Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133917
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible y procedente la queja articulada por el defensor particular de Lucas Maximiliano Krotter, sin costas en esta instancia;
II. Anular el resolutorio dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial San Nicolás (leg. 47251 de su registro interno) y reenviar la causa a ese organismo para que dicte un nuevo pronunciamiento ciñéndose a los agravios planteados por la parte (arts. 18, CN; art. 8.2, CADH; 14.5 PIDCyP; 106, 210, 433, 434, 435, 461, 464, 530 y 531, CPP; art. 140, Ley 24.660).
0102-5175-20
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, sede de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan , con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver en el marco de la causa nro. 133.917 caratulada “KROTTER, LUCAS MAXIMILIANO S/ RECURSO DE QUEJA”, conforme al siguiente orden de votación: BOUCHOUX - KOHAN.
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial Azul (legajo nro. 47251-2024 de su registro) declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra el resolutorio del Tribunal en lo Criminal nro. 2 interviniente, en cuanto había denegado la aplicación del estímulo educativo previsto en el art. 140 de la Ley 24.660, en relación a la participación de Krotter en ciertos talleres y cursos.
Contra ello dedujo recurso de casación el defensor particular del encausado, abog. Marcelo Fuche; remedio que no fue concedido por la Alzada local, motivando la presentación de esta Queja.
II. El letrado indica que su recurso de casación debió admitirse, pues la resolución allí impugnada era equiparable a sentencia definitiva en los términos del art. 450 del CPP, dado que la pérdida del derecho al estímulo educativo implica un aumento arbitrario de la privación de libertad. Asimismo, sostiene que hay cuestiones federales suficientes en juego que habilitan la instancia.
Agrega que el recurso de casación interpuesto debió ser concedido para garantizar el derecho del imputado a la doble instancia, en función de que la Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto, violando así el mentado derecho de índole constitucional.
En cuanto al fondo de la cuestión, informa que el estímulo educativo requerido en primera instancia fue otorgado parcialmente y de manera muy limitada, pues se otorgaron solo 4 de los 16 meses pretendidos. En ese sentido, afirma que la Jueza de grado no ha explicado cuáles fueron las razones que la llevaron a concluir que 6 (seis) de los cursos efectuados por Krotter no eran alcanzados por el art. 140 de la Ley 24.660 (a saber: Curso de Formación Profesional de Soldador Básico y Talleres denominados “Consejería en adicciones", “Conversatorio socio-educativo”, “La oración del Padre Nuestro”, “Introducción a los 4 Evangelios” y “Contenido del Credo Católico”).
En lo sustancial, se agravia de lo resuelto por la Cámara al entender que el criterio por ella adoptado es arbitrario, desde que la Ley 24.660 no requiere que el estímulo educativo del artículo 140 deba estar acompañado de un pedido liberatorio accesorio.
Sostiene que lo resuelto causa gravamen irreparable, pues de quedar firme la resolución de primera instancia, la defensa y el imputado estarán impedidos de pedir nuevamente la aplicación de estímulos educativos en orden a idénticos cursos.
Finalmente, solicita que se haga lugar a la queja incoada y se case la resolución impugnada. A todo evento, hace reserva del caso federal.
II. Recibida en la Presidencia del Tribunal, la queja fue asignada por prevención para el conocimiento de esta Sala V y se anotició a las partes. En esa ocasión, la Fiscal de Casación, Daniela Bersi, dictaminó propugnando el rechazo del remedio incoado.
Cumplidos los trámites de rigor, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es admisible la queja interpuesta?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez Bouchoux dijo:
I. Nuestra ley procesal dispone en su artículo 433 del ritual -cf. ley 13.943- que corresponde al órgano que dictó la resolución analizar si el remedio casatorio se interpuso oportunamente, si el recurrente tiene legitimidad subjetiva y si la decisión es objetivamente recurrible.
Interpuesta la queja ante este Tribunal, conforme lo normado por el artículo 433 en su relación con el 450 y 451 del Código Procesal, es necesario que en esta instancia se analice si la decisión de la Cámara departamental -que denegó el recurso de casación- es ajustada a derecho.
En primer lugar, observo que la queja traída a esta instancia abastece los requisitos de admisibilidad formal, en la medida en que se cumplieron las exigencias vinculadas al tiempo y forma de su interposición.
En cuanto a la recurribilidad objetiva de la decisión en crisis corresponde señalar que, tratándose de resoluciones que, como la aquí impugnada, puedan afectar la libertad personal, se impone la necesidad de un doble conforme, con base en el derecho al recurso previsto en los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el alcance asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en tanto lo extiende a todos los autos procesales importantes (C.I.D.H, informe N° 55/97).
Asimismo, el artículo 450 del CPP contempla estos supuestos como resoluciones recurribles, de modo que deben entenderse como equiparables a sentencia definitiva a la hora de decidir sobre su admisibilidad.
Dicho lo anterior, la regla del tercer párrafo del artículo 450 del CPP debe ser interpretada en tanto habilitación legal para que este Tribunal intervenga en aquellos casos en los que la alzada de garantías revoque la decisión de primera instancia, o bien en supuestos en los que -aun cuando exista el doble conforme- se advierta un agravio de naturaleza federal, sea por discutirse el contenido y alcance de una norma constitucional o bien porque se presente una situación de arbitrariedad manifiesta, entendiendo por tal aquella que suponga una omisión o desacierto de gravedad extrema que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional (Fallos 250:348 entre muchos otros).
En el caso bajo estudio, el tribunal de grado y la alzada local emitieron sendas resoluciones adversas a los intereses del encausado. Sin embargo, la introducción de una fundamentación legal novedosa en el resolutorio de la Cámara, contraria a la defensa y en el marco de un recurso de esa parte, habilita el ingreso de este Tribunal al estudio de los planteos traídos.
II. De las constancias de la causa, surge que el Tribunal en lo Criminal nro. 2 de Azul, en el marco del incidente 8405 (causa principal nro. 7224 de su registro interno), rechazó el estímulo educativo pretendido por la defensa en los términos del art. 140 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nro. 24.660 respecto de ciertos talleres y cursos que su pupilo realizara en detención, al entender que no se encontraban receptados en el catálogo de cursos que aquella norma contempla.
Por su parte, los camaristas, a la hora de revisar el pronunciamiento del a quo con motivo de un recurso de apelación articulado por la defensa, omitieron expedirse por el acierto o yerro de las consideraciones de su predecesor, advirtiendo un obstáculo distinto a los considerados en grado.
En efecto, los magistrados de cámara estimaron que la recompensa por estímulo educativo pretendida era prematura pues, según su entendimiento, debía evaluarse sólo cuando se encontrara asociada al pedido concreto de un "beneficio" que exija expedirse sobre algún requisito temporal.
Cabe destacar que el tribunal de grado, en el resolutorio que originó esta incidencia, aplicó la recompensa por estímulo educativo respecto de algunos de los cursos realizados por el encausado (aunque descartó su aplicación respecto de otros tantos); de lo que se deriva que la cuestión advertida por la cámara no se encontraba controvertida en el caso.
De tal manera, la Alzada local omitió expedirse sobre la aptitud o no de los cursos alegados por la defensa a efectos de ser contemplados en los términos del art. 140 de la Ley 24.660; cuestión que resultaba central en el recurso ante ella incoado.
Amén de ello, no abunda mencionar que de la letra expresa del art. 140 de la Ley 24.660 no surge que la recompensa por estímulo educativo deba requerirse conjuntamente con el acceso a determinado instituto liberatorio. Por el contrario, resolver sobre su eventual aplicación de manera previa e independiente otorga certeza al encausado, respecto del momento a partir del cual podría acceder a los diferentes institutos que prevé el régimen progresivo de detención.
En suma, considero que el resolutorio de Cámara no puede convalidarse, pues la interpretación allí efectuada excede, sin habilitación legal, los límites del recurso que abrió su competencia.
Por lo expuesto, propongo al acuerdo anular el resolutorio por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial San Nicolás y reenviar la causa a ese organismo para que dicte un nuevo pronunciamiento ciñéndose a los agravios planteados por la parte. Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión, el señor Juez Kohan dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos. Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez Bouchoux dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: 1) declarar admisible y procedente la queja articulada por el defensor particular de Lucas Maximiliano Krotter, sin costas en esta instancia; 2) anular el resolutorio dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial San Nicolás (leg. 47251 de su registro interno) y reenviar la causa a ese organismo para que dicte un nuevo pronunciamiento ciñéndose a los agravios planteados por la parte (arts. 18, CN; art. 8.2, CADH; 14.5 PIDCyP; 106, 210, 433, 434, 435, 461, 464, 530 y 531, CPP; art. 140, Ley 24.660). Así lo voto.
A la misma segunda cuestión, el señor Juez Kohan dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, expidiéndome en igual sentido. Así lo voto.
Por lo que no siendo para más, se dio por terminado el acuerdo dictando el Tribunal la siguiente
I. Declarar admisible y procedente la queja articulada por el defensor particular de Lucas Maximiliano Krotter, sin costas en esta instancia;
II. Anular el resolutorio dictado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del departamento judicial San Nicolás (leg. 47251 de su registro interno) y reenviar la causa a ese organismo para que dicte un nuevo pronunciamiento ciñéndose a los agravios planteados por la parte (arts. 18, CN; art. 8.2, CADH; 14.5 PIDCyP; 106, 210, 433, 434, 435, 461, 464, 530 y 531, CPP; art. 140, Ley 24.660).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, radíquese al origen. TA
Firmas
Funcionario Firmante: 06/03/2025 12:42:08 - BOUCHOUX Manuel Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2025 15:12:27 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2025 15:13:22 - ESPADA Maria Andrea - SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 06/03/2025 15:14:29 hs. bajo el número RS-280-2025 por ESPADA MARIA ANDREA.
Fin de la sentencia