Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128470
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa oficial departamental a favor de Gustavo Ariel Escalante, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
"ESCALANTE, GUSTAVO ARIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 24.735 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MERCEDES, SALA II".
La Plata, 7 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.470-RQ, caratulada: "Escalante, Gustavo Ariel s/ Recurso de queja en causa N° 24.735 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Mercedes, Sala II",
I. Según se desprende de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, el 13 de diciembre de 2013, revocó el veredicto absolutorio dictado por el Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental respecto a las lesiones leves culposas endilgadas a Gustavo Ariel Escalante, y -en consecuencia- lo condenó a la pena de dos años de prisión cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, y un año y ocho meses de inhabilitación especial para la conducción de vehículos automotores.
Dicho decisorio fue impugnado ante esta Suprema Corte mediante recurso de inaplicabilidad de ley -causa P. 122.597, ley 11.922- en la cual dispuso la aplicación -al caso- del precedente "Carrascosa", y ordenó la remisión de la causa a la Presidencia de Cámara para que -desinsaculados los jueces hábiles- se lleve a cabo la revisión de la sentencia condenatoria.
Finalmente, el 3 de noviembre de 2016, el mentado órgano confirmó -por mayoría- el fallo condenatorio (v. antecedentes de fs. 5/7 vta.), lo que motivó la interposición de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por parte de la defensa oficial, que resultó declarado inadmisible mediante auto del 21 de diciembre de 2016 (v. fs. 20/22).
II. En objeción a este pronunciamiento, el defensor oficial departamental -doctor Agustín P. I. Muga- interpuso queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 23/28).
Tachó de arbitrario el auto denegatorio y denunció que se vedó a quien asiste del acceso a la garantía receptada en el art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 del PIDCyP, por obturarse acudir a un Tribunal superior a los fines de que se revise su condena (v. fs. 24 vta. in fine ).
Adjetivó de carente de fundamentación al decisorio en crisis respecto a la falta de configuración de la cuestión federal (v. fs. 25).
Recordó que en la vía extraordinaria se denunció el quebranto a las garantías de defensa en juicio, legalidad, y el derecho a ser oído -art. 18 de la Const. nac.-, por proceder el superior al margen del art. 41 inc. segundo in fine del ritual, con cita en los fallos "Maldonado" y "Garrone" de la Corte federal (v. fs. cit.).
Consideró que la cuestión federal se encuentra configurada por el alcance de la normativa internacional y nacional precitada, en los términos del art. 14 inc. 3° de la ley 48 (v. fs. cit.).
Advirtió que, amén del vínculo entre las "cuestiones típicamente procesales que evidencian el compromiso de garantías constitucionales", en el carril denegado se demostró el concreto perjuicio que la omisión le acarrea a la parte, pues la falta de inmediación impide -a su entender- una condena válida (v. fs. 26).
Coligió que lo argüido por el a quo respecto a que la parte no logró demostrar un supuesto de arbitrariedad, configura una afirmación dogmática que omite la consideración de los planteos, y no se hace cargo de los argumentos llevados por la parte (v. fs. cit.).
Adunó que ello transgrede el deber de motivación de las sentencias judiciales -art. 106 del código ritual- (v. fs. cit. y vta.). Agregó, que la arbitrariedad queda configurada al quedar sin respuesta su planteo -conf. "Bassi Parides" de la CSJN- (v. fs. cit.). En dicho razonar, esgrimió que la denegatoria del carril intentado se aparta del máximo esfuerzo en la revisión, conforme los lineamientos del Fallo "Casal" del Máximo tribunal (v. fs. 26 y vta.).
En este marco, aseveró que se denunció la errónea aplicación del art. 94 del Cód. Penal, la violación a los principios de inocencia, legalidad y lesividad, a partir de la absurda valoración de la prueba en pos de determinar la responsabilidad penal de Escalante. Coligió en una errónea interpretación del art. 1, Código Procesal Penal (v. fs. 26 vta./27). Sumó el planteo subsidiario sobre falta de fundamentación en la determinación de la pena -arts. 40 y 41, Cód. Penal- (v. fs. 27).
Trajo a colación lo fallado en "Strada", "Di Mascio", "Di Nunzio" y "Martino" por la Corte federal, y el art. 31 de la Const. nac., y reiteró que se encuentra configurado un planteo de naturaleza federal -en el que gravitan los arts. 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; el derecho de defensa, a ser oído, el principio de legalidad, el del debido proceso, y el in dubio pro reo- (v. fs. 27 y vta.).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis , CPP).
1. En efecto, el órgano mencionó que si bien la vía prevista en el art. 494 del CPP ha sido interpuesta contra una sentencia condenatoria inferior a los diez años, "quedaría supérstite cuando se hubiera cuestionado de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal" (fs. 21). Agregó que la misma no se satisface con la mera invocación, sino que será menester su correcto planteamiento -conf. "Strada", "Christou" y "Di Mascio" de la Corte federal-. Sentado ello, razonó que los argumentos llevados por la parte no poseían entidad suficiente para traspasar el valladar referenciado (v. fs. cit.).
A continuación, abordó el planteo referido a la falta de audiencia de visu . En primer lugar, citó lo resuelto en P. 79.495, y aludió a que la parte no indicó por qué los precedentes de cita -"Maldonado" y "Garrone" de la CSJN-, atento a sus diferencias causídicas, resultarían aplicables al presente. En ese marco, selló la suerte adversa del embate por "su vinculación con cuestiones típicamente procesales sin evidenciarse adecuadamente el compromiso de garantías constitucionales, sumado a la ausencia de un señalamiento concreto de gravamen o perjuicio que la omisión le acarrea a la parte", en consonancia con lo fallado por esta Suprema Corte en P. 123.206 (v. fs. 21 y vta.).
Para finalizar descartó la inconstitucionalidad de la norma adjetiva -art. 494 del CPP- por no erigirse la misma como obstáculo dirimente (v. fs. 21 vta.).
2. De lo reseñado, se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
De ese modo, no logró remover el obstáculo formal vinculado con la falta de aptitud y carga técnica en el planteo de las pretensas cuestiones federales, limitándose a insistir que se encuentra configurada una cuestión de tal naturaleza, reiterando los agravios llevados en el carril descartado sin tomar en cuenta la respuesta dada por el a quo -v. específicamente lo argüido respecto a los precedentes "Maldonado" y "Garrone" de la Corte federal-.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
3. La denuncia de falta de motivación del auto adverso tampoco prospera, en tanto de lo reseñado en el acápite III.1. surge que el órgano intermedio cumplimentó el deber de fundamentación específico que le impone el art. 486 del digesto adjetivo (conf. ley 14.647).
4. En virtud de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de sustento.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa oficial departamental a favor de Gustavo Ariel Escalante, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°02
Fin de la sentencia