Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja interpuesta por el señor Fiscal general de Trenque Lauquen (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del CPP).
La Plata, 6 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 127.975-RQ, caratulada: “Rubio, Roberto Miguel -Agente Fiscal- s/ Recurso de queja en causa 12.771 seguida a Diz Rodolfo Maximiliano de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, el 25 de agosto de 2016, declaró inadmisible el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Fiscal General, doctor Roberto Miguel Rubio, contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, desestimó el recurso de la especialidad contra el pronunciamiento del Juzgado en lo Correccional N° 2 que absolvió a Rodolfo Maximiliano Diz del delito de hurto calificado (fs. 43/45).
Para arribar a tal decisorio, en primer lugar, indicó que la denuncia de omisión de tratamiento, con cita del art. 168 de la Constitución provincial, debió canalizarse por medio del recurso extraordinario de nulidad (art. 491, CPP -fs. 44-).
De seguido, señaló que el art. 484 del ritual establece que cada una de las vías extraordinarias deberá interponerse por escrito y con específica fundamentación según su objeto y finalidad (arts. 491 y 494 del citado cuerpo de leyes -fs. cit-).
Por último, aclaró que la supuesta violación de garantías constitucionales llevada en el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley está directamente vinculada con el agravio de omisión de tratamiento sin ningún argumento autónomo que la sustente (fs. 44 vta.).
2. Frente a lo decidido, el Fiscal General articuló recurso de queja (fs. 47/55 vta.).
Indicó que la resolución en crisis es arbitraria pues si bien uno de los planteos consistió en la omisión de tratamiento de una cuestión esencial vinculada con la aplicación retroactiva de la ley 14.362 que modificó el art. 294 inc. 8 del CPP, aclaró que también se tachó de absurda y arbitraria la interpretación y valoración de la prueba efectuada tanto por el órgano de mérito como por la Alzada (fs. 48/vta.).
A continuación, puntualizó que la Cámara “omitió… dar puntual tratamiento al agravio expresado por el Ministerio Público Fiscal”. Asimismo, explicó que ningún artículo de la ley 14.632 prevé su aplicación retroactiva, por lo que deben aplicarse los principios comunes. En su apoyo, citó doctrina sobre la aplicación de la ley en el tiempo (fs. 49).
Reiteró que “ante la importancia que el agravio representaba y representa por sus consecuencias, la falta de tratamiento de esa cuestión esencial por parte la Exma. Cámara de Apelación departamental, provoca de por sí la nulidad de la resolución atacada en los términos del art. 201 del CPP, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”. Trajo a colación precedentes de esta Corte en los que se estableció que la omisión de tratamiento que habilita la anulación del pronunciamiento no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o tácitamente (fs. 50/vta.).
De seguido, analizó el modo en que el imputado efectuó sus manifestaciones en la sede policial y lo comparó con el fallo “Cabral” de la Corte nacional. Según la parte, no hubo un aprovechamiento de un ilícito para obtener un dato que -a su entender- ni siquiera era necesario para tener por acreditada la autoría. Consideró que se hizo una interpretación extensiva del art. 211 del CPP, en contraposición al art. 3 del mentado código (fs. 50 vta./52).
Según el Agente Fiscal, los dichos del funcionario policial interviniente en el procedimiento de aprehensión y de la víctima de autos, entre otros elementos de convicción, permiten afirmar que existió un cauce de prueba independiente que demuestra la autoría de Diz (fs. fs. 52/54).
Puso de resalto que el art. 210 del ritual establece que las pruebas deben valorarse con el sistema de la sana crítica y concluyó que en el presente se incurrió en absurdo y arbitrariedad al apartarse de los extremos debidamente acreditados (fs. 54/vta.).
Por último, manifestó que si bien no se cumplió con la exigencia del pedido de un monto de pena superior a diez años, “los tópicos en tratamiento refieren a una palmaria inobservancia y arbitraria interpretación de los hechos en los términos del art. 106 del CPP, 168 y 171 de la Constitución provincial” (fs. 55).
3. La queja es improcedente pues la parte no logró remover con eficacia el fundamento que le dio sustento a la inadmisibilidad (art. 486 bis, CPP).
Tal cual surge de la reseña del punto 2., el Ministerio Público Fiscal, en lugar de intentar demostrar que la vía del art. 494 del ritual se fundó según su objeto y finalidad (art. 484 del CPP), reafirmó la inadmisibilidad al sostener que en ella se denunció la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y la infracción de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial -uno de los argumentos en base a los cuales el a quo desestimó la impugnación-.
Por otra parte, no demostró que se hubiera planteado un agravio de índole federal con la suficiencia y carga técnica necesaria para sortear la etapa de admisibilidad (cfr. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional; arts. 14 y 15 de la ley 48). Por el contrario, intentó controvertir la valoración de los hechos y de la prueba efectuada tanto por el Juzgado en lo Correccional N° 2 como por la Cámara, exponiendo una postura discrepante en lo que respecta a la aplicación de normas procesales (arts. 3, 106, 210, 211 y 294 inc. 8, CPP). En definitiva, no evidenció que tales argumentaciones guardaran una relación directa e inmediata con las garantías constitucionales supuestamente vulneradas ni con lo debatido y resuelto en el caso.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja interpuesta por el señor Fiscal general de Trenque Lauquen (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia