Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127846
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.846, "Vázquez Menéndez, Pablo Ceferino. Recurso de queja en causa 22.643 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento de fecha 17 de septiembre de 2009, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensora oficial a favor del señor Pablo Ceferino Vázquez Méndez, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora que había condenado al nombrado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo autor responsable de los delitos de hurto y homicidio calificado en los términos del art. 80 inc. 7 del Código Penal, en concurso real entre sí. En función de ello, casó la sentencia, -y por unanimidad- declaró extinguida la acción penal por prescripción del delito de hurto y dispuso la absolución del procesado en orden a ese ilícito -sin costas-; y -por mayoría- recalificó el hecho, condenándolo finalmente a la pena de veinticuatro años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor responsable del delito de robo con homicidio (arts. 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 59 inc. 3 y 165, Cód. penal; v. fs. 253/263).
Frente a esa decisión, el señor defensor oficial ante ese órgano, doctor Mario Luis Coriolano, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 264/267), el que fue desestimado por inadmisible (v. fs. 268/269 vta.).
Contra lo así resuelto, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario federal (v. fs. 272/280 vta.), que -denegado, por inadmisible, por este Tribunal (v. fs. 285/286)-, motivó la articulación por parte de la defensa del recurso de queja de fs. 296/300 vta.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión -en lo pertinente- a los fundamentos y conclusiones vertidos en el precedente "Di Mascio" (CSJN Fallos: 311:2478) de ese mismo Tribunal, hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto el pronunciamiento de este Cuerpo y ordenó el dictado de uno nuevo (v. fs. 306/308).
Con fecha 23 de diciembre de 2013, esta Corte admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, lo declaró procedente en cuanto no había obtenido ninguna atención al momento de resolver la presentación in pauperis del imputado en el tránsito intermedio y dispuso la remisión a la instancia casatoria a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento (v. fs. 314/316).
Vueltas las actuaciones a aquella sede, merced al auto dictado el 1 de diciembre de 2015, la Sala III del Tribunal de Casación, decidió rechazar el recurso de la especialidad interpuesto e hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa acerca del agravamiento en las condiciones de detención, por lo que se recomendó al inferior en grado que analizara la necesidad de mantener al Pablo Ceferino Vázquez Méndez detenido en dicha situación o en su defecto dispusiera medidas de cautela menos lesivas (v. fs. 384/389 vta.).
El señor defensor oficial interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 405/425), el que fue desestimado por inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 428/432 vta.). Esta Suprema Corte hizo lugar a la queja formulada por la parte, mediante resolución del 4 de junio de 2017, y concedió el recurso que había sido denegado (v. fs. 574/576 vta.).
La Procuración General dictaminó a fs. 585/592 vta., aconsejando que el recurso sea rechazado. A fs. 593 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa oficial de Paulo Ceferino Vázquez Méndez formuló una petición principal y tres subsidiarias. Solicitó se declare prescripta la acción penal por haberse sobrepasado el plazo razonable para llegar a una decisión definitiva en la causa. En defecto de lo anterior se agravió por cuanto la Casación rechazó su pedido de que se considere esa tardanza como pauta atenuante de la pena. Asimismo, consideró que la sentencia que ataca es arbitraria por haber desatendido su planteo acerca de los traslados a los que ha sido sometido su asistido, que a su juicio agravaron indebidamente las condiciones de su detención. Por último, sostuvo que, al no dar respuesta a su agravio respecto de la fundamentación del monto de pena impuesto, la Casación se apartó de lo decidido por la Corte federal en esta misma causa.
Sobre su petición principal, dijo que el hecho en juzgamiento se produjo el 20 de febrero de 2002, por lo que al momento de interponer este recurso ya pasaron catorce años. Hizo una reseña de las normas internacionales que rigen la cuestión y consideró que ni la Nación ni esta Provincia han adecuado satisfactoriamente su legislación interna a los efectos de garantizar los derechos proclamados en los instrumentos que invoca. Añadió que, si bien los códigos procesales establecen plazos para las diferentes etapas del proceso, ellos por lo general no se cumplen (v. fs. 415 y vta.).
Luego alegó acerca de la oportunidad de su planteo, a efectos de que no se repute extemporáneo (v. fs. 416).
A continuación, transcribió párrafos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la razonabilidad del plazo al que se refiere el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Añadió que conforme ese tribunal, el plazo debe ser evaluado respecto de la duración íntegra del proceso "...pero de ninguna manera habla de interrupción, suspensión ni de caducidad" (fs. 416 vta.).
Argumentó que como la consecuencia de la violación del plazo es la prescripción, ella debe ser declarada incluso de oficio y en cualquier etapa del proceso.
Pasó luego a referirse a los parámetros a considerar para la determinación de la razonabilidad. Mencionó la complejidad del caso, la conducta del inculpado, y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso (v. fs. 416 vta. y 417), a lo que se ha añadido más recientemente un cuarto elemento, que es "...la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso" (fs. 550).
Sobre lo primero dijo que el hecho investigado no revestía complejidad alguna, y que los elementos probatorios fueron colectados en los primeros momentos de la investigación. En cuanto a la actividad del imputado, indicó que se limitó a hacer uso de sus derechos constitucionales. Citó en tal sentido lo expuesto por la Comisión Interamericana en el informe 12/96 en el que sostuvo que: "...el acusado que se rehúsa a cooperar con la investigación o que utiliza todos los recursos disponibles se está limitando a ejercer su derecho legal. Por lo tanto la demora en la tramitación del proceso no se puede atribuir al detenido" (fs. 417 vta.).
Afirmó que es evidente que el no haber logrado una decisión definitiva en más de 14 años importa falta de diligencia debida por parte de las autoridades, que no puede ser cargada a cuenta de los justiciables (v. fs. cit.).
Citó fallos de la Corte federal en los que estableció que la declaración de prescripción de la acción penal puede constituir el pronunciamiento garantizador que ponga fin a la situación de indefinición que supone el enjuiciamiento penal (CSJN causas "Kipperband", "Matei" y "Podestá"; e.o.).
I.2. Coincido con el señor Procurador General en que el agravio antes resumido debe ser rechazado.
Cabe señalar en primer lugar que la defensa ha variado su planteo. En efecto, al recurrir ante esta Corte frente el primigenio fallo de Casación, la defensa invocó la excesiva duración del proceso y pidió que tal circunstancia sobreviniente fuera considerada atenuante de la pena a imponer (v. fs. 119/122, primer cuerpo del legajo de casación). Es decir que el motivo ya existía -a juicio del propio recurrente- a ese momento. Sin embargo, se limitó a otorgarle un sentido jurídico que ahora modifica, pues requiere la extinción de la acción penal. Una cosa es que se admita la incorporación de objeciones que resultan de circunstancias posteriores al fallo condenatorio y otra distinta es que ese mismo defecto -ya conocido- se invoque para sostener primero una solución jurídica y luego otra.
Estimo que lo apuntado ya es suficiente para desestimar el planteo. Pero además -y para el caso en que no se comparta esa conclusión- cabe agregar que el recurrente se limita de modo abstracto a señalar el tiempo insumido por este juicio a través de las citas jurisprudenciales acompañadas y a hacer una reseña del trámite de la causa, sin hacer referencia concreta a las particularidades del expediente que justifiquen la concurrencia del conjunto de circunstancias que tanto la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este Tribunal Supremo provincial imponen valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso.
En efecto, el planteo se reduce a enumerar los criterios de la complejidad del asunto involucrado; la actividad procesal del interesado; la conducta de las autoridades judiciales; la afectación generada por la prolongación del juicio en la situación jurídica de la persona involucrada. Cabe destacar que nada dijo acerca de la pauta relativa a la gravedad del suceso atribuido (art. 495, CPP).
Ha resuelto esta Corte que la pretensión de que se extinga la acción penal por violación del plazo razonable de tramitación del proceso es insuficiente si el recurrente apoya su agravio en la afirmación dogmática de que ha sido superado el "plazo razonable" de duración de la causa, sin evidenciar, más allá de sus alegaciones sobre la simplicidad del asunto y la prudente conducta del procesado, tal circunstancia a través de un análisis concreto de sus constancias objetivas (causas P. 117.968, sent. de 11-III-2015 y P. 116.835, sent. de 3-XII-2014; e.o.).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado la necesidad de hacer un análisis de razonabilidad evaluando la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia (CIDH caso Valle Jaramillo , sent. de 27-XI-2008) lo que constituye el cuarto elemento que debe tomarse en cuenta para valorar globalmente la razonabilidad cronológica (CIDH caso Kawas , sent. de 3-IV-2009, párrs. 112 y 115).
La entidad del delito -en el caso robo con homicidio, art. 165 del Código penal- es una variable relevante que no puede dejar de ser tomada en cuenta a los fines de resolver la insubsistencia de la acción por transgresión de dicha garantía, conforme resulta de diversos pronunciamientos de la Corte federal en los cuales -con el mismo objetivo que ahora nos ocupa- examinó los montos de las escalas penales respectivas o el pedido de pena efectuado por la fiscalía (cons. V del caso "Acerbo, Néstor Horacio s/contrabando causa nº 51.221", al compartir el dictamen de la Procuración, sent. de 21-VIII-2007 y cons. 21 del voto de la minoría conformada por los Jueces Petracchi y Boggiano en el caso "Kipperband", CSJN Fallos: 322:360; esta Corte causa P. 124.929, sent. de 6-VI-2018).
La defensa omitió toda consideración acerca de estas cuestiones, lo que -independientemente de la variación de pretensiones ya apuntada- determina la insuficiencia del intento recursivo en este punto (art. 495, CPP).
II.1. De modo subsidiario la defensa requirió que la tardanza en obtener una decisión firme debió ser computada como atenuante. Dijo que, al rechazar este planteo, el Tribunal de Casación se apartó de la doctrina fijada por esta Suprema Corte en la causa P. 110.833 (v. fs. 419 vta.).
Transcribió párrafos de los fundamentos brindados por el órgano intermedio para desestimar su petición y a continuación los contrapuso con la doctrina del precedente citado. En este último se indicó que el inadecuado tratamiento procesal sufrido por el imputado puede hallar apropiada reparación en las reglas que rigen la individualización de la pena (v. fs. 420). Añadió que la atenuante referida se relaciona con las condiciones personales del sujeto, entre las que pueden ingresar circunstancias posteriores a la ejecución del hecho. Afirmó que el Tribunal de Casación circunscribió erróneamente el examen a las cuestiones de tiempo, modo, lugar y ocasión en que se desarrolló el hecho y calidad del actor (v. fs. 421).
II.2. Tampoco este planteo debe ser admitido.
Aun cuando lo decidido por el tribunal intermedio contraría la doctrina de esta Corte que correctamente cita el recurrente (causa P. 110.833, sent. de 4-V-2011; e.o.) que por mayoría resolvió que el inadecuado tratamiento procesal a que se vio sometido un imputado (en cuanto a la indebida dilación del proceso penal) puede hallar apropiada reparación en las reglas de individualización de la pena y en las que legislan lo relativo a las condiciones de su ejecución, sin perjuicio de las enmiendas que se ofrecen desde otros ámbitos, lo cierto es que el a quo no reputó que se encontraran acreditadas las violaciones legales denunciadas sobre ese extremo.
A tal tópico le son aplicables las observaciones acerca de la deficiente postulación que ya he apuntado al tratar el primer agravio. Por lo demás, la doctrina que invoca el recurrente tiene el sentido de señalar que la excesiva tardanza en obtener una decisión firme puede ser considerada -en determinadas condiciones- una de las pautas atenuantes contempladas en el art. 41 del Código Penal (causa P. 110.833, sent. de 4-V-2011). No significa ello que la tardanza sea inexcusablemente y con prescindencia de toda otra consideración una diminuente de la pena. Precisamente como la pauta debe ingresar en el marco de las condiciones personales del sujeto no es un elemento objetivo cuya sola presencia determine la atenuación de la pena. Quien recurre a la instancia extraordinaria para revisar este punto e invoca la doctrina citada no puede limitarse a señalar el transcurso del tiempo, sin relacionarlo con las condiciones personales del imputado.
III.1. En un segundo agravio subsidiario el recurrente sostuvo que el Tribunal de Casación no dio adecuada respuesta a su pedido de computar los continuos traslados entre unidades penitenciarias sufridos por el imputado como pauta atenuante de la pena, lo que implicó a su entender una violación de la garantía de la doble instancia (v. fs. 421 vta./423).
Dijo que su asistido "...fue transitando por al menos 17 Unidades Penitenciarias, con traslados injustificados; afectando su salud, la educación, el vínculo familiar y el trabajo" (fs. 422). Transcribió luego lo resuelto por el órgano intermedio sobre el punto, el que recomendó a la primera instancia que "...analice la necesidad de mantener a Pablo Ceferino Vázquez Méndez detenido en dicha situación o en su defecto disponga medidas de cautela menos lesivas" (fs. cit.). La defensa en cambio pretendía que esos traslados fueran computados como pauta minorante de la pena.
III.2. El planteo no puede ser receptado.
De la propia exposición que hace la parte se desprende que el Tribunal de Casación trató y dio una respuesta a su petición. Que ella no coincida con lo que requería la parte no significa que se haya violado la garantía de la doble instancia, pues las normas internacionales que rigen ese derecho no exigen que el órgano revisor recepte favorablemente las pretensiones que le son llevadas.
La parte se limita a afirmar que su defendido ha sufrido en su salud, educación, vínculo familiar y trabajo, sin brindar el más mínimo elemento de convicción que permitan aseverar y evaluar tal conclusión. En tal sentido, el recurso no sólo no resulta autosuficiente, sino que ni siquiera se remite a las piezas procesales que podrían brindar información sobre la cuestión que plantea (art. 495, CPP).
A mayor abundamiento, debe señalarse que el Tribunal de Casación tuvo en cuenta tanto el resultado de la audiencia en la que tomó contacto con el imputado, como los informes penitenciario y ambiental. Cabe destacar que de ellos surge que Vázquez Méndez protagonizó numerosos incidentes en las unidades en las que estuvo alojado, entre las que se cuentan secuestros de elementos punzantes, agresiones y autoagresiones, que motivaron sanciones disciplinarias. El informe penitenciario menciona que uno de sus traslados se debió a la necesidad de preservar la integridad del interno (v. fs. 523/524). La defensa omite toda consideración al respecto.
IV.1. Por último, el recurrente sostiene que el Tribunal de Casación se apartó de lo resuelto por la Corte federal, la que con cita del precedente "Strada" (Fallos: 311:2478) hizo lugar a la queja y al recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa (v. fs. 306/308). En cumplimiento de tal decisión, esta Suprema Corte dictó la resolución de fs. 314/316 en la que a su vez admitió e hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que había formulado la parte.
IV.2. Estimo que este agravio tampoco es procedente.
En cumplimiento de lo resuelto en la máxima instancia federal, esta Corte dispuso que debía dictarse nueva sentencia de casación resolviendo el recurso que la defensa había presentado ante esa instancia, teniendo en cuenta además la presentación que de modo autónomo había formulado el imputado. Ahora bien, en el recurso había dos planteos (v. fs. 34/43 vta.). Uno dirigido a demostrar la inocencia del imputado, y otro subsidiario encaminado a que se recalificara el hecho como robo con homicidio (art. 165, Cód. penal).
No había ninguna objeción a las pautas atenuantes y agravantes computadas en la sentencia de primera instancia que, si bien impuso una pena perpetua, debió considerarlas para optar entre las dos especies de sanción previstas por la norma aplicada. Cabe aclarar que, al fundar el agravio sobre la recalificación, la defensa mencionó -sin mayores explicaciones- que no se había probado la extensión del daño causado (v. fs. 41). Sin embargo, la sentencia recurrida no había estimado ese daño como agravante (v. fs. 26 vta. y 27), por lo que en rigor no había en el recurso de casación ningún planteo sobre las pautas agravantes y atenuantes -las efectivamente aplicadas- que el tribunal intermedio debiera resolver.
Recién en un segundo escrito que calificó de presentación in pauperis (v. fs. 326 y vta.) el imputado agregó la petición de que se computara la tardanza como pauta diminuente. El defensor oficial secundó y fundamentó legalmente ese pedido y por su parte agregó otra nueva pauta diminuente, que sería el sufrimiento causado por los traslados entre unidades penitenciarias (v. fs. 349/354).
En la sentencia ahora recurrida, la Casación no hizo objeción formal a esta sucesión de presentaciones y abordó los dos únicos planteos sobre la pena que se le habían formulado, antes referidos.
En el agravio ahora en consideración, la defensa sostiene que el Tribunal de Casación debió haber brindado tratamiento a las pautas para la determinación de la pena, pero no precisa si lo que impugna es que la Casación no haya abordado oficiosamente otras diminuentes además de la considerada en la sentencia de primera instancia, supliendo los términos del recurso, de las dos presentaciones in pauperis , y del escrito adicional de su defensa técnica. Cierto es que el órgano revisor puede incorporar cuestiones ajena
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.