Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128323
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja interpuesta por la Titular de la UDP n° 7 de Bahía Blanca -doctora Fabiana Paola Vaninni- y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso extraordinario intentado a favor de Jorge Enrique Aizpurua (art. 486 bis , 494 CPP t.o. ley 14.647).
2Desestimar -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor del nombrado (arts. 486 y 494 del CPP).
"AIZPURUA, JORGE ENRIQUE S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 1.116 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MAR DEL PLATA, SALA II".
La Plata, 21 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.323-RQ, caratulada: "Aizpurua, Jorge Enrique s/ Recurso de queja en causa N° 1.116 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala II",
I. Según se desprende de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, mediante auto dictado el 18 de noviembre de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra el decisorio de dicho órgano que -haciendo lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal- dispuso la nulidad del veredicto absolutorio, y el reenvío de la causa primera instancia para que, con la intervención de un juez hábil, se dicte nueva resolución (v. fs. 54/56 vta.).
II. En objeción a este pronunciamiento, la Titular de la Unidad de Defensa n° 7 de Bahía Blanca -doctora Fabiana Paola Vaninni- interpuso queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 58/60 vta.).
Discrepó con la falta de definitividad esgrimida por el a quo , y tachó de arbitrario el auto denegatorio. Adunó el quebranto al debido proceso, el derecho a una revisión amplia y a la tutela judicial efectiva (v. fs. 59).
Transcribió parcelas del decisorio adverso y sindicó que debe equipararse a definitivo el decisorio. Ello de acuerdo a lo resuelto por la Corte federal en "Kang". Sindicó vulnerada la ley sustantiva, reiteró la tacha de arbitrariedad, y mencionó comprometida la garantía del ne bis in ídem . Trajo a colación los precedentes "Sandoval" y la remisión a las disidencias de "Alvarado", ambos del mentado órgano (v. fs. 59 vta.).
Explicó que los agravios constitucionales dimanan del pronunciamiento inicial de la Cámara, siendo el primero contrario a sus intereses, lo que la coloca al amparo del derecho a obtener la revisión del pronunciamiento condenatorio -art. 8.2.h, CADH- (v. fs. 59 vta./60).
A continuación sostuvo que la inadmisibilidad de la vía vulnera los arts. 18 y 75 inc. 22, Constitución nacional; 11 y 15, Constitución provincial; 1, 8.2.h y 25, Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Concluyó en que debe permitirse la revisión de la nulidad del veredicto y el reenvío a fin de asegurar la garantía del doble conforme, y cuestionó la identidad del órgano que dicta dicha decisión y -asimismo- la inadmisibilidad del carril extraordinario (v. fs. 60).
III. La queja prospera (art. 486 bis del CPP).
1. En la tarea que le asigna el art. 486 del Código Procesal Penal, la Cámara advirtió que la decisión recurrida mediante el carril extraordinario no resulta definitiva, ni equiparable a tal -art. 482 CPP, a contrario sensu -. Explicó que la anulación de la decisión de la jueza de grado, "reenviando a la instancia para que se realice un nuevo debate" carece de dicho rasgo y -en consecuencia- no habilita la competencia de esta Suprema Corte. Aclaró que recién en el caso de que el imputado resulte condenado y se imponga pena, nacerá la posibilidad de interponer los recursos extraordinarios que eventualmente correspondan. Ello, con cita de diversos precedentes de este Tribunal (v. fs. 55 y vta.). Para concluir, recordó que la invocación de garantías y principios constitucionales no suplía la falencia aludida (v. fs. 55 vta.).
2. Frente a ello, y -de acuerdo a lo reseñado en el apdo. II- se advierte que el quejoso removió con eficacia el obstáculo formal por el cual el a quo obturó el acceso de la vía extraordinaria a esta Corte.
Ello, pues demostró que la decisión atacada constituye un supuesto de equiparación a definitiva, ya que -conforme tiene dicho esta Corte en numerosos precedentes- a tenor del rendimiento propio de la garantía del non bis in ídem la posibilidad de que el recurrente se vea sometido al riesgo de un nuevo proceso, de por sí constituye un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior, que requiere tutela judicial inmediata (conf. P. 118.907, resol. de 20-VIII-2014; P. 117.890, resol. de 5-XI-2014; P. 120.059, resol. de 3-XII-2014; P. 121.362, resol. de 16-III-2016; P. 120.225, resol. de 21-IX-2016; P. 124.409, resol. de 5-X-2016; entre otros).
IV. Sentado lo expuesto, incumbe a esta Corte continuar con el análisis de la admisibilidad de la vía incoada -conf. art. 486 bis , CPP-.
En ese marco, corresponde efectuar el siguiente racconto :
Del decisorio de Cámara que anuló el veredicto absolutorio y dispuso la remisión a la instancia para el dictado de un nuevo pronunciamiento, se advierte que -al resolver la impugnación Fiscal- acogió ambos reclamos. En primer lugar, se ocupó de la contradicción "entre el número de elementos de prueba que identifica y valora la Magistrada y sus afirmaciones, lo que ha resultado central en la conclusión absolutoria" (fs. 37). En puridad, razonó que el decisorio resultaba arbitrario en tanto el peso probatorio asignado a los elementos reunidos y la forma en que debieron interpretarse y relacionarse los mismos, no se sustentó en los principios de la sana crítica racional -arts. 210, 371 y 373, CPP- (v. fs. cit. in fine ). En segundo término, también halló acertada la crítica dirigida a la omisión de ponderación de prueba aportada por la fiscalía y "la falta de tratamiento de cuestiones y argumentos sometidos a consideración de la Jueza" (fs. 41). En ese marco, adjetivó de injustificada la omisión de tratamiento de los argumentos brindados en la acusación "respecto de la distribución de funciones y roles dentro de una organización delictiva, como contexto en el cual debe insertarse la valoración de prueba aportada en respaldo de su hipótesis", lo que -coligió- vicia de arbitrario el abordaje de las cuestiones planteadas y afecta la validez del fallo -art. 168, Const. prov.- (v. fs. 42 vta.).
En la vía incoada en los términos del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 46/51 vta.), la parte pugnó por la equiparación a definitivo de lo decidido en el marco de lo resuelto en "Kang" por la Corte federal, en tanto el resolutorio de Cámara le provocó a quien asiste un agravio de insusceptible o muy dificultosa reparación ulterior. Reforzó lo expuesto con cita de precedentes de este Tribunal (v. fs. 47). En ese marco, le reprochó al órgano dictar un decisorio arbitrario -art. 18, Const. nac.- en desconocimiento de la doctrina de la Corte nacional, y halló quebrantados los derechos de defensa en juicio y debido proceso legal (v. fs. 39 vta.).
Específicamente denunció que el reenvío dispuesto -para el dictado de un nuevo pronunciamiento por un juez hábil- "con la expresa valoración de los elementos probatorios que ya ha efectuado el a quo ", trasgrede la garantía del ne bis in ídem y desconoce la doctrina del Máximo tribunal sobre el punto (v. fs. 48 vta. in fine ). Sobre ésta última se detuvo con expresa mención a lo fallado en "Videla", "Polak", "Sandoval" -y su remisión a "Alvarado"- y "Mattei" (v. fs. 49/50 vta.).
Destacó que sólo mediante una declaración de nulidad fundada en la inobservancia de las formas esenciales del proceso es posible retrogradar el juicio a actos ya cumplidos (v. fs. 49).
Finalmente, advirtió sobre la incorrecta prescindencia del criterio fijado en los precedentes de cita. Ello, con cimento en "Cerámica San Lorenzo" y "Martins" del mentado órgano (v. fs. 50 vta./51).
3. Ahora bien, del acápite precedente dimana que la defensa se agravió de la violación de la garantía del ne bis in ídem , no obstante su pretensión no se articuló con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Pues, sin perjuicio del acierto o error de lo decidido, lo cierto es que el apelante no se hizo cargo de que el a quo dispuso la anulación del juicio -y el consecuente reenvío-, con lo cual la explicitación de afectación a la prohibición de doble persecución sin controvertir que sea correcta la anulación, la deja sin sustento.
Es que, conforme se reseñó en el apartado 1, la Cámara ancló su decisorio en dos motivos fundantes -arbitrariedad por análisis contradictorio del plexo probal, e igual vicio respecto a la omisión de llevar a cabo una evaluación contextual de la prueba aportada-. Frente a ello, la defensa esgrimió una crítica dogmática y genérica con basamento en la garantía del ne bis in ídem , sin controvertir los motivos explicitados ut supra que llevaron al órgano -convocado por la apelación Fiscal- a anular la sentencia y disponer el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio.
En definitiva, la defensa se desentendió de lo fallado y no evidenció la relación directa e inmediata entre la garantía constitucional invocada y lo debatido y resuelto.
4. En suma, mantienen plena aplicación los límites objetivos de recurribilidad establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal, en tanto la deficiente formulación de los planteos de pretendida índole federal permite descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que conduzca a desplazar dicho precepto local, de conformidad con la citada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emergente de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio".
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Hacer lugar a la queja interpuesta por la Titular de la UDP n° 7 de Bahía Blanca -doctora Fabiana Paola Vaninni- y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso extraordinario intentado a favor de Jorge Enrique Aizpurua (art. 486 bis , 494 CPP t.o. ley 14.647).
2. Desestimar -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor del nombrado (arts. 486 y 494 del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°36
Fin de la sentencia