Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127158
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis, C.P.P.).
2Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de nulidad (arts. 491 y ccds. del C.P.P.).
3Rechazar, con costas, el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
4Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Mario Albert Martín por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 127.158-RQ - “Ledesma, Gastón Eduardo s/ Recurso de queja en causa N° 11.618 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”.
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.158-RQ, caratulada: “Ledesma, Gastón Eduardo s/ recurso de queja en causa N° 11.618 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, el 5 de abril de 2016, desestimó por inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley presentados por la defensa particular de Gastón Eduardo Ledesma contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia que lo condenó a dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación especial para el desempeño de la función pública, con el pago de las costas, por resulta autor penalmente responsable del delito de vejaciones (fs. 65/67 vta.).
En lo que hace a la vía prevista en el art. 491 del C.P.P., afirmó que las cuestiones esenciales que la defensa denunció omitidas, recibieron puntual respuesta (fs. 65 vta.).
En lo que atañe al carril del art. 494 del C.P.P., aseveró que las federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional -fs. 66 vta./67-). Puntualizó que la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba no puede prosperar pues la parte no demostró la relación directa con lo debatido y resuelto. Agregó que tampoco se advierte absurdo. Concluyó que los cuestionamientos se limitaron a exponer una mera opinión discrepante con el análisis de los elementos de convicción (fs. 67/vta.).
2. El defensor particular, doctor Mario Alberto Martin, dedujo queja (fs. 72/80).
En primer lugar, alegó que la Alzada, al desestimar el recurso extraordinario de nulidad, traspasó los límites formales de la admisibilidad y pretendió defender su propia decisión (art. 486 del C.P.P. -fs. 75/76vta.-).
En segundo término, en cuanto al remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley se agravió de la falta de tratamiento del pedido de aplicación del art. 31 bis de la ley 5827. En lo que hace a los planteos de índole federal, adujo que se cuestionó la violación de los arts. 34 incs. 4 y 6 del C.P. y 13 incs. “a”, “b”, “c”, “f“ y “g” de la ley 13.482, todo lo cual quebrantó el principio de legalidad de la actuación de los agentes policiales y generó un caso de gravedad institucional (fs. 78/vta.).
En su apoyo, se remitió a distintos tramos del recurso extraordinario en los que -a su entender- se plantearon correctamente los agravios de pretensa índole federal (fs. 78 vta. in fine/ 79). Citó jurisprudencia.
Por último, criticó lo expuesto por el a quo en torno al absurdo en la valoración de la prueba en tanto dicho agravio no se había llevado en el recurso extraordinario (fs. 79/vta.).
Por todo lo expuesto, refirió que la resolución en crisis, generó un caso de gravedad institucional y afectó las garantías de defensa en juicio, debido proceso y derecho a la revisión del fallo de condena (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 8.2.c, e y h de la C.A.D.H.; 14 inc. 3 y 5 del P.I.D.C. y P.; 11 y 15 de la Constitución provincial -fs. 80-).
3. La queja procede parcialmente (art. 486 bis del C.P.P.).
a. El tramo vinculado con la denegatoria de recurso extraordinario de nulidad es de recibo.
Tal como lo puso de manifiesto la defensa, la Cámara al sostener que no se omitió el tratamiento de cuestiones esenciales se excedió en el examen de admisibilidad, invadiendo el juicio de fundabilidad que corresponde a esta Corte como tribunal del recurso (cfe. arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.376, res. del 14/X/2015; P. 126.097, res. del 11/XI/2015; P. 126.219, res. del 16/XII/2015; P. 126.184, res. del 16/XII/2015; P. 125.549, res. del 29/XII/2015; P. 126.076, res. del 2/III/2016, e.o.).
En consecuencia, el carril impugnativo fue mal denegado, lo que así debe declararse, correspondiendo a este Tribunal examinar su admisibilidad.
b. Sentado lo anterior, cabe recordar que la vía prevista en el art. 491 C.P.P. sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cfe. P. 122.471, res. del 6/VIII/2014; P. 126.010, res. del 2/XII/2015; P. 125.479, res. del 2/XII/2015, e.o.).
Si bien es cierto que la parte denunció el quebrantamiento de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (fs. 58) y la omisión de tratamiento de pretensas cuestiones esenciales (no configuración de un delito intencional, legítima defensa, in dubio pro reo , comisión del delito de resistencia a la autoridad -fs. 48 vta.-) en rigor, lo que intentó controvertir es el alcance de la respuesta dada por el Tribunal intermedio en torno a tales puntos (v. fs. 39/43 vta.) tópico que no encaja dentro de los supuestos previstos en el art. 491 cit. (cfe. P. 118.001, res. del 28/V/2014; P. 119.399, res. del 11/VI/2014; P.120.192, res. del 1/IV/2015; P. 121.272, res. del 12/VIII/2015; P. 126.173, res. del 22/XII/2015; P. 126.327, res. del 22/III/2016, entre otras).
En efecto, el déficit sindicado en el párrafo anterior se advierte con claridad en las expresiones utilizadas por la defensa consistentes en que la Alzada utilizó “afirmaciones dogmáticas”, omitió “fundar debidamente”, se apartó de las constancias de la causa, incumplió con la garantía de revisión amplia, valoró arbitrariamente la prueba y, como consecuencia de ello, descartó la aplicación del art. 34 incs. 4 y 6 del C.P. (fs. 49/vta., 58 vta./60 vta.).
En línea con lo expuesto, la denuncia de violación al principio in dubio pro reo, defensa en juicio, debido proceso y derecho al recurso (fs. 59/61 vta.) tampoco son propias de la vía en trato (cfe. arts. 168 y 171 cit.).
4. Distinta suerte corresponde a la parcela del reclamo dirigida a controvertir el juicio de admisibilidad negativo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tanto éste debe confirmarse (art. 486 bis cit.).
Como surge de la reseña de antecedentes del caso (v. puntos 1. y 2. del presente) el quejoso no removió de manera eficaz el déficit formal relativo a la falta de suficiencia y carga técnica necesaria de los pretensos agravios federales (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional).
En tal sentido, no demostró que sus críticas trascendieran una mera valoración discrepante de los hechos y la prueba -como lo advirtió la Cámara- y se limitó a reeditar embates de ley sustantiva (errónea aplicación del art. 34 inc. 4 y 6 del C.P.). En suma, no evidenció con la suficiencia necesaria que en el sub lite estuviera involucrado un gravamen de cariz constitucional y, menos aún, la relación directa e inmediata con lo fallado (v. sentencia de Cámara de fs. 65/67 vta.).
En lo que hace a la afirmación de la defensa consistente en que el a quo descartó el absurdo en la valoración de la prueba a pesar de que ello no había formado parte del carril extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo cierto es que no se advierte ningún perjuicio en concreto que logre conmover la suerte de lo decidido. En rigor, lo que pretendió la Cámara es reforzar la falta de carga técnica en la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba -extremo que el quejoso no logró conmover- y, en ese derrotero, adunó que tampoco se advertía un supuesto de absurdo según la doctrina de esta Corte sobre el punto (v. fs. 67/vta.).
Finalmente, el embate vinculado con la falta de respuesta de la Cámara ante el pedido de aplicación del mecanismo contemplado en el art. 31 bis de la ley 5827, tampoco procede. En efecto, el a quo no tenía competencia para expedirse sobre el punto por ser éste un mecanismo que sólo esta Corte tiene potestad para decidir en qué casos corresponde su implementación. Más allá de que ello, lo cierto es que en el presente no se advierte ninguna situación excepcional que amerite estimar como oportuno o conveniente hacer uso de la facultad contemplada en el aludido dispositivo legal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir parcialmente la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de nulidad (arts. 491 y ccds. del C.P.P.).
3. Rechazar, con costas, el tramo de la queja contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
4. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Mario Albert Martín por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia