Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128993
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud , Soria , Negri , Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.993 , "Legendre Carrizo, Héctor José s/ Recurso de Queja en causa n° 75.160 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
En el marco de un juicio abreviado, y con motivo del reenvío dispuesto por la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal en virtud de haber casado el veredicto absolutorio pronunciado respecto de Héctor José Legendre Carrizo, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza resolvió, el 16 de octubre de 2015, condenarlo a la pena de tres años de prisión, con costas, en calidad de autor responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, declarándolo reincidente (v. fs. 6/9 vta. con relación a fs. 10/15).
Contra esa decisión, la defensa dedujo recurso de casación que fue rechazado por la Sala Cuarta del referido tribunal intermedio, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2016 (v. fs. 53/64 vta.).
Ante ello, el señor defensor oficial adjunto de casación, doctor Nicolás Agustín Blanco, interpuso recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 75/86); el que declarado inadmisible por la citada Sala (v. fs. 90/92 vta.), motivó la deducción de la queja pertinente (v. fs. 162/171), que fue admitida por esta Corte, siendo concedida la impugnación para garantizar el eventual tránsito de la causa hacia la instancia federal (v. fs. 175/177).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 184/188 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 189) y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Cuando el primigenio veredicto absolutorio dictado respecto de Héctor José Legendre Carrizo fue recurrido por la fiscalía, la Sala Sexta entonces interviniente del Tribunal de Casación Penal coincidió con la parte acusadora en que aquella conclusión no podía ser refrendada con base en que las víctimas no hubiesen reconocido al imputado en la diligencia de reconocimiento en rueda de personas; pues de tal manera se había dejado de lado la serie de probanzas que puntualizó con aptitud para afirmar la "...individualización [...] plena y perfecta" del acusado como autor de los hechos juzgados (v. fs. 8 vta.).
Por tanto, el revisor casó aquel pronunciamiento originario, devolviendo las actuaciones para que fuese dictado uno nuevo de conformidad con los lineamientos expuestos en su decisorio (v. fs. 6/9 vta.).
En cumplimiento de ello, el Tribunal Criminal n° 5 de La Matanza emitió la sentencia del 16 de octubre de 2015, por la que condenó a Legendre Carrizo a la pena de tres años de prisión y costas, en calidad de autor responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, declarándolo reincidente (v. fs. 10/15).
El fallo fue recurrido ante casación por el señor defensor oficial, por cuanto, según explicó, había sido dictado en violación a la garantía que impide la múltiple persecución penal y a los principios de progresividad y preclusión procesal; además de las razones que expuso para justificar su tesis de que la condena resultaba consecuencia de una ponderación arbitraria de la prueba (v. fs. 21/29 vta.).
Ante el fracaso de su impugnación, la defensa dedujo el recurso de inaplicabilidad de ley, que fue concedido por el cauce excepcional señalado en la resolución de esta Corte de fs. 175/177, siendo luego aconsejado su rechazo por el dictamen de la Procuración General que obra a fs. 184/188 vta., temperamento con el cual adelanto mi coincidencia.
II. El recurrente denunció en primer término que en esta causa resultó violado el debido proceso legal y la defensa en juicio al haberse quebrantado la garantía del ne bis in idem (arts. 18, 33 y 75 inc. 2, Const. nac.; v. fs. 79).
Sostuvo que su defendido ha sido condenado por el mismo hecho por el cual oportunamente resultó juzgado y absuelto en virtud de un proceso válidamente cumplido, sin que se le puedan reprochar los defectos señalados por el tribunal intermedio a aquella decisión originaria (v. fs. 79 vta.).
Con apoyo en los precedentes "Videla", "Polak", "Sandoval" y "Mattei" de la Corte federal cuya doctrina estimó inobservada, aseguró que "...sólo mediante una declaración de nulidad fundada en la inobservancia de alguna de las formas esenciales del proceso es posible retrogradar el juicio por sobre actos ya cumplidos, más sólo en la medida de la nulidad declarada"; y que, por tanto, si como ocurre en el caso "...se pretende invalidar [...] la sentencia en virtud de vicios intrínsecos de [é]sta, no es posible, en razón de ello, reanudar actos que, al dictarse la sentencia que se reputa inválida, ya habían sido adecuadamente cumplidos" (fs. 80).
Consideró que de tal forma el acusado ha sido sometido a los padecimientos de un nuevo proceso penal, en vulneración del non bis in idem y de los principios de progresividad y preclusión de los actos procesales.
Señaló por último que lo sostenido por el órgano intermedio importó desconocer la jurisprudencia actual del Máximo Tribunal de la Nación (v. fs. 81).
III. El Tribunal de Casación Penal desechó que en el caso resultase vulnerado el principio non bis in idem y las garantías de defensa en juicio y debido proceso invocadas por la defensa (v. fs. 54 vta.).
A partir de una interpretación amplia sobre los alcances de la garantía que implica que nadie puede ser "perseguido" más de una vez por el mismo hecho delictivo penal, el a quo coligió que así como la sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada puede ser nuevamente analizada en los supuestos que habilita la acción de revisión del art. 467 del Código Procesal Penal únicamente para beneficiar, nunca para agravar, la situación del condenado, como contrapartida, la sentencia absolutoria firme es irreversible sin excepciones (v. fs. 54 vta. y sigs.).
De acuerdo con esos lineamientos, entendió evidenciado que en el marco del juicio desarrollado respecto de Legendre Carrizo, no se habían transgredido las normas que protegen la garantía de prohibición de doble juzgamiento, puesto que "...precisamente la sentencia absolutoria dictada en estos autos nunca adquirió la firmeza exigida para que se torne irreversible lo allí resuelto, y ello no es más que una lógica consecuencia de las previsiones de nuestro derecho procesal que concibe al recurso contra la sentencia de modo bilateral, habilitando al acusador público a interponer dicho remedio procesal de conformidad con lo normado por el art. 452 inc. 1 del C.P.P." (fs. 55 vta.).
Refirió que el reenvío había sido dispuesto en el marco del control que le compete a esa sede revisora respecto de la legalidad y logicidad de la prueba objetada, hallándose facultado el tribunal para anular una decisión como la dictada en este caso en quebrantamiento de sus formas esenciales; sin que esa actuación afectara la prohibición del ne bis in idem , ya que "...no está prohibida la remisión del proceso a instancias anteriores siempre que medien razones que así l[o] justifiqu[e] y que ello sea producto de un recurso de la contraparte de quien se vea beneficiado por esa sentencia en crisis, para su reedición. Es que si no es posible un reenvío, una vuelta atrás, deberían vedarse todos los recursos existentes en el digesto de rito, con excepción de los de la defensa" (fs. 56 y vta.).
A título de ejemplo, citó la causa "Luzarreta, Héctor José y otros", en que la Corte Suprema dejó sin efecto una absolución por los recursos de casación y extraordinario federal interpuestos por los fiscales de juicio y de casación, respectivamente.
De allí que el tribunal a quo expresó su disentir con la postura que invoca de manera genérica e indistinta los fallos "Alvarado", "Sandoval", "Olmos" y "Kang" de ese máximo órgano, para sostener la imposibilidad de un reenvío para la realización de un nuevo juicio. En ese cometido señaló la disimilitud de las situaciones que se verifican en tales precedentes, como el sentido y alcance de las mayorías conformadas en "Sandoval" y luego en "Kang", con explicación de los fundamentos dados para sostener la validez de la apelación fiscal y la consecuente anulación del fallo apelado (v. fs. 56 vta./58).
En definitiva, para la comprensión del revisor, "...mientras que la sentencia absolutoria no está firme y pase en autoridad de cosa juzgada (art[s]. 8.4 C.A.D.H. y [...] 14.7 P.I.D.C.P.) es posible su revocación sin violación al 'non bis in ídem, porque no se está frente a un nuevo proceso, sino de la reedición de una etapa de ese juicio, de un único proceso y no la realización de uno nuevo y de distinto por el mismo hecho"; con la aclaración de que dicha garantía encuentra su límite en las etapas válidamente cumplidas (v. fs. 58 y vta.).
IV. Conforme quedó dicho, en línea con lo dictaminado por la Procuración, el reclamo no prospera por su insuficiencia (art. 495, CPP).
La defensa asegura configurada una vulneración a la mentada garantía con base en su sola postulación de que el veredicto absolutorio resultó producto de un proceso válidamente cumplido, y que, por tanto, el caso debió resolverse al amparo de la doctrina federal invocada. Con lo cual no se hace cargo del razonamiento plasmado en dirección contraria por el tribunal intermedio, ni atiende al real alcance y sentido de los precedentes que cita, y lo actuado en el presente caso, prescindiendo de todo intento por explicar que esas situaciones sean equiparables, como pregona.
En el invocado pleito "Sandoval" cobraron entidad aspectos particulares que llevaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a decidirlo a través de consideraciones a las que remitió de las causas "Alvarado" y "Olmos" (CSJN Fallos: 321:1173 y 329:1447, respectivamente), expedientes que, más allá de los distingos que exhiben en sus aspectos fácticos y procesales, dan cuenta que la solución administrada importaba en definitiva la reedición total del juicio, "...esto es, la renovación de la integridad de sus partes (declaración del imputado, producción de la prueba, acusación y defensa)", cuando -según constante jurisprudencia de ese cuerpo- por imperio de los principios de progresividad y preclusión "...no hay lugar para retrotraer un proceso penal a etapas ya superadas cuando éstas han sido cumplidas observando las formas sustanciales del proceso que la ley establece" (cons. 6° y 9° del voto de los Jueces Petracchi y Bossert), conceptos que hacen al pronunciamiento aludido en primer lugar y que reproduce en similares términos el voto del Juez Petracchi en el precedente siguiente.
Acá, en cambio, se trata de un fallo dictado en el marco de un juicio abreviado, que posiciona al caso en una situación muy diversa. Además, la descalificación del veredicto absolutorio, en la medida que afirmó la falta de pruebas suficientes para tener por acreditada la autoría de Legendre Carrizo en el ilícito investigado, no derivó en la reedición del debate oral -al que la parte renunció al acogerse a la modalidad de juicio abreviado-, ni de las etapas a las que se alude en el precedente citado. En modo alguno lo resuelto importó retrogradar el proceso a etapas ya superadas (de la investigación preliminar o de la citación a juicio; ni a las propias de ese momento, tales: acusación, defensa y prueba; conf. doctr. mutatis mutandi , causa P. 126.673, sent. de 28-IX-2016, del voto del doctor Soria).
Los planteos de la parte no reparan en las diferentes contingencias de una y otra situación, sin que tampoco le haya merecido objeciones lo considerado por el a quo respecto de la habilitación legal que faculta al Ministerio Público Fiscal por medio del recurso de casación, a alzarse contra las sentencias absolutorias que repute arbitrarias, cuya doctrina tiende a resguardar las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (doctr. art. 18, Const. nac. y CSJN Fallos: 328:4580 -"Morel"-, cons. 5° y sus citas, entre muchos).
Entonces, si bien corresponde tener presente los principios de progresividad y preclusión antes aludidos, así como la prohibición de doble persecución penal, ello no puede llevar a privar de valor la facultad de recurrir del Ministerio Público Fiscal en casos como el presente, que sólo deciden el reenvío para la realización conforme a derecho de un acto propio de la etapa que tiene viabilizada su fiscalización y como meta verificar la validez judicial del veredicto y sentencia, en tanto correcta derivación y aplicación de la ley vigente a tenor de las constancias acreditadas del expediente.
Por ello la referencia al citado caso "Mattei" (272:188), tampoco pone en jaque lo decidido. Pues lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "...consideraciones rituales insuficientes" o "...al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. in re "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°), y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juego, tal como lo sostuvo al decidir los casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y en "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
En "Polak", por ejemplo, se estructuró la anulación del debate y la realización del nuevo juicio con base en el incumplimiento de normas sobre la competencia de los magistrados, lo cual no había impedido el válido desarrollo de las etapas del juicio que se hallaban amparadas por los principios de progresividad y preclusión. Y en "Mattei" (CSJN Fallos: 272:188), la Cámara interviniente resolvió anular de oficio las actuaciones a partir del cierre del sumario por cuanto el instructor no había agotado la investigación. La Corte revocó ese fallo arguyendo que "...el juicio ha[bía] sido retrogradado a su etapa inicial, o sea la de sumario, cuando se encontraba ya en condiciones de ser definitivamente fallado con relación al apelante; y cuando éste llevaba más de cuatro años en la condición de procesado..." (parágrafo 6, CSJN Fallos: 272:188).
En síntesis, "...la naturaleza e importancia del vicio condicionan la validad progresión de cada uno de los actos del proceso, y con ella, la extensión de la imposibilidad de su renovación" (voto de los Jueces Highton de Nolasco y Zaffaroni en "Kan, Yoong Soo" -por remisión al dictamen del Procurador General doctor Esteban Righi-, sent. de 27-XII-2011, CSJN Fallos: 334:1882). Es decir, no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado importan un bis in idem prohibido.
En estas condiciones, no es posible propiciar de los precedentes referidos una interpretación de la regla que comprenda el supuesto de autos, quedando el vicio atribuido al fallo huérfano de todo sostén.
V. A título subsidiario, el señor defensor oficial denunció la revisión aparente de la sentencia de condena en infracción a los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional. Y la arbitrariedad del pronunciamiento por no compadecerse lo resuelto con las constancias de la causa (v. fs. 81 y vta.).
A su entender, los reclamos formulados respecto del extremo de la participación de su asistido en el hecho investigado fueron desechados por la casación con apoyo en el razonamiento seguido en la sentencia originaria, lo que habría transformado el tránsito por esa sede en aparente y dejado insatisfechos los lineamientos fijados en el fallo "Casal" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Enfatizó en que no se había verificado la aplicación correcta del método histórico, con el límite que le impone el in dubio pro reo , ni explicado las razones por las cuales resultaron admisibles como pruebas de cargo los dichos de las víctimas, siendo que no obstante haber afirmado a lo largo del proceso que podían reconocer al autor del robo, en la diligencia de reconocimiento en rueda de personas no identificaron al acusado; con lo que tampoco podría justificarse la existencia de prueba suficiente para cimentar su condena.
Hizo hincapié en la versión dada por Legendre desde la primera oportunidad, en cuanto a que en el momento del hecho se encontraba en la vivienda de su madre junto a su novia, quienes confirmaron esos dichos (v. fs. 83 vta. y 84).
En suma, el impugnante tildó el fallo de arbitrario por valerse de afirmaciones dogmáticas que lo privan de la fundamentación necesaria para mantener su validez jurisdiccional, dejando a la controversia planteada sin tratamiento adecuado con apoyo en las constancias de la causa. Además de señalar que si tanto la decisión de mérito como la del tribunal revisor quebrantaron el in dubio pro reo , entonces se habrán acumulado dos arbitrariedades (v. fs. 85 vta.).
VI. El Tribunal de Casación Penal examinó y desestimó el agravio referido a la absurda valoración de la prueba, con el recordatorio de que la circunstancia de que el proceso se hubiese desarrollado en el marco de un procedimiento abreviado, no significa que la sentencia dictada resulta una mera homologación. Por el contrario, dijo que deben observarse las disposiciones del art. 371 y siguientes del Código Procesal y fundarse lo fallado en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación, a las que las partes elevan al rango de prueba en virtud del acuerdo mencionado.
Recordó asimismo que a esa instancia casatoria le corresponde la revisión eficaz e integral de la sentencia de condena, en el marco de los agravios formulados y atendiendo el más amplio derecho al recurso del imputado conforme la doctrina establecida a ese respecto en el fallo "Casal" por la Corte Suprema (v. fs. 59/60).
En ese contexto, el a quo entendió que el extremo de la autoría del imputado en el desapoderamiento sufrido por Anabela Guadalupe Leguizamón y Jonathan Ariel Carisimo -a quienes les fue sustraído mediante intimidación con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo probarse de ningún modo, una suma de dinero de su comercio, una alianza de casamiento de la nombrada damnificada, tres cuchillas y dos pollos- había sido acreditado por la jueza de grado sin que en su tarea valorativa la defensa hubiese evidenciado afirmaciones absurdas o arbitrarias (v. fs. 60).
Apuntó que las referidas víctimas del hecho dijeron conocer al agresor como un tal "...'Josecito', tratándose de un sujeto que se dedicaba a delinquir en la zona, el cual había egresado de un establecimiento carcelario recuperando su libertad hacía un mes y medio aproximadamente". Y que de modo conteste habían sido meritadas las declaraciones juramentadas de Héctor Alfredo Crespi y David Santiago Anriquez, quienes "...dieron cuenta de haber presenciado el momento en que el incuso se retiraba del comercio damnificado, al que identificaron como 'Josecito' por tratarse de un vecino del barrio" (fs. 60 vta.).
El tribunal tuvo asimismo en cuenta los datos estimados relevantes por la magistrada de origen a fin de vincular e identificar a Legendre Carrizo como el autor del atraco: "...el primero que se trata de un vecino del lugar, lo cual aparece corroborado con las circunstancias que emergen del acta glo
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