Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129934
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
2Regular los honorarios profesionales de los doctores Silvia Fabiana Petrof y Fabián Raúl Amendola en la suma de … jus por la articulación de la presente queja (art. 31 in fine, ley 14.967 y Acuerdo n° 3896 de 18-X-2017).
"MARENDA, CARLOS ENRIQUE S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 27.838 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE LA PLATA, SALA IV" .
La Plata, 21 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.934-RQ, caratulada: "Marenda, Carlos Enrique s/ Recurso de queja en causa n° 27.838 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Sala IV",
I. La Sala IV de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, el 25 de octubre de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa particular de Carlos Enrique Marenda contra el pronunciamiento de dicho órgano jurisdiccional que hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad y readecuó el monto de la pena oportunamente impuesta al nombrado por el Juzgado en lo Corrección n° 3, fijándola en cuatro años y diez meses de prisión y costas por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (63 hechos) y tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública (18 hechos) en concurso real entre sí (v. fs. 148/150).
Afirmó que no se cumplieron los recaudos del art. 494 del ritual (v. fs. 148 vta.).
De seguido, descartó la denuncia de violación al principio de imparcialidad del juzgador por no contar con un desarrollo crítico (v. fs. cit.).
En cuanto al planteo de afectación de la garantía de juez natural, explicó que el sentenciante no se expidió sobre la falsificación de documentos de identidad, tópico de competencia federal, sino sobre la falsificación de fotocopias de éstos. Aclaró que la jurisprudencia de la Corte nacional citada por la parte no es pertinente (v. fs. 148 vta./149).
En lo que atañe al pedido de cambio de calificación de concurso real de estafas a delito continuado, explicó que las manifestaciones de la parte no son más que la postulación de un distinto encuadre legal que no logra demostrar arbitrariedad (v. fs. 149).
Finalmente, en lo que respecta a las alegaciones dirigidas a demostrar la inidoneidad del ardid y la falta de perjuicio patrimonial, resolvió que tales argumentaciones no trascendían de una mera interpretación divergente con lo fallado que no evidenciaba una cuestión federal que justifique la instancia extraordinaria (v. fs. 149 y vta.).
II. Los defensores particulares, doctores Fabián Raúl Amendola y Silvia Fabiana Petroff dedujeron queja (v. fs. 171/180).
Alegaron que las limitaciones del art. 494 del ritual no debieron impedir la concesión del carril extraordinario pues se denunció arbitrariedad, siendo ésta una cuestión federal (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional; arts. 31, Const. nac.; 14, ley 48 -fs. 175 y vta.-).
Asimismo, recordaron que se cuestionó la afectación de la garantía de juez natural pues el Ministerio Público Fiscal omitió imputar la falsificación de fotocopias de documento nacional de identidad, lo que debió investigarse en el fuero federal, de conformidad con la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional (v. fs. 176 y vta.).
En lo que hace a la calificación legal, destacaron que se denunció la errónea aplicación del art. 55 del Código Penal pues -a su entender- no hay un concurso real de estafas sino un delito continuado. Frente a ello, manifestaron que "sin perjuicio de mantener que el fallo es arbitrario", la decisión en crisis configura un claro caso de errónea aplicación de la ley sustantiva, agravio que no necesita ser arbitrario. Concluyeron que la interpretación de los arts. 55 y 174 del Código Penal constituye cuestión federal suficiente pues tiene incidencias sobre la proporcionalidad de la pena (v. fs. 176 y vta.).
Luego, indicaron que los cuestionamientos respecto a la falta de idoneidad del ardid y del perjuicio no consistieron en una mera discrepancia con lo fallado sino que se probó la arbitrariedad por violación de los arts. 106 y 210 del ritual. A su entender, la Cámara repitió dogmáticamente los argumentos del juzgado de mérito y no abasteció la revisión de la sentencia de condena (v. fs. 177 vta.).
Por último, hicieron reserva del caso federal y cuestionaron la afectación del debido proceso, tutela judicial efectiva, defensa en juicio y libertad ambulatoria (v. fs. 179).
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
III. 1. La parte no logró remover con eficacia el juicio de admisibilidad negativo en tanto se limitó a insistir en las denuncias de arbitrariedad y afectación de las garantías de juez natural y errónea revisión de la sentencia de condena de forma genérica y dogmática.
En efecto, no demostró que éstas se hubieran planteado con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar los recaudos formales del art. 494 del ritual y que trascendieran de una mera opinión discrepante con lo fallado.
En definitiva, no se evidenció la existencia de una relación directa e inmediata entre dichos tópicos de pretenso cariz federal y lo debatido y resuelto por el Tribunal de Alzada que, al confirmar el fallo de primera instancia, descartó idénticas críticas (v. sentencias de Cámara a fs. 93/110 y del Juzgado Correccional n° 3 a fs. 51/90 vta.).
IV. Por otra parte, las manifestaciones en torno a la errónea aplicación del art. 55 en relación al art. 174 inc. 5 del Código Penal, tampoco pueden tener acogida favorable.
Tal como se puso de manifiesto en la resolución impugnada, no se cumplieron las exigencias del art. 494 del ritual (la pena impuesta a Marenda no supera los diez años de prisión). Ante tal situación, los agravios de ley sustantiva no resultan aptos para abrir la competencia de la este Tribunal, tal como lo pretenden los recurrentes (v. fs. 176 vta./177 vta.).
Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que en dichos supuestos, únicamente los agravios de pretensa índole federal formulados con los debidos recaudos formales -situación que no acontece en el presente-, permitirían superar la etapa de admisibilidad (causa P. 107.283, resol. de 2-VII-2010; P. 121.018, resol. de 7-IX-2016; P. 121.263, resol. de 7-IX-2016; P. 123.839, resol. de 7-IX-2016).
Sin embargo, los apelantes en lugar de demostrar la vinculación directa de las críticas de errónea aplicación del art. 55 en relación al 174 inc. 5 del Código Penal con un tópico de índole federal, afirmaron que se trataba de un agravio de ley sustantiva, todo lo cual reafirma la inadmisibilidad decretada.
Resulta pertinente aclarar que las manifestaciones genéricas de los defensores referidas a que lo decidido es arbitrario y que existe una "cuestión federal suficiente… ya que proyecta su incidencia sobre la individualización de la pena" (v. fs. 177) no logran conmover el déficit señalado en los párrafos anteriores pues no cuentan con un mínimo desarrollo argumental que le de sustento.
Por ello, el Tribunal,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
2. Regular los honorarios profesionales de los doctores Silvia Fabiana Petrof y Fabián Raúl Amendola en la suma de … jus por la articulación de la presente queja (art. 31 in fine, ley 14.967 y Acuerdo n° 3896 de 18-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°315
Fin de la sentencia