Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128053 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal General y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen (art. 486 bis, C.P.P.).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley.
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°513
P. 128.053-RQ - “Rubio, Roberto Miguel -Fiscal- s/ Recurso de queja en causa N° 12.640 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen seguida a Miguel Ángel Ferreira; Rafael Alberto Manago; Dora Alicia Martínez y Néstor Adrián Mendoza”.
///Plata, 12 de abril de 2017.
La presente causa P. 128.053-RQ, caratulada: “Rubio, Roberto Miguel -Fiscal- s/ Recurso de queja en causa N° 12.640 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen seguida a Miguel Ángel Ferreira; Rafael Alberto Manago; Dora Alicia Martínez y Néstor Adrián Mendoza”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, el Juzgado en lo Correccional Nº 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen condenó a Miguel Ángel Ferreira, Rafael Alberto Manago, Dora Alicia Martínez y Néstor Adrián Mendoza a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y costas, por resultar autores penalmente responsable del delito de vejaciones (fs. 1/9).
A su turno, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante el pronunciamiento del 30 de junio de 2016, revocó dicho fallo y absolvió a los nombrados (fs. 10/21).
2. El señor Fiscal General, doctor Roberto Miguel Rubio, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 23/31 vta.), el que fue denegado (fs. 32/35 vta.).
Para arribar a tal decisión, el a quo luego de aludir a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal, expuso que el monto de pena oportunamente solicitado e impuesto no supera las limitaciones objetivas que prevé la norma ritual en cuestión.
Sentado ello, dijo que “si bien es doctrina de [esta Corte] que aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada (art. 494 del C.P.P.), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14 de la Ley nº 48) conforme lo establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes ‘Strada’ (…), ‘Di Mascio’ (…) y ‘Christou’ (…), entre otros (conf. doct. Ac. Nº 80.570, res. del 17/VII/2003; Ac. nº 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. nº 96.735, res. del 24/V/2006; Ac. nº 101.238, del 5/XII/2007, entre otras), la suficiencia del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal, sino que será menester su correcto planteamiento, pues sólo así [este Tribunal] se encontraría obligado a ingresar a su conocimiento (…) según los precedentes antes referenciados” (fs. 32 vta.).
En dicho marco, advirtió que “más allá de las citas genéricas de disposiciones y principios de la Constitución Nacional, el impugnante no ha introducido una cuestión de naturaleza federal de forma adecuada, dado que si bien no existen fórmulas sacramentales para su introducción, resulta indispensable, además de su planteamiento en la primera oportunidad concreta, se haga mención del derecho federal que se entiende conculcado”.
De seguido afirmó que “la arbitrariedad alegada así como el absurdo probatorio no logran evidenciar desaciertos de gravedad extrema por cuya causa la sentencia pudiera quedar descalificada como acto jurisdiccional válido”.
Finalmente apreció que la parte fundó su cuestionamiento en divergencias respecto de la valoración de la prueba pero que en modo alguno contienen los requisitos requeridos para la concurrencia del absurdo probatorio y, que, en su caso habilitarían la apertura de la vía impugnativa extraordinaria (fs. 35).
3. Contra ello, el nombrado articuló recurso de queja (fs. 36/39 vta.).
Expuso que estamos en presente de un grave caso de “violencia institucional” que vulnera derechos humanos (funcionarios policiales que golpean y vejan a una persona detenida) “a través de una resolución que, con referencia a las circunstancias comprobadas en la causa, no resulta una conclusión razonada del derecho vigente, vulnerando la legalidad y la correcta interpretación que corresponde darle al artículo 144 bis, inc. 2º del C.P., como así también viola los arts. 210 y 371 del ritual, y los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial, 18 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional y arts. 1 de la Convención Internacional contra la Tortura; 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU, 1975), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (OEA, 1985), mediando en consecuencia gravedad institucional y un notorio interés público que hace imperioso el abocamiento de esa instancia superior” (fs. 37 vta. -subrayado y destacado en el original-).
Destacó que los jueces de la Cámara “no llegan a internalizar, ni antes cuando juzgaron, ni ahora cuando declaran inadmisible el recurso, la gravedad de la cuestión decidida que debió interpretarse en clave o perspectiva de derechos humanos por actuación estatal delictiva que podría acarrear responsabilidad del Estado Argentino por no actuar con la debida capacidad y suficiencia para investigar y sancionar tales actos contrarios al derecho internacional de los derechos humanos (…) lo que sin duda constituye una cuestión federal suficiente que habilita a superar cualquier límite formal para acceder a las máximas instancias judiciales para revisar lo decidido cuando aún se está a tiempo”.
Entendió que el Tribunal a quo al decidir sobre la admisibilidad de los recursos extraordinarios debe limitarse a examinar las condiciones formales contempladas en la ley procesal aplicable y que de consolidarse el criterio que cuestiona “se bloquea el control recursivo vedándose al superior jerárquico, en sano esquema republicano la posibilidad de testear la razonabilidad y legalidad de lo decidido por el inferior (…) ante una flagrante arbitrariedad por absurda valoración de la prueba evidente y adecuadamente planteada en el [r]ecurso [e]xtraordinario de inaplicabilidad de [l]ey”.
Observó que la genérica referencia a la inexistencia de arbitrariedad “no abastece el estándar de debida fundamentación, incurriendo el órgano a quo en afirmaciones dogmáticas carentes de apoyatura en las constancias de la causa, que descalifican su decisión como acto jurisdiccional válido” (fs. 38 vta.).
4. La queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
De lo reseñado no puede sino colegirse que la impugnación formalizada ha sido erróneamente descartada, en tanto el recurrente ha denunciado con la suficiencia y carga técnica necesaria cuestiones de pretensa índole federal –arbitrariedad de la sentencia por no resultar la misma conclusión razonada del derecho vigente, afirmaciones dogmáticas y fundamentación aparente, lo que descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido (v. fs. 23/31 vta.)-, que en el marco de la doctrina de los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478, y su progenie, justifican su tratamiento en esta instancia.
En función de ello, más allá de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fin de asegurar el eventual tránsito del caso hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfe. doct. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el señor Fiscal General y declarar mal denegado el recurso articulado ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley.
Regístrese, notifíquese y requiérase a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen la remisión de la causa N° 12.640 (art. 486 bis, 487 y concordantes del C.P.P.).
Hilda Kogan
Héctor Negri
Daniel Fernando Soria
Eduardo Néstor de Lázzari
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia