Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128317
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial de Aníbal Benítez contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.317-RQ - “Benítez, Aníbal s/ Recurso de queja en causa n° 12.785 de la Cámara de Apelación y Garantías de Trenque Lauquen”.-
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.317-RQ, caratulada: “Benítez, Aníbal s/ Recurso de queja en causa n° 12.785 de la Cámara de Apelación y Garantías de Trenque Lauquen”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento del 9 de noviembre de 2016, desestimó, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Defensa Oficial de Aníbal Benítez contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, había confirmado la sentencia del Juzgado Correccional Nº 2 que lo había condenado a la pena de tres meses de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso (art. 26 del C.P.), por considerarlo autor penalmente responsable del delito de hurto simple (art. 162 del C.P.), con costas (fs. 47/49).
2. El Defensor Oficial, Doctor Mariano Iribarren, presentó queja por recurso extraordinario denegado (fs. 50/58).
Adujo que la instancia revisora se extralimitó en el juicio de admisibilidad, al pronunciarse acerca de la suficiencia de la argumentación llevada a su conocimiento, quien -en su parecer- debe limitarse a controlar que se encuentren dados los presupuestos que habiliten el remedio interpuesto (fs. 52 y vta.).
Sostuvo que efectuó una revisión formal de la sentencia de condena; no garantizó el cumplimiento de los arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5. de P.I.D.C. y P., y quebrantó los derechos de defensa en juicio y debido proceso (fs. 53).
Refirió que en función del carácter constitucional del agravio, resulta aplicable la doctrina emergente de los casos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional (fs. 53 vta.).
De seguido, efectuó un análisis del plexo probatorio utilizado para condenar a su asistido y tachó de arbitraria la valoración efectuada por el a quo (fs. cit./55).
En forma subsidiaria solicitó se aplique a favor del imputado el beneficio de la duda, toda vez que los sucesos que llevan a afirmar el hecho no pueden desequilibrar la paridad que se observa con aquellos que conducen a negarlo (fs. 57 vta.).
Denunció arbitrariedad e ilogicidad de los argumentos brindados por la Alzada y el quebrantamiento de las garantías constitucionales del debido proceso y a la doble instancia (fs. 58).
3. Sin perjuicio de la inatingente cita del art. 433 del C.P.P. (v. fs. 58 vta.), la queja formalizada es improcedente en atención a que la vía extraordinaria prevista en el art. 494 del C.P.P. ha sido bien denegada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen.(fs. 47/49).
3.1 Los desarrollos efectuados respecto del yerro de la Alzada en punto a la no concesión del carril extraordinario, pese a la invocación de cuestiones federales que, según la parte, debió haber generado la obligación de dejar de lado las limitaciones a la recurribilidad objetiva previstas en el art. 494 del C.P.P., en pos de garantizar el adecuado tránsito de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por aplicación de los precedentes citados, no guardan relación directa e inmediata con lo efectivamente tratado y resuelto por el a quo .
En efecto, la Cámara estimó que “el art. 494 del Código Penal -texto según ley 13.812- establece que el remedio allí previsto -recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley- sólo procede en los casos de sentencia definitiva que revoque una absolutoria o imponga una pena de reclusión o prisión superior a diez años, pudiéndose únicamente fundar en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o de la doctrina referida a ella” (fs. 48).
Adunó que “el monto de pena impuesta al procesado no supera las limitaciones objetivas que prevé la norma ritual en cuestión, lo que en principio obsta a la admisión del recurso impetrado por la defensa” (fs. cit.).
“Y si bien la S.C.B.A. tiene dicho que, aun cuando no estén satisfechos los requisitos de admisibilidad propios de la vía impugnativa intentada (art. 494 del C.P.P.), el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran ser involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48) conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes “Strada” (Fallos: 308:490), “Di Mascio” (Fallos: 311:2478) y “Christou” (Fallos: 310:324), entre otros (cfe. doct. Ac. 80.570, res. de 17/VII/2003; Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac. 101.238, 5/XII/2007, entre otros), la suficiencia del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión federal sino que será menester su correcto planteamiento, pues sólo así el Alto Tribunal [p]rovincial se encontraría obligado a su conocimiento como Superior Tribunal de causa” (fs. 48 cit. y vta.).
Postuló que “más allá de la cita genérica de disposiciones y principios de la Constitución [n]acional, el impugnante no ha introducido una cuestión de naturaleza federal de forma adecuada, dado que si bien no existen fórmulas sacramentales (…) resulta indispensable, además de su planteamiento en la primera oportunidad concreta, se haga mención del derecho federal que se entiende conculcado, así como la demostración de su vínculo con la materia del pleito, lo cual presupone un mínimo de desarrollo argumental sobre el punto (…) circunstancia que en el presente no ha sido desarrollada por el impugnante, desde que no efectúa ningún análisis tendiente a demostrar cómo habrían sido vulnerados tales derechos de raigambre constitucional” (fs. 48/vta.).
3.2. Cabe destacar que la reforma producida por la ley 14.647 (B.O. 5/XII/2014) al modificar el órgano judicial que debe efectuar el juicio de admisibilidad de las vías recursivas previstas en el art. 479 del C.P.P., no ha dejado de lado la debida motivación de la decisión que las conceda o deniegue. Antes bien, ha puntualizado en la redacción del nuevo artículo 486 ibídem que el escrutinio de la admisibilidad del recurso se llevará a cabo “de acuerdo a las disposiciones comunes y específicas contenidas en este capítulo” y que la resolución deberá ser “fundada”.
Ello, por otra parte, se cohonesta con la previsión original del digesto contenida en el art. 484 del ritual que señala que “Los recursos extraordinarios deberán interponerse por escrito y con específica fundamentación, según el objeto y finalidad de cada medio en particular”, en tanto si resulta exigible resguardar dicha forma para la articulación de las distintas vías de impugnación con mayor razón será necesaria la fundamentación circunstanciada acerca de la presencia en el caso de los recaudos propios de cada uno de los remedios elegidos para decidir sobre su admisibilidad (art. 106, 482, 484, 486, 489, 491, 494 y ccds. C.P.P.).
3.3. En tal escenario, no se advierte que el tribunal intermedio se haya excedido en el control de admisibilidad. Antes bien, examinó los presupuestos del citado artículo 494 más, no hallándose reunidos a tenor de la naturaleza de los embates formulados, pasó al análisis de las cuestiones de pretensa índole federal que entendió no debidamente articuladas en el caso.
Es que cuando el remedio local se sustenta en agravios de tal índole, sobrepasando las exigencias de admisibilidad de la ley ritual, deben hallarse exteriorizados con suficiencia los recaudos que permitirían sortear con éxito su acceso a la instancia prevista en la ley 48 (arts. 14 y 15), pues únicamente así los planteos son aptos para previamente ser resueltos por este Tribunal (cfe. Ac. 100.210, res. del 14/XI/2007; e.o.).
Tal como lo afirmó el órgano revisor, la defensa no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesaria y no demostró la relación directa e inmediata entre aquellas y lo debatido y resuelto en el caso.
En definitiva, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial de Aníbal Benítez contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia