Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127767
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Oficial a favor de Néstor Raimundo Guardia (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
P. 127.767-RQ - “Guardia, Néstor Raimundo s/ Recurso de queja en causa Nº 12.842/15 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”.
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P.127.767-RQ, caratulada: “Guardia, Néstor Raimundo S/ Recurso de queja en causa Nº 12.842/15 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de julio de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Néstor Raimundo Guardia, contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 1 departamental que lo había condenado a la pena de un mes y quince días de prisión de efectivo cumplimiento por resultar autor responsable del delito de desobediencia, y en definitiva a la pena única de nueve meses y quince días de prisión de efectivo cumplimiento comprensiva de la anterior y de la de ocho meses de prisión en suspenso recaída en causa N° 595/2197 en trámite por ante el Tribunal Criminal departamental por el delito de lesiones graves con exceso en la legítima defensa, revocando la condicionalidad de la pena impuesta (fs. 1/5, 11/17 vta. y 25/27).
2. Frente a lo así decidido, el Defensor Oficial de Trenque Lauquen, Doctor Mariano Alberto Iribarren, dedujo recurso de queja (fs. 29/36 vta.).
Denunció que la Cámara se extralimitó en sus funciones y realizó un análisis de la cuestión federal invocada que excedió “con creces” su competencia (fs. 31 vta./32). Sostuvo que “…existió por parte del suscripto fundamentaciones y argumentaciones críticas contra lo resuelto por la Alzada, las cuales podrán ser compartidas o no por los jueces, pero de ninguna manera alegar que no se fundament[ó] o no se introdujo de forma adecuada una cuestión de naturaleza federal” (v. fs. 32).
Luego de transcribir parte de la decisión recurrida, afirmó que esta Suprema Corte es la que debe decidir sobre el fondo del asunto planteado, y la Cámara sólo tiene que controlar mínimamente el cumplimiento de los presupuestos que habilitan el recurso extraordinario (fs. 32/32 vta.).
Señaló que esa defensa hizo una clara mención del derecho federal vulnerado como también de su vínculo con la materia del pleito, desarrollando visiblemente que la errónea interpretación y aplicación del art. 239 del Código Penal afectaban directamente a los principios de legalidad y debido proceso protegidos por el art. 18 de la C.N. (fs. 32 vta.).
Consideró que la decisión fue arbitraria y por tanto exige la intervención de esta Corte (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H.; 14.5 del P.I.D.C. y P., caso “Herrera Ulloa” de la C.I.D.H. y fallo “Casal” de la Corte federal -fs. 32 vta./33-).
Finalmente, se ocupó de reseñar el planteo llevado en el recurso de inaplicabilidad de ley intentado contra la decisión de la alzada que había confirmado la sentencia de condena (fs. 33/36 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue bien denegado por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen.
3. a. De las constancias obrantes en autos no surge que el Tribunal recurrido haya excedido el juicio de admisibilidad que le concierne efectuar, en virtud de las modificaciones introducidas por ley 14.647 al Código de rito local, tal como lo denuncia la defensa oficial.
3. b. Luego de que la alzada pusiera de manifiesto que en el caso el monto de pena aplicado al imputado no superaba las limitaciones objetivas que prevé la norma ritual, y hacer alusión a la doctrina de esta Suprema Corte según la cual “…aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada (art. 494 del C.P.P.), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales […] conforme lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes “Strada” (Fallos:308:490) , “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) y “Christou” (Fallos: 310:324)…” y que “…la suficiencia del reclamo –en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal sino que será menester su correcto planteamiento…”, se refirió en concreto a la queja llevada por la parte (v. fs. 25 vta./26).
Al respecto señaló que “…la defensa argumenta errónea interpretación y aplicación del art. 239 del Código Penal, y afectación con ello de los principios de legalidad y debido proceso”, como así también la ampliación del marco punitivo a conductas que ya tenían una sanción en un distinto ordenamiento, involucrando con ello “una doble imposición” debido a que “…la prohibición de acercamiento […] para con la persona de su ex pareja, conforme fuera dispuesto por el Sr. Juez de Paz Letrado de General Villegas […] prevé en la normativa específica aplicable las sanciones a imponer sin que pueda pretenderse sancionarlo también a través de la comisión del injusto de [d]esobediencia” (v. fs. 26).
Sentado aquello, advirtió que más allá de la cita genérica de disposiciones y principios de la Constitución Nacional, el impugnante no había introducido una cuestión de naturaleza federal de forma adecuada, y que “si bien no existen fórmulas sacramentales para su introducción”, resulta indispensable además de su planteamiento en la primera oportunidad concreta, que se haga mención del derecho federal que se entiende conculcado, así como la demostración de su vínculo con la materia del pleito, lo cual presupone un mínimo de desarrollo argumental sobre el punto, extremo que –en su criterio- no aparecía abastecido en el caso por el impugnante. Agregó a ello “…no efectúa ningún análisis tendiente a demostrar cómo habrían sido vulnerados tales derechos de raigambre constitucional en la sentencia recaída, al no merecer favorable acogida la atipicidad planteada” (v. fs. 26 vta.).
En definitiva, de la reseña efectuada se advierte que contra el reproche realizado por el quejoso en su recurso extraordinario, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el fondo de la cuestión llevada –la errónea aplicación del art. 239 del C.P. y con ello la afectación a principios y garantías constitucionales (v. fs. 19/24)-, extralimitándose en su función, sino simplemente verificó la presencia de un motivo que habilite su admisibilidad a fin de concluir que el mismo no había sido demostrado por la parte a través de un análisis idóneo de la temática federal invocada.
4. Finalmente, en función de lo expuesto en el punto precedente, el auto en crisis cuenta con fundamentación suficiente que lo pone a salvo de la tacha de arbitrariedad alegada (v. fs. 32 vta.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Oficial a favor de Néstor Raimundo Guardia (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Luis Esteban Genoud
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia