Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128268
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja traída por la defensa particular a favor de Iván Adolfo Borri (art. 486 bis, C.P.P. -según ley 14.647-).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios por los trabajos desarrollados por el doctor Leonardo Gómez Talamoni en esta instancia (art. 31, segundo párrafo, decreto ley 8409/77)
P. 128.268-RQ - “Borri, Iván Adolfo s/ Recurso de queja en causa N° 12.666 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I”.
///Plata, 12 de julio 2017.-
La presente causa P. 128.268-RQ, caratulada “Borri, Iván Adolfo s/ Recurso de queja en causa N° 12.666 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I”,
1. Conforme se desprende de las piezas aportadas por el impugnante, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra su propio decisorio que -en definitiva- confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional N° 3 en cuanto condenó a Iván Adolfo Borri a la pena de un año de prisión, de ejecución condicional, y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de vejaciones (fs. 1/5 vta.).
Para así decidir, razonó que las exigencias del art. 494 del C.P.P. no se hallaban reunidas, “en particular en cuanto al monto de pena privativa de libertad fijada” (fs. 2 vta.). No obstante, con cita de los precedentes del Máximo Tribunal nacional “Strada”, “Di Mascio” y “Christou”, mencionó la idoneidad que reviste la vía a los fines del tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, y aclaró la necesidad de su correcto planteamiento para permitir el tránsito hacia la C.S.J.N.; cuestión que -también- halló insatisfecha (fs. cit./3). En ese marco, especificó que la parte “no ha fundado debidamente la supuesta violación de las garantías contempladas en la Constitución Nacional vinculando sus agravios a cuestiones de índole procesal” (fs. 3). Agregó, que los embates se vinculan a cuestiones de hecho, prueba y su valoración, lo que denota que no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de índole federal, y razonó que la oposición respecto de la actividad valorativa no evidencia que el reproche sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia. En ese marco, expuso sobre el carácter excepcional de la doctrina de la arbitrariedad y trajo a colación diversos precedentes de este Tribunal y la Corte federal (fs. 3 y vta.). Finalmente, le endilgó al recurrente la “omi[sión] de toda crítica al análisis efectuado en la sentencia que le fuera objeto de recurso”, desentendiéndose de lo resuelto, y -para concluir- afirmó que al “no explic[ar] y demostra[r] de qué modo se consolidan esas transgresiones”, guardan plena aplicación los límites del art. 494 del C.P.P. (fs. 4).
2. Frente a ello, el doctor Leonardo Gómez Talamoni articuló recurso de queja en los términos del art. 486 bis del C.P.P. (fs. 13/15).
En primer lugar, le reprochó al órgano asimilar erróneamente el análisis de la admisibilidad con el de la suficiencia de la impugnación (fs. 13 vta.). Transcribió la parcela del decisorio que considera excedida y afirmó “el a quo procedió a analizar el desarrollo del fondo del asunto” (fs. cit./14).
De seguido, sindicó que “[p]or el contrario, esta parte sí ha introducido una cuestión federal suficiente vinculada específicamente con la insuficiente motivación del fallo condenatorio” de primera instancia (fs. 14).
Peticionó a esta Suprema Corte que admita la queja y conceda el recurso extraordinario. Ancló su reclamo en el derecho al recurso de Iván Adolfo Borri, y en el gravamen irreparable que le causa el resolutorio adverso (fs. cit.).
Para finalizar mencionó que se verificaba en autos un caso de gravedad institucional por cercenar el derecho de revisión de la sentencia, en quebranto de los principios del debido proceso, la defensa en juicio y el acceso a la justicia (fs. 14 vta.).
3. La queja no es de recibo.
a. En primer lugar, la denuncia de exceso no prospera. Sin perjuicio, de que la cita en la que cimenta el mismo no se corresponde con las constancias de la causa, y de la terminología imprecisa utilizada por el órgano, lo cierto es que, tiene dicho esta Corte que el examen de la suficiencia y carga técnica de los cuestionamientos de pretensa índole federal es parte integrante del análisis que la Cámara debe efectuar de conformidad con el art. 486 del C.P.P. (cfe. P. 125.506, res. del 3/VI/2015, P. 125.577, res. del 17/VI/2015, P. 127.549, res. del 29/III/2017, e.o. de esta Corte). Es, en esa tarea, que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
b. Por otra parte, si bien el quejoso identifica la falta de suficiencia y carga técnica de la cuestión federal como el óbice que obturó el acceso a esta instancia, lejos de controvertirlo se limita a esgrimir que el recurso portaba un agravio federal de modo suficiente, técnica que se devela ineficaz para revertir el juicio negativo con el que el recurso arribó a esta instancia (art. 486 y 486 bis del C.P.P.).
c. Desde otro andarivel, el agravio vinculado con la afectación del derecho al recurso tampoco prospera en tanto los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso.
d. Finalmente, el planteo de gravedad institucional esbozado tampoco puede tener acogida favorable, en tanto dicho extremo está íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de tales características. En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (cfe. doct. P. 120.874, resol. de 17/6/2015; P. 124.861, resol. de 13/4/2016; P. 128.273, resol. de 19/4/2017, e.o.; cfe. C.S.J.N., Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja traída por la defensa particular a favor de Iván Adolfo Borri (art. 486 bis, C.P.P. -según ley 14.647-).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios por los trabajos desarrollados por el doctor Leonardo Gómez Talamoni en esta instancia (art. 31, segundo párrafo, decreto ley 8409/77)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia