Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126867
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 30 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.867, "Ortíz, Rubén Ezequiel y Gauna, Matías Leonardo. Recurso de queja en la causa 61.926 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el día 2 de diciembre de 2014, hizo lugar al recurso deducido por la señora agente fiscal -doctora Marcela Dimundo- contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que -por mayoría-, y en lo que aquí resulta de interés, había dictado veredicto absolutorio respecto de Ezequiel Rubén Ortíz y Matías Leonardo Gauna en orden a los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo agravado por su comisión con armas de fuego y hurto calamitoso en concurso real por los hechos ocurridos el día 30 de noviembre de 2010, individualizado como hecho II. En consecuencia, tras rechazar el planteo de inconstitucionalidad del señor defensor adjunto ante esa sede relativo a la posibilidad de recurrir la sentencia por parte de la fiscalía (arts. 422 y 452, CPP), casó el fallo por haber sido erróneamente aplicados los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal y dispuso el reenvío al tribunal de origen a fin de que, integrado con jueces hábiles, realice un nuevo debate y decida de conformidad con las reglas citadas (v. fs. 133/160 vta., en relación con fs. 45/65 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 311/325), el que fue declarado inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 326/329).
Ante lo allí resuelto, la defensa articuló recurso de queja (v. fs. 333/338 vta.), el que fue admitido por esta Corte "...sólo respecto del agravio que conlleva la posibilidad de que los imputados se vean sometidos al riesgo de un nuevo debate" (fs. 342/343 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 356/360 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 361), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Entre los agravios articulados a fs. 317/320, que quedaron abarcados por el juicio de admisibilidad, la defensa denuncia la violación de las garantías del debido proceso, de igualdad y la que impide la múltiple persecución penal (v. fs. 317).
Se refiere al estado de inocencia que determina que el recurso casatorio interpuesto por el Ministerio Público Fiscal no tenga idénticas amplitudes que las previstas para el imputado, y señala que es el Estado quien debe procurar la demostración de culpabilidad de aquél, y que solo ante la certeza positiva sobre esa responsabilidad se puede llegar al dictado de una sentencia condenatoria, "mientras que la improbabilidad, la duda stricto sensu y aun la probabilidad (positiva), determinarán la absolución" (fs. cit. y vta.).
Expone que una sentencia condenatoria requiere de una motivación rigurosa, que debe proporcionar las razones del convencimiento del juzgador, mediante una fundamentación lógica, completa, comprensible y compatible, pues de lo contrario no se podrá destruir el principio de inocencia.
Afirma que lo anteriormente dicho es lo que ocurre en autos, pues en base a una discrepancia en la valoración de la prueba, se invierte aquel principio, desnaturalizando la vigencia de dicha garantía al disponer un nuevo análisis de la prueba mediante el reenvío y la realización de un nuevo juicio. Entiende que el acusador debe contar con un margen más acotado para procurar la revisión del veredicto absolutorio, limitado a los supuestos en los cuales la realización del juicio no fue válida, siendo ajeno al órgano revisor el examen de mérito de la prueba. De otro modo, se pondría en crisis el principio constitucional de inocencia, y a su vez, en los casos donde se dispone el reenvío para la realización de un nuevo juicio, se desnaturalizaría la garantía que veda la persecución penal múltiple.
Indica que, si el imputado ya fue sometido a un debate completo, el recurso fiscal determina que los derechos constitucionales del imputado -defensa en juicio, debido proceso, igualdad y a no ser sometido a un nuevo riesgo de condena- revistan ni más ni menos la condición de letra muerta (v. fs. 318). Cita en apoyo los precedentes "Kang", "Alcaraz" y "Arce", todos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y opinión doctrinaria.
Sostiene que resulta absurda la prohibición establecida mediante el principio de reformatio in peius (art. 435, CPP) si le brinda al acusador la posibilidad de recurrir el fallo, con la consiguiente posibilidad de renovarse, modificarse o anularse la absolución en perjuicio del imputado.
Concluye este tramo peticionando la nulidad del pronunciamiento emitido por el tribunal revisor, a fin de que lo deje sin efecto y se restablezca el del tribunal de origen.
De modo subsidiario, y en caso de no admitir la nulidad, entiende que esta Corte debería permitir una revisión amplia, con la amplitud prevista para el recurso de casación, toda vez que la resolución atacada es la primera "adversa a los intereses de es[a] parte", debiendo garantizarse la doble instancia convencional y constitucionalmente estatuida (v. fs. 319 vta.).
Argumenta que la sentencia del a quo evidencia una discrepancia subjetiva en relación con la incidencia que la prueba debió tener en su proceso de valoración tendiente a establecer su eficacia conviccional, sin que alcance a desestructurar la decisión y sin demostrar, consecuentemente, la transgresión denunciada. Finaliza el escrito recursivo señalando que no se ha podido destruir el principio de inocencia, pues subsiste un margen de duda razonable, que por imperio legal debe resolverse a favor de los imputados Ortiz y Gauna.
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 356/360 vta.).
III.1. En primer lugar, como bien se señala en el referido dictamen, el recurrente reedita las objeciones que formulara en su presentación de fs. 127/131, cuando planteara la inconstitucionalidad de las normas que legitiman al señor fiscal para recurrir el veredicto absolutorio, sin rebatir los argumentos desarrollados por el tribunal intermedio para rechazarlas en la cuestión preliminar planteada al acuerdo (v. fs. 133 vta./141 vta.); y sin lograr demostrar la existencia de las infracciones constitucionales que denuncia vulneradas (art. 495, CPP).
III.2. El órgano intermedio afirmó, con apoyo en el precedente "Mohamed vs. Argentina" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que "...no debe confundirse la 'doble persecución penal' prohibida por los instrumentos internacionales, con el 'doble conocimiento' en un mismo proceso. La instancia recursiva no hace nacer un proceso autónomo o distinto en el que se renueve la acusación, sino que se trata de la continuación del mismo proceso, ahora en una instancia de control, prevista por el legislador a fin de que un órgano superior controle la razonabilidad de un acto de gobierno como es la sentencia" (fs. 138 vta.).
Sostuvo que "...si bien el acusador no posee un derecho constitucional al recurso, si posee el derecho a la jurisdicción que le garantiza la posibilidad de utilizar todos los medios que el legislador ha decidido otorgarle, sin que ningún tribunal pueda cercenarle su ejercicio en las condiciones en las que le fue reconocido legalmente, pues en caso de hacerlo se estaría arrogando atribuciones legisferantes ajenas a su competencia" (fs. 139).
Frente a tales argumentos, el recurrente insiste con su particular interpretación de las normas convencionales que cita y con el derecho al doble conforme del imputado -que aquí no está en discusión ni ha sido menoscabado-, pero no rebate las respuestas dadas por el a quo desestimando la alegación de la parte de que ello pudiera vulnerar cláusula constitucional alguna, lo que torna insuficiente el reclamo.
IV.1. De otro lado, considero que la parte no demuestra que la decisión que hace lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y anula el veredicto absolutorio, disponiendo la realización de un nuevo debate resulte, en el caso, violatoria de la prohibición de la persecución penal múltiple expresamente consagrada en los arts. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pues, tratándose el presente de un supuesto en el que el fundamento de la anulación del veredicto absolutorio de primera instancia se sustentó en la configuración de un error grave y manifiesto "en la interpretación probatoria que condujo al tribunal a una conclusión que resulta inconciliable con las constancias de la causa" (fs. 307 vta.), lo cual ha obstaculizado a la representante fiscal la posibilidad de probar la participación y responsabilidad de los inculpados en los hechos de referencia, así entendido, el caso de autos, no reúne las características necesarias para que se configure una violación de la garantía invocada. Dado que la sentencia anulada según el régimen ritual aplicable, carece de efectos, mal podría afirmarse que su reedición implique juzgar dos veces el mismo hecho, pues como ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en estos casos, hay solo uno que puede considerarse válido (CSJN Fallos: 312:597 y 326:1149, cit.).
En esa línea, ha dicho esta Corte que del respeto por los principios del debido proceso, progresividad y preclusión, así como la prohibición de doble persecución penal, no cabe concluir como consecuencia ineludible en la privación de la facultad de recurrir del Ministerio Público Fiscal -o, en su caso, del particular damnificado- en los supuestos en que se pretende reeditar actos afectados por vicios que comprometen las garantías del debido proceso y la defensa en juicio cubiertos con igual rango, verbigracia, cuando se reputa que se ha dictado, como en el presente, una sentencia arbitraria (conf., por todos, causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
IV.2. El impugnante le otorga a la garantía mencionada un alcance que no resulta de los fallos de la Corte federal citados -"Kang", "Alcaraz" y "Arce"- en tanto no demuestra que en el caso se hayan verificado los supuestos de hecho que aquellos precedentes condujeran al Máximo Tribunal nacional a afirmar la infracción a la prohibición de la persecución penal múltiple, situación que torna insuficiente su reclamo (doctr. art. 495, CPP).
En el precedente "Kang, Yong Soo", la Corte de Nación revocó el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación al no haber tratado el planteo de violación del non bis in idem que fuera articulado por la parte. En cambio, en la presente causa, el Tribunal de Casación abordó la cuestión (v. fs. 133/141 vta.), en términos que como ya dijera no fueron rebatidos por el recurrente.
En el caso "Alcaraz", el Alto Tribunal resolvió con remisión al dictamen de la Procuración General un supuesto de tramitación paralela de dos procesos referidos a un único hecho, lo que impide establecer cualquier tipo de analogía con el presente en el que un único proceso ha transitado las distintas etapas previstas legalmente.
V. Finalmente, corresponde señalar que los imputados Ortíz y Gauna -una vez que se renueven los actos procesales necesarios- contarán con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia de condena que a su respecto se dicte (conf. doctr. causa P. 109.736 y los precedentes allí citados).
En consecuencia, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia