Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 126967
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída a esta instancia por el señor Defensor Oficial de Trenque Lauquen -doctor Mariano Iribarren- a favor de Alberto Alejandro Diez y Diego Aveldaño, con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 126.967 RQ - “Diez, Alberto Alejandro y Aveldaño, Diego s/ Recurso de Queja en causa n° 12.411/5 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”.
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 126.967-RQ, caratulada: “Diez, Alberto Alejandro y Aveldaño, Diego s/ Recurso de Queja en causa n° 12.411/5 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Trenque Lauquen, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de marzo de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado contra su propio decisorio que, a su vez, denegó la vía homónima contra lo fallado por el Juzgado en lo Correccional N° 1 departamental que condenó a Diego Aveldaño y Alberto Alejandro Diez a las penas de un año y seis meses de prisión en suspenso, y mil pesos de multa, con costas, más reglas de conducta por el plazo de dos años -para el primero de ellos-, imponiéndole al restante la pena única de tres años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento -omnicomprensiva de la dictada en causa N° 144/1811 del Tribunal Oral departamental- por entender que ambos resultan autores del delito de tenencia simple de estupefacientes (fs. 71/74).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial de Trenque Lauquen -doctor Mariano Iribarren- impetró recurso de queja (v. fs. 10/21 vta., originales a fs. 76/86 del legajo de copias acollarado).
En primer lugar, discrepó con el parecer de la Cámara en punto a la falta de argumentación suficiente de la cuestión federal y la inexistencia de “una absurda merituación del material convictivo” (fs. 2). Transcribió parcelas de lo fallado por esta Corte en P.126.439-RQ, y postuló cumplidos los recaudos a fin de que la Cámara habilite la vía extraordinaria. No obstante, le reprochó “extralimitarse en sus funciones, realizando un análisis que excede su competencia” (fs. 2/5).
Afirmó que de las propias conclusiones del a quo se advierte que la parte fundó y argumentó críticamente el fallo intermedio, no obstante -destacó- el órgano los consideró “insuficientes”, careciendo de competencia para ello, en tanto el análisis de la suficiencia se encuentra reservado a esta Suprema Corte (fs. cit. y vta.).
Adjetivó de “arbitraria e ilógica” la actividad desplegada por el revisor, y la colocó por fuera de los principios básicos que regulan la materia recursiva -arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C.y P.- (fs. 6/7).
Expuso que en la vía extraordinaria se esgrimió el erróneo encuadre legal, y la violación al debido proceso por hallar quebrantada la doble instancia -art. 18 de la C.N.-. Precisó que ello constituye una cuestión federal, correctamente planteada (fs. 7).
De seguido, afirmó que las garantías a la doble instancia, el derecho al recurso y el debido proceso, han sido redimensionadas a partir del fallo “Casal” de la C.S.J.N., y agregó que el respeto a las mismas no se abastece con un pronunciamiento formal -como el de autos-, siendo determinante “el modo y la logicidad del análisis” (fs. cit.).
Adunó que también se esgrimió la inobservancia a la ley por inadecuado contralor revisor, lo que -entiende- derivó en un pronunciamiento arbitrario, ilógico y carente de debida fundamentación, pasible de revocación (fs. 8). Agregó que se tachó de arbitrario el decisorio en punto a la valoración probatoria, se requirió el cambio de calificación legal y la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 (fs. 9).
A continuación se explayó detenidamente en las circunstancias fácticas, las pruebas reunidas, y lo razonado por los magistrados. En dicho marco, enfatizó en la readecuación típica -de tenencia simple a tenencia para consumo personal- (fs. 9/13). Añadió que los jueces que denegaron el recurso validan sus propias conclusiones, lo cual resulta irrazonable (fs. 14 y vta.).
En un acápite específico cuestionó la revocación de la condicionalidad de la pena y la unificación (fs. 15).
Cuestionó la falta de cuestión federal que se le endilgara, y se explayó en punto al art. 27 del C.P., dando su posición sobre lo allí dispuesto. Bregó por una interpretación amplia, y trajo a colación lo fallado en “Acosta” por la Corte federal. Halló vulnerados los principios de legalidad, inocencia y debido proceso -art. 18 de la C.N.- (fs. 15/19).
Coligió en que no pueden unificarse las penas, en tanto una de las condenas no adquirió firmeza, por ende, tampoco corresponde la revocación de la condicionalidad de su cumplimiento (fs. 19/20).
Hizo reserva del caso federal -art. 14 de la ley 48- (fs. 20/21).
3. La queja no prospera.
De la lectura del decisorio impugnado surge que el Tribunal intermedio, luego de señalar que no se hallaban reunidos las exigencias del art. 494 del C.P.P., y afirmar que el mismo constituye -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran ser involucradas -cfe. “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” de la Corte nacional-, señaló que no basta a los fines de la suficiencia -en dicho marco- con su mera invocación, siendo menester su correcto planteamiento (fs. 71 vta./72).
En dicha senda, reseñó los agravios de la parte -tacha de arbitrariedad e ilogicidad del fallo por errónea interpretación de los arts. 14 de la ley 23.737, 40 y 41 del C.P., además de los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la C.N. y arts. 1, 18 y 371 del C.P.P., cuestionando la calificación legal y la revocación de la condicionalidad de la ejecución de la pena anterior y la unificación practicada, sin petición de parte y sin sustanciación para un amplio debate de la pertinencia de dicha unificación y la pena a imponer-, y confrontó con la tarea desplegada en el fallo revisor.
Destacó que los planteos relativos a la calificación legal y la revocación de la condicionalidad y la unificación de pena recibieron preciso tratamiento; y en punto a la existencia de una cuestión federal que habilitara la vía pretendida de conformidad con la doctrina antes citada, razonó que “más allá de la cita genérica de disposiciones y principios de la Constitución Nacional, no se vislumbra” que la defensa la haya planteado “en forma suficiente para que se habilite la concesión del recurso extraordinario” (fs. 73).
Explicó que si bien no existen fórmulas sacramentales, resulta indispensable su planteo oportuno, la mención del derecho federal que se entiende conculcado, y la demostración de su vínculo con la materia del pleito; lo cual -entendió- presupone un mínimo de desarrollo argumental sobre el punto, “circunstancia que en el presente no ha sido desarrollada por el impugnante, desde que no efectúa ningún análisis tendiente a demostrar cómo habrían sido vulnerados tales derechos de raigambre constitucional” (fs. 73 y vta.).
Agregó “que de ello no se advierte absurdo probatorio que autorizaría a revisar la apreciación de la prueba en que se sustenta el fallo atacado, desde que la presencia de un supuesto de tal naturaleza requiere de ‘un error grave y manifiesto que quebranta las reglas que la gobiernan, y llevan al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias...’” (fs. 73 vta.).
Por último, respecto del tramo del recurso referido a la omisión de la sustanciación previa de la unificación y pena a imponer, señaló que si la defensa entendió que había omisión de tratamiento por parte del tribunal, lo determinante era que el remedio procesal intentado resultaba vía inidónea para su formulación.
De lo expuesto se advierte que el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias.
Frente a ello, la defensa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues dirigió sus esfuerzos a reiterar lo esgrimido en la vía extraordinaria, sin evidenciar de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas se vinculan con lo debatido y resuelto en el caso.
Esto último corresponde también al agravio vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.), atento a la generalidad de los argumentos desarrollados.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída a esta instancia por el señor Defensor Oficial de Trenque Lauquen -doctor Mariano Iribarren- a favor de Alberto Alejandro Diez y Diego Aveldaño, con costas (arts. 486, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia