Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128563
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de A.R.A. (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia por el doctor Miguel Ángel Racanelli (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°806
P. 128.563-RQ - “Agüero, Ricardo Alberto s/ Recurso de queja en causa Nº 72.238 del Tribunal de Casación, Sala VI”.
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.563-RQ, caratulada: “A.R.A. s/ Recurso de queja en causa Nº 72.238 del Tribunal de Casación, Sala VI”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Sexta del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la resolución de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial La Matanza que había condenado a A.R.A. A la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente (fs. 3/8).
Para así decidir, liminarmente, expuso que -en el caso- se encuentra abastecido el art. 494 del Código Procesal Penal en lo que hace al monto de la pena. De seguido recordó que es doctrina de esta Corte que, aún cuando no estén configurados tales requisitos propios de la vía impugnativa intentada, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye –cumplidos ciertos recaudos- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (cfe. “Strada” y “Di Mascio”).
En dicho marco, señaló que tal situación no se patentiza en la especie “pues el reclamo se sustenta únicamente en la doctrina de la arbitrariedad y se desentiende de lo efectivamente resuelto por e[s]e Tribunal, pues la parte en su recurso de casación cuestiona la valoración probatoria realizada en torno a la autoría decidida para su defendido, invocando el beneficio de la duda, siendo que la totalidad de dichas quejas fueron abordadas por e[s]a Sala” (fs. 5).
Remarcó que, oportunamente, ese Tribunal indicó que una correcta valoración de la prueba dependía de su consideración en conjunto y, por esa razón, entendió que los puntos cuestionados se hallaban debidamente probados, no habiéndose alterado el onus probandi ni infringiéndose el in dubio pro reo ; y que -por eso- se decidió que más allá que –en principio– el sistema adoptado por nuestro código de formas no fija óbice alguno frente a la posibilidad de sustentar una imputación penal con la declaración de un único testigo (arts. 209, 210 y 373, CPP), lo cierto era que en el presente coexistió el relato de los damnificadas con otros elementos de prueba que, ponderados en su conjunto, se erigieron en indicios de cargo que sustentaron aquellas versiones (fs. 6).
En virtud de ello es que consideró que la defensa no consiguió demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estima comprometidas (fs. cit.).
En sustento de su postura dijo que la arbitrariedad reviste carácter excepcional y que no constituye una tercera instancia para las simples discrepancias del recurrente (CSJN, Fallos: 298:360).
A raíz de lo expuesto, el a quo sostuvo –con cita de precedentes de esta Corte- que la cuestión que el recurrente plantea de naturaleza federal “no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos en que e[s]a Sala sustentó el fallo impugnado por lo que el recurso carece en este tramo de fundamentación autónoma”, por lo que la parte “no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesarias y se limitó a exponer un criterio divergente con el sentido de resuelto” (fs. 7).
A mayor abundamiento, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en punto a que “si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei (SCBA: P-103.093, rta. 14/7/2010; P-112.761, rta. del 19/9/2012; P-112.573, rta. 19/12/2012; entre otras)”.
2. Frente a ello, el letrado de confianza del nombrado, doctor Miguel Ángel Racanelli, articuló recurso de queja (fs. 24/27 vta.).
Manifestó -con cita del caso “Bulacio” y del art. 18 de la C.N.- que se condenó a su asistido en forma arbitraria y sin un orden estrictamente lógico jurídico. Explicó que en la sentencia recurrida se aprecia la errónea comprensión de las declaraciones “debido a que no se les brindaron el verdadero valor que ellas merecen, fundamentando en forma equivoca la resolución”.
Alegó que el fallo tiene fundamento aparente, sea porque implica una afirmación dogmática no apoyada en las normas aplicables y en las constancias de la causa, sea en razón de que enuncia conceptos imprecisos, excesivamente latos, genéricos o conjeturales (fs. 26).
Enfatizó que la sentencia del Tribunal “al justipreciar la figura penal adecuada, se traduce sólo en una simple convicción personal, que no aparece apoyada en ninguna consideración directamente referida a las razones de carácter objetivo que pudieron formar esa convicción, de modo que no solo no satisface el concepto de sentencia, sino que cierra a las partes toda posibilidad de establecer si la decisión es, en verdad, el resultado de una correcta aplicación o un mero arbitrio judicial” (fs. 26 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente.
Si bien de lo reseñado se desprende que el Tribunal intermedio efectuó algunas consideraciones que traspasaron los límites formales de la admisibilidad, lo cierto es que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado los argumentos que le dieron sustento a la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
En definitiva, la parte no removió los obstáculos formales en base a los cuales el Tribunal intermedio denegó el recurso extraordinario, más aun, ignoró dicho pronunciamiento por completo dejando incontrovertido su fundamento.
De este modo, incumplió con el objeto y finalidad del recurso de queja (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa particular de A.R.A. (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia por el doctor Miguel Ángel Racanelli (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia