadamente las 09.30 horas, un sujeto de sexo masculino se constituyó en la finca sita en la calle Luis Turón Nro. 1050 de la ciudad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, de ésta Provincia de Buenos Aires y realizó un dibujo estilo grafftiti mediante la utilización de una pintura de color rojo en el paredón exterior perimetral del predio, en venganza por haber ordenado el victimado Ponce en el marco del desempeño de la labor de Juez Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción, un allanamiento de su morada en el marco de la 73233/2018, dañándolo en su estructura exterior, elemento propiedad del Sr.
Roberto Oscar Ponce ."; (3) " El día 9 de febrero de 2022, siendo aproximadamente las 17.00 horas, en oportunidad de realizar personal policial de la DDI Departamental una medida de allanamiento ordenada en el marco de la presente causa por el suscripto en la finca sita en la calle Balcarce s/n entre Velez Sarsfield y 25 de Mayo de la ciudad de General Rodríguez, partido homónimo, de ésta provincia de BuenosAires, fueron halladas en poder de un sujeto de sexo masculino, dentro de su domicilio, entre otros elementos, siete (7) botellas plásticas con pico rociador, conteniendo dos de ellas material combustible del tipo alcohol, una material combustible del tipo kerosene, un material combustible del tipo barniz con aguarrás, un material combustible nafta super, una material combustible del tipo gasoil y la restante, material combustible del tipo aguarrás, elementos estos inflamables, asimismo y contemporáneamente tenía bajo la esfera de su custodia un arma de fuego de guerra sin la autorización legal actual para detentarla, siendo la misma del tipo pistola marca Bersa modelo Thunder calibre 9mm serie Nro.
F39217 con cargador colocado cargada con diecisiete proyectiles más uno en su recámara, apta para su uso inmediato ."
En base a evaluación psiquiátrica llevada a cabo por Liliana Graciela Varela, Perito Médica Psiquiatra Oficial de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial San Isidro, el Juzgado de Garantías N° 3 sustentó, con acierto, la incapacidad de L. E. para enfrentar un juicio penal y la necesidad de su internación para un adecuado tratamiento a su patología mental.
La pericia psicológica psiquiátrica dictaminó que "... el trastorno psicótico que padece el evaluado implica una seria limitación de las funciones adaptativas, lo que le disminuye su competencia para evaluar riesgos/beneficios o alternativas en el proceso de toma de decisiones que involucra el manejo de los impulsos agresivos... que al momento de los hechos que se le imputan, el Sr. E. presentaba una alteración morbosa de sus facultades mentales, la que pudiendo comprender la ilegitimidad de los actos le ha impedido dirigir sus acciones ...".
Si bien la acreditación de la incapacidad de culpabilidad fue correctamente justificada y, con ello, la imposibilidad de enfrentar un juicio penal; no se advierte en cuanto a la duración de la medida de seguridad una fundamentación acorde a la ley vigente.
En efecto, el Juez de Garantías fijó -y la Cámara confirmó- en seis (6) años la duración de la medida de seguridad, en base al encuadre legal en los delitos de daño agravado en venganza por la determinación de una autoridad reiterado en dos oportunidades y tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real entre sí (conf. arts. 55, 184 inc. 1 y 189 inc. 2, segundo párrafo, del CP) y su comparación conjetural con un supuesto de idéntico accionar pero cometido por una persona capaz de culpabilidad. A partir de esa equiparación, colocó en un pie de igualdad ambas situaciones -la de un incapaz de culpabilidad con la de un sujeto plenamente imputable en términos jurídico penales-, bajo tales parámetros fijó la duración de la medida de seguridad asimilándola a una condena.
Tal razonamiento evidencia defectos en la fundamentación del lapso de duración de la medida de seguridad. La Cámara sostuvo que “... el período establecido resulta adecuado, razonable y prudente en atención al disvalor del acto y disvalor del resultado de los injustos que se le imputan al encausado en este proceso. En efecto, y tal como lo explicara el Juez en su resolución, la escala penal del concurso real de delitos atribuidos a L. E. ... parte de un mínimo legal de dos (2) años de prisión hasta alcanzar un máximo que asciende a los catorce (14) años de la misma especie de pena ."
Tal fundamentación encierra una errónea equiparación entre la medida de seguridad y la pena, en tanto fija un lapso de duración equivalente a una pena, desatiende la diversa naturaleza entre una y otra y, en definitiva, coloca en un pie de igualdad situaciones de hecho que no lo son, desconociendo el mayor estado de vulnerabilidad en que se encuentran las personas con discapacidad y el derecho a recibir el tratamiento que corresponda a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros, según los lineamientos de la ley de Salud Mental n° 26.657, a la cual adhirió la Provincia a través de la ley 14.580, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -con jerarquía constitucional mediante ley 27.044- y los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 49/119 del 17 de diciembre de 1991.
Como consecuencia, propongo hacer lugar al recurso interpuesto, casar el pronunciamiento impugnado y remitir la causa al Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Zárate-Campana para que, integrada con Juez hábil, dicte una nueva resolución de conformidad con lo indicado precedentemente (arts. 18, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 14.1.b de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -aprobada por ley 26.378 y con jerarquía constitucional por ley 27.044-; 7 y cc. de la ley n° 26.657 de Salud Mental, ley provincial 14.580, y los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental; 34 inc. 1° CP; 20 inc. 1, 106, 168, 209, 210, 448, 454 inc. 1°, 461, 530, 531, cits. y ccs., CPP).
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor CARRAL , dijo:
Adhiero a los fundamentos de mi colega de Sala y adelanto que he de pronunciarme en igual sentido.
Me permito agregar que, tal como he señalado en pronunciamientos anteriores vinculados a la materia bajo examen, la persona sometida a proceso que es desvinculada a partir de un déficit en la capacidad de motivación resultante de una afección de salud mental que impide reprocharle la conducta que se supone previamente corroborada en todos los aspectos que hacen a la materialidad, tipicidad y ausencia de eximentes, deja de tener un rol de sujeto activo de un injusto para transformarse en un paciente.
Dado que, por el déficit apuntado, no hay un problema situado en el desafío a un sistema de normas de convivencia y orientación de comportamientos, desde el punto de vista de la prevención general la confianza de la sociedad sigue vigente y no es necesario el reforzamiento normativo a partir de la reacción estatal. Lo prioritario, a partir de entonces, es la atención sanitaria de la persona afectada y el marco mínimo de intervención posible que resguarde de riesgos concretos a terceros y al propio paciente.
Sentado ello, hay un aspecto central que no puede pasarse por alto. La República Argentina integró al ordenamiento interno la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su protocolo facultativo, mediante la sanción de la ley 26.378, promulgada el 21 de mayo de 2008. A partir de este hito es consabido el cambio de paradigma en el ámbito de la Salud Mental, lo que diera lugar, poco tiempo después, a la sanción de la ley nacional de Salud mental 26.657 y la asunción de nuevas posturas desde nuestra Corte Federal, al mismo tiempo de la sanción en el ámbito de esta provincia de la ley de adhesión que se cita ya desde el primer voto.
Sin embargo, y sin dejar de subrayar los avances que en la materia se han dado desde la doctrina judicial, particularmente en nuestra provincia a partir del protocolo emanado de nuestro Superior Tribunal y la exégesis propuesta para la aplicación de medidas de seguridad (particularmente las de internaciones forzadas); es necesario profundizar los derechos, que el compromiso de nuestro Estado Nacional asegura a todas las personas con discapacidad, el acceso a la justicia y a un trato que no discriminatorio, sin distinciones en el rol que les toque en cualquier proceso que se sustancie en la administración estatal.
Para ello es importante reparar en la opinión del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de la interpretación, implementación y custodia de la vigencia de los derechos de la Convención.
Esta opinión consultiva, más que autorizada, se ha pronunciado en varias oportunidades siendo de interés el caso que involucró al Estado parte México. El dictamen emanado, individualizado como CRPD/C/22/D32/2015, aprobado por
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.