Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128981
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de V.J.M., con costas (arts. 486 bis y ccds. del CPP).
“V.J.M. S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 73.769 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA II”.
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.981-RQ, caratulada: “V.J.M. s/ Recurso de queja, en causa n° 73.769 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
I. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de abril de 2017, declaró parcialmente admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de V.J.M., contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 de La Plata que condenó al nombrado a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda y aprovechando la situación de convivencia prexistente (fs. 50/53).
II. Frente a la decisión referida, se alzó la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia -doctora Ana Julia Biasotti- merced al recurso de queja que articuló a fs. 56/61.
En primer lugar, alegó que el argumento utilizado por el a quo para cerrar la vía extraordinaria “no resulta oponible en el caso”, toda vez que se han puesto de manifiesto la existencia de agravios de naturaleza federal (fs. 57 vta.).
Esgrimió que en la vía extraordinaria se explicitó la cuestión federal que se sometía a conocimiento de esta Corte, la cual surgió a partir del dictado de la sentencia que rechazó por extemporáneo el planteo defensista realizado ante la instancia casatoria y que, en virtud de ello, se afectó la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio (arts. 18 de la CN, 8.2.h y 14.5 del PIDCyP) -fs. cit./58-.
Destacó que lo resuelto atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó, en consecuencia, de modo directo la posibilidad de una revisión integral de la condena. En abono de su postura, trajo a colación el precedente “Casal” de la CSJN (fs. 58 y vta.).
Consideró que el Tribunal de Casación, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por esta Corte y la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena (fs. 59).
Expuso que el órgano revisor encubrió su propia omisión. De seguido, citó la causa P. 85.977 de este Cuerpo y adujo que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en el art. 494 del CPP, pues esa labor debe realizarla un superior (fs. cit. vta.).
Entendió que, de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la CADH (fs. cit./60).
En consecuencia, argumentó que la decisión de la sede intermedia, en el tramo referido a la violación de las garantías a la revisión amplia del fallo condenatorio y a la defensa efectiva, “con base en la pretendida falta de aptitud y carga técnica necesarias […] para argumentar que podrían estar involucradas cuestiones federales, no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía extraordinaria intentada…” (fs. 60).
Como colofón, arguyó que se vedó a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de cuestiones constitucionales propias de la competencia del Tribunal de Casación, por cuanto -reiteró- la sentencia de dicho órgano “omitió explicar razonadamente por qué el planteo de índole federal de e[s]a parte resultó defectuoso” (fs. cit. vta.).
III. La queja no es de recibo.
a. En lo que aquí interesa, el Tribunal de Casación destacó que resultaba inadmisible la crítica “… dirigida contra la resolución de este [órgano] de no tratar los planteos novedosos expuestos por la defensa en la oportunidad prevista en el art. 458 del CPP, toda vez que se trata de una materia impugnativa que no encuentra cabida en el art. 494 del... ordenamiento procesal” (fs. 52).
De seguido, sostuvo que el intento defensista de sortear tales exigencias “... no habilita vía alguna de excepción, pues la recurrente entendió desarrollar una cuestión federal que, en esencia, no es tal” (fs. cit.).
En ese raciocinio, juzgó “... bajo la apariencia de una pretendida cuestión constitucional, la disconformidad de la impugnante con ese aspecto del fallo casatorio, en rigor, involucra planteos vinculados a la interpretación de normas de orden local (art. 451 y 458, C.P.P.), materia que conforme la inveterada doctrina de la C.S.J.N resulta ser ajena a la instancia federal” (fs. 52 y vta.).
Observó que, sin perjuicio de los intentos de la defensa de asignar a sus planteos carácter federal -con fundamento en las previsiones del art. 451, cuarto párrafo, del digesto de forma-, y “sin que resulte atinente a es[a] evaluación liminar abrir juicio acerca de la corrección en esa exégesis legal”, sus apreciaciones “no van más allá de la exposición de su particular interpretación acerca de la afectación constitucional que el pronunciamiento en crisis habría provocado al resolver no atender los planteos contenidos en la aludida presentación” (fs. 52 vta.).
Así entonces, resolvió que el reclamo “... no cumple con los recaudos pertinentes desde que su argumentación no autoriza a entender que, en el caso, podría estar involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal con aptitud para sortear el requisito objetivo que... está ausente en la situación en particular...” (fs. cit.).
b. De lo reseñado, se aprecia que los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado en dicho segmento del resolutorio por parte del Tribunal revisor.
Ello, por cuanto la defensa ha circunscrito la vía directa a insistir sobre el pretendido cariz federal de sus agravios, desentendiéndose de los motivos por los cuales aquél obturó su progreso.
Para más, las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la parte pretende reprochar al órgano intermedio aparecen como manifestaciones dogmáticas que no logran evidenciar cuál es la relación con lo acontecido en el sub lite.
Asimismo, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador -art. 8.1 de la CADH- no prospera, en razón que los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso -art. 15 de la ley 48-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial Adjunta ante el Tribunal de Casación Penal a favor de V.J.M., con costas (arts. 486 bis y ccds. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia