Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 126902
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar -por improcedente- la queja intentada por los doctores Cristian Emilio de Fazio y Pablo Gabriel de Fazio contra la denegación del recurso extraordinario de nulidad incoado a favor de Marcos Ezequiel Mazzon. Con costas (arts. 486 bis, 491 y ccds. del C.P.P. t.o. ley 14.647, 168 y 171 Const. prov. Bs. As.).
P. 126.902-RQ - “Mazzon, Marcos Ezequiel s/ Recurso de queja en causa N° 72.016 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 5 de abril de 2017.-
La presente causa P. 126.902-RQ, caratulada: “Mazzon, Marcos Ezequiel s/ recurso de queja en causa N° 72.016 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal -mediante auto del 1° de marzo de 2016 (v. su copia a fs. 54 60)- declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad impetrado por la defensa particular de Marcos Ezequiel Mazzon, contra la sentencia de ese cuerpo que -descartando el embate de la especialidad- confirmó el fallo del juez de trámite del Tribunal en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora -que a tenor del veredicto de culpabilidad emitido por unanimidad por el Tribunal de Jurados (cfe. lo previsto por la ley 14.543)- condenó al imputado a la pena de 11 años y once meses de prisión en orden al delito de homicidio simple; y dictó sentencia de unificación de penas imponiéndole la de 12 años de prisión comprensiva de la referenciada precedentemente y de la de un mes en suspenso, determinada en el marco de la causa 74.494/09, del Juzgado en lo Correccional N° 3 de ese departamento judicial.
II. Frente a la decisión denegatoria se alzaron los doctores Cristian Emilio de Fazio y Pablo Gabriel de Fazio -defensores particulares del encausado- interponiendo la queja que, a tenor de lo normado en el art. 486 bis del C.P.P. (cfe. ley 14.647) obra a fs. 61/68 vta.
Allí, aludieron a la admisibilidad de su presentación y cuestionaron los motivos por los cuales el Tribunal de Casación Penal decidió denegar el recurso extraordinario de nulidad.
En esa tarea, luego de transcribir parcialmente la resolución puesta en crisis, se disconformaron con el temperamento adoptado por el a quo en torno a la efectiva configuración de las causales que habilitan la vía impetrada.
En tal sentido indicaron que “no se trató de una opinión discrepante” y que “tampoco se reeditaron planteos” (v. fs. 63) poniendo de manifiesto que la reproducción de jurisprudencia sin correlacionarla con el caso implica valerse de falacias de autoridad (v. fs. cit.), tendientes a impedir el control jurisdiccional del superior (v. fs. 63 vta.).
Recordaron que en el escrito casatorio se denunciaron nulidades absolutas (v.gr. el planteo de nulidad por rechazo arbitrario de la prueba favorable al imputado en el marco del debate oral) y “el tribunal, lejos de avocarse a resolver si tal rechazo era arbitrario y debía ser sancionado con su nulidad elucubró vías alternativas por las cuales [esa] defensa podría haber encausado la pretensión … omitiendo tratar la cuestión” (v. fs. cit.).
Asumieron haber denunciado absurdo en el razonamiento empleado por el Tribunal intermedio en relación a la indagación vinculada a aquella prueba, justificando “…que el recurso extraordinario de nulidad resida sobre dicho planteo es una lógica consecuencia de la inexistencia de tratamiento material (Real) y no formal de la cuestión planteada por la defensa” (v. fs. 64).
Lo propio señalaron con relación a la denunciada omisión de resolver la nulidad del juicio por la conducta impropia atribuida al fiscal. En efecto, consideraron que “el tribunal inferior omitió dar tratamiento a la cuestión, limitándose a sostener que la conducta del acusador resultó desleal y en tal sentido se lo exhortó pero sin responder si corresponde declarar la nulidad del veredicto…” (v. fs. 65).
Agregaron que la cuestión expuesta es un caso federal suficiente en tanto la prohibición resulta de la ley de implementación del juicio por jurados en consonancia con mandatos constitucionales apoyados por doctrina calificada.
De otro lado, refirieron igual vicio en relación a la denuncia efectuada en la sede intermedia por no haberse filmado integralmente la audiencia privada de instrucciones.
También se quejaron de la omisión del a quo respecto de la denuncia de afectación o direccionamiento del iter lógico del jurado por el modo en que fueron dadas las instrucciones sobre el concepto de duda razonable, certeza, cuestiones de tipicidad subjetiva o el orden de prelación propuesto en las mismas. Especificaron que el planteo “no ha sido ni siquiera contestado por la sala I violando los artículos 168 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires” (v. fs. 65 vta.).
Adujeron puntualmente que se omitió dar respuesta al planteo relativo a la inexistencia de lesiones en las manos de víctima, que resultaba prueba de la hipótesis alternativa de la defensa, insistiendo en que “la cuestión no fue ni siquiera referida por los camaristas de la Sala I” (v. fs. 65 vta. último párrafo).
Finalmente, censuraron el modo de decidir en relación a las costas, argumentando sobre la irrazonabilidad de la fundamentación de la sentencia en ese punto.
Sobre dichas bases requirieron la procedencia del remedio directo.
III. La queja no prospera.
1. El Tribunal de Casación Penal denegó el recurso extraordinario de nulidad en el entendimiento de que “la vía intentada no es la idónea a los efectos de cuestionar la sentencia dictada” (v. punto III, noveno apartado de la copia del auto denegatorio, especialmente fs. 56).
Explicó allí el ponente (al que adhirió el votante en segundo término) que el propio recurrente, lejos de fundar su impugnación dentro de los parámetros objetivos de admisibilidad que requiere la senda constitucional elegida, “da cuenta de los motivos por los cuales entiende que lo resuelto por [esa] sede es contrario, en función de una interpretación disímil de lo resuelto en cada punto cuestionado” (v. fs. cit.)
Sobre dicha base, concluyó que bajo el ropaje de falta de fundamentación suficiente, u omisión de tratamiento de cuestiones esenciales introdujo agravios propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y -en consecuencia- desestimó por inadmisible el remedio formalizado, reforzando su temperamento con la transcripción de fragmentos de decisiones de esta Corte en el sentido asumido.
De otro lado, en relación al agravio vinculado a la falta de fundamentación de la imposición de costas, señaló que la parte no logró evidenciar la irrazonabilidad denunciada, y transcribió el criterio de este Tribunal en orden a la imposibilidad de discutir en el marco del carril elegido, el acierto de la decisión de la instancia intermedia.
2. En el escenario que ha quedado planteado el recurso de queja intentado en esta instancia se devela ineficaz para conmover el juicio negativo de admisibilidad al que se arribó en la sede anterior.
En efecto, tal como señaló la Casación con cita de esta Suprema Corte (v. fs. 56 vta.), el recurso extraordinario de nulidad sólo procede ante la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, la falta de fundamentación legal, el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces, o la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov.; cfe. P.113.495, res. del 7/III/2012; P.118.101, res. del 11/IX/2013; P. 116. 174, res. del 23/X/2013; P. 115.530, res. del 9/IV/2014; P.117.145, res. del 16/IV/2014; P. 117. 747, res. del 7/V/2014; e/o.).
Y pese al giro argumental que pretende darse a los agravios en la queja, lo cierto es que no se observa que la impugnación (que ha sido adunada en copia por la parte -v. fs. 40/52 vta.) se encuentre basada en los términos indicados.
Véase que de los propios dichos del recurrente surge que el Tribunal de Casación “evitó introducirse en el análisis de la cuestión… y de sus propias respuestas aunadas a la intentona evasiva respecto del vicio de procedimiento parecería conceder la razón a la defensa en cuanto a la acreditación del mismo pero prefirió el tribunal a quo optar por rechazar que dicho vicio ocasionara perjuicio a la defensa…” (v. fs. 44 vta./45).
En el mismo sentido puede señalarse el agravio que denuncia que “la afirmación de los camaristas resulta falaz, toda vez que se apartó de los registros de video donde el fiscal no solo una vez sino dos veces…exhibió antecedentes del imputado…” (v. fs. 46 vta./47).
En definitiva, si bien el recurrente aludió a la omisión o al indebido soslayo de los planteos efectuados en la instancia anterior, a la hora de concretar sus embates lo que en definitiva impugnó es el acierto o profundidad de lo decidido por el a quo respecto de los planteos nulitivos; tema que se encuentra detraído del acotado marco del recurso intentado (art. 171, Const. prov.; P. 116.057 y acum. P. 116.334, res. del 22/VIII/2012; P. 111.305, res. del 12/IX/2012; P. 108.865, res. del 19/XII/2012; P. 113.257, res. del 8/V/2013; P. 111.678, res. del 31/VII/2013; P. 114.008, res. del 9/X/2013; P. 116.535, res. del 30/X/2013; entre muchos otros).
De otro lado, con relación a la falta de fundamentación atribuida a la decisión en materia de costas, al margen del alcance con que fuera resuelto el tópico en el auto denegatorio cuestionado, lo cierto es que la crítica no puede prosperar habida cuenta que lo que el art. 171 de la Carta local sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, mas no su incorrecta, desacertada o deficiente motivación que es -en esencia- lo que cuestiona el recurrente, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado (arts. 171 de la Constitución provincial; 491 del C.P.P. y concs. y doct. P. 71.145, sent. del 21/V/2003; Ac. 92.499, sent. del 18/V/2005; Ac. 96.502, sent. del 7/XII/2005; entre muchas otras).
Finalmente, corroboran la conclusión expuesta en la sede anterior las denuncias de menoscabo de garantías constitucionales -que la queja reproduce- en tanto aquellas resultan inatingentes al remedio intentado y propias del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (cfe. P. 48.864, sent. del 7/III/1995; P. 56.884, sent. del 23/IV/1996; P. 56.495, sent. del 1/IX/1998; P. 94.870, sent. del 27/II/2008; e.o.) como se señalara en la resolución impugnada.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar -por improcedente- la queja intentada por los doctores Cristian Emilio de Fazio y Pablo Gabriel de Fazio contra la denegación del recurso extraordinario de nulidad incoado a favor de Marcos Ezequiel Mazzon. Con costas (arts. 486 bis, 491 y ccds. del C.P.P. t.o. ley 14.647, 168 y 171 Const. prov. Bs. As.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia