Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128932
En la ciudad de La Plata, a 17 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.932, "Ayala, Ramón Pablo. Recurso de queja en la causa 71.678 y su acumulada causa 70.449 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento del día 30 de diciembre de 2015, rechazó -en lo que aquí importa- el recurso interpuesto por el defensor particular de Ramón Pablo Ayala contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que condenó al nombrado a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y coautor del de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego, injustos que concursan materialmente entre sí (v. fs. 194/220 vta.).
Frente a lo así decidido, el defensor particular interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 268/277 vta.), cuya declaración de inadmisible por el tribunal recurrido (v. fs. 279/284) motivó la presentación de la queja por el señor defensor oficial adjunto (v. fs. 403/408 vta.), que esta Corte admitió concediendo la impugnación deducida (v. fs. 409/413).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 425/429 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 430) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El defensor particular escinde en tres grupos sus agravios contra la sentencia de casación que impugna: 1) los dirigidos a cuestionar la prueba de la autoría de Ayala respecto del homicidio de Darío Eugenio Palacios; 2) los que procuran modificar la imputación formulada al nombrado a título de coautor del delito de homicidio en ocasión de robo que damnificó a Demetrio Arce por el de robo calificado por el empleo de armas de fuego y 3) los formulados contra la aplicación de la agravante del art. 41 bis del Código Penal a la figura actuada del art. 165 del mismo texto legal (v. fs. 269/276 vta.).
El señor Procurador General aconsejó el rechazo de todas estas reclamaciones, dictamen que comparto.
I. En la primera parcela impugnativa la defensa denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial; 18 de la Constitución nacional; XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cuestiona que se formara convicción sobre el rol autoral atribuido al acusado con la testimonial de Cecilia Ochoa, a pesar de hallarse mermada su credibilidad y de no haberse brindado explicación alguna sobre la supuesta forma en que las declaraciones de Ramón Jiménez, Ernesto Segovia, Martín Rodríguez Hubert, Fernando Rodríguez Hubert, Elbio Palacios y Miriam Susana Gutiérrez pudieran ser eficaces para corroborar el relato de aquélla de que fue Ayala quien le disparó a su concubino. A ello adiciona que la casación no se habría ocupado de lo alegado sobre la valoración absurda que implica fundar una sentencia de condena en un testimonio reputado mendaz por el propio tribunal de juicio (v. fs. 270 vta./272).
Considera que de tal modo la sentencia incurrió en arbitrariedad por haber otorgado crédito al testimonio de Ochoa con base en afirmaciones dogmáticas, imprecisas, que no remiten a circunstancias comprobadas de la causa, sino que resultan producto de la subjetividad y el voluntarismo del tribunal a quo .
En suma, sostiene que este tramo de lo fallado carece de la motivación suficiente que debe tener una resolución judicial en transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución local; no obstante reconocer que las condiciones de validez de la sentencia deben ser alegadas mediante recurso extraordinario de nulidad, entiende que el ámbito de su conocimiento estaría ampliado por vía interpretativa a tenor de la doctrina de arbitrariedad de sentencias forjada por la Corte federal (v. fs. 271 y vta.).
Tal como adelanté, el reclamo no prospera.
El tribunal de juicio tuvo por probado que "El 15 de febrero de 2007, siendo las 19.40 hs. aproximadamente, en el playón del estacionamiento del Barrio 'El Bueno', sito en la calle n° 16 y Av. de los Paraísos de la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Ramón Pablo Ayala, descendió del rodado Fiat UNO en el que viajaba llevando consigo un arma de fuego y, tras discutir con Darío Eugenio Palacios, le efectuó un disparo con un arma de fuego, con la clara intención de quitarle la vida, logrando herirlo a la altura de la clavícula derecha, herida esa que por su magnitud, en un corto tiempo, hizo que Ayala lograra el fin buscado" (fs. 44, legajo 70.449).
Para la demostración de la autoría del acusado partió de examinar el testimonio de Cecilia Ochoa, quien dijo conocer al acusado porque robaba junto con su marido Palacios en la modalidad de salideras bancarias, mientras Ayala marcaba a la víctima, su esposo llevaba a cabo el robo; que "...el día del hecho circulaba en auto con su marido Palacios y sus dos hijos; en otro automóvil que se encontraba delante de ellos venía 'Moncho' Ayala [...] en un momento detuvieron la marcha y su marido descendió para hablar con Ayala [...] [que] bajó del auto armado [...] que se colocó en el medio de ambos hombres para que no sigan la discusión y Ayala le pedía que se corra [...] que [éste] disparó a su marido con el revólver que llevaba. El disparo ingresó a la altura del cuello, fue un solo disparo" (fs. 67 y vta., legajo cit.). Refirió que los sucesos ocurrieron "...en el playón cerca de los monoblocks donde vive Ramón Ayala"; las circunstancias del fallecimiento de su cónyuge; que no tenía armas; describió los vehículos en los que ambos circulaban y que su esposo fue a buscar a Ayala "...por el tema de la plata para otro pibe que había caído detenido", que aquél se negaba darle (v. fs. 67 vta., legajo ibíd . ).
Más allá del interés de la declarante en el resultado de la causa por el homicidio de su pareja, los jueces que llevaron adelante el juicio tuvieron en cuenta que el cotejo de sus declaraciones permitía concluir que nunca había cambiado la versión de lo sucedido respecto de este hecho, por lo que "...su testimonio resulta válido y creíble, y no hace mella a ello que tenga un interés en que se haga justicia respecto del ejecutor de su marido", además de aparecer su relato corroborado por el resto de los elementos que fueron motivo de ponderación a fs. 68/75 vta. de ese pronunciamiento originario.
Dicha construcción probatoria fue convalidada por el tribunal casatorio que descartó en ella la existencia de vicios lógicos que pudieran conmover la convicción forjada a su merced respecto de la autoría de Ayala en el homicidio de Darío Eugenio Palacios.
En igual sintonía, apreció que la declaración de Ochoa encontraba ratificación en los testimonios del oficial Ramón Alfredo Giménez "...quien escuchó decir de parte de la nombrada que el autor del hecho había sido 'Moncho' Ayala" y lo relatado por el testigo de procedimiento Ernesto Ramón Segovia; el acta de procedimiento que daba cuenta de los funcionarios policiales que se constituyeron en el lugar de los hechos, "...dejando constancia que Cecilia Adriana Ochoa se encontraba junto al cuerpo sin vida de su esposo, en un estado de crisis nerviosa, y que mediante llantos sindicó al autor del disparo homicida como Ramón 'Moncho' Ayala. Que en ese momento se apersonó en el lugar Elbio Palacios, quien señaló que su hermano hacía varias semanas estaba teniendo problemas con el acusado"; las declaraciones juramentadas de Leonardo Martín Rodríguez Hubert y Fernando Sebastián Rodríguez Hubert, vecinos del lugar que vieron, el primero, a un sujeto del sexo masculino arrojando un arma de fuego hacia el asiento del acompañante de un vehículo estacionado en el predio en cuestión, recordando haberlo visto en el lugar en otras ocasiones y, el segundo, a una persona tendida en el piso mientras que el agresor escapaba a bordo de un Fiat, modelo Uno, de color rojo; lo manifestado por el hermano de la víctima en cuanto que sabía de las diferencias existentes entre su hermano y Ayala, que andaban juntos en robos bancarios, descartando que otra persona distinta hubiese matado a su hermano; el dato coincidente de los testigos de haber visto con anterioridad al encausado en el lugar con lo expresado por la propia testigo de descargo Miriam Gutiérrez de que por ese entonces cohabitaba con Ayala en el monoblock 17 próximo a la zona en que tuvo lugar el hecho (v. fs. 200 vta./201 vta.).
En función de ello, desechó similares argumentos a los ahora traídos por su falta de asidero en la prueba rendida durante la audiencia de debate, al tiempo que el testimonio de Gutiérrez no colocaba al imputado fuera del escenario de los hechos, además de exponer una versión -la que le contara Ayala sobre que hubo un forcejeo y Palacios se pegó el tiro solo- sin apoyo en ningún otro elemento probatorio.
Con lo cual, en la comprensión del a quo , habiéndose mantenido inalterable la versión sobre este hecho brindada por Ochoa, nada impedía su invocación para fundar la condena, toda vez que un único testimonio es perfectamente válido si se compadece con el resto de las probanzas arrimadas, más aún ante la ausencia de elementos capaces de demostrar que el razonamiento jurisdiccional resulta falaz, o que la valoración hubiera reposado en apreciaciones puramente subjetivas, conforme la jurisprudencia que citó (v. fs. 202/203).
En confronte con las respuestas dadas por el tribunal del recurso a las cuestiones probatorias llevadas a su conocimiento, la impugnación se asienta en genéricas alegaciones que no reparan en todas las comprobaciones fácticas apreciadas por el revisor para mantener el reproche formulado al acusado a título de autor del homicidio de Palacios; déficit que impide demostrar que la revisión efectuada se sustente en afirmaciones dogmáticas o contraríe el derecho al recurso con la amplitud que atañe examinarlo, en los términos de los dispositivos de jerarquía constitucional y la jurisprudencia invocados (art. 495, CPP).
Por lo demás, la denuncia de transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia es ajena al recurso de inaplicabilidad de ley en trato, sin que la defensa haya desarrollado alguna crítica concreta y razonada contra este segmento del fallo que muestre defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (CSJN Fallos: 310:234). Sus alegaciones están desprovistas de una oposición a las decisiones fácticas de la sentencia (así, las explicaciones dadas para sostener la credibilidad de la testigo de cargo respecto de este ilícito y la entidad corroborante del plexo ponderado), lo que impide evidenciar que no sean derivación razonada del derecho vigente con apoyo en las circunstancias comprobadas de la causa (art. 495, cit.).
De otra parte, esta Corte tiene dicho que no existe óbice alguno en tener por probado un determinado hecho o circunstancia, en virtud de un único testimonio, en la medida que no se verifique la presencia de alguna situación que provoque una merma en su credibilidad o que el alcance otorgado a sus manifestaciones resulte arbitrario o absurdo, nada de lo cual se ha logrado justificar en este caso (conf. causa P. 126.185, sent. de 18-V-2016).
II. En el siguiente tramo recursivo el defensor particular denuncia que respecto del hecho que victimizó a Demetrio Arce fueron transgredidos los arts. 45 a 49, 165 y 166 del Código Penal; 18 y 19 de la Constitución nacional y la doctrina que identificó de esta Corte (v. fs. 272/275).
Alega que el tribunal a quo resolvió dogmáticamente que el imputado actuó con dolo eventual ya que no habría probanza alguna que permita sostener que Ayala prestó convergencia o por lo menos asintió la muerte causada por Caraffini. Entiende que de esa forma se afectó el principio de culpabilidad, pues si la conducta reprochada consistió en haber "marcado" a Arce dentro de la entidad bancaria y avisar de sus movimientos a los consortes de causa que lo desapoderaron violentamente, siendo que uno de ellos -el nombrado Caraffini- es quien terminó con la vida de aquél en la puerta de su domicilio, no es posible atribuir una muerte a quien no la ha causado, tal como fue resuelto por esta Corte en un precedente (causa P. 89.385, sent. de 8-VII-2008) que reputa de características similares a las del presente. Por ello, reclama la aplicación de la figura del robo calificado por el uso de arma de fuego (art. 166, inc. 2, Cód. Penal).
Una vez más coincido con el señor Procurador General en que el planteo debe ser rechazado en virtud de su formulación insuficiente.
En primer lugar, la defensa pretende que la cuestión aquí debatida sea fallada de conformidad con lo establecido por esta Corte frente a un caso que asevera de características similares, aunque sin demostrarlo.
En efecto, la controversia planteada en el aludido precedente P. 89.385, giró en torno de la decisión casatoria que había extendido al coautor del robo, la muerte de la mujer acaecida en el contexto de una relación sexual que otro partícipe mantenía con ella -posiblemente sin su consentimiento-, que culminó con el degüello de la víctima con un arma blanca.
Siendo así, el criterio mayoritario de esta Corte juzgó que la decisión de matar llevada a cabo por uno de los ejecutores del robo tan fuera del contexto del delito contra la propiedad, no cabía más que imputarla objetivamente a quien la había tomado, pues no era posible predicar que constituyera una muerte acaecida con motivo u ocasión del desapoderamiento en el sentido del art. 165 del Código Penal. Y que el Tribunal de Casación, al establecer que la muerte no resultó "...desbordante del acuerdo para robar", había justificado en el caso una especie de versari in re illicita puesto que, en definitiva, no había hecho más que deducir la responsabilidad por la muerte de la mera participación en el robo y de la circunstancia fáctica de que haya sobrevenido a éste la consecuencia agravada, sin reparar en la evidente desconexión entre el riesgo creado con el desapoderamiento violento y el resultado finalmente acaecido como consecuencia de otro riesgo (también violento) no dominable por el partícipe del delito contra la propiedad (del voto del doctor Soria al cual presté adhesión).
En modo alguno tales particularísimas notas se encuentran presentes en el supuesto que aquí se examina, de modo tal que pudiera justificarse su solución al amparo del precedente invocado.
Con la prueba testimonial, documental e informativa reunida durante el juicio, se tuvo por demostrado el quehacer criminal que en conjunto desplegaban Ayala y Caraffini y, cuanto menos, un tercero no identificado y prófugo, mediante un plan común con reparto de roles, de modo que todos habían querido el hecho como propio; Ayala, como "marcador" de Demetrio Arce mientras observaba la operatoria que llevaba a cabo en el banco "Credicoop", saliendo luego detrás de la víctima, que se retiró del lugar en el vehículo marca VW Bora conducido por su esposa, mientras que el acusado lo hizo en un Fiat Duna, en igual dirección, dando noticia a sus cómplices para que cumplieran con su parte; así, cuando la pareja damnificada llegó a su domicilio, fueron interceptados por Caraffini -que durante todo ese interregno mantuvo contacto telefónico que "...comenzó en la antena del banco y finalizó en la de la víctima"-, y otra persona que se desplazaba en una moto con al menos un arma de fuego, siendo que el mencionado Caraffini, con el fin de consumar el desapoderamiento de la suma de dinero retirada de la entidad bancaria y lograr su impunidad y la de quien lo acompañaba, disparó contra el señor Arce provocándole la muerte (v. fs. 84, sent. originaria).
La conducta de Ayala quedó encuadrada en los términos del art. 165 del Código Penal, en función de haber verificado los magistrados que llevaron adelante el juicio, la convergencia intencional respecto de ambos delitos en virtud de la existencia de un acuerdo para robar con armas mediante una división de tareas acordada previamente; teniendo el nombrado la efectiva comprensión de que dentro de las posibilidades del acometimiento violento contra la víctima con un arma de fuego podía darse el desenlace fatal acaecido y lo aceptó dentro de la eventualidad de ese resultado (v. fs. 106).
Los agravios formulados por la defensa fueron rechazados por el Tribunal de Casación Penal que estimó ajustadas a derecho, con sustento en las constancias de la causa, las conclusiones establecidas en la condena de grado tanto en la faz probatoria como jurídica (el planteo articulado en aquella ocasión para cuestionar la intervención de Ayala en este ilícito que victimizó a Demetrio Arce no ha sido mantenido en esta instancia).
A partir de la lectura realizada sobre el ámbito de aplicación de la figura compleja acuñada en el art. 165 del Código Penal, el a quo sostuvo que "La aceptación de ir a robar con armas, no transforma en exceso que uno de los intervinientes mate a Arce, ni surge de la causa el menor elemento que así lo indique ni planteo que busque recalar en ello. Por tanto, la intención común del resultado muerte estuvo presente en todas y cada una de las circunstancias del caso, lo cual resulta patente a raíz del empleo de armas de fuego, en clara aceptación del resultado letal que presupone el uso del referido objeto vulnerante" (fs. 212 vta.).
Explicó que tal conclusión, que "...mantiene el hecho en el tipo complejo aplicado en la sentencia, muestra su apego a la coautoría funcional y la regla de la comunicabilidad, pues ninguno de los participantes puede desprenderse de la noción de que [...] la coautoría es autoría particularizada en razón que el dominio del hecho es común a varias personas con el fin de obtener el mismo resultado típico" (fs. cit.).
Por tanto, para el sentenciante, "...todos los que cumpliendo el acuerdo previo, concurren al robo portando armas de fuego y realizan actos coadyuvantes y necesarios para la consumación del planeado, son coautores. Pues si fueron armados, es que juzgaron la posibilidad de emplear las armas, como efectivamente ocurrió en la presente causa [...] siendo [...] que [...] [d]e la totalidad de las circunstancias comprobadas de la causa [...] surge, no sólo el cabal conocimiento de los acusados de la existencia de al menos un arma de fuego, sino también la posibilidad [su] utilización [...] tendiente a lograr el fin propuesto, apareciendo como cierto y altamente probable la posibilidad de riesgo para la vida, denotándose una peligrosidad en el accionar de los encausados, y por ello no puede interpretarse que el resultado muerte le sea imputado a título de versari in re illícita , pretendiendo la aplicación de la figura del robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, no resultando entonces violatoria del principio de culpabilidad la subsunción de su conducta bajo el tipo del art. 165 del Cod. Penal" (fs. 213 y vta.).
En tal sentido, resaltó que no se trata del supuesto aquel en que alguno de los intervinientes ignorara que se llevaba un arma cargada con aptitud para efectuar disparos, por tanto, aunque Ayala no hubiese efectuado el dis
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