Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128008 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial a favor de Hugo Daniel Martínez, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°638
P. 128.008-RQ - “Martínez, Hugo Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 13.958 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II” .
///Plata, 19 de abril de 2017.-
La presente causa P. 128.008-RQ, caratulada: “Martínez, Hugo Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 13.958 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II”,
1. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento del 6 de septiembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el fallo de ese órgano jurisdiccional que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 2 departamental que había condenado a Hugo Daniel Martínez a la pena de dos años y tres meses de prisión y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas por el uso de armas y lesiones leves en concurso real (fs. 26/30).
2. Frente a ello, la señora Defensora Oficial ante la aludida instancia, doctora Fabiana Vannini, articuló recurso de queja (fs. 31/35).
Adujo que la decisión que motiva la presente resulta arbitraria por cuanto el a quo realizó un defectuoso análisis de admisibilidad del recurso incoado ya que se excedió ampliamente de las facultades con las que cuenta.
Explicó que de acuerdo a lo establecido por el art. 486 del Código Procesal Penal la Cámara sólo puede controlar “si se trata de uno de los recursos que pueden deducirse ante la Suprema Corte, si hay sentencia definitiva y si el recurso es interpuesto en plazo y forma”, por lo que aquélla no puede analizar la procedencia o no de los agravios expuestos en el remedio extraordinario (fs. 32 vta.).
Indicó que el órgano intermedio “asimila -erróneamente- análisis de admisibilidad con el estudio de la suficiencia (…) soslayando el hecho de que sólo se encuentra facultado para analizar los recaudos formales de admisibilidad del recurso interpuesto, no así para evaluar la suficiencia técnica del mismo”; puesto que esto último “implicaría estudiar la viabilidad o no del planteo de fondo, de la cuestión federal alegada”.
Sostuvo que yerra el a quo cuando manifiesta que “ …‘el obstáculo a la admisibilidad de la vía impetrada no se encuentra determinado por las limitaciones objetivas del artículo 494 del Código Procesal Penal, sino en la carente formulación de la pretensa cuestión federal, por lo cual no corresponde efectuar consideración alguna en punto a la inconstitucionalidad de la norma procesal mencionada ’”. Sentado ello, observó que, con su proceder, se efectuaron valoraciones sobre la procedencia del mismo ingresándose a analizar los motivos de agravios (fs. 33 –cursiva en el original-).
Exteriorizó que la resolución que motiva esta queja vulneró lo previsto en los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11 y 15 del Constitución provincial; 1, 8.2.h y 25 de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P., en relación con el derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una efectiva protección por parte del Poder Judicial (fs. 34).
3. La queja formalizada es improcedente.
a. Para arribar al pronunciamiento desestimatorio, la alzada liminarmente refirió que en autos no se encuentran abastecidos los recaudos contemplados en el artículo 494 del Código Procesal Penal; por lo que se abocó a verificar si se planteó cuestión federal alguna.
De seguido, luego de efectuar un somero repaso de su decisorio reveló que en el recurso incoado “no se advierte una crítica razonada ni fundada a dichas consideraciones” y que “si bien la parte ha mencionado que la resolución que cuestiona vulnera el principio de legalidad e inocencia, lo cierto es [que] se ha desentendido de los motivos expuestos por e[s]a Alzada” (fs. 29).
Asimismo, dijo que si bien la defensa mencionó que en la resolución que cuestiona se incurrió en absurdo en la valoración de la prueba, “lo cierto es que, bajo ese ropaje lo que realiza la recurrente es una reiteración de los argumentos ya expuestos en la apelación efectuada contra la resolución del señor Juez de primera instancia, desentendiéndose –como se ha dicho- de los motivos expuestos por e[s]a Alzada en la resolución cuestionada” (fs. 29 vta.).
Agregó, con cita del precedente P. 126.553-RQ de esta Corte, que “[l]os agravios desarrollados se basan así en su propia interpretación de las probanzas analizadas y se vinculan con cuestiones de derecho común, prueba y valoración que de ella realizara tanto el señor Juez de la instancia como e[s]a Alzada, lo que denota que en el caso no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata, una cuestión de índole federal”.
En ese discurrir, expuso que los aspectos señalados determinan que se ha utilizado “una técnica inidónea que permita demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que entendió afectadas y lo debatido y resuelto”.
En efecto, concluyó que “el obstáculo a la admisibilidad de la vía impetrada no se encuentra determinado por las limitaciones objetivas del artículo 494 del Código Procesal Penal, sino en la carente formulación de la pretensa cuestión federal” por lo que “no habiendo articulado la impugnante con la suficiencia y cargas técnicas necesarias las cuestiones que autorizarían excepcionalmente el desplazamiento del límite objetivo de recurribilidad establecido por dicha norma (…) el recurso (…) resulta inadmisible” (fs. 29 vta./30).
b. De lo reseñado no se advierte que el tribunal recurrido haya excedido el juicio de admisibilidad que le concierne efectuar.
Pues, como tiene dicho este Tribunal, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.455, resol. del 13/V/2015; P. 125.523, resol. del 20/V/2015, P. 125.506, resol. del 3/VI/2015, P. 125.630, resol. del 17/VI/2015, P. 125.577, resol. del 17/VI/2015, P. 126.793, resol. del 15/VI/2016; P. 126.939, resol. del 28/IX/2016).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
De este modo, el quejoso no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el obstáculo formal en base al cual se desestimó el remedio impugnativo.
4. En función de todo lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial a favor de Hugo Daniel Martínez, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia