Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127967
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 6 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 127.697 RQ, caratulada: “Rubio, Roberto Miguel -Agente Fiscal- s/ Recurso de queja en causa n° 12.971 seguida a Acuña, Martín Ignacio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, el 29 de agosto de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Fiscal General de dicha ciudad contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, hizo lugar al remedio de la especialidad y revocó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 2 que había condenado a Martín Ignacio Acuña a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de tres años, con costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de vejaciones y, en consecuencia, absolvió al nombrado (fs. 38/41).
Para arribar a tal decisión, recordó que la vía prevista en el art. 494 del CPP constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas y aclaró que la suficiencia de tales reclamos no se satisface con su mera invocación sino que es preciso su correcto planteamiento, situación que -a su entender- no se configura en el caso (cfr. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional -fs. 38 vta./39-).
Luego, reseñó los agravios llevados en el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley y concluyó que más allá de las citas genéricas de disposiciones y principios constitucionales, el impugnante no introdujo cuestiones federales de forma adecuada (fs. 39/40).
Por último, indicó que la denuncia de arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba no evidenció desaciertos de gravedad extrema y que la defensa se limitó a exponer discrepancias discutibles o poco convincentes a la luz de las circunstancias comprobadas en la causa. En su apoyo, citó precedentes de esta Corte (fs. 40 vta.).
2. El Fiscal General de Trenque Lauquen, doctor Roberto Miguel Rubio, presentó queja (fs. 43/46 vta.).
Denunció exceso en la jurisdicción por entender que el a quo se extralimitó en el juico del art. 486 del CPP y se expidió sobre el fondo del reclamo (fs. 44).
A continuación, explicó que se configuró un caso de violencia institucional que vulneró derechos humanos. Puntualizó que el Tribunal intermedio se apartó de las circunstancias comprobadas en la causa y se apartó del derecho vigente, quebrantando los principios de legalidad y la correcta interpretación de los arts. 144 bis del CP; 210 y 371 del CPP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 18 y 75 inc. 22 de la CN; 1 de la Convención Interamericana contra la Tortura; 7 del PIDC y P; la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, mediando como consecuencia de todo ello gravedad institucional (fs. 44 vta.).
Según el recurrente, lo expuesto en el párrafo anterior acredita la existencia de una cuestión federal que habilita superar las limitaciones formales del art. 494 del CPP (fs. 45).
Concluyó que la Alzada incurrió en absurda y arbitraria valoración de la prueba frente a lo cual el recurso extraordinario debió concederse pese a lo cual la Cámara, excediendo sus facultades, lo desestimó en base a meras afirmaciones dogmáticas que no cumplieron con el deber de motivación (fs. 45).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
Si bien de la reseña efectuada en el punto 1. se advierte que el Tribunal revisor efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del CPP -tal como lo puso en evidencia el Agente Fiscal-, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias pues se omitió realizar una crítica razonada y precisa del fallo en crisis, extremo que integra el juicio de admisibilidad (cfr. doct. 486 y 494, CPP) y que de ningún modo implica ingresar en el fondo del reclamo.
Frente a ello, el impugnante no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues se limitó a desarrollar afirmaciones genéricas y dogmáticas sin ningún anclaje en las particularidades del caso. En definitiva, no evidenció de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas se vincularían con lo debatido y resuelto en caso (v. sentencia de Cámara a fs. 21/29).
En función de lo expuesto, la denuncia de arbitrariedad no puede prosperar ya que el juicio de admisibilidad negativo cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de dicho déficit.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, por improcedente, la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia